1.- Dar el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Hay que saber distinguir lo que ella representa respecto del impresentable gabinete Bellido. Es una superación cualitativa y no cabe gastar una bala de plata tontamente. Con la nueva ley de la cuestión de confianza, el Ejecutivo casi no puede utilizar esa arma para arrinconar al Congreso. Sería torpe e insensato gastar una de las dos que tiene el Legislativo en bajarse a un gabinete que, por el contrario, hay que ponderar respecto de lo que significa en materia política. No darle el voto de confianza a Mirtha Vásquez sería hacerle el juego a Vladimir Cerrón.
2.- Proceder a la censura de ministros como el del Interior y el de Educación. Ofenden el sentido común que se mantengan en sus puestos. Ir de uno en uno cuando la situación lo amerite, como en este caso, que se justifica sobradamente. Un ministro prococalero y otro pro Movadef no pueden estar un día más en el gabinete ministerial.
3.- Coordinar estrechamente. A nivel de los voceros de las bancadas de oposición (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Somos Perú-Morados) o de los propios líderes de las mismas. Hacerlo con regularidad y construir así un muro de contención respecto de eventuales despropósitos de un Ejecutivo tan dado a ellos.
4.- No otorgar las facultades legislativas que en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica ha presentado el Ejecutivo. Demasiada ojeriza -literalmente hablando- destila el titular del MEF como para entregarle carta blanca. Que presente sus proyectos uno por uno y se evaluarán en esa misma perspectiva.
5.- Ponerse de acuerdo para que los 88 votos que estas bancadas tienen alcancen para coordinar los nombres de los seis magistrados del Tribunal Constitucional a ser elegidos en marzo. Lo ideal sería que se vote en bloque y no individualmente para evitar los recelos y las sorpresas.
6.- Acercarse a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, BCR, y pedirle que él sugiera los tres nombres de los economistas o profesionales que desea para completar el directorio del instituto emisor. Y votar por ellos en bloque asegurando así un buen manejo de la política monetaria para los siguientes cinco años.
Debido a su cercanía con el mercado inmobiliario, el estudiante de ingeniería, Martín Velasco, se propuso crear soluciones tecnológicas para este rubro, y así fue que nació Coproyecta, una startup tecnológica incubada por Nexum, incubadora de empresas de la PUCP. Al inicio, se había centrado en la venta de gafas de realidad virtual que pudieran utilizarse en las casetas de ventas de los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, la pandemia acabó con esta idea.
“Cuando vino la pandemia nos golpeó durísimo. Los lentes de realidad virtual se usaban en las casetas de venta y las casetas de venta cerraron. No teníamos dónde vender. Se cerró todo, pero felizmente nos pudimos adaptar. Comenzamos vendiendo lentes de realidad virtual, pero luego incorporamos esta sección de videollamada que nos permitió inclusive volvernos proveedores de OLX para Latinoamérica, lo que nos permitió trabajar en varios países”, recuerda.
Pasar del robot al humano
A raíz de la pandemia, la cantidad de vendedores en los proyectos inmobiliarios también se redujo, en un momento en el que las consultas eran casi exclusivamente virtuales y esto los llevó a pensar en crear un ‘chatbot’, un programa automatizado para resolver algunas dudas, pero sobre todo para enganchar al cliente.
“El problema real por el que creamos el chatbotes por la poca capacidad de respuesta y el ‘engagement’ que tienen los ‘chatbot’ porque la capacidad de un vendedor es de 10 leads (o atenciones) al día, pero los fines de semana se puede llegar fácilmente a 60 por día y se acumulan las atenciones”, comenta.
A diferencia de un ‘chatbot’ de atención al cliente que solo resuelve consultas básicas, “Romi”, el chatbot que implementaron, filtra a los interesados, se queda con potenciales compradores y agenda llamadas con asesores de ventas de carne y hueso. Después de todo, Martín está convencido de que el trabajo del asesor inmobiliario es irremplazable, en particular, en una compra tan importante para la vida de las personas como una casa.
“Nuestro objetivo no es reemplazar a los vendedores, pero sí incrementar su productividad para que estos realmente atiendan a los clientes interesados. Lo que hacemos es filtrar solamente a aquellas personas que estén interesadas. Hay personas que preguntan por buscar información, pero no por interés. ‘Romi’ siempre agenda una llamada o busca que la persona llegue a un vendedor. Somos un primer filtro y si la persona quiere hablar con un humano, lo derivamos directamente”, explica.
Asegura que, los proyectos inmobiliarios que han incorporado a ‘Romi’ han logrado incrementar la productividad de la fuerza de ventas entre un 40% a 50%. “Si antes podían procesar 10 (atenciones) al día, ahora están en 15 a 20 al día”, agrega.
Tendencias en el mercado inmobiliario
A diferencia del chatbot, Martín considera que el próximo año los recorridos virtuales ya no tendrán tanta importancia como la que obtuvieron durante la pandemia. En su opinión, el recorrido virtual permite, por ejemplo, ahorrar tiempo para no ir hasta otro distrito. “Es un plus valioso, pero ya no es esencial”, precisa.
El chatbot, en cambio, se mantendrá por el ahorro que genera en productividad y por la labor de seguimiento que permite hacer para encontrar futuros compradores. Una labor minuciosa para las características del mercado después de la pandemia.
“Entre 2020 y mediados de 2021, la gente no compró porque no sabían si iban a poder pagar o no. Este mercado preocupado que estaba sin hacer nada, está volviendo a salir de nuevo. Entonces hay una recesión de un mercado que siempre estuvo presente pero que no se ejecutó. De este año hasta medianos del otro año, políticamente, todo va bien, va muy amarrado con estos temas, pero va a crecer, las ventas se van a dar”, confió.
Con esa misma confianza, han decidido expandirse, en el futuro, al mercado mexicano, para lo cual se encuentran estableciendo contactos, y están viendo soluciones similares que pueden servirle al sector educación o automotriz.
Haciendo un balance de lo obtenido, Martín considera que el lanzamiento del ‘chatbot’ terminó siendo un trabajo de perseverancia frente al escepticismo que recibía.
“Un montón de gente me decía que ya había un chatbot, me dijeron que no lo haga, que no valía la pena, pero cuando lo vieron después, todo el mundo se quedaba sorprendido diciendo que sí es diferente y novedoso”, refiere.
Foto de portada: Departamento Académico de Ingeniería-PUCP
La cultura popular, su evolución y múltiples manifestaciones, sirve para entender la idiosincrasia de una nación. A través de los recuerdos medianamente recientes, es posible reconstruir nuestra forma de ser, nuestros usos y costumbres, niveles de educación, sociabilidad y calidad de la convivencia entre ciudadanos. La industria de la nostalgia -como diría el periodista y ensayista británico Simon Reynolds- es una de las más rentables del siglo 21, tanto en términos comerciales -venta de memorabilia, objetos vintage, artistas antiguos- como en cuestiones más subjetivas como el placer de revivir épocas perdidas en los oscuros vericuetos de la memoria, un producto que tiene slogan propio desde hace años: “todo tiempo pasado fue mejor”.
Curiosamente, nuestro país se suele vanagloriar de su pasado histórico, sus tradiciones ancestrales, sus leyendas con siglos de antigüedad, en aras de promover el turismo, como una de las aristas de este juego nostálgico y de reafirmación identitaria. Sin embargo, ha demostrado su absoluta incapacidad para brindar al mundo moderno información de calidad sobre las escenas musicales que se desarrollaron en los últimos cien años dentro de sus fronteras. Tomando la línea argumental de unos interesantes artículos publicados recientemente por el periodista y crítico musical Fidel Gutiérrez en el Diario El Peruano, me permito algunos apuntes adicionales asociadas a sus reflexiones, sobre un tema que pocos se atreven a explorar en la cada vez más pobre prensa cultural local.
Se dice, con razón, que en el Perú existe un sólido y poderoso desprecio a la cultura, pero no solo en lo que se refiere a la gestión pública de su conocimiento y difusión sino a los consumidores de productos culturales. La política, la farándula, aquello que las minorías privilegiadas elevan a la categoría de “elegante”, “sofisticado” o “exitoso” es de tan grosera vulgaridad y mal gusto que resultan increíbles cuán bajo han caído los niveles de apreciación, la ausencia de control de calidad, tanto del público en general -en todos los pisos del espectro socioeconómico- como de los medios de comunicación, y son claros ejemplos de ello. Una de las cosas que mejor sirve para comprobar la desidia y el desprecio que siempre han tenido los medios de comunicación hacia los productos culturales locales es la pobreza de registros históricos recientes, en cualquiera de los soportes disponibles en internet (webs, videos, imágenes).
Como sabemos, internet es una base de datos ilimitada, un contenedor en permanente actualización capaz de poner a la mano de cualquier cibernauta en el mundo entero, todos los detalles respecto de lo que sea, en cuestión de segundos. Hablando de géneros musicales, artistas, estilos y demás, nada mejor que la red de redes para enterarnos de qué pasaba en décadas anteriores. Por ejemplo, buscar información sobre el jazz o el blues en los Estados Unidos durante los años veinte, los boleros y rancheras en México entre 1940 y 1960, las orquestas sinfónicas europeas en los años de post-guerra, son tareas de lo más satisfactorias para cualquier melómano o investigador ocasional, merced del trabajo de periodistas, artistas e incluso instituciones estatales -Ministerios de Cultura, de Educación, entidades protectoras del saber popular- dedicados a recopilar, restaurar y almacenar textos, fotos y videos en bibliotecas virtuales. O difundirlos a través de redes en canales públicos de acceso masivo y gratuito.
En el Perú no ocurre eso. Como menciona Gutiérrez en sus columnas, estilos musicales de enorme presencia local hace cuarenta o cincuenta años como la cumbia (andina, selvática, alimeñada), la nueva ola, el pop-rock (inclusive en variantes muy específicas como la psicodelia, el progresivo o el hard-rock), el boogaloo, música para orquestas, salsa o boleros cantineros y sus exponentes son prácticamente desconocidos para las nuevas generaciones, salvo para aquellos segmentos del público que pudieron redescubrirlos a través del interés que, sobre ellos, nació en sellos discográficos y productores extranjeros, lo cual les dio una nueva (y muy corta) vida, convirtiéndolos en placer de minorías. Incluso la música criolla y el folklore andino, con raíces 100% nacionales -no como los otros géneros mencionados que provienen de otros países- y públicos cautivos más amplios, son casi invisibles en entornos digitales, más allá de la información genérica que puede hallarse en artículos, semblanzas o recuentos, muchas veces incompletos o insuficientes, si los comparamos a la cantidad de datos e imágenes foráneas de fácil ubicación en internet.
Por ejemplo, buscar la discografía detallada de músicos peruanos, de cualquier género y año entre 1940 y 1999, es casi imposible. La tarea, que arranca con mucha expectativa, puede terminar siendo extremadamente frustrante ya sea porque se encontró muy poco o porque aquello que se haya encontrado, al cruzarse con otros hallazgos, termine despertando más dudas que certezas respecto de su veracidad. Raúl García Zárate, Chabuca Granda o Manuel Acosta Ojeda, por citar solo tres casos, son artistas fundamentales para entender nuestra música tradicional. Sin embargo, no existe ni una sola página web que consigne, de forma detallada y confiable, sus biografías, discografías, líneas de tiempo. ¿Fotografías o videos? Siempre los mismos y, generalmente, de mala calidad. Qué diferencia si escribimos, en el buscador de Google, digamos, Frank Sinatra (EE.UU.), José Alfredo Jiménez (México) o Charly García (Argentina), a quien el gobierno de su país acaba de hacerle un homenaje en vida que aquí sería impensable para alguna vieja gloria de nuestro folklore o música popular en cualquiera de sus formas.
El programa Sucedió en el Perú, producido por TV Perú-Canal 7, es un oasis que busca corregir esta vergonzosa carencia, con investigaciones que recuperan tanto trayectorias de artistas individuales como épocas completas del pasado, ofreciendo un vistazo panorámico y recogiendo testimonios de muchos de sus protagonistas y cultores. Pero no es suficiente. Esfuerzos como los desplegados por websites como Arkiv Perú o grupos de Facebook como Lima Antigua también son loables -y entrañables en muchos casos- pero su difusión no alcanza las dimensiones que merecen y necesitan estos temas para instalarse en el imaginario colectivo, quedando siempre como casos aislados y anecdóticos. Inclusive el portal Discogs, existente desde el año 2000, es una base de datos mundial que ayuda mucho para ubicar años, sellos discográficos, carátulas, listas de canciones por álbum, entre otras cosas, aunque en el rubro «Perú» dependa también de la información que se produzca en el país de origen, por lo que muchos de sus contenidos son también, inevitablemente deficientes.
En muchos casos, se trata de una absoluta indiferencia por generar contenidos valiosos aun cuando sea posible acceder a ellos. La ignorancia, madre de todos estos vicios culturales, y la insaciable avaricia de quienes solo quieren vender en volumen, reina en las gerencias de programación y archivos de los principales medios televisivos, por lo que gran parte del material audiovisual de décadas pretéritas duerme y se apolilla, en silencio, en mohosos anaqueles, mientras se aprueban millonarios presupuestos para series insulsas como Llauca -en las que además les dan trabajo a integrantes de La Resistencia, investigados por la Fiscalía por sus acciones violentas- y producciones de poca monta como las de esa fábrica de bodrios llamada Del Barrio. Por supuesto, muy de vez en cuando, los canales más antiguos (América o Panamericana Televisión), sacan algún reportaje para aprovechar momentáneamente la popularidad de la nostalgia pero siempre desde un punto de vista superficial, sin emprender la tarea, eternamente pendiente, de organizar y sistematizar la memoria musical que poseen y esconden en sus sótanos.
Marco Aurelio Denegri, quien entre sus múltiples talentos tenía el de ser audiófilo y amante de la música criolla en vinilo, mencionó en una de sus recordadas misceláneas que, en el Perú, no existían instituciones serias que garantizaran la conservación de extensas colecciones de Long Plays y discos de 45 rpm -entre ellas, la suya- si acaso sus dueños decidieran donarlas en vida o como herencia al fallecer. Y se refirió específicamente al legado discográfico de Chabuca Granda, abandonado en cajones sin memoria de una conocida institución privada de educación superior, según le confió Teresa Fuller, hija de la compositora de La flor de la canela. La ignorancia, la desidia y el desprecio por la cultura hace que estas donaciones acaben arrumadas en cajas de cartón sin que nadie les dé el más mínimo mantenimiento. Como resultado de ello, la pérdida de una parte importante de nuestra idiosincrasia artística, un hecho dramático que no tiene ninguna importancia para las masas, cada vez más indiferentes a esas cosas.
Recientemente, dos sellos discográficos peruanos, uno legendario y otro muy nuevo, están rescatando el legado artístico de un abanico variopinto de artistas del pasado, especialmente en géneros como la cumbia y el pop-rock, uniéndose a los primeros esfuerzos que relanzaron la movida tropical y rockera, impulsados por compañías extranjeras. Nos referimos, por un lado, a Infopesa, de enorme trabajo en los años setenta y ochenta y, por el otro, a CAL Comunicaciones. Sin embargo, sus encomiables esfuerzos no tienen aun la fuerza restauradora que hace falta para corregir tantas décadas de esa endémica indiferencia que, tanto el Estado como los medios de comunicación masiva, demuestran ante la situación. Gracias a estas dos empresas nacionales, junto al anónimo y disperso trabajo de investigadores independientes, grupos de redes sociales y una que otra columna de opinión en medios formales -sin mencionar a los artistas de la época que aun están activos-, esa memoria musical aun respira, pero en estado crítico perenne, sin posibilidades de mejora a la vista.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 250: Se suspenden las elecciones primarias para el 2022. Fiesta infantil en Palacio. Y el ministro de Economía hace hígado con los carros caros.
Luego del escándalo mediático que generó un fallo del Indecopi sobre ‘Bimbo’, Julián Palacín Gutiérrez, flamante presidente ejecutivo de la entidad, aprovechó los reflectores para sacudirse de los cuestionamientos. El abogado anunció una limpieza sistemática, supuestamente de la mano de la Contraloría, para acabar con posibles conflictos de intereses entre los tribunos de la entidad.
Sin embargo, un mes antes de la llegada de Palacín, en agosto pasado, la gestión que lo antecedió ya había terminado un informe sobre la materia con el objetivo de hacer una reforma. Este documento escudriña las declaraciones juradas de todas las personas que integran las salas y comisiones del Indecopi, encargadas de resolver las denuncias de los consumidores. El resultado es un detallado análisis de sus vínculos con empresas y estudios de abogados.
Ese mismo mes, Hania Pérez de Cuellar, la entonces mandamás de la institución, se había presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y había expuesto la necesidad de reformar estos “órganos resolutivos” para evitar los conflictos de intereses. El gran impedimento, apuntó, era el presupuesto. Algo similar le dijo a Sudaca, en esta entrevista.
Sudaca accedió al documento, donde se destacan cifras para estar alerta. Entre los 23 vocales que conforman las cinco salas –que funcionan como segunda instancia–, 19 tienen vínculos con el sector privado, lo que representa el 82.6% del total. En el caso de los vocales de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, el 100% está relacionado a alguna empresa.
En cuanto a los comisionados, que evalúan los casos en primera instancia, de los 52 que hay, 25 están relacionados a alguna empresa o estudio de abogados, lo que significa que el 48% está relacionado al sector privado. Palacín extendió erróneamente este dato también a los vocales en una entrevista con La República. Se entiende, porque el informe no es de su gestión.
Y hay comisiones, como la de Fiscalización de la Competencia Desleal y Protección del Consumidor N° 1, por ejemplo, donde más del 75% de sus miembros tienen vínculos con empresas.
Hoteles, malls y estudios jurídicos
En el documento destacan Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio, vocal de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, y José Enrique Benjamín Palma Navea, vocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO). Ambos son los que mayor cantidad de vínculos tienen con el sector privado: seis cada uno.
Hundskopf, que ocupa el cargo en Indecopi desde junio del 2018, dirige su propio estudio, SHV Abogados, desde hace más de 20 años. Ahí brinda consultorías en áreas como derecho administrativo, pesquero, procesal, laboral, corporativo y arbitral.
A pesar de que varios de esos ámbitos se tratan en Indecopi, Hundskopf asegura que en su estudio “no acepta jamás” casos que puedan llegar a la entidad. “Conozco Indecopi desde el inicio porque he tenido vínculos con varios gobiernos, pero nunca he desempeñado cargos políticos”, asegura a Sudaca.
Los vínculos con el sector privado de los cuatro tribunos de Indecopi que Sudaca destaca en este informe.
El abogado sí ha dejado entrever en qué círculo se mueve. En julio del año pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión de las actividades políticas de Fuerza Popular, el vocal de Indecopi firmó un comunicado promovido por el aprista Jorge Del Castillo en oposición a esta medida. Otros que suscribían el documento fueron Lourdes Flores Nano, Ántero Flores Araoz y Juan Sheput.
Hundskopf también es exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. «Ahorita tengo 46 arbitrajes en proceso. En ninguno hay incompatibilidad. Si en Indecopi tengo algún tema que de alguna forma involucra, por ejemplo, a la Universidad de Lima, me abstengo», dice.
El informe también señala que Hundskopf tiene el albaceazgo –es decir, vela por el cumplimiento de un testamento– de Michael Maurice Debakey Cooper, un empresario dedicado al sector turismo que tiene un hotel en Iquitos y una urbanización en Lurín.
José Enrique Palma, por su parte, es asesor del Hotel Naymlap Inn, ubicado en San Isidro. Lo más llamativo de su hoja de vida, sin embargo, es su vínculo con centros comerciales. El miembro de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) brinda servicios legales al Jockey Plaza Shopping Center desde el 2014, mismo año en el que pasó a formar parte de esta sala, según su declaración jurada de intereses.Además, también aconseja a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), que agrupa a Plaza San Miguel y el Real Plaza.
Como Hundskopf, Palma también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y tiene su propio estudio: el Arróspide & Palma Abogados, que desde el 2014 ofrece servicios en áreas que competen al Indecopi, como gestión de intereses y patrimonios privados, y asuntos corporativos, de acuerdo a su LinkedIn.
Palma es doctor en Derecho por la Universidad San Marcos. Desde el 2017, también es consultor del estudio Vidal Quino & Polack Abogados y asesor legal de Asesorandes, una “sofisticada boutique financiera” que realiza consultorías en los sectores financiero, inmobiliario y, cómo no, a centros comerciales. Algunos de sus principales trabajos en los últimos años han sido asesorías en el desarrollo de hoteles en Paracas y un centro comercial frente al Golf Los Inkas.
Vocales como Hundskopf y Palma cobran S/800 por sesión –cada una suele durar entre dos y tres horas– y pueden reunirse unas 10 veces al mes. Lo que, restándole los impuestos, podría generar un ingreso de S/730 soles por sesión, es decir, unos S/7.300 soles mensuales. Incluso si se abstienen en un caso, ya que suelen ver más de un asunto en una sola sesión.
La abstención como problema
La abstención es la carta en mano que todo vocal y comisionado del Indecopi tiene para evitar que se materialicen posibles conflictos de intereses. Así evitan participar en procesos donde, por diferentes motivos, no puedan mantener su imparcialidad. Es lo que debió hacer Silvia Hooker, vocal de la sala que favoreció a Bimbo. Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene a la empresa panificadora como uno de sus agremiados.
Hundskopf, por ejemplo, se ha abstenido 65 veces entre 2018 y julio de este año; Palma lo hizo en 19 ocasiones entre el 2018 y el 2020. Según el informe de la gestión Pérez de Cuellar, sin embargo, estas abstenciones generan otro tipo de problemas que se suman a los potenciales conflictos de intereses: un enorme retraso en las resoluciones y el incremento del presupuesto, porque deben pagarle al vocal que se abstuvo y al suplente que lo reemplazará.
Desde el 2018, por ejemplo, Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas, presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC), ha preferido no votar en 653 ocasiones. Es el que más abstenciones ha tenido en los últimos años.
En respuesta a Sudaca Villa García asegura que se abstuvo en los casos que, de acuerdo a ley, correspondía hacerlo. Además, asegura que desde que forma parte de la sala ha resuelto “aproximadamente 12.100 casos” y que sus abstenciones representan solo el 5% de ese total.
Una explicación para números tan grandes es, precisamente, sus vínculos con el sector privado, que incluyen empresas mineras y un estudio de abogados con una clientela abultada. Al menos hasta noviembre del 2020, según su declaración jurada, el presidente de la sala de protección al consumidor llevaba más de una década como apoderado de la Compañía de Minas Buenaventura, la minera de Roque Benavides dedicada a la extracción de oro, plata y cobre. Además, es accionista minoritario de la Minera Poderosa, que extrae oro en Trujillo. Y, como los casos anteriores, también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima.
Sobre su interés minero, el letrado respondió a Sudaca que en su sala no ven casos relacionadas a ese sector y, puntualmente en el caso de Minera Poderosa, donde es accionista, dice que sus valores “corresponden a un ahorro de hace más de 10 años y representan el 0.0001% del accionariado total de la empresa”.
Villa García también es socio del prestigioso Estudio Aurelio García Sayán, como consta en su página web. Este grupo tiene una lista interminable de clientes que litigan en Indecopi como Alicorp y el Banco de Crédito del Perú. Como no podía ser de otra forma, también asesoran a minas como la ya mencionada Buenaventura, Yanacocha, Volcan y Southern Peaks Mining.
Otro funcionario de Indecopi que se ha visto obligado a abstenerse en reiteradas oportunidades por sus vínculos con el sector privado es Tommy Ricker Deza Sandoval. El letrado es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) desde inicios de año.
Según el informe elaborado por la gestión de Pérez de Cuéllar, Deza aumentó sus abstenciones notoriamente este año. El comisionado se ha abstenido en 95 ocasiones hasta finales de junio. Entre el 2018 y 2020 solo lo hizo en cuatro oportunidades, de acuerdo al mismo documento.
¿La razón? El mismo abogado lo explica. “Sí. Es cierto, lo digo de manera transparente, me he abstenido en algunos casos porque en febrero de este año me he afiliado a un estudio privado como jefe del área de derecho administrativo”, dice Deza a Sudaca. Asegura que no fueron tantas abstenciones, aunque dice no recordar la cifra, y que comunicó con antelación a Indecopi su incorporación a su nuevo trabajo.
El comisionado forma parte del renombrado Estudio Diez Canseco & Venero Abogados desde febrero de este año, poco después de asumir la presidencia de su comisión. Esta firma brinda servicios, justamente, en protección de los derechos del consumidor –el área que atiende Deza en Indecopi– aunque él afirma que acordó en su contrato “no ver absolutamente nada” que pueda terminar en la entidad.
Lo cierto es que el estudio hace alarde en su sitio web de que algunos de sus miembros “se han desempeñado como funcionarios” precisamente en Indecopi. Curioso, porque en la biografía de Deza, no mencionan que actualmente ejerce como presidente de comisión en esa institución. Según fuentes del Indecopi, presidentes de comisiones como él y Villa García cobran más que sus comisionados, así se abstengan: S/600 por sesión, frente a S/400.
Los personajes retratados en este informe son solo una pequeña muestra de las relaciones que tienen los tribunos de Indecopi con el sector privado. Otros casos resaltantes son Orlando Vignolo Cueva, asociado a los estudios Garrigues, Vignolo & Reyes Arrese Abogados y las empresas Fresol Group, dedicada al cultivo de cereales, y Telefónica; y Fernando Raventos Marcos, vinculado a los estudios Lex Asesores e Intellectual Mix y la empresa Shohin, que brinda servicios de almacenamiento y depósito.
También aparecen Jessica Valdivia Amayo, relacionada con las empresas financieras Inversiones Berval y Entelin International Holding; y la minera aurífera Caribbean Goldfields Perú, además del estudio Arbe Abogados; José Antonio Corrales Gonzales, vinculado a los estudios Marcionelli Abogados, Balbi Consultores Asociados, Delrot y a la empresa Consejeros y Corredores de Seguros, que da asesorías en asuntos financieros; entre otros funcionarios.
Sudaca intentó comunicarse con el funcionario José Enrique Palma Navea mediante su estudio de abogados, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta.
Para el ex ministro de la producción y economista Piero Ghezzi debemos generar buenos empleos para reducir la informalidad en el país, ampliar la recaudación fiscal y mejorar la economía nacional.
Además indicó que es importante cerrar la brecha social y productiva para que un grupo significativo de familias que pueda insertarse en la formalidad
La opinión pública ha centrado su atención negativa sobre todo en el ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero le ha puesto mediana intensidad a recalar en lo que se viene haciendo en un portafolio crucial como es el de Educación, y con su titular, Carlos Gallardo.
En conferencia reciente, el ministro de Educación, en la práctica, anunció la sepultura de la reforma magisterial y en particular de la evaluación meritocrática -una de las mejores y mayores reformas que se habían efectuado en un sector carente de manejos visionarios o de largo plazo-, asentó sus vínculos con Fenate, sindicato apócrifo vinculado al Movadef y, lo que coronó la fiesta, soslayó la urgencia de reiniciar las clases presenciales en el país.
Gallardo es un incompetente mayor. Carece de autoridad y de criterio para manejar una de las carteras en las que un gobierno de izquierda debiera marcar la diferencia respecto de las administraciones de derecha, que suelen no prestarle mayor atención a las políticas públicas básicas, sobre todo las de salud y educación.
A este paso, uno llega a preguntarse, con razón, para qué tanto esfuerzo del ministro de Economía, Pedro Francke, por incrementar el presupuesto vía una reforma tributaria, si uno de los sectores receptores de ese incremento recaudatorio, va a ser un portafolio pésimamente administrado por alguien que claramente no está calificado para el cargo.
El Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto. El camino de la interpelación y la censura -o la censura directa- se impone más en este caso que en el de Barranzuela, siendo ambos, ministros que no merecen ocupar un asiento en el consejo ministerial.
La educación pública es uno de los pilares de la inclusión ciudadana y de la mayor equidad social. En la educación pública debieran invertirse los excedentes del éxito macroeconómico del país. Pero ello requiere mano diestra para conciliar intereses propios del sector y generar consensos que permitan sobrellevar la reforma que hasta el momento se ha desplegado, profundizándola y extendiéndola.
No se puede tolerar a un ministro contrarreformista, puesto en el cargo, al parecer, solo para beneficiar a un sindicato radical que quiere aprovechar el poder político del Presidente para trazar una ruta de dominio y de hegemonía en el magisterio, siendo, en esa perspectiva, Gallardo, un monigote que piensa más en ello que en el bienestar de millones de niños y jóvenes, cuyas familias claman por recibir una educación digna, competitiva con la educación privada que solo los afortunados pueden pagar.
