Congreso

[PIE DERECHO] El gobierno no puede confiar en su frágil alianza con el Congreso para permanecer incólume hasta el 2026. La precariedad de los propios grupos políticos que componen el Legislativo hace que esa apuesta sea de alto riesgo. Apenas se den cuenta en el Parlamento de que su simbiosis de intereses con el Ejecutivo arruinaría las posibilidades electorales futuras de los partidos que conforman esta suerte de alianza tácita, se producirá un quiebre que, si coge al Ejecutivo pasmado, se lo llevará de encuentro.

Muchos en el gobierno, particularmente el premier Otárola, parecen convencidos de que haber superado relativamente airosos la confrontación social violenta que aconteció al poco de tiempo de haber asumido la transición post Castillo, ya los blinda frente a cualquier otro escenario de aparente menor intensidad, y ello quizás sea el motivo por el cual su gestión brilla por su medianía y ausencia de objetivos de trascendencia.

Se equivoca garrafalmente el Ejecutivo si comparte esa hipótesis. Más que ninguno otro, el actual régimen está obligado a hacer dos o tres cosas bien (entre ellas, resolver la crisis económica y el lacerante problema de la inseguridad ciudadana) si quiere mejorar en sus niveles de aprobación en las encuestas y obtener así capital político que eventualmente le dé sostén, desalentando al Congreso a enfrentársele.

El inefable Vizcarra, sin bancada, pero con una inmensa aprobación, fue capaz de tumbarse un Congreso adverso, pero sin ese respaldo ciudadano no lo hubiera podido hacer. Esa lección debe ser extraída por Boluarte. Si ella no eleva dramáticamente sus índices de popularidad, hoy tan ralos, no tendrá parapeto alguno frente a un Legislativo que empiece a ponerse arisco conforme se acorten los plazos electorales.

La única manera de que el gobierno dure hasta el 2026 no será en base a astutas jugadas de intercambios políticos con el Congreso, porque éste no dudará un segundo en vacar a Boluarte si así lo considera conveniente para sus intereses. En cambio, si el gobierno crece en su aprobación popular, será difícil que un Legislativo que anda casi a la par en impopularidad, se atreva a destronarlo (al gobierno emergente de esa situación le pasaría algo semejante a lo que le pasó a Merino).

La dupla Boluarte-Otárola está obligada a gobernar superlativamente mejor si quiere llegar hasta el final de su mandato constitucional. Si no lo hace, seguirá siendo un factor de inestabilidad, desconfianza y precariedad política, causando un efecto perverso de obstaculización de las propias expectativas de mejora.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El cambio de votos por impunidad es una práctica política cuestionable que implica problemas éticos y legales. Esta práctica plantea dos problemas. En primer lugar, el cambio de votos por impunidad puede considerarse un acto de corrupción. Los congresistas que cambian sus votos a cambio de impunidad están utilizando su posición para obtener beneficios personales, como la impunidad, a expensas del interés público. Esto compromete la integridad del sistema político y socava los principios de la representación política.

Los congresistas, al utilizar su posición para obtener impunidad, están abusando de la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. En lugar de representar los intereses de la sociedad, están utilizando su influencia para protegerse a sí mismos.

En lugar de actuar como representantes del pueblo, están priorizando sus intereses personales sobre las necesidades y deseos de quienes los eligieron. Esta situación socava la confianza en el sistema político, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y la legitimidad de la democracia.

En segundo lugar, el cambio de votos por impunidad viola principios éticos fundamentales que deben regir la conducta de los congresistas. La ética política implica el comportamiento moral y responsable de los representantes electos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, los congresistas tienen la responsabilidad ética de actuar en beneficio de la sociedad que representan.

Al cambiar sus votos para obtener impunidad, los congresistas están desviándose de esta responsabilidad. La ética política exige transparencia y honestidad en el ejercicio del poder. Cuando los congresistas negocian impunidad a cambio de votos, están socavando la confianza pública y minando la transparencia que debería caracterizar el proceso legislativo.

La ética política también está vinculada a la integridad personal de los representantes electos. Cambiar votos por impunidad puede implicar una falta de integridad, ya que los congresistas están comprometiendo sus principios éticos en aras de beneficios personales.

Finalmente, el cambio de votos por impunidad es perjudicial para la democracia. La violación de la ética política no solo compromete la integridad de los congresistas, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema democrático. Fomentar la ética en la política es esencial para preservar la integridad de las instituciones democráticas y garantizar que los representantes electos actúen en beneficio de la sociedad en su conjunto.

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[ENTREVISTAS] Ha pasado un año de la salida de Pedro Castillo de la presidencia y el final de un ciclo marcado por decisiones cuestionables, ¿por qué Dina Boluarte hasta ahora no ha podido sacar al país de ese camino de incertidumbre y constantes crisis?

Lo único que demuestra el gobierno de Dina Boluarte es que es algo que se preveía desde el gobierno de Castillo. No fue una elección en la cual el ganador reflejaba un equipo de trabajo con ambiciones de ganar. Lo que tenemos es la consecuencia de eso y, además, a través de la vicepresidencia  no hubo esfuerzos previos por armar un plan sólido. Boluarte sólo quiere ser presidenta y se respalda en un operador político que es Otárola. Sumado a eso, es difícil conseguir ministros que puedan darle solidez al gobierno. Qué persona competente en su sector va a aceptar quemarse en un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo. En el fondo, quien está gobernando es el Congreso y el de Boluarte es un gobierno de piloto automático y muy autoritario.

Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti lograron un considerable respaldo por parte de la población pese a llegar al poder de forma inesperada, ¿por qué el de Dina Boluarte no pudo ser un caso similar?

Hay que diferenciar los procesos. Sagasti entró y dijo que era un gobierno bisagra que se quedaría un año en el que se enfocarían en tres puntos fundamentales. Además, Sagasti tenía experiencia como gestor público y eso le permitió dar la sensación de durar poco y hacer cosas básicas. El caso de Vizcarra es muy parecido al de Boluarte en términos de proceso. Si bien no dinamitó el gobierno de Kuczynski,  se puso de lado y cuando las papas quemaron dijo aquí estoy yo. Pero Vizcarra tenía la experiencia como gobernador regional de Moquegua, una experiencia bastante positiva por lo que pudimos conocer. En el momento en que Vizcarra asume, sí se puede sentir que por lo menos había participado de un proceso en que sí había una lógica detrás. Boluarte venía de ser funcionaria pública de un rango bastante menor, una militancia política relativa y el único cargo de gestión que tuvo fue conducir un club departamental que no se asemeja a un gobierno regional ni a una alcaldía distrital.

¿No marca una diferencia importante que Dina Boluarte tiene al Congreso a su favor?

Discrepo en que ella tenga a favor al Congreso. Ella está en favor del Congreso y eso la hace parecer, ante la opinión pública, como una persona incompetente. Si sigues los discursos de Boluarte, sólo sabe decir dos o tres cosas. La primera es quiere un gobierno de paz y unión nacional, lo que es una respuesta de concurso de belleza; la segunda es que son estrictamente respetuosos de la institucionalidad y de los derechos humanos, no hace falta hacer un  fact-checking para saber que eso es una burla, y lo tercero es esta victimización al decir atacada por ser mujer. Este gobierno puede sobrevivir, pero de ahí a representar un proyecto es bastante difícil.

Algunos sectores políticos, como el fujimorismo, tienen presente a Martín Vizcarra en sus discursos, ¿se le podría considerar como un actor político vigente que podría tener chances de volver a la presidencia?

Ha sido el último presidente que se acercó al registro histórico de aprobación en el Perú. Fue alguien que pudo capitalizar una demanda y tuvo una coyuntura, la pandemia, que le permitió hacer eso. Antes del vacunagate había llevado un manejo de gobierno que parecía eficaz y eso es una amenaza para el proyecto fujimorista. Lo que vimos con Vizcarra es nada parecido a lo que vimos en los últimos treinta años, porque lo logró desde el gobierno con una gestión de crisis con la pandemia que, pese a lo que significó el vacunagate, los muertos y las decisiones ridículas, la gente apoyaba. La conferencias que daba los miércoles tenían rating. Supo cambiar el estilo de comunicación y llegada con la gente desde un lugar de poder y eso es algo peligroso para sus enemigos políticos. Si tuviéramos que hacer una elección hoy, no tengo ninguna duda que Vizcarra pasa a segunda vuelta.

Según la última encuesta de Datum, el Congreso tiene una aprobación de 7% y Dina Boluarte apenas llega al 9%, ¿por qué pese a un marcado descontento no hay movilizaciones grandes?

Tengo tres hipótesis. En 2020 tuvimos una gran manifestación contra Manuel Merino. Se salió a las calles y se logró el objetivo que era sacar a Merino. Pero luego de Sagasti vinieron otros como Castillo y Boluarte. Entonces el tema es que se logra sacar a un presidente y luego viene más de lo mismo. La gente se pregunta, cuál es el costo beneficio si luego viene la misma masa de siempre a complicarme la existencia. La segunda hipótesis tiene que ver más allá de la ineficacia de la acción, tiene que ver con la oferta política. No hay una relación entre el sentimiento antisistema y la apuesta por quien lo puede resolver. No se quieren adherir a ninguno porque todos parecen lo mismo. Una tercera es que cada vez es más evidente que más gente siente que lo que pasa en política no los afecta y se preguntan por qué comprometerse en una pelea de blancos, por llamarlo de una manera. Somos un país que ha perdido la fe en lo colectivo.

¿Por qué no se ve unión entre las manifestaciones de Lima con las del resto del Perú?

Ocurre que no hay referentes que puedan albergar un estado de ánimo colectivo. Dentro del mismo movimiento de protesta no existe una posición mayoritaria. Están los castillistas con los institucionalistas y están los que es consideraron más importante que se vaya Boluarte y los que recién ahora reaccionan. Mientras no haya una cohesión en dos o tres ideas claras, esa oposición va a ser un chiste. En el fondo lo que terminan transmitiendo ante la opinión pública es que no vale la pena.

¿Puede deberse a que la oposición de otras regiones no se siente representada por la limeña?

Lo que he podido ver es que fuera de Lima tampoco hay un movimiento tan cohesionado con una plataforma clara. Hay movimientos regionales que tienen demandas, la parte del agro y también los de la minería . Hay una serie de elementos que no necesariamente se concatenan como para decir que hay un movimiento fuera de Lima tan homogéneo. Además aunque son más nutridos que en Lima e involucran más compromiso, no termina de ser masivo ni generar un espacio sino que termina siendo uno que pone en jaque por dos o tres días una ciudad y luego se diluye. No creo que fuera de Lima haya un solo movimiento. Lo que sí creo es que no hay posibilidad de conciliar a Lima con el interior porque el tema es muy emocional.

Acorde a las últimas encuestas, el Congreso parece incapaz de levantar su porcentaje de aprobación, ¿por qué a los parlamentarios parece no importarles la desaprobación si esto podría repercutir en los votos que obtengan sus partido en una próxima elección?

El objetivo de un congresista no es ser popular sino promover una agenda. La mayoría de partidos que lleva gente al congreso no son partidos que históricamente tengan una proceso de construcción de ideología y a partir de eso un plan que suma militantes. Normalmente son construcciones en torno a personas. La lógica de un congresista no está tanto en pensar en un proceso de largo plazo sino en cómo acomodar las cosas que le permite generar leyes a favor de ellos. Por otro lado, la inmovilidad de la calle les permite seguir en eso.

Tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones de Argentina, varios políticos peruanos, como Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, han empezado a imitar su discurso anti casta, ¿observa a alguna figura de la política nacional capaz de capitalizar el descontento de los peruanos con la clase política?

No. Todos van a ser grandes caricaturas. A Milei le reconozco una dosis de autenticidad y eso el electorado lo percibe. Acá no siento que algo así vaya a pasar. Yo tengo la hipótesis que la candidatura de Keiko Fujimori terminó de morir cuando dio el debate frente al penal de mujeres, apareció su hermano Kenji y se abrazaron. En ese momento que Keiko iba subiendo en las encuestas cae de nuevo y pierde las elecciones. Porque la gente vio eso y pensó que era una candidata que no tiene ningún problema en vendernos una telenovela que no es cierta. Con el fenómeno Milei, todos quieren copiarse un estilo que en el Perú no tiene mucho sentido. Además, creen que copiar sus estilo es ser más grosero, pero se distingue muy rápido cuando una actitud es forzada. Jaime Bayly representaba un poco eso del loco pero autentico. El problema es que acá sí tienes el sesgo de pituco y Bayly jamás hubiera sido presidente.

En los últimos meses se ha visto que personajes como Roque Benavides, Carlos Neuhaus y Carlos Añaños han mostrado interés por involucrarse en política, ¿la imagen del presidente empresario puede ser atractiva para el electorado nacional?

El votante no es estático. Esa idea del presidente empresario tenía más correlato hace unos cinco o seis años. Eso creo que es lo que finalmente termina llevando a Pedro Pablo Kuczynski, como persona y partido político, al poder. Pero hoy día estamos ante otros retos. La exigencia para un candidato hoy no pasa por el lado del éxito empresarial sino por alguien con el norte claro con respecto a seguridad, relaciones internacionales, cierta lógica de mano firme y cómo se va a comportar con otros poderes del Estado. Los grandes temas que movilizan son la inseguridad ciudadana y como frenar la recesión.

Se ha visto que en las elecciones de países considerados progresistas, como es el caso de Argentina, ha existido un fuerte cuestionamiento a los derechos humanos, ¿también será un tema central en un país conservador como Perú?

El tema va a pasar más por mostrar a los derechos humanos como el monstruo progresista y que el día que no existan vas a poder salir a trabajar tranquilo, sacar la pistola y matar al ladrón. Si logran generar ese vínculo, estamos muertos a nivel de garantía. Si logran relativizar la defensa de los derechos humanos y ubicarlo como el enemigo a vencer versus seguridad y economía, entonces hay una oportunidad para eso movimientos. Pero si siguen viéndolos como algo de caviares va a ser un discurso con el que alguna gente podrá empatizar pero que no tiene ningún sustento.

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[PIE DERECHO] Un Congreso con 7% de aprobación, es decir, absolutamente sin legitimidad representativa, pretende, al amparo de la circunstancialidad de contar con los votos para hacerlo, aprobar una andanada de despropósitos en los plenos que efectuará desde hoy hasta el viernes.

Desde la probable destitución arbitraria de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pasando por la eliminación de las PASO, el debilitamiento de la colaboración eficaz, de la extinción de dominio, la creación de una comisión para “reformar” el sistema interamericano de derechos humanos, la suspensión del financiamiento del Perú a la OEA, el bachillerato automático hasta el 2024, hasta brindarle una segunda oportunidad a universidades no licenciadas.

Una lista de insensateces que solo se explican por el regocijo del poder que siente la coalición derechista del Congreso, en algunos casos con el apoyo de la bancada de Perú Libre, que no solo dañará aún más el nivel de descrédito que adolece el Legislativo, sino que ejercerá un impacto tremendo en las posibilidades electorales de, justamente, la derecha en general (aún la no congresal), dada la identificación popular de que nos gobierna una alianza derechista entre el Ejecutivo y el Congreso, dos poderes del Estado con un inmenso rechazo ciudadano.

El Congreso se esmera en construir el escenario político propicio para que sea la izquierda, que debería pagar las consecuencias de su inefable apoyo al desgraciado gobierno de Pedro Castillo, y que hoy, gracias a cosas como las que citamos en esta columna, aprovechan las circunstancia para presentarse como virginal alternativa política.

No hay conciencia, al parecer, en el Parlamento, del inmenso bolsón antiestablishment que se está larvando y que amenaza con hacer volar por los aires el statu quo, y la relativa normalidad política, económica y social que hemos vivido los últimos 25 años. Es un Congreso cuasi inimputable que le hace mucho daño al país y, sobre todo, a las perspectivas futuras de la república democrática.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En el actual y convulso panorama político que atraviesa el país, la Fiscal de la Nación, respaldada por más de 40 congresistas, se ve envuelta en una situación sumamente crítica. Una minuciosa investigación liderada por una fiscal ha arrojado indicios razonables que apuntan a la posible participación de la titular de la Fiscalía en una presunta organización criminal. Con base en las primeras investigaciones, esta red delictiva habría operado con el objetivo de garantizar la impunidad de los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a la Junta Nacional de Justicia.

Ante el descubrimiento de estas actividades ilícitas, los presuntos integrantes de la organización criminal han adoptado la estrategia de «morir matando». Movilizando todos los recursos a su disposición, están llevando a cabo maniobras legales y políticas para evitar su inminente caída y la de los congresistas vinculados. En un giro sorprendente, la Fiscal de la Nación, en horas de la madrugada del lunes 4 de diciembre, firmó la resolución que destituyó a Marita Barreto de su cargo como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, fiscal que venía investigando a sus asesores desde hace tiempo. Simultáneamente, acusó a la presidenta de la república, al primer ministro y a tres ministros de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, así como de lesiones graves en perjuicio de Sebastián Murillo y otros ciudadanos. A estas acciones se suma la moción presentada por algunos congresistas, que busca someter a una investigación sumaría a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por “falta grave”.

Estas medidas buscan desviar la atención pública de las acusaciones iniciales, generando confusión y pretendiendo desgastar la capacidad de respuesta de aquellos que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, tienen la potestad de investigar y sancionar a la Fiscal de la Nación. En este complicado juego político, la expresión «morir matando» resume la intensidad de las acciones emprendidas por la presunta organización criminal para preservar su poder y evitar las repercusiones legales de sus acciones; y de la disposición a emplear cualquier recurso que se encuentre a su alcance.

En este escenario político convulso, las revelaciones actuales no hacen sino reafirmar una triste realidad que se repite: la venta de votos en el Congreso, la obstrucción de investigaciones fiscales y la perpetración de actos de corrupción son prácticas que persisten. Estas acciones, impulsadas por intereses particulares y de grupo, dejan al descubierto la falta de integridad y la miseria moral de aquellos que las ejecutan.

La democracia se basa en la idea de que el poder debe emanar del pueblo y que los representantes electos deben actuar en el interés del bien común. La venta de votos es una práctica que socava aún más la legitimidad del Congreso. Cuando los congresistas venden sus votos, están traicionando la confianza que les ha depositado el pueblo. La obstrucción de investigaciones fiscales es otra práctica que atenta contra la democracia. Cuando se obstaculizan las investigaciones fiscales, están impidiendo que se haga justicia y que se sancione a los responsables de actos de corrupción. La perpetración de actos de corrupción es una violación de la ley y de los valores democráticos.

Finalmente, esta coyuntura crítica podría convertirse en un punto de inflexión para un resurgimiento democrático, donde la integridad y la ética recuperen su lugar central en la conducción del país, en la administración de justicia y en la política.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La política nacional está plagada de políticos que mienten, manipulan y abusan de su poder para beneficio propio. Este drama de deshonestidad, manipulación y abuso de poder tiene cinco protagonistas:

La presidenta: una líder que miente sin descaro sistemáticamente para preservar su poder.

El primer ministro: un aprendiz de maestro de las artes de la manipulación y la prestidigitación que oculta pruebas para protegerse.

El congreso: una institución que se regodea en las gollerías del poder y traiciona de manera reiterada el mandato ciudadano.

Las máximas instancias judiciales: un pilar fundamental del estado de derecho que se ve amenazado.

Los ciudadanos y ciudadanas: cansados, atemorizados, hartos, desorganizados, pero…

Acto I: La presidente y sus mentiras descaradas

La presidenta, investida con la responsabilidad de liderar una nación, se desdibuja ante la audiencia. Atrás quedan las promesas electorales reemplazadas por mentiras descaradas destinadas a preservar el poder a cualquier costo. La confianza de los ciudadanos y ciudadanas, esencial para la estabilidad de cualquier democracia, se desvanece en el humo de las falsedades tejidas por una presidenta que, parafraseando a su primer ministro, tiene “comando, pero no mando”.

Acto II: El ministro y el ocultamiento de pruebas

En el oscuro trasfondo de esta trama, un primer ministro se erige como un aprendiz de maestro de las artes de la manipulación y de la prestidigitación. Dispone el ocultamiento de pruebas que podrían poner al descubierto sus tejes y manejes reñidos con el buen uso de los recursos públicos. La transparencia, lema y práctica olvidada, es sustituido por una cortina de secretos diseñada para protegerlo.

Acto III: El Congreso y las gollerías del poder

En el Congreso, la moralidad se desvanece ante la voracidad y procacidad de quienes detentan el poder legislativo. Aprovechan y maximizan todas las gollerías que les permite su privilegiada posición, se enriquecen sin rubor alguno y consolidan sus particularísimos intereses. La traición al mandato ciudadano se convierte en moneda corriente en esta grotesca representación de la democracia.

Acto IV: El ataque a las máximas instancias judiciales

El clímax de este drama se desata con un ataque directo de los congresistas a las máximas instancias judiciales, pilar fundamental del estado de derecho cuyos cimientos se resquebrajan mientras se intenta socavar la independencia judicial. La justicia se ve amenazada por la influencia corruptora de quienes buscan proteger sus intereses particulares ajenos al bienestar común.

Epílogo:

¡Ciudadanos y ciudadanas hay muchísimo que hacer…! Pero, ¿por dónde empezar?

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en curso, es una muestra más de que los congresistas pueden hacer lo que les plazca. Es como si con ello demostraran que son capaces de cualquier cosa para proteger y garantizar sus intereses personales y de grupo. Intereses que no se condicen con el bien común, sino todo lo contrario. Son intereses mezquinos, particulares e ilegítimos. Esa demostración de poder es obscena. Su intención no solo es la de copar la JNJ, elegir a las máximas autoridades electorales del país sino, sobre todo, proteger y garantizar impunidad a sus jefes y jefas.

A los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular, entre otros más, no les importa que la JNJ sea un órgano fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción; y que su independencia garantiza la imparcialidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. La destitución de sus integrantes es un acto serísimo de autoritarismo y arbitrariedad.

Ebrios de poder, olvidan que la democracia se sustenta en la independencia de poderes, que es importante para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando el poder está concentrado en una sola persona, grupo o coalición, es más probable que se abuse de ese poder. Actúan de forma arrogante, prepotente y abusiva, legislando a su favor, contratando a amigos y familiares de sus parejas sentimentales, viajando al extranjero con pasajes pagados por empresarios y “mochando” sueldos al personal a su servicio, por citar algunas de sus tropelías. Muchos se dirán «quien puede, puede”.

Una presidenta demócrata condenaría la destitución de los miembros de la JNJ como un ataque a la democracia y exigiría al Congreso que reconsidere su decisión. Además, apoyaría a las organizaciones de la sociedad civil en su lucha por la defensa del Estado de Derecho. Dina Boluarte, como no lo es, declaró que su gobierno respetará el resultado del proceso sumario llevado a cabo por el Congreso.

La destitución de los miembros de la JNJ, un acto de autoritarismo y arbitrariedad, es un golpe a la democracia. La denuncia nacional e internacional y la movilización y protesta ciudadana, como únicas herramientas para defender la democracia, son esenciales para enfrentar el golpe a la democracia. Además de la consolidación de una plataforma democrática que convoque y organice no solo a las organizaciones de la sociedad civil limeña sino también a las de las regiones, y a los partidos políticos democráticos como, por ejemplo, el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente.

 

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El Congreso se alista para dar un zarpazo institucional contra la Junta Nacional de Justicia, sin que haya razones valederas para sancionar o destituir a uno o más miembros de dicho organismo.

Con un cambio imprevisto (inicialmente la Comisión de Justicia había desestimado la solicitud de la congresista Patricia Chirinos), finalmente la alianza fujicerronista logró imponerse y aprobar que la denuncia siga su curso en contra de los integrantes de la JNJ.

No nos conmueve especialmente la investidura de los miembros de la Junta. No ha mejorado un ápice la justicia desde su nombramiento en reemplazo del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura (pero no es éste un test de eficiencia), han cometido impropiedades varias (aprobar la designación de Zoraida Ávalos, con papeles truchos, por ejemplo), pero, sin embargo de ello, no han cometido las faltas graves que se requieren para justificar que el Legislativo los expulse de sus cargos.

Se está forzando una situación jurídica bajo una interpretación caprichosa y abusiva de la norma, porque emitir un pronunciamiento solidario a favor de la fiscal Ávalos puede ser impertinente, pero de allí no pasa, el tema de la edad de la juez Inés Tello fue avalado en la entrevista para su designación por el propio presidente del Tribunal Constitucional de entonces, Ernesto Blume, y que se hayan remitido tardíamente informes anuales al Congreso, es, pues, un descuido amonestable, pero subsanado y bajo ningún criterio una causa que revista mayor gravedad.

Es una mezcla de intento de controlar organismos electorales (ONPE y Reniec), venganza de los “hermanitos”, razzia caviar (a la que se suma, feliz, la izquierda perulibrista), la que explica este descomunal error político y jurídico, que va a dañar aún más la ya alicaída imagen de la democracia peruana.

Pero, como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír. La mayoría congresal no va a entrar en razones y más temprano que tarde cometerá el legicidio sin importarle las consecuencias y la apertura de una puerta más a la incertidumbre que ya vive el país y que genera tanto impacto en la economía, en la institucionalidad política y en la tranquilidad social.

 

 

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Pareciera que el fujimorismo no ha aprendido la lección del 2016, cuando su infeliz actuación parlamentaria le generó tantos pasivos y anticuerpos que luego Keiko Fujimori no pudo sortear la valla del antifujimorismo y cayó derrotada por el peor candidato presidencial que el Perú ha tenido en las últimas décadas: Pedro Castillo.

Hoy viene desplegando similar irresponsabilidad e impudicia política. Ayer acaba de blindar a la tercera vicepresidenta, Rosselli Amurús, involucrada en escándalos personales y en denuncias de irregularidades en contrataciones bajo su responsabilidad en el Parlamento.

Su propia bancada, Avanza País, había decidido someterla a censura, pero el fujimorismo y Alianza para el Progreso (¿César Acuña quiere arruinar el futuro político de su hijo, Richard?) la blindaron sin pudor ni rubor, rechazando debatir siquiera la moción, poniéndola a salvo de cualquier proceso sancionador que, como correspondía, la expectorara del cargo que desempeña con más desenfado que solvencia.

Lo que causa indignación es el sentimiento de abuso e impunidad con el que actúa la mayoría congresal, digitada por el fujimorismo, que le va a cargar inmensos pasivos a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori el 2026 (o antes, si detonara una crisis política), tal como sucedió el 2021.

Lo que es más grave es que el daño no se lo va a producir tan solo a Keiko Fujimori sino a toda la derecha peruana, con la que el pueblo identifica al Congreso y al Ejecutivo, que compiten denodadamente por ganarse el trofeo a la mayor mediocridad política posible.

Ese 90% que desaprueba al Congreso se va a volcar en las próximas elecciones presidenciales por una candidatura antisistema, radical y disruptiva, y le va a ser casi imposible al discurso derechista competir con aquel estado de ánimo. La indignación popular en el interior del país es abrumadora y, al parecer, refractaria a cualquier campaña electoral prosistema, por más de avanzada y sofisticada que sea.

Solo con que el sur andino vote en la primera vuelta del 2026 como votó en la segunda vuelta del 2021 -como va a ocurrir, salvo que ocurra un milagro-, el candidato antiestablishment tendrá 15% de la votación en su bolsillo. Y mientras estas perspectivas nefastas se abren, el fujimorismo juega frívolamente a hacer política menuda en el recinto legislativo.

 

 

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