[PIE DERECHO] El gobierno no puede confiar en su frágil alianza con el Congreso para permanecer incólume hasta el 2026. La precariedad de los propios grupos políticos que componen el Legislativo hace que esa apuesta sea de alto riesgo. Apenas se den cuenta en el Parlamento de que su simbiosis de intereses con el Ejecutivo arruinaría las posibilidades electorales futuras de los partidos que conforman esta suerte de alianza tácita, se producirá un quiebre que, si coge al Ejecutivo pasmado, se lo llevará de encuentro.
Muchos en el gobierno, particularmente el premier Otárola, parecen convencidos de que haber superado relativamente airosos la confrontación social violenta que aconteció al poco de tiempo de haber asumido la transición post Castillo, ya los blinda frente a cualquier otro escenario de aparente menor intensidad, y ello quizás sea el motivo por el cual su gestión brilla por su medianía y ausencia de objetivos de trascendencia.
Se equivoca garrafalmente el Ejecutivo si comparte esa hipótesis. Más que ninguno otro, el actual régimen está obligado a hacer dos o tres cosas bien (entre ellas, resolver la crisis económica y el lacerante problema de la inseguridad ciudadana) si quiere mejorar en sus niveles de aprobación en las encuestas y obtener así capital político que eventualmente le dé sostén, desalentando al Congreso a enfrentársele.
El inefable Vizcarra, sin bancada, pero con una inmensa aprobación, fue capaz de tumbarse un Congreso adverso, pero sin ese respaldo ciudadano no lo hubiera podido hacer. Esa lección debe ser extraída por Boluarte. Si ella no eleva dramáticamente sus índices de popularidad, hoy tan ralos, no tendrá parapeto alguno frente a un Legislativo que empiece a ponerse arisco conforme se acorten los plazos electorales.
La única manera de que el gobierno dure hasta el 2026 no será en base a astutas jugadas de intercambios políticos con el Congreso, porque éste no dudará un segundo en vacar a Boluarte si así lo considera conveniente para sus intereses. En cambio, si el gobierno crece en su aprobación popular, será difícil que un Legislativo que anda casi a la par en impopularidad, se atreva a destronarlo (al gobierno emergente de esa situación le pasaría algo semejante a lo que le pasó a Merino).
La dupla Boluarte-Otárola está obligada a gobernar superlativamente mejor si quiere llegar hasta el final de su mandato constitucional. Si no lo hace, seguirá siendo un factor de inestabilidad, desconfianza y precariedad política, causando un efecto perverso de obstaculización de las propias expectativas de mejora.
