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[La columna deca(n)dente] Mediocres y corruptos

La política atraviesa uno de sus periodos más oscuros y desalentadores. En una democracia saludable, el Congreso debería ser un bastión de integridad y responsabilidad, un lugar donde se legisla en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, se vela por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Sin embargo, la coalición de facto (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País, entre otros partidos) lo ha convertido en un espacio donde priman los intereses particulares e incluso criminales sobre el bien común. La degradación del Congreso es evidente en cada sesión, en cada voto, en cada decisión que favorece a unos pocos a costa de la mayoría.

Asimismo, son cada vez más visibles los escándalos que involucran a congresistas en actividades ilícitas. La impunidad es la norma y los esfuerzos por desenmascarar y sancionar a los corruptos se ven obstaculizados por aquellos que deberían liderar la lucha contra la corrupción. En este contexto, los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos y desilusionados con un sistema que parece diseñado para beneficiar a los corruptos y perjudicar a los honestos.

La mediocridad, por su parte, reina en el recinto congresal. La falta de preparación y conocimiento de muchos de los congresistas es alarmante e indignante. En lugar de debates informados y decisiones bien fundamentadas, asistimos a espectáculos grotescos de ignorancia y demagogia. La calidad del discurso político ha descendido a niveles preocupantes, y las políticas públicas se diseñan más por conveniencia que por evidencia. Este desprecio por la excelencia y el conocimiento no solo afecta la calidad de la legislación, sino que también envía un mensaje desalentador a la ciudadanía: que en el país, la mediocridad es aceptable y hasta celebrada.

Este panorama es desolador en un momento en que el país celebra su Bicentenario. En lugar de reflexionar sobre los logros y desafíos de nuestra historia, nos enfrentamos a una realidad en la que los valores y principios democráticos han sido socavados. La falta de una visión clara y un proyecto de país que incluya a todos los peruanos es evidente. En lugar de avanzar hacia un futuro más justo y equitativo, nos encontramos atrapados en un ciclo de corrupción y mediocridad, en el cual la democracia presenta serias deficiencias en cuanto a la equidad y la justicia social. Por ello, tiene la obligación moral y ética de responder prioritariamente a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad, quienes se encuentran en una situación de precariedad y carecen de acceso a condiciones de vida dignas y al ejercicio pleno de sus derechos.

Es imperativo que los ciudadanos tomen conciencia de esta situación y actúen en consecuencia en todos los espacios posibles. La apatía y el desinterés solo alimentan este estado de cosas. La construcción de una democracia sólida y efectiva requiere la participación activa de cada uno de nosotros. Solo así podremos romper con la cadena de corrupción y mediocridad que nos ha mantenido cautivos durante tanto tiempo.

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Entre dos malas opciones, es infinitamente mejor que haya ganado la lista apoyada por la derecha en vez de la presidida por “Los Niños” y el apoyo de la mayoría de la izquierda. Garantiza que al menos la estabilidad mediocre que nos signa, se mantendrá. Darle la Mesa Directiva a la oposición no nos salvaba de la mediocridad, pero hubiera aportado una situación de inestabilidad política que al país no le conviene.

Es el de Dina Boluarte un régimen constitucional legítimo. No es una dictadura, ni abierta ni encubierta, como nos quiere vender la narrativa de la extrema izquierda y algunos incautos de centro. Las muertes de diciembre y enero deben ser condenadas, pero su ocurrencia convierte a la democracia vigente en una teñida de sangre injustamente derramada, no cambia el signo del régimen político que representa.

Acá funciona la separación de poderes. El Ejecutivo no controla al Legislativo y aún si lo hiciese ello no es requisito o síntoma dictatorial. Si así fuera tendríamos que atribuirles esa condición a los gobiernos del segundo Belaunde, a los dos gobiernos de García, a Toledo y a Ollanta Humala, que por angas o por mangas se hicieron de la mayoría suficiente para tener al Legislativo a su disposición.

Hay libertad de prensa absoluta y cuando ha habido algunas iniciativas para afectarla, el Congreso ha terminado por retroceder. No se han capturado instituciones autónomas (véase cómo el Tribunal Constitucional, supuesto apéndice del Parlamento, le acaba de poner un “estáte quieto” con el tema del presidente del JNE). La fiscal Zoraida Ávalos bien sancionada y dentro de las atribuciones congresales. Las iniciativas por afectar a la Junta Nacional de Justicia y a los organismos electorales hasta ahora no han pasado de bravatas que ojalá no se consumen. ¿De qué dictadura hablamos?

En esa medida, es saludable para la democracia que la Mesa Directiva del Congreso recientemente electa no tenga entre sus planes sabotear al Ejecutivo y es de esperar, más bien, que el buen signo entre ambos poderes del Estado conduzca a que se plasmen algunas medidas importantes, aunque luego de escuchar el pobre discurso del flamante nuevo presidente del Legislativo, las esperanzas son pocas o nulas. Por su lado, al menos, no se augura nada bueno. Esperemos a mañana a ver si Boluarte nos sorprende.

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