Más de 900.000 contribuyentes con cuentas de detracciones se han visto beneficiados desde septiembre de este año, debido a la nueva funcionalidad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)que facilita el pago de detracciones, convirtiendo el proceso en automático.
Las detracciones son un sistema que ayuda a la recaudación del IGV, y consiste en la generación de un descuento –llamado detracción– que realiza el comprador. Este último deposita un porcentaje del precio total del bien o servicio en la cuenta bancaria de detracciones de la empresa a la que le compró y el saldo es entregado de la forma que más conveniente resulte. La detracción solo puede ser usada por la empresa para pagar sus obligaciones tributarias.
Para facilitar el pago de las detracciones, la SUNAT habilitó este mes la propuesta automática de la constancia de pago de detracciones por las operaciones gravadas con IGV. Esta nueva propuesta ya no requerirá que los contribuyentes digiten y calculen los datos de manera independiente.
Practicidad para pagar
La propuesta automática es elaborada con la información consignada en las facturas electrónicas de las operaciones sujetas a detracción, la cual, una vez aceptada por el contribuyente, puede ser utilizada para realizar el pago con sus cuentas bancarias mediante la Plataforma de Mis Declaraciones y Pagos – SUNATo generar el número de pago de detracciones (NPD) para su cancelación en la web del Banco de la Nación.
El superintendente nacional de Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, indicó que los contribuyentes solían ingresar de manera manual o mediante la carga de archivos, la información sobre las detracciones para efectuar el depósito, lo que en diversos casos ocasionaba errores involuntarios de registro y cálculo. Ahora solo deberán ingresar a SUNAT Virtual y ver en el sistema todas las facturas electrónicas con pago de detracción pendiente, para abonarlas de manera individual o masiva.
De esta manera, al verse reducido el riesgo de errores en el ingreso manual de la información, se previenen posibles inconsistencias que afecten el uso del crédito fiscal al no poder acreditar la cancelación de la detracción. La digitalización de este proceso sería parte de la estrategia de transformación digital de la SUNAT para facilitar el cumplimiento tributario de todos los contribuyentes.
A más de un año de que la pandemia obligara a todos los trabajadores a convertir sus casas en oficinas, se empieza a hablar de una “nueva normalidad” que mezcla el trabajo remoto con el presencial, lo que supondría un nuevo cambio a rutinas previamente establecidas.
Para María Milagros León, psicóloga y terapeuta para el podcast del programa Desansiedad, es importante tener en cuenta que cada etapa de la vida está determinada por cambios y si bien la pandemia no es un cambio voluntario, sí podemos relacionarlo con cualquier otro cambio inesperado o dramático por el que hayamos atravesado antes.
“El cambio es perder algo a lo que estábamos acostumbrados y no nos sentimos cómodos por eso, porque nos habíamos acostumbrado, aunque reconozcamos que el cambio era necesario”, explica.
Claves de la adaptación
La especialista reconoce que cuando se trata de cambios muy dramáticos, pueden vivirse como episodios de duelo y recomendó dejar que los sentimientos afloren. Para seguir adelante, aconsejó ponerse metas flexibles para completar las tareas que se tengan que ejecutar y concentrarse en aspectos positivos del cambio.
“Más que ver la pérdida, hay que disfrutar el presente y ver la ganancia. Si hago eso, voy a disfrutar de lo que estoy viviendo, no solo centrarme en lo que voy a soltar”, comenta.
Por último, una herramienta útil es la identificación de todas las veces en que se ha pasado por circunstancias tan o más complejas, de modo que podamos evaluar de qué forma se puede reaccionar a situaciones críticas bajo este nuevo contexto.
Los especialistas de Mayo Clinic también precisan que siempre se requiere de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y que tanto la familia, como los intereses y la vida laboral cambian constantemente. La clave está en analizar periódicamente las prioridades que se tienen, y hacer los cambios que sean necesarios para ir por un buen camino.
Entre enero y julio de este año se registraron 15.701 notificaciones de accidentes de trabajo, de las cuales 129 fueron mortales, según el Ministerio de Trabajo. Es por eso que cuando dirigimos un negocio, debemos asegurarnos de cumplir con todas las normas y requisitos para hacer del espacio laboral, lo más seguro posible para nuestro equipo y para nosotros mismos.
Un informe de ISOTools Excellence, consultora de optimización de modelos y sistemas de gestión, explica que la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, implica una serie de requisitos orientados a fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales.
El cumplimiento de esta ley es exigible en todas las empresas que operan en nuestro país, sin perjuicio de la exigencia agregada por parte de algunos sectores como construcción, hidrocarburos o minería.
Entre los principales requisitos exigidos para un negocio se encuentran:
-Contar con reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
-Conformar un Comité paritario de SST con reuniones periódicas.
-Realizar auditorías periódicas.
-Realizar al menos cuatro capacitaciones al año para todos los trabajadores, con contenido de Seguridad y Salud laboral.
-Contar con los Registros de accidentes, incidentes, enfermedades y muertes de manera actualizada.
Esta ley y sus requerimientos permiten confiar en que las empresas peruanas obtengan resultados en seguridad y salud en el trabajoa niveles internacionales, pues diversos aspectos de la Ley 29783 y su Reglamento mantienen similitud con los estándares de normas empleadas por diversas instituciones.
Esto exige a los empleadores y líderes del negocio, un nivel de organización detallado en su sistema de gestión, lo cual le permitirá mantener un cercano control sobre los riesgos y así rápidamente tomar las acciones necesarias para prevenirlos. Este proceso debe darse de la mano con el equipo y todos los trabajadores, pues son los más interesados en que se cumplan normas establecidas para cuidar de sus vidas, y así de sus familias.
Recuerda que la Ley 29783 anexa la sanción penal a los empleadores que infrinjan las normas del SST, sobre todo porque son ellos quienes deben liderar y asegurar que todas estas sean cumplidas.
Hoy, 12 de octubre, se cumplen 529 años de la colonización europea y el establecimiento de un sistema económico blanco supremacista de apropiación de tierras, explotación laboral y políticas de exterminio contra los pueblos originarios y sus culturas. Surge también la resiliencia de los pueblos originarios, al que se suman las luchas de otras comunidades secuestradas desde África y Asia por el régimen colonial. Estas luchas continúan hasta hoy resistiendo el modelo capitalista que se ha perpetuado en el poder e intenta imponer sus privilegios hasta los extremos del continente.
Las más de 200 mil muertes por Covid-19 en el Perú, los millones de empleos perdidos, una mayoría de población sin acceso a servicios sanitarios mínimos, expuesta en la trágica subida de los balones de oxígeno, son ejemplos de la terrible realidad del capitalismo en el Perú y la confirmación de que su único compromiso es con las ganancias y no con la vida. Desde la invasión europea a los tiempos del Covid-19, el capitalismo ha matado por ganancias y ha fracasado como sistema socioeconómico en asegurar el sostenimiento y reproducción de la propia vida. Los altos niveles de desigualdad, pobreza, discriminación racial y de género, y la crisis ecológica, demuestran el desvanecimiento de una ilusión que se transforma en pesadilla. Esa crisis sistémica no puede ser reformada. El capitalismo está en crisis y no es nuestro deber salvarlo.
Con el triunfo de Pedro Castillo y Perú Libre parecía que se iba formando una izquierda capaz de enfrentarse a las demandas ideológicas y políticas dentro un sistema capitalista en crisis. Se abría la posibilidad de un proceso constituyente popular y plurinacional apoyado por la clase trabajadora urbana y rural. La composición de un gabinete multicultural y con posiciones claramente de izquierda podía afianzar ese nuevo camino por la justicia e igualdad, sin embargo, el retroceso permanente y los cambios en el gabinete marcan un nuevo rumbo que algunos llaman “responsable” o “moderado” en nombre de la gobernabilidad.
Desde la salida del ex-canciller Béjar, se iba cimentando el camino de la derrota frente a los poderes fácticos. Ahora el gobierno cuenta con la venía de la CONFIEP, que saluda de manera entusiasta al nuevo gabinete. Se perdona el racismo y terruqueo de la derecha y la prensa, y se premia con un ministerio a una congresista de Perú Libre por acuñar el término derogatorio de “izquierda bruta y achorada» contra quienes se enfrentan de manera frontal a la derecha fascista y golpista.
Esta tendencia viene desde Alejandro Toledo y pasa por Ollanta Humala con su promesa de la gran transformación. Se claudica frente una clase dominante que ha afianzado su poder en las últimas décadas gracias a la constitución del ‘93, diseñada para la acumulación de más poder económico. Este proceso neoliberal también terminó de afianzar la derechización y corrupción de las fuerzas armadas y policiales, actuales peones de los ricos en el Perú.
La utopía capitalista
Se le acusa al socialismo de ser utópico, pero ¿quien está siendo realmente utópico? ¿Cuántos siglos más vamos a esperar por “justicia e igualdad” de un sistema capitalista que se enfrenta con todos sus recursos contra un cambio mínimo? Esperar que la clase empresarial actúe con humanidad y respeto a la clase trabajadora es utópico. El poder empresarial se bajó al exministro Maraví, con el apoyo de la mayoría del gabinete, con excepción de Bellido, Ceballos, Maraví y Sánchez, el resto no estaba dispuesto a enfrentar a la derecha. ¿Tendrá el nuevo gabinete la convicción y fuerza para la defensa de los intereses de las mayorías excluidas en la repartición de la torta neoliberal?
Es utópico creer que el capitalismo va a eliminar el racismo en el Perú. Cedric Robinson, teórico y activista político negro, decía que el “capitalismo y el racismo no rompieron con el feudalismo, sino que evolucionaron a partir de él para producir un sistema mundial de capitalismo racial dependiente económicamente de la esclavitud africana, robo tierras de naciones indígenas, genocidio y violencia. El sistema capitalista no va a eliminar el racismo porque es parte de su propia naturaleza.
También es utópico creer que la economía se va a recuperar para la clase trabajadora porque no se ha recuperado desde la crisis financiera del 2008 ni desde los 30s, 80s y 90s. Las mayorías que reciben las migajas de este sistema siguen siendo descendientes de los que resistieron a los invasores 529 años atrás. Según algunos expertos no habrá boom económico después de la pandemia porque la crisis de la pandemia es la crisis del capitalismo. Una posición moderada no va a solucionar las contradicciones de un capitalismo en declive. No seamos utópicos.
El capitalismo está en extinción y solo lo sostiene un sistema de explotación y el uso de la violencia. No debemos focalizarnos en gestionar el fracaso del capitalismo sino demandar un cambio de rumbo. No más maquillaje al capitalismo con un “rostro humano”. El trabajo de la izquierda no es salvar el capitalismo, sino trabajar en la construcción de un proyecto político desde las bases de oposición a un estado corporativo y al capitalismo colonial y hetero-patriarcal.
Hace unos años falleció un amigo muy querido. Luego de velarlo, lo cremaron como él lo había deseado. Una semana después, sus padres, sus familiares y sus amigos más cercanos nos congregamos en la playa donde corría olas desde que era adolescente. Camino a la orilla, lo recordamos y compartimos anécdotas suyas. Una vez frente al mar, su pareja, quien portaba sus cenizas, agradeció que los acompañáramos y que estuviéramos juntos para despedirlo. Luego, otros amigos músicos empezaron a tocar unos alegres carnavalitos ayacuchanos. Ella se introdujo al mar, abrió el cofre y esparció sus cenizas lentamente. Momento durante el cual nos abrazamos y lloramos.
Lo relatado sucedió mucho antes de la pandemia por la Covid 19. Circunstancia que permitió que se le acompañara durante su enfermedad y sus familiares estuvieran presentes cuando murió. Además, que la tristeza y el dolor por su fallecimiento no fueran asumidas en soledad por sus seres queridos; y que, durante su velorio, se expresara y compartiera sentimientos de dolor, afecto, congoja y solidaridad entre todos. En suma, se transitó un duelo normal.
Si hubiera fallecido ahora, no hubiera sido posible velarlo y a su entierro hubieran asistido solo cinco de sus deudos siguiendo un estricto protocolo sanitario. Definitivamente, la pandemia y las medidas implementadas por el Estado para contrarrestarla han alterado las maneras en que se acompaña y asiste a las personas enfermas por la Covid 19 en trance de morir; y las formas de enterrarlas o cremarlas. Un trance inédito difícil de procesar y que causa a sus deudos mucho malestar psicológico. Este malestar aumenta debido a que, por las características de la evolución de la enfermedad, la muerte ocurre de manera rápida. Situación que no todos los dolientes están en condición de afrontar ni en capacidad de sobrellevar.
Al día de hoy, no se sabe cuántos deudos han dejado los 195 mil muertos por la Covid19 ni cuál es el estado de su salud mental. Sin embargo, algunas cifras, recogidas en el “Plan de Salud Mental Perú. En el contexto Covid-19”, de julio de 2020, permiten conocer en parte la situación de la salud mental de los dolientes como de los que no lo son. Así, el 28.5% de todos los encuestados refirieron presentar sintomatología depresiva. De ese total, “el 41% presentaron sintomatología asociada a depresión moderada a severa y el 12.8% refirió ideación suicida. Las mujeres reportaron sintomatología depresiva en el 30.8% y en los hombres el 23.4%. El grupo etario con mayor afectación depresiva fue el de 18-24 años”.
Al respecto, es oportuno preguntarse si los deudos, en particular, cuentan con espacios de atención y de cuidado ya sea en el ámbito familiar o en el comunitario. Difícil saberlo. En ese sentido, al Estado le corresponde elaborar e implementar una política pública en relación con el duelo. Es un desafío colosal. En América Latina, hay algunos avances en esa perspectiva. En julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Resolución 4/2020, planteó unas “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19” para contribuir “al enfrentamiento de la Pandemia y sus efectos para los derechos humanos en las Américas”. Mientras que en Argentina, los miembros de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el fin de la Vida de CONICET, en agosto de 2020, publicaron el documento “Muerte y duelo en el contexto de la pandemia por Covid19”.
En él, se propone un conjunto de contribuciones para fortalecer “las políticas públicas en relación a los procesos de duelo”. Tales propuestas se refieren a las prácticas y rituales mortuorios en relación con el duelo como experiencia colectiva; al acompañamiento, asesoramiento y empoderamiento de la comunidad en relación al duelo; a la promoción de buenas prácticas de comunicación sobre las muertes en los discursos públicos; y a la atención de las dimensiones específicas del duelo como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto del Covid19 en el ámbito específico de las instituciones de salud.
Por último, se señala que es necesario que “el Estado -en sus diferentes instancias jurisdiccionales- se involucre en acompañar el proceso de morir y el dolor de los deudos como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto de la COVID19. (…) es indispensable nombrar públicamente las muertes: individualizar sus biografías, poner en palabras el dolor por la pérdida, propiciar el proceso de memoria e involucrar en ello a la comunidad”. Una recomendación que nuestro Estado la puede adoptar sin ningún problema. Esperemos que así sea.
Todo parece indicar que la respuesta al cambio de gabinete ha sido positiva. El dólar bajó, la bolsa de valores subió, Perú le ganó a Chile y Cerrón pataleó. Y si bien al conocer al gabinete completo nos enteramos de que este venía con ciertos elementos muy preocupantes, en líneas generales la designación de Mirtha Vásquez a la cabeza ha dado cierto nivel de tranquilidad.
Los cambios, sin embargo, no le aseguran una primavera al presidente Castillo. Por un lado, la oposición más férrea no parece identificar matices entre la izquierda radical e improvisada de Guido Bellido, y el perfil más sensato de Mirtha Vásquez, ni reconocer ninguna mejora en las decisiones de Castillo. Por otro lado, al presidente se le abre un nuevo flanco: el del ala radical de su propio partido, que ya se ha manifestado en contra del nuevo gabinete.
Castillo, como todas las personas, se mueve por incentivos: si este ve que haberse alejado de Cerrón y buscado un mejor perfil para el premierato le da buenos resultados, como mayor % de aprobación en las encuestas, mejor relación con el legislativo, calma en los mercados, etc., entonces tendrá incentivos para seguir en la senda de la moderación. La oposición puede, por supuesto, tenderle puentes a medida que este se vaya comprometiendo cada vez más a moderar su discurso y políticas, y bloquear todas las iniciativas no negociables para la mayoría de los partidos, como a Asamblea Constituyente.
Si la oposición, en cambio, no reconoce las mejoras que se han hecho (así sean pequeñas), y Castillo más bien concluye que se está quedando sin soga y sin cabra, y está más cerca de ser vacado, entonces inevitablemente deberá volver, como perro arrepentido, a los brazos de Cerrón, y no tendrá otro camino que el radical. Quien perderá, entonces, será el Perú.
Por eso, querida oposición, hoy la pelota está en su cancha.
*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 236: Fernando Rospigliosi ganó un montón de plata del fujimorismo y fue su vocero de campaña, tras haber sido antifujimorista. El despido por Whatsapp. Y el reto de Mirtha Vásquez.
De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.
Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad.
La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor.
Organizaciones de la sociedad civil protestaron a inicios de setiembre por el desfinanciamiento del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para el 2022.
DESASTRE
El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.
Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.
“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.
Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.
El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.
La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.
La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.
Parte del informe del Congreso que señala que la única experiencia internacional que acreditó el consorcio a cargo del Hospital Manuel Núñez fue desmentida por un traductor ante la Contraloría General de la República.
En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.
Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma.
Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.
La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.
La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.
El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles.
Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.
“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.
Arriba: el estado actual del hospital Manuel Núñez. Abajo: lo que debería entregarse el 2022, pero no ocurrirá.
ARBITRAJE EN ILAVE
Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.
La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.
Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.
Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.
La resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que solo ha devuelto S/4,9 millones.
En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.
La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.
Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.
21 de abril. Un dirigente local agarró a correazos al gerente general del GORE Puno por la inasistencia del gobernador a una charla informativa acerca del Hospital Materno Infantil de Juliaca.
Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.
El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.
En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.
Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa.
*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.
