Congreso

El Congreso sigue, impertérrito, en su avance contra la sociedad civil, sin medir las consecuencias antidemocráticas que tal proceder contiene.

La ley de supervisión de las ONG, so pretexto de fiscalizar el destino financiero de dineros recibidos por cooperación internacional (lo cual está bien, porque hay más de un avivato que se aprovecha de la condición legal de las ONG para lucrar en beneficio propio), impone una serie de restricciones que abiertamente atentan contra el libre funcionamiento de organizaciones de defensa ambiental o de derechos humanos, que si no hicieran estas ONG no haría nadie.

Los excesos cometidos por algunas ONG no pueden invalidar el valioso trabajo que la mayoría de ellas realiza en beneficio de la sociedad peruana. Y la ley aprobada en el Congreso busca maniatarlas y las amenaza con multas y cierres de acuerdo al arbitrario criterio subjetivo de la autoridad de la APCI.

Al mismo tiempo, entre gallos y medianoche, el Congreso ha modificado el código penal en la concerniente al delito de difamación, en lo que constituye una grave amenaza contra el ejercicio de la libertad de prensa. Ya ese tema está más que regulado y no hacía falta modificarlo, pero el Congreso busca maniatar el ejercicio periodístico, labor fundamental también de la sociedad civil.

Ya la Sociedad Interamericana de Prensa había advertido el grave deterioro de las libertades informativas en el Perú. Hoy le deberá sumar una ley a todas luces antiliberal y retardataria, que solo busca socavar la labor profesional de la prensa libre.

Parece que el Congreso solo quisiese que hubiera poderes públicos y que el sector privado se constriñera a empresas individuales sin capacidad de cohesión o acción sobre temas que al Estado le son irritantes (como la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa).

Una desgracia es el Congreso actual. No lo detiene nadie en este avance autoritario y deberá ser tarea del próximo Parlamento -ojalá- desmontar el tinglado de normas intrusivas y violatorias del Estado de Derecho democráticoque perpetra el actual Legislativo.

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Sudaca conversó con el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, con respecto a la polémica ley N° 32210 que le permitirá a los odontólogos realizar nuevos procedimientos quirúrgicos. Riega calificó a esta disposición como un “atentado contra la salud pública” y denunció que “se ha montado una campaña millonaria con mensajes engañosos”.

¿La ley N° 32210 fue aprobada de forma apresurada?

Totalmente. En estos dos meses, tras su aprobación, hemos dialogado con distintas bancadas y les explicamos el serio riesgo que representa el otorgar indebidamente competencias a un profesional que no las tiene porque tiene otra formación. Los odontólogos no son médicos y realizan el acto odontoestomatológico, no el acto médico. Esa ley se aprobó de manera forzada, tendenciosa y peligrosa. Es un atentado contra la salud pública.

¿Cuáles es la preparación con la que no cuentan los odontólogos para llevar a cabo los procedimientos que les permitiría esta ley?

Corresponde fundamentalmente a poder evaluar al ser humano en su conjunto de manera integral. El poder reconocer los problemas de salud de todo el organismo y poder clasificarlos, incluso según la prioridad que pueden tener en determinado momento. Esa es una característica esencial del acto médico que no lo tienen otros profesionales de la salud, específicamente los cirujanos dentistas quienes están preparados para intervenir sobre un segmento del cuerpo y no de forma completa. Por ejemplo, dentro del sistema estomatognático, un cáncer no es tratado por un cirujano dentista.

¿Qué representó la aprobación de esta ley y cuál será su alcance?

Que los odontólogos estén facultados para realizar procedimientos médicos especializados que son delicados, como los procedimientos de cirugía plástica, procedimientos estéticos, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de nariz y procedimientos de otorrinolaringología. Sabemos que en nuestro país abunda la informalidad y existe un creciente número de odontólogos que realizan procedimientos médicos de manera clandestina. Lo que se estaría haciendo es legalizar este ejercicio de la medicina. Eso es poner en riesgo la vida de todos los peruanos. No están combatiendo el ejercicio ilegal de la medicina sino formalizándolo. 

¿Cuáles son los riesgos para los pacientes?

Podrían ocurrirles distintas consecuencias y complicaciones. Desde hemorragias hasta infecciones, que el resultado finalmente no se dé como se requiere y ocurran alteraciones morfológicas y deformaciones. Incluso el no tomar en cuenta las enfermedades de fondo que puede tener un paciente puede hacer que este pierda la vida en una intervención para la cual el odontólogo no está preparado.

¿Esta ley se puede interpretar como bajar la valla a la medicina?

Sí y repercute en la falta de seguridad y calidad en la atención de salud de los pacientes.

¿Los especialistas y representantes del sector salud no fueron consultados antes de la aprobación de esta ley?

Lo extraño es eso. El Colegio Médico emitió su opinión en contra y el Ministerio de Salud también omitió una opinión contraria que incluso motivó la observación por parte del Ejecutivo a esta ley cuando se aprobó en 2023. Pero fue mantenida en hibernación y, luego de un año y medio, es puesta a discusión en el Congreso y sin mayor debate se aprueba. Eso es sumamente extraño.

¿Quiénes están detrás de esto?

Diversos medios se han comunicado conmigo preguntando sobre esta ley y una posible intervención extranjera de empresas que justamente capacitan a los odontólogos en procedimientos médicos especializados estéticos. Esta es una sospecha que debería ser objeto de una profunda investigación. Lo que nosotros pedimos es que el Congreso no vuelva a cometer una nueva precipitación rehusándose a derogar esta nefasta ley.

¿Cuál es la justificación que dan los defensores de esta ley?

Es evidente que se ha montado una campaña millonaria con mensajes engañosos por parte de quienes defienden esta ley. Lanzan mensajes completamente fuera de la realidad acusándonos querer monopolizar la salud cuando lo que exigimos es que se asegure que los pacientes reciban atención según las competencias reales de cada profesional. Además, dicen que queremos encarecer la salud, pero cuando alguien recibe una atención por alguien que no está preparado está más propenso a sufrir complicaciones que sí encarecen la atención. También mencionan que esta ley reconoce derechos laborales y eso es una falacia. Hay dos artículos que son de relleno y dicen lo mismo que establecen otras leyes.

¿Qué rol ha tenido en este caso el Colegio Odontológico del Perú?

La gran mayoría de odontólogos practica su profesión. Pero existen dirigentes y líderes que han venido orientando de una forma inadecuada iniciativas que en lugar de fortalecer la profesión odontológica están prestándose para promover el ejercicio ilegal de la medicina.

Mencionó que hay interés de empresas extranjeras, ¿lo que ofrecen estas empresas no es una preparación idónea?

Es un problema grave que exista una industria orientada a brindar clases y cursos con relación a procedimientos altamente especializados, para los cuales uno se forma siete años como médicos y cuatro o cinco como especialista, que los realizan en días. Esto es una estafa, pero se está dando y se está promoviendo por algunas empresas extranjeras.

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Colegio Médico, Congreso, Pedro Riega

[Agenda País] Ante la mirada atónita de los congresistas Fernando Rospigliosi y Luis Aragón, presidente y vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República respectivamente, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, mostró lo que serían las cédulas de votación para las elecciones generales del 2026.

Porque ya no será una, sino dos cédulas, cual sábanas de más de medio metro que albergarán en una, la plancha presidencial, senadores por distrito único y parlamentarios andinos, y en la otra, a diputados y senadores de distrito múltiple.

Imaginémonos el día de la elección. Si ya ahora el elector se demora varios minutos en la cabina para ejercer su voto, ni pensar en el tiempo que le dedicará a descifrar el contenido de cada una de las cédulas, ubicar en cada una de las 5 votaciones al partido político de su elección, marcar el cuadradito y poner el número preferencial de su candidato favorito entre los más de 10,000 que postularán tanto al parlamento andino como a diputados y senadores por distrito electoral y nacional. 

Un sin sentido. Ya la palabra absurdo queda pequeña, insignificante, inocua, ante la barbaridad que “mentes brillantes”, “sabios en temas electorales” y congresistas movidos por intereses, han parido en este aborto electoral.

Pero echar la culpa no nos lleva a nada sino a hincarnos el hígado (al igual que Pedro Francke cuando ve pasar un raudo Ferrari) y ver, inertes, el sancochado burdelesco al que asistiremos el 12 de abril de 2026.

Aún hay tiempo, muy poco, para que el congreso pueda sacar una norma que ayude en la simplificación de la elección, tiempo que la presidenta Boluarte tiene en sus manos como Cronos, Dios del tiempo, ya que a partir de la convocatoria a elecciones generales 2026, que necesariamente no puede pasar de este 12 de abril 2025, ya no podrán realizarse cambios a las normas electorales.

El congreso viene trabajando algunas modificaciones como dar más tiempo a las alianzas electorales, reducir el momento del cierre del padrón electoral a 180 días antes de las elecciones y otros temas de relativa importancia, pero se está dejando de lado cómo enfrentar el hecho de tener dos sábanas de votación que lo único que hará es poner dudas sobre los resultados electorales.

Uno de los problemas es la multiplicidad de partidos políticos al relajarse el proceso de inscripción reduciendo el número de firmas a unas 25,000. Así, tenemos a la fecha 42 agrupaciones en el partidor, más otras 30 esperando ser aprobadas por el JNE antes de la convocatoria a elecciones. 

Una propuesta que está rondando es dar un beneficio a las alianzas electorales para incluso disminuir la valla electoral de 5% a 4%, lo que haría más viable, si el ego de los candidatos lo permite, a formar alianzas y reducir el número de alternativas. La otra llave la tiene la presidente Dina Boluarte ya que, si hoy convocara a elecciones, nos quedaríamos con 42 partidos políticos y no con los probables cincuenta y tantos de esperar un mes más.

La otra propuesta es definir un solo tipo de votación para el Senado, desde mi punto de vista, por distritos electorales múltiples.

Adicionalmente, se tendría que modificar la Ley n.° 32166, que faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desplazados el día de los comicios a sufragar exclusivamente por las autoridades nacionales (plancha presidencial, senadores por distrito único y parlamentarios andinos), permitiéndoles votar también tanto por diputados como senadores por distritos electorales múltiples. 

Ya el daño está hecho, pero aún el congreso está a tiempo de mitigar los potenciales problemas en que este embarazo electoral puede terminar, para que el resultado pueda ser creíble y legítimo a los ojos del mundo y de nuestros ciudadanos.

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cambios, comisión, Congreso, Constitución, diputados, Elecciones, Fernando Rospigliosi, ley electoral, Luis Aragón, Perú, piero corvetto, Política, senado

El nuevo proyecto de ley de Patricia Chirinos y Renovación Popular que pretende instalar a representantes de las iglesias cristianas en diversas instituciones del Estado.

Aunque el Perú está atravesando una grave crisis relacionada a la inseguridad que cada vez parece estar más lejos de ser controlada y los integrantes del gobierno de Dina Boluarte no pasan ni una semana sin involucrarse en hechos cuestionables, las prioridades en el Congreso parecen ir por otro rumbo.

Como se ha podido ver en más de una oportunidad, son varios los parlamentarios que se encuentran estrechamente vinculados con diversas iglesias con las cuales colaboran públicamente asistiendo a sus eventos e impulsando marchas contra las personas LGTBI o el enfoque de género. Este vínculo incluso ha llevado a que el Congreso condecore a quienes manejan estas iglesias.

Cristian Rebosio

Pero este apoyo ahora tiene la intención de ir mucho más lejos. En los últimos días, se ha podido conocer que la congresista Patricia Chirinos, quien ahora integra las filas de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que estaría buscando instalar a un representante de las iglesias cristianas en la instituciones y servicios del Estado.

EVANGELIZANDO AL ESTADO

Si bien se esperaría que las interminables crisis políticas y sociales que padecen los peruanos a diario mantengan a los parlamentarios enfocados en ofrecer soluciones al respecto, en el hemiciclo tendrían intereses personales que reciben mayor atención. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la congresista Chirinos que parece estar haciendo su mayor esfuerzo por encajar con los intereses religiosos de la bancada de Renovación Popular y se ha convertido en la autora de un inesperado proyecto de ley titulado “Ley de capellanía integral en las entidades y servicios del Estado”. 

Cristian Rebosio

La propuesta de Chirinos, que se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso, dice tener como propósito regular la institución de la capellanía en el país estableciendo los requisitos para quienes desempeñen esta función y se ampara en la Ley de Libertad Religiosa.

  Cristian Rebosio

Acorde al propio texto presentado por la integrante de Renovación Popular, el capellán deberá estar acreditado y capacitado por una asociación que esté registrada en el Registro de Entidades Religiosa (RER) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Inexplicablemente, la nacionalidad del capellán jugará un rol importante en su designación debido a que, según el proyecto de ley, la persona designada deber ser, preferentemente, de nacionalidad peruana.

Cristian Rebosio

Esta asistencia religiosa se tendría que brindar en diversos lugares, como los centros penitenciarios, hospitales, entidades deportivas y culturales e instituciones educativas en todos los niveles. Además, entre las actividades que podrían realizar se han incluido misas, funerales y hasta matrimonios.

Cristian Rebosio

Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención es que, a pesar que el proyecto de ley dice no favorecer a ninguna entidad religiosa o espiritual en particular, respetar la libertad religiosa y estar en contra de la discriminación religiosa, a la única religión que hace referencia este proyecto en más de uno de sus artículos es a la cristiana.

SEGUNDO ROUND

Pero esta no es la primera vez que el Congreso, y más precisamente Renovación Popular, intenta llevar la religión a las instituciones del Estado. En el año 2022, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley que con el cual pretendía las instituciones militares y policiales cuenten con un servicio de asistencia religiosa. 

Cristian Rebosio 

No obstante, en el proyecto de ley presentado por el congresista Muñante la tendencia a favorecer a un credo en particular era menos disimulada y señalaba directamente en el título que esta asistencia religiosa sería sólo para los cristianos evangélicos. Pero, además, pretendía que los ministerios de Defensa e Interior usen su presupuesto para implementar esta propuesta.

Cristian Rebosio

Acorde a lo que indica la propia página web del Congreso, este proyecto regresó a la Comisión de Constitución en octubre del 2023. Desde entonces no se tuvo más noticias al respecto hasta que la congresista Chirinos presentó esta nueva propuesta legislativa que parece ser muy similar y no sólo se limita a entidades militares y policiales sino que abarca muchas más instituciones además de habilitar que se lleven a cabo numerosas ceremonias y rituales.

Cristian Rebosio

Aunque la propia Constitución establece que el Perú es un Estado laico, este tipo de propuestas legislativas, como las presentadas por los congresistas Muñante y Chirinos, evidencian que en los poderes del Estado existe una clara intención por favorecer a determinadas doctrinas y que los parlamentarios están dispuestos a asumir un rol de pastores priorizando la difusión de sus dogmas. 

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[Agenda País] Hace pocos días, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, manifestó que su portafolio está incrementando el objetivo de crecimiento del PBI este 2025 de 3.1% a 4%. También señaló que hará todo lo necesario para respetar la regla fiscal que fija un tope de 2.2% del PBI, así como no endeudar al estado por más del 33% del PBI.

También, recientemente la ministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) expresó que en el 2024 el desempeño de nuestras exportaciones batió récord, con crecimientos en los sectores metalúrgico (+36%), pesquero (+24%), agropecuario (+22%), minero (+16%) y químico (+8%). El sector agro-exportador también estuvo a la altura llegando a US$ 12 784 millones, un incremento de 22,1% en el 2024.

Ambos ministros nos han dado buenas noticias, sin duda, pero, ¿se puede lograr o sobrepasar esos objetivos sin una política de gobierno e instituciones que generen confianza en la ciudadanía y principalmente, en el empresariado y en el emprendedor?

Por muchos años hemos escuchado a los principales actores políticos y a parte de la academia asegurar que la economía debe ir por cuerdas separadas de la política. Bajo esa premisa, no importaría cuánto se desgasten las instituciones en enfrentamientos inútiles, si las políticas públicas son inefectivas, si el gasto público aumenta pero no mejoran los servicios de salud, si el sicariato mata al bodeguero por 50 soles, si se cae un puente que nos lleva al flamante puerto de Chancay o si el acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chavez se hace a través de puentes modulares, como los que se usaron en la segunda guerra mundial.

No. No es suficiente que un entorno internacional sea favorable al Perú con precios récords de oro y cobre, si el precio del petróleo tiene una tendencia decreciente y que a pesar de las turbulencias que siempre ocurren en el planeta, la demanda por nuestros productos agroindustriales continua en alza.

Es más, no nos estamos beneficiando completamente de este ciclo internacional virtuoso para el Perú, que, en circunstancias similares, nos hicieron crecer a tasas mayores al 6% durante el segundo gobierno de Alan García, que si bien, tampoco aprovechó plenamente del entorno mundial de ese entonces, al menos fomentó una política gubernamental que generó confianza para que el sector privado acompañe con inversión y la ciudadanía con gasto en esa coyuntura.

¿Cuánto más podríamos crecer con carreteras modernas, puentes seguros, leyes laborales flexibles, seguridad ciudadana, simplificación administrativa y tributaria que llevaría a una menor corrupción, así como un apoyo decidido a las inversiones mineras sostenibles? ¿Cuántos más turistas podríamos atraer con infraestructura, conectividad y seguridad? 

Estos son temas de política pública que van de la mano con el manejo macroeconómico para aprovechar los ciclos económicos positivos y que, de ser consistentes en el tiempo, aseguran una protección, una amortiguación ante momentos no tan favorables. 

La economía tiene que, necesariamente, ir de la mano con políticas públicas claras y efectivas, con un ejecutivo decidido pero conciliador y con instituciones como el congreso, el ministerio público y el poder judicial, que jueguen en equipo y no llevados por intereses particulares que al final, generan desconfianza en la ciudadanía.

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El congresista Carlos Anderson conversó con respecto a sus intenciones de llegar a la presidencia en 2026, los recientes cambios en el gabinete y los desaciertos cometidos por el Ejecutivo y Legislativo en los últimos años.

Comparó los recientes cambios en el gabinete con los que hacía en el exentrenador de la selección, Jorge Fossati, ¿pero ve posible que un profesional capacitado  esté interesado en formar parte de este gobierno?

Hay profesionales capacitados. No voy a decir que el señor Salardi, el ministro de Economía, no lo es un profesional capacitado u otros más. El problema es que para trabajar por un gobierno, en especial en el cargo de ministro, estás asumiendo pasivos con los que mínimamente tendrías que estar tranquilo de asumir. Por ejemplo, yo jamás me haría parte de un gobierno de esta naturaleza, incompetente y con actitudes autoritarias que persigue intereses particulares. Pero, además, en el Perú existe una fascinación por el fajín. Date cuenta la cantidad de ministros que han estado por una o dos semanas y luego en su currículum ponen exministro. Es un cargo que ha sido desvalorizado.

En ese contexto que describe, ¿podríamos decir que sí sería complicado que uno de esos cambios de ministros lleve a que un personaje idóneo llegue al cargo?

Por eso hice la comparación con Fossati. Ahí fuimos igualmente permisivos. Lo dejamos estar y hacer. Todos decidimos no hablar y al final tuvimos lo que era previsible, un equipo sin alma con jugadores caducos. Lo mismo tendríamos que haber hecho hace rato. La señora Boluarte tuvo la oportunidad histórica de ser la presidenta de la transición y pudo haber anunciado en enero del 2023 que habrían elecciones en 2024 y ahora estaríamos con un nuevo gobierno y un diferente nivel de aceptación y credibilidad. No tenemos nada de eso porque la señora se embelesó con el poder y se sometió a los designios de los intereses de los grupos del Congreso.

Siguiendo con su comparación, en el caso de mantener a Fossati el resultado fue que Perú esté casi sin chances de ir al próximo Mundial, ¿cuál va a ser la consecuencia para el país por haber mantenido a este gobierno en el poder?

Cinco años desperdiciados. La tragedia peruana comienza en 2013 de los fáciles que habían sido de 2002 a 2012 cuando los precios de los minerales estaban volando y todo el mundo era un genio porque la plata venía de todas partes. Habíamos creado la ilusión de un país que crecía y se modernizaba. Empezaron las dudas en 2013 y luego vino la pataleta de la señora Fujimori en 2016 seguido por una serie de gobiernos comprometidos con la corrupción y la ausencia de valores democráticos. Empezamos a ver lo peor de la casta política. En 2026 se  completa una década perdida. 

Ha señalado al ministro Santivañez como uno de los protegidos de Dina Boluarte, ¿qué cree que se esconde detrás de esta protección a un ministro que indudablemente está fallando en su trabajo?

Te digo una adagio muy común en el mundo de la banca de inversión, cuando no entendíamos algo decíamos que si no se podía entender era porque detrás hay razones de sexo o dinero. Aquí no creo que haya sexo, pero con seguridad hay temas de dinero y corrupción. Era evidente que, por ejemplo, el señor Otárola sabía, permitía y ocultaba la afición de la señora Boluarte por las joyas caras. Como la señora es de poca fortaleza emocional se aferra a aquellos que le dicen que está linda y es inteligente. Esos son Quero, Santivañez y, hasta hace pocos, Demartini. 

También se ha visto un Legislativo que, a diferencia de lo que ocurría con Pedro Castillo, ha mostrado una gran tolerancia ante los casos de corrupción que involucran a Dina Boluarte y su gobierno, ¿qué gana este Congreso con la presidenta que los lleva a tener esta actitud?

Primero que no tienen  un Ejecutivo que los enfrente y haga ver sus inconsistencias. El Comercio publicó que treinta y seis congresistas tienen  denuncias constitucionales y hay varios con carpetas fiscales. Hay un entendimiento de partes y no se fiscalizan mutuamente. Ahí están los beneficios mutuos. El Congreso nunca pudo censurar al ministro más censurable de los últimos años, como es el señor Demartini. Este congreso decidió que no, porque era amiguito de la señora Boluarte.

Ha manifestado su intención de ser candidato a la presidencia, ¿por qué emprenderá esta aventura política con el partido Perú Moderno?

En Perú, los partidos no existen desde una perspectiva ideológica. Casi todos son emprendimientos que se van forjando. Casi todos los que entran al poder luego desaparecen. Me uní a Perú Moderno por la conversación que tuve con Carlos Añaños. Vi que valía la pena encaminarse por este rumbo que, además, ha sido formado por una persona con una reputación limpia como Wilson Aragón. Me pareció que era una opción muy potente a la que yo podía agregar mis ideas. Yo no soy una figura nacional, pero tengo cierto reconocimiento y puedo caminar por las calles sin que nadie me insulte. También tengo una trayectoria profesional limpia, he sido banquero internacional y aquí en Perú he sido catedrático. Creo que tengo la experiencia en el sector público y privado. 

¿Va a ser más complicado encarar una candidatura cuando también se ha formado parte de un parlamento tan desprestigiado?

Por el contrario, a pesar de estar en un lugar donde es fácil hacer plata sucia mochando sueldo o gestionando intereses privados, a mí nadie me puede decir que usted está comprometido en tal cosa o ha defendido tal interés. Creo que estoy cumpliendo con el mandato que me dio la ciudadanía.

¿Cómo cree que será la contienda electoral del 2026? ¿Van a primar los extremismos?

Hay una narrativa y una circunstancia muy proclive al tema de los extremos. Porque ha quedado demostrado entre comillas que si eres un salvaje a la hora de hablar, como Javier Milei, tienes más impacto. Si hablas cincuenta mil lisuras y dices “zurdo de mierda”, entonces te va bien. Por otro lado, en las izquierdas ocurre con “maldito capitalista”. Yo tengo la esperanza que después de más de treinta años que el Perú ha desperdiciado una y otra vez oportunidades por caer en el juego de los extremos va a empezar a primar la razón y se va a elegir a gente honesta y capaz. Espero que la ciudadanía pueda apreciar eso y alcancemos el grado de madurez, porque ya tenemos doscientos años de ser un país adolescente.

¿El Perú necesita recuperar a los partidos históricos, como el PPC o el Apra, o la crisis actual debe llevar a priorizar una renovación?

Ellos son parte de un capítulo cerrado y fracasado que no debería repetirse. Ahora hay intentos por limpiar el pasado. Pero en el PPC no hay ningún Bedoya Reyes y en el Apra no hay ningún Haya de la Torre. No creo en esos partidos tradicionales. Por eso creo que tenemos que construir partidos que aprendan de esa historia triste de los partidos políticos en el Perú.

¿Debe preocuparnos que haya tanta gente dispuesta a votar por candidatos como Antauro Humala?

Lo que debe preocuparnos es que haya tanta gente que ha llegado a un nivel de hartazgo y desafección con la democracia que está dispuesta a tirarse al vacío, porque votar por alguien que promueve antivalores como Antauro Humala es tirarse al vacío como país. Evidentemente no hay esperanza y es un grupo de gente muy grande que expresa su rabia y frustración de esa manera.

Hoy el Perú vive una crisis de inseguridad y muchos atribuyen a los derechos humanos y distintos tratados las dificultades para combatirlo, ¿comparte estos pensamientos?

Definitivamente no. Me parece la explicación más absurda, populista y facilista que existe. Por eso decía que el cómico que dice que a todos los delincuentes hay que matarlos no te lleva a ninguna parte. La criminalidad es un tema de control e implica tener recursos. Cómo esperas que una policía como la nuestra pueda enfrentarse a una criminalidad que anda super organizada y equipada. Tenemos comisarias que son cementerios de autos y ni están conectadas a internet. Hay un montón de cosas que se hacen en el resto del mundo y aquí no ocurren ni de casualidad. No han escuchado el clamor ciudadano que dice que queremos un bien público llamado seguridad. Además, también hay un quiebre en el circuito de administración de justicia que va desde la policía a los fiscales y jueces. Hemos visto que la corrupción es el punto de conexión de todo esto. 

En una entrevista con El Comercio señaló que el accionar de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos estaba sirviendo de excusa para discursos contra el imperialismo, ¿considera que, más allá de dar lugar a estos discursos, le nuevo gobierno norteamericano puede ser un problema para la región?

Tenemos que mirar el tema Trump en el contexto de la política norteamericana y lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos diez años. Por un lado con lo que se conoce como el wokismo (progresismo) a extremos y la política de inmigración flexible del presidente Biden que ha generado una serie de problemas de carácter social y han hecho que se genere este caldo de cultivo de resentimiento del americano blanco, el cual ha sido muy utilizado por Trump. Hoy en día, él está actuando con un mandado muy firme con mayoría en las cámaras de diputados y senadores y mayoría de jueces conservadores además de gobernadores. Ahora, esa visión nacionalista norteamericana se opone a la política globalista en la que hemos estado envueltos en los últimos cuarenta años que es la más reciente ola de globalismo que ha tenido efecto sobre la estructura económica de Estados Unidos, el desplazamiento de todo lo que significa la industria manufacturera y el debilitamiento de los sindicatos que le han dado bandera a Trump para actuar de forma abiertamente antiglobalista, chauvinista e imperialista.

¿Cómo debe reaccionar Latinoamérica ante esta nueva postura de Estados Unidos?

En primer lugar, se tiene que empezar a entender que la geopolítica es un juego de intereses, no de amistades. Segundo, los cambios de la geopolítica tienen que ser enfrentados con algún tipo de visión. Tenemos que tener una política que permita priorizar los intereses latinoamericanos que deberían ser cerrar la brecha que nos separa del desarrollo. Para eso necesitamos inversión e infraestructura que nos la puede dar el mercado norteamericano y, por otro lado, también responder inteligentemente a los avances chinos de modo que no se vea como una sumisión ante los designios de expansión e influencia china. Es cierto que China está haciendo una serie de trabajos de infraestructura, que hubiera sido fantástico que también contara con inversión norteamericana, pero China lo hace de manera sistemática respondiendo a una visión estratégica que responde a los intereses de China. En América Latina necesitamos desarrollar una política común no de enfrentamiento sino de actuación frente a estas dos potencias que buscan tener la total hegemonía y ven el patio latinoamericano como una extensión de sus divergencias. 

¿Perú ha tenido una postura demasiado confiada ante la inversión de China?

Definitivamente. Aquí actuamos con extrema comodidad y pocas veces actuamos con mentalidad estratégica. No hemos cuestionado ningún tipo de inversión china y no hemos sabido utilizar el tratado de libre comercio Perú – China a diferencia de otros países, como Chile que ha logrado traer inversión extranjera con conocimiento y transferencia de tecnología. Nosotros simplemente hemos abierto la puerta para que los chinos vengan y compren todo. El propio puerto de Chancay es una inversión china que responde a sus intereses de acortar las distancias con respecto a su mercado. Creo que hemos sido un poco comodones y no hemos sabido fortalecer nuestra relación con Estados Unidos. Pensar que ellos iban a abandonar esta área de influencia ha sido un error. 

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Carlos Anderson, Congreso, Perú Moderno

[Agenda País] Las elecciones presidenciales y parlamentarias del Ecuador que se realizaron el pasado 9 de febrero en su primera vuelta, arrojaron resultados sorpresivos que muy bien podrían aplicarse a las futuras elecciones en el Perú del 2026.

Con una diáspora de 16 candidatos, se esperaba que, en primera vuelta, el elector ecuatoriano dirigiera su voto por aquel candidato con el cual sentía una mayor identificación. Normalmente, el voto en la primera vuelta se caracteriza por su dispersión justamente porque se vota por la auténtica preferencia política y ya en segunda vuelta, la mayoría vota por el mal menor.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú en el 2021, Pedro Castillo salió victorioso con apenas 15.38% de los votos emitidos, seguido por Keiko Fujimori con 10.9%, Rafael Lopez-Aliaga con 9.55%, Hernando de Soto con 9.45%, Johnny Lescano con 7.37% y varios como Verónica Mendoza, Forsyth, Acuña y Urresti entre 4.6% y 6.4%. Es decir, un voto muy dividido.

En el Ecuador, los ciudadanos cambiaron su forma de votar. En vez de dirigir su voto a aquel candidato de su verdadera preferencia, optó por el voto estratégico dirigiéndose principalmente a dos candidatos : el actual presidente Daniel Noboa ( 44.16%) y la candidata del correísmo, Luisa Gonzales ( 43.99% ) configurando un empate técnico donde ambos candidatos agruparon más del 88% de los votos. Muy lejos quedó Leonidas Iza con poco más de 5% y luego Andrea Gonzales con un escaso 2.69%. 

¿Para qué votar por mi candidato en primera vuelta si no va a salir?, habrá reflexionado el elector ecuatoriano.

Esta característica también se reflejó en el voto parlamentario donde la asamblea está compuesta por 151 asambleístas, dejando al partido de gobierno con 66 escaños y a la oposición correísta con 67. Aunque ninguno obtuvo la mayoría absoluta de 76, ambos tendrán que coquetear con Leandro Iza que obtuvo 9 y/o el Partido Social Cristiano con 5 para obtener una mayoría para gobernar, y hasta probablemente aglutinar también, a las otras 3 agrupaciones que poseen 4 escaños.

El Perú se enfrenta en el 2026 a una elección presidencial con un potencial de 50 candidatos, 3 veces más de los que compitieron en las recientes elecciones ecuatorianas. ¿Se podría dar el mismo efecto del voto útil o voto estratégico?

Recordemos que en el Perú se pueden publicar encuestas hasta una semana antes de las elecciones y es muy posible, que, en el desarrollo de las mismas, veamos una dispersión del voto 3 o 4 meses antes de las elecciones y a medida que nos acerquemos al 12 de abril de 2026, ese mismo voto vaya dirigiéndose al candidato útil. Sí, aquel que puede representar mejor a la derecha conservadora, aquella que se erige como la líder de la izquierda y/o aquel que pueda encarnar el amplio espectro de la derecha liberal.

Aunque no vislumbro un escenario bipartidista como el ecuatoriano, es altamente posible que más del 80% de los votos se concentre en 3 o 4 candidatos y que de esta manera tengamos un parlamento con no más de 6 bancadas. Así, de 50 partidos políticos solo quedarían 6, salvo que hayan tenido la inteligencia y el desprendimiento de ir en alianzas electorales para evitar la defenestración de sus inscripciones como organizaciones políticas.

Esperemos que esta experiencia ecuatoriana haga reflexionar a nuestros dirigentes políticos y precandidatos presidenciales en la necesidad de formar consensos que lleven a alianzas electorales, no solamente para la elección presidencial sino también para la parlamentaria. 

Un escenario sin alianzas o lo que puede ser peor, alianzas para el voto presidencial y cada partido independiente para el voto parlamentario, sería un desastre para el futuro de nuestro país.

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Los resultados de las necropsias a la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, y el taxista que conducía el vehículo atacado abren la puerta a nuevas hipótesis sobre el verdadero objetivo del ataque.

A pocos días de cumplirse un mes de su fallecimiento, el caso de Andrea Vidal Gómez todavía siguen dando que hablar. El prematuro final de su vida con apenas veintisiete años y su reciente paso por la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento  en donde trabajó bajo las órdenes del implicado en una presunta red de prostitución en el Congreso, Jorge Torres Saravia, llevó a que se sospeche que su muerte fue un intento de evitar que exponga lo que estaba ocurriendo en el Legislativo.

Sin embargo, con el pasar de los días, empiezan a darse a conocer los primeros resultados sobre estos trágicos asesinatos que la noche del 10 de diciembre acabaron con la vida de dos personas en el distrito de La Victoria. Sudaca ha podido revisar los primeros informes de necropsia que revelan datos que podrían darle un giro inesperado a este caso.

LOS RESULTADOS

El lunes 9 de diciembre, Andrea Vidal Gómez recibió numerosos disparos en la cabeza, espalda y brazo mientras se trasladaba en un taxi que había pedido por un aplicativo y circulaba por el distrito de La Victoria. Tras este lamentable suceso, la joven quedó en estado crítico y falleció una semana después. En el siguiente informe pericial, se han podido conocer más detalles de lo ocurrido aquel día en la intercepción de las avenidas San Eugenio con Santa Catalina.

Cristian Rebosio 

El informe pericial de necropsia médico legal, realizado tras su deceso días después de los disparos recibidos en La Victoria, se detalla que, tras el ataque al vehículo en el cual se encontraba, Vidal Gómez sufrió varias heridas en la cabeza así como en el tórax y una de sus extremidades inferiores. 

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En el diagnóstico de muerte que firmaron los médicos legistas encargados de la necropsia al cuerpo de la extrabajadora del Congreso se puede leer que encontraron “orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y extremidades inferiores. Además, se señala que la causa del deceso fue la herida en la cabeza que produjo daño en el tejido cerebral.

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Por otro lado, en el caso de José Daniel Vargas Briceño, la necropsia del ciudadano venezolano que conducía el taxi presenta un considerable número de heridas. Más precisamente, en este informe se detallan dieciséis heridas producto de los disparos que recibió y la mayoría de estas se encontraron en la cabeza y el tórax.

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En el diagnóstico de muerte de Vargas Briceño, quien falleció el mismo 9 de diciembre, se explica que una hemorragia subaracnoidea (sangrado entre las capas que cubren el cerebro) así como los impactos de bala recibidos en el tórax y abdomen fueron las razones por las cuales perdió la vida.

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EL OBJETIVO

Estos resultados han llevado a que se plantee la pregunta sobre quién era el objetivo de este ataque. Según la información que se ha podido conocer, el mayor número de disparos se concentró en el lugar que se ubicaba José Daniel Vargas Briceño, quien aquel día conducía el taxi, y se ha empezado a considerar que el objetivo principal sería él y no Andrea Vidal.

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Sudaca conversó con Andy Felix Cabrera, director del Centro de Investigación Forense – CIFEC, sobre los detalles de este ataque que acabó con la vida de dos personas y abrió la puerta a diversas especulaciones. “El pasajero pudo haber sido un daño colateral. Los sicarios están con el nerviosismo encima y lo que hacen es cometer su objetivo y los daños colaterales pagan este tipo de situaciones”, señala con respecto a la posibilidad que la muerte de Andrea Vidal no haya sido el objetivo de los asesinos.

El director de CIFEC también considera que se debe tener en cuenta que el número de disparos realizados puede ser un mensaje. “No descartemos la posibilidad que, en una vía tan transitada, este sea un mensaje  para este tipo de delincuencia que se encarga de este tipo de cobros y demostrar de lo que son capaces”, agregó.

No obstante, resalta que se debe esperar a las investigaciones porque los dos fallecidos presentan heridas en la cabeza. “No podríamos tener una certeza sobre cuál de los dos sería el objetivo principal. Porque de acuerdo ambos presentan heridas en la zona craneana y esto reviste para el ámbito forense un enseñamiento”, explicó Andy Felix  a Sudaca.

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Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

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Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

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Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

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Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

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En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

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CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

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En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

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