“Estamos agrandando la torta de donde sale la pensión”
Por:
Redacción
17.03.2023
“El desarrollo de las propuestas tiene claro la identificación de objetivos estratégicos y brechas, así como el correcto mapeo de los identificadores de estas y los proyectos en torno a ellas. En ese sentido, esto permitirá definir, medir, identificar, modificar y lograr un correcto desarrollo del territorio”, detalló el ponente.
Asimismo, Von Hesse puntualizó que se deben desplegar los proyectos especiales de inversión pública (PEIP), ya que permiten mejoras como autorizar la contratación de personal altamente cualificado, utilizar modelos contractuales modernos, entre otras.
“Se deben tener funcionarios públicos competentes. Según SERVIR, menos del 10% de los servidores que trabajan en el Estado cuenta con un nivel óptimo para desarrollar su función. Debido a ello es fundamental que las carreras públicas se basen en la meritocracia, para contar con trabajadores capacitados y que cumplan sus funciones a cabalidad”, acotó el director de Videnza.
Las mujeres y niñas migrantes no solo se ven expuestas a violencia en el hogar, sino también en espacios públicos debido a los estereotipos y la xenofobia. Según la Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país (ENPOVE 2022), el 41% de los casos de maltrato físico fue ejercido por el cónyuge o pareja (41%), mientras que la violencia psicológica la ejercen principalmente personas desconocidas (39%). Una forma especialmente preocupante de violencia es la trata de personas, que se vincula con redes de explotación sexual. En el Perú, son frecuentes las noticias de operativos policiales en los que niñas y adolescentes venezolanas son rescatadas de estas mafias. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 55% de las víctimas de trata asistidas en Perú durante 2020 fueron personas menores de 17 años. De ese grupo, el 81.2% fueron adolescentes mujeres.Dado el contexto de violencia que enfrentan las migrantes venezolanas, en Save the Children Perú, estamos trabajando para crear espacios seguros para las mujeres y niñas. Un ejemplo de ello es nuestra campaña “Hablemos de migración”, que nos permitió llegar garantes de derecho y otros actores relevantes para sensibilizarlos sobre la importancia de incluir a la población migrante en diferentes acciones, programas y políticas. Nuestra experiencia como organización muestra que las soluciones a los problemas que afectan a la población migrante deben incluir a las comunidades de acogida. La integración es el objetivo y el camino.
Todo lo descrito muestra la necesidad de continuar apoyando a familias vulnerables, creando espacios seguros para que las niñas aprendan y jueguen, garantizando el acceso a derechos elementales como la salud, la educación y la vivienda. Desde Save the Children Perú, también ofrecemos servicios de asesoramiento y apoyo emocional a las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas que han sufrido abuso, violencia o explotación. Al proporcionar estos servicios de protección, estamos trabajando por garantizar que estas mujeres y niñas tengan la oportunidad de un futuro mejor. No obstante, somos conscientes que estas buenas prácticas, para maximizar su impacto, deben ser recogidas por el Estado y sus instituciones en políticas, programas y servicios que no discriminen por razones de nacionalidad, etnia, edad ni género. Como sociedad civil, el llamado no solo es a que estos enfoques se apliquen sobre el papel, sino que se implementen con urgencia para empezar a transformar la realidad que amenaza a miles de niñas y mujeres.
Las mujeres y niñas migrantes no solo se ven expuestas a violencia en el hogar, sino también en espacios públicos debido a los estereotipos y la xenofobia. Según la Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país (ENPOVE 2022), el 41% de los casos de maltrato físico fue ejercido por el cónyuge o pareja (41%), mientras que la violencia psicológica la ejercen principalmente personas desconocidas (39%). Una forma especialmente preocupante de violencia es la trata de personas, que se vincula con redes de explotación sexual. En el Perú, son frecuentes las noticias de operativos policiales en los que niñas y adolescentes venezolanas son rescatadas de estas mafias. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 55% de las víctimas de trata asistidas en Perú durante 2020 fueron personas menores de 17 años. De ese grupo, el 81.2% fueron adolescentes mujeres.
Dado el contexto de violencia que enfrentan las migrantes venezolanas, en Save the Children Perú, estamos trabajando para crear espacios seguros para las mujeres y niñas. Un ejemplo de ello es nuestra campaña “Hablemos de migración”, que nos permitió llegar garantes de derecho y otros actores relevantes para sensibilizarlos sobre la importancia de incluir a la población migrante en diferentes acciones, programas y políticas. Nuestra experiencia como organización muestra que las soluciones a los problemas que afectan a la población migrante deben incluir a las comunidades de acogida. La integración es el objetivo y el camino.
Todo lo descrito muestra la necesidad de continuar apoyando a familias vulnerables, creando espacios seguros para que las niñas aprendan y jueguen, garantizando el acceso a derechos elementales como la salud, la educación y la vivienda. Desde Save the Children Perú, también ofrecemos servicios de asesoramiento y apoyo emocional a las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas que han sufrido abuso, violencia o explotación. Al proporcionar estos servicios de protección, estamos trabajando por garantizar que estas mujeres y niñas tengan la oportunidad de un futuro mejor. No obstante, somos conscientes que estas buenas prácticas, para maximizar su impacto, deben ser recogidas por el Estado y sus instituciones en políticas, programas y servicios que no discriminen por razones de nacionalidad, etnia, edad ni género. Como sociedad civil, el llamado no solo es a que estos enfoques se apliquen sobre el papel, sino que se implementen con urgencia para empezar a transformar la realidad que amenaza a miles de niñas y mujeres.
A continuación se debe implementar la visión compartida de todos los actores en un documento consensuado. En ese sentido, no solo la empresa privada debe ser financiadora, se requiere de los gobiernos y demás organizaciones. El siguiente paso está en la búsqueda de la generación de mecanismos que permitan recibir recursos públicos y privados. Hasta el momento, estos mecanismos solo los ejecuta el gobierno local o regional.
La implementación y el uso de los recursos del plan elaborado por los distintos actores debe ser constantemente acompañado y monitoreado. Para esto se requiere de un equipo técnico de apoyo y soporte conformado por expertos, los cuales deben rendir cuentas al espacio multiactor para avanzar en la implementación de la visión compartida.
“Es importante que existan los reportes al espacio conformado para definir la visión compartida. De no haber la rendición de cuentas, uno pierde legitimidad y piensa para qué trabaja tanto”, complementó Bustamante.
En conclusión, lo afirmado por Evo Morales es refutado por la Constitución y las leyes peruanas que establecen, sin lugar a duda, que los recursos naturales del Perú pertenecen a la Nación.
En conclusión, las leyes peruanas protegen y regulan la explotación sostenible de los recursos naturales del país, lo que genera beneficios económicos a través de la modalidad de regalías y canon. La inversión en recursos naturales también contribuye a la generación de empleo y actividad comercial en las zonas de influencia de los recursos.