[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en curso, es una muestra más de que los congresistas pueden hacer lo que les plazca. Es como si con ello demostraran que son capaces de cualquier cosa para proteger y garantizar sus intereses personales y de grupo. Intereses que no se condicen con el bien común, sino todo lo contrario. Son intereses mezquinos, particulares e ilegítimos. Esa demostración de poder es obscena. Su intención no solo es la de copar la JNJ, elegir a las máximas autoridades electorales del país sino, sobre todo, proteger y garantizar impunidad a sus jefes y jefas.
A los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular, entre otros más, no les importa que la JNJ sea un órgano fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción; y que su independencia garantiza la imparcialidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. La destitución de sus integrantes es un acto serísimo de autoritarismo y arbitrariedad.
Ebrios de poder, olvidan que la democracia se sustenta en la independencia de poderes, que es importante para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando el poder está concentrado en una sola persona, grupo o coalición, es más probable que se abuse de ese poder. Actúan de forma arrogante, prepotente y abusiva, legislando a su favor, contratando a amigos y familiares de sus parejas sentimentales, viajando al extranjero con pasajes pagados por empresarios y “mochando” sueldos al personal a su servicio, por citar algunas de sus tropelías. Muchos se dirán «quien puede, puede”.
Una presidenta demócrata condenaría la destitución de los miembros de la JNJ como un ataque a la democracia y exigiría al Congreso que reconsidere su decisión. Además, apoyaría a las organizaciones de la sociedad civil en su lucha por la defensa del Estado de Derecho. Dina Boluarte, como no lo es, declaró que su gobierno respetará el resultado del proceso sumario llevado a cabo por el Congreso.
La destitución de los miembros de la JNJ, un acto de autoritarismo y arbitrariedad, es un golpe a la democracia. La denuncia nacional e internacional y la movilización y protesta ciudadana, como únicas herramientas para defender la democracia, son esenciales para enfrentar el golpe a la democracia. Además de la consolidación de una plataforma democrática que convoque y organice no solo a las organizaciones de la sociedad civil limeña sino también a las de las regiones, y a los partidos políticos democráticos como, por ejemplo, el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente.
