corrupción

[EN EL PUNTO DE LA MIRA] Cifra realmente reveladora sobre los cambios de problemas que aquejan actualmente al peruano promedio. Cambios que pasan –de acuerdo a los resultados de varias encuestadoras– por el impacto que ha generado la corrupción desde la transición a la democracia.

Pero eso no quiere decir que estos problemas no estén estrechamente vinculados. Parece que son cambios sin vínculo alguno, pero no es así. Si tomamos en cuenta la crisis generalizada de la política partidaria a la luz de lo sucedido por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, podemos apreciar –según también los resultados de varias encuestas– que los peruanos piden mano dura para gobernar el país.

Es allí donde podemos encontrar la conexión. Conexión que pasa por vínculos con políticos radicales, de mano dura, que no se hacen problema de tener relación con exterroristas o con grupos que pregonan el pensamiento de Abimael Guzmán. Allí tenemos –por ejemplo– la alianza política entre el etnocacerismo de Antauro Humala y el Movadef para los comicios electorales del año 2016.

Ahora, ¿cuánta relación existe entre memoria y preferencia electoral sobre exterroristas que entran a la vida política? Solo tenemos el caso de Yehude Simon, quien fue dos veces presidente regional en Lambayeque y ex primer ministro del gobierno de Alan García. Pero es un caso aislado. ¿Qué sabemos del resto? Nada.

El año 2008, La República entrevistó a Aníbal Apari y Alberto Gordon –dos exemerretistas– quienes fundaron el movimiento político Patria Libre. En dicha entrevista, ambos sostuvieron que querían formar parte de la vida política del país. Que estaban arrepentidos.

¿Realmente es cierto? Alberto Gordon, luego de su excarcelación, se reincorporó a San Marcos a estudiar sociología, cuando yo era estudiante. Recuerdo la conversación que tuve con él. Hablamos sobre su entrevista. Lo que pude apreciar –aún lo recuerdo– es cómo hablaba de la falaz “democracia burguesa” y las justificaciones a los actos terroristas del MRTA. No le noté cambio alguno.

Asumamos posición política: cuidemos, pese a sus defectos, la democracia.

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Si escala la denuncia de anoche del programa Cuarto Poder, respecto de beneficios insólitos a visitantes de la casa del hermano de Dina Boluarte, Nicanor, como ha sido el caso del alcalde de Nanchoc (provincia de San Miguel, en Cajamarca), Nixon Hoyos, cuyo municipio, luego de visitar el domicilio del hermanísimo, recibió la friolera de injustificados 20 millones de soles, habiendo municipios más grandes que recibieron menor suma de dinero, nos podríamos enfrentar a una situación similar a la que agobió al régimen de Castillo cuando se descubrió su despacho paralelo en el jirón Sarratea.

Ya se sabía desde hace tiempo que el hermano de la presidenta ejercía un poder político mayor al que su condición le concedía y que, inclusive, se permitía disputarle cuotas de poder al premier Alberto Otárola, con quien no se llevaría muy bien y con quien más de un encontronazo se habría generado.

Resulta increíble, por cierto, que la primera mandataria, Dina Boluarte, no parezca haber aprendido de la experiencia reciente de su antecesor y cometa el mismo error de permitir la injerencia de personajes en la sombra, fuera del organigrama del poder, en decisiones de gobierno.

¿Podría ser causal de vacancia? Si se descubren más hechos, sí. Y al Congreso no le debiera temblar la mano y a las temerosas y miopes cúpulas empresariales no debería asustarles que eventualmente se produzca un recorte precipitado del mandato y el respectivo adelanto de elecciones.

La mediocridad del régimen es galopante y está colocando los cimientos para que el 2026 aparezca un candidato radical disruptivo. Dina Boluarte no va a remontar la pendiente del descrédito y, por lo que se ve, no le interesa hacerlo.

Un adelanto de elecciones convendrá al sector que va del centro a la derecha, porque el desprestigio del gobierno -identificado por los sectores populares como una coalición derechista- drena sus posibilidades electorales. Y, además, tendría el efecto virtuoso de reducir la baraja de candidatos que se asoman en el sector (hoy, hay al menos 21 en plan de postular), permitiendo así que alguno de ellos, o dos si fuera el caso, pasen a disputar la jornada definitoria.

Si la corrupción se enseñorea de la administración Boluarte y la toca a ella directamente, es mejor cortar por lo sano, y acabar con esta agonía de un establishment que sólo está generando una agudización de la crisis política, económica y social.

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[INFORMES] Sin lugar a dudas, los casos de corrupción que se han conocido en la última década, como el de Odebrecht, han marcado un antes y después en la política peruana. Los involucrados han sido investigados, detenidos y señalados por la condena social y sus agrupaciones políticas vieron que sus décadas de historia en la política nacional quedaban en ruinas y perdían credibilidad incluso ante quienes alguna vez fueron sus militantes. Los rezagos de estos escándalos todavía se perciben en la actualidad y, difícilmente, alguno de los involucrados podrá algún día desligarse de una mancha de esta magnitud.

Sin embargo, aunque la mayoría de políticos no logró librarse de tener que dar explicaciones a la justicia y más de uno supo lo que es pasar la noche en una cárcel, algunos de los que tuvieron un papel protagónico en estos escandalosos casos de corrupción vienen escapando de la justicia que, al menos con ellos, parece mostrar cierta displicencia. Este es el caso de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde.

ALIADO DE VILLARÁN

La historia de Gómez Cornejo Rotalde data del cuestionado paso de Susana Villarán por la Municipalidad de Lima. En aquella época, como la mayoría recuerda, la entonces alcaldesa debió afrontar un proceso de revocatoria que ponía en riesgo que su mandato cumpla con el periodo estipulado de cuatro años. Su derecho a preparar una campaña que le permita culminar su paso por la municipalidad está fuera de discusión, pero la manera en que este fue financiado es lo que terminó siendo objeto de investigación.

Tal como se puede observar en los documentos del proceso legal que debió afrontar Villarán de la Puente, la famosa campaña en favor del No a la revocatoria no se habría realizado con fondos lícitos. Como lo señala más de un colaborador, el dinero que llegaba para mantener a Susana Villarán en el cargo provenía desde Brasil y había sido solicitado por la propia Villarán y sus personas de confianza con la finalidad de garantizar que algunas de las obras que ejecutaba la Municipalidad de Lima puedan continuar.

Un prófugo misteriosoEs en ese momento cuando el nombre de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde toma una importancia indiscutible. Acorde a la declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019 que data del año 2019, José Miguel Castro Gutiérrez, quien fue nombrado por Villarán para ocupar el cargo de gerente municipal, se encargó de anunciarle a los enviados de Brasil que el dinero ilícito para la campaña que impediría la revocatoria se entregarían a Gómez Cornejo Rotalde, al que se referían como “lucho”.

Un prófugo misteriosoA ello se le suma un acta fiscal que data de mayo del 2019 en la que se muestra un cruce de llamadas entre un número correspondiente a la Constructora OAS y Gómez Cornejo. Cabe señalar en este punto que la empresa OAS tenía gran interés en asegurar la continuidad del millonario proyecto Línea Amarilla.

Además, según lo declarado por el Colaborador Eficaz N° 101-2019, la Empresa OAS contaba con un sector denominado Controladoría que servía para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas y Gómez Cornejo fue el señalado por el gerente municipal de Villarán para recibir el dinero que no sólo ayudaría a la evitar la revocatoria sino también para afrontar una futura reelección.

En la declaración correspondiente al colaborador eficaz N° 105-2019, el monto que debía aportar la empresa OAS, quienes tenían como nexo para la entrega del dinero a Gómez Cornejo Rotalde, era de tres millones de dólares. Antes de indicarles el monto que esperaban de ellos, el gerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, les aclaró que “iba a dividir los costos de la campaña entre las empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

Por otro lado, la versión del Colaborador Eficaz N° 115-2019 indicaba que Alexandre Alves de Mendonca, exgerente de contratos de OAS Perú, se reunió con Gómez Cornejo Rotalde en el Hotel Novotel de San Isidro para entregarle dinero en efectivo entre diciembre de 2012 y marzo del 2015. Además, este colaborador relató que, en febrero del 2013, Alexander Alves de Mendonca se encontró con Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde en el local de Starbucks ubicado en la avenida Conquistadores para entregarle una suma que de doscientos o trescientos mil dólares.

Las reuniones con este aliado de Villarán continuaron y, en el mes de marzo, asistió a una nueva entrega que esta vez se realizaría en QP Hotels para recibir 120 mil dólares. Para el año 2015 se volvieron a reunir en el mes de marzo para otra entrega que se encontraba entre los 120 y 150 mil dólares.

Pero no sólo estos colaboradores complican la situación de Gómez Cornejo al contar su rol en la entrega de dinero ilícito. Algunas de las personas cercanas a Villarán también han confirmado su papel como la personas que manejaba los fondos. Este es el caso de Anel Towsend, quien declaró ante la justicia en 2017 que la propia Susana Villarán le indicó que Luis Gómez Cornejo era el encargado de los pagos correspondientes a la campaña.

Además, Carlos Enrique Juscamaita Aranguena, quien participó activamente en las coordinaciones para la campaña del No a la revocatoria, indicó que  Gómez Cornejo Rotalde era quien le entregaba el dinero para sostener la campaña contra la revocatoria y llegó a darle noventa mil soles entre enero y marzo del 2013.

UN ESCAPISTA

Sin embargo, pese a la contundente evidencia que lo compromete y que los otros involucrados han tenido que rendir cuentas a la justicia, el presente de Luis Ernesto  Gómez Cornejo Rotalde es sospechosamente distinto. Aunque pesa sobre el orden de captura, el encargado del dinero ilícito para las campañas de Villarán actualmente se encuentra libre.

A finales del año pasado, su defensa legal recibió un revés al conocer que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró infundado el pedido para que Gómez Cornejo pase a tener detención domiciliaria alegando que padece una serie de enfermedades y también debe cuidar a su madre . Sin embargo,  hasta la fecha sigue sin entregarse a las autoridades.

Un prófugo misteriosoSobre Luis Gómez Cornejo pesan una serie de imputaciones por lavado de activos relacionados con el caso detallado previamente con la empresa OAS y también con Odebrecht para la campaña contra la revocatoria y las elecciones municipales de 2014. Esto podría llevar a que quien en algún momento fue asesor de Javier Villa Stein, cuando era presidente del Poder Judicial, y coordinador del gabinete de asesores de Duberli Rodríguez deba cumplir una pena de quince años en prisión.

Quizá lo único rescatable de los escándalos relacionados con corrupción que se han conocido en los últimos años es que permite realizar una limpieza en la política peruana. Sin embargo, si algunos actores protagonistas, como es el caso de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, quedan impunes quedará como un pésimo precedente que invita a creer que se podría repetir la historia.

 

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El influyente diario Financial Times publica una nota en la que revela la preocupación de Washington respecto de la influencia china en la economía peruana y la eventual dependencia geopolítica que ello podría generar de nuestro país hacia la potencia asiática (particularmente por las inversiones eléctricas y el megapuerto de Chancay).

Sobra decir que la Casa Blanca llora sobre la leche derramada. Es por la renuencia inversora de empresas norteamericanas en la región, que China ha logrado el avance que exhibe y tardíamente en los Estados Unidos se están dando cuenta de que en este mundo globalizado, donde ellos empiezan a ser desplazados como la primera potencia mundial, el patio sudamericano es de crucial relevancia para sus intereses. China se ha percatado antes y ha aprovechado el walk over gringo para dar pasos enormes.

Nuestra perspectiva geopolítica no debe nunca descuidar a Washington como norte referencial, pero en términos económicos debemos mantener la política de puertas abiertas que hasta ahora hemos tenido. En ese sentido, importa poco que las inversiones sean chinas, rusas o brasileñas.

Lo que sí debería preocupar, más bien, a las autoridades peruanas es la calidad moral de muchos inversionistas chinos que se están aprovechando de la malla porosa anticorrupción de nuestro país, para reeditar las andanzas brasileñas de la década pasada. Hay empresas chinas abiertamente corruptas que ya empiezan a tener problemas de serias denuncias y el Perú debería estar más alerta para evitar repetir de acá a algunos años megaprocesos judiciales por corrupción a autoridades compradas por yuanes.

La influencia corrupta de las empresas chinas, que están acostumbradas a jugar fuera del reglamento, es algo que sí debería preocupar al gobierno nacional, porque la corrupción en obras públicas termina siempre o en obras mal hechas o en inversiones perfectamente innecesarias, despilfarrándose los recursos, sobre todo de los gobiernos regionales, tan proclives a la corrupción fácil.

En muchas licitaciones o concursos públicos se está repitiendo la figura del caso Lava Jato o del Club de la Construcción, pero bajo el dominio de empresas chinas medianas y hasta grandes que han hallado un país que más que ser un paraíso de las inversiones, es un campo abierto para prácticas corruptas, sin instituciones que la puedan impedir, y con absoluta impunidad por parte de los funcionarios públicos. Ese sí es un peligro geopolítico a tener en cuenta.

 

 

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La corrupción es el segundo gran problema nacional, apenas por debajo de la inseguridad ciudadana. Eso lo ratifica la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022, que efectuó Ipsos el año pasado y que conviene traer a colación porque el statu quo se mantiene.

El 60% considera a la delincuencia el principal problema y el 57% a la corrupción; 4 de cada 5 peruanos estima que la corrupción en el Perú ha aumentado en los últimos cinco años; 53% considera que la corrupción aumentará en los próximos cinco años; alrededor de 9 de cada diez peruanos considera que la corrupción afecta su vida cotidiana (“principalmente, advierten que afecta su economía familiar, reduce sus oportunidades o las de sus familiares de conseguir empleo, reduce su confianza en los políticos y en la calidad de los servicios públicos que recibe”).

Esta encuesta ha sido hecha en pleno gobierno de Castillo y por ello “destaca el aumento importante que tiene el gobierno de turno en el presente año: mientras que en el 2019 solo el 10% de peruanos consideraba al gobierno como una de las instituciones más corruptas, este año esta percepción aumenta a 42%”.

Por supuesto que la corrupción no existiría sin ambos lados de la moneda, el corrupto y el corruptor, y, en esa medida, el sector privado es cómplice de la misma, pero lo que es preciso anotar, siempre, es que mientras más Estado haya (con las barreras burocráticas que lo suelen acompañar) mayor propensión a la corrupción habrá. Mientras más permisos, licencias, autorizaciones, reglamentos, trámites sean necesarios, la puerta abierta al corrupto estará allí omnipresente.

De nada parece haber servido, en cuanto a escarmiento se refiere, ver a tantas autoridades públicas en la cárcel por los recientes escándalos del caso Lava Jato, del Club de la Construcción o el de los Cuellos Blancos. La ciudadanía en el Perú sigue siendo corrupta porque se ve en la obligación muchas veces de serlo para conseguir aquello que, en principio, debería serle concedido sin mayor dilación.

Una de las grandes tareas de un buen gobierno a partir del 2026 es reducir el Estado a su mínima expresión en cuanto a tramitología. Y diseñar un esquema institucional anticorrupción, ya que, probado está, el funcionamiento vigente de la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía, no es suficiente.

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Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.

Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.

Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.

Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.

Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).

Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.

La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.

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[EN EL PUNTO DE MIRA] Después de 23 años, ¿qué podemos decir de aquella narrativa y de dichas instituciones? Que si bien se avanzó en dar un entramado institucional al país, no se llegó a darle el reimpulso necesario para su fortalecimiento, como sí vimos en países como España y Chile. Con aciertos y errores, lograron dar reimpulsos significativos a las instituciones que encierran conflicto de intereses.

La descentralización. Si bien llevamos seis elecciones a nivel subnacional, no se ha llegado a fortalecer los mecanismos de fiscalización. Allí tenemos a César Álvarez, encarcelado por formar una mafia desde el gobierno regional en Áncash. También tenemos a Félix Moreno del Callao y Jorge Acurio de Cusco, ambos encarcelados. Debe darse una lucha frontal contra la corrupción e incentivos para una gestión transparente.

La ley de partidos. Si bien por primera vez en nuestra historia política contábamos con una ley que regule la actividad partidaria, esta necesita pensarse a raíz de los límites que ha tenido la participación de los candidatos independientes en las cuatro elecciones que han pasado. Financiamiento es una de ellos, transparencia en los mecanismos de democracia interna es otro, dejar los legalismos es un tercero, para saber si existe una real vida política de los partidos. Hay que dar paso protagónico a los órganos de control y fiscalización, como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, con participación del Reniec.

El Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario. Estos dos órganos, que son las principales directrices de la descentralización, no han dado impulsos para repensar la formación de funcionarios y servidores públicos permanentes. Asimismo, no se ha pensado aún en una articulación macrorregional. Las mancomunidades son un buen avance porque se articulan proyectos macrorregionales, pero son apenas una pieza dentro del entramado mayor del rompecabezas de la descentralización. Vale decir, debe dejarse de ver como una secretaría para ser un órgano autónomo.

Por otro lado, desde la transición a la democracia, hay un tema aún no superado, aún no resuelto: el sentimiento del “anti”. Si en el siglo XX teníamos el antiaprismo como una especie de identidad política que unía tanto a la oligarquía como a los comunistas, militares e Iglesia para enfrentar al Apra; post-noventa tenemos (sumado al antiaprismo) al antifujimorismo, el cual aglutina a cierta parte de la derecha, a organizaciones socialdemócratas y a la izquierda.

¿Eso está bien? Claro que no lo está; en democracia debería prevalecer la tolerancia. Pero seamos realistas. Para poner dos ejemplos, ni en España postdictadura franquista, ni en Chile postdictadura pinochetista, el “anti” ha sido superado. De cuando en cuando, y generalmente en el marco de elecciones, este suele aparecer.

Dicho esto, ¿habrá reconciliación? Con los actores políticos que fueron afectados por el gobierno autoritario fujimorista, no lo creo. Muy difícil. Podrá haber acuerdos (o coincidencias) parlamentarias, pero seguirá prevaleciendo el antifujimorismo. Es más rentable políticamente, dado que la democracia también es competencia.

¿De dónde partimos, entonces, para la reconciliación? Mínimamente, del reconocimiento de la participación en elecciones. Desde el encuentro electoral (aunque hostil) con el fujimorismo, podría a largo plazo irse apaciguando el anti y el fujimorismo irse adecuando aún más a los marcos democráticos.

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Quien quiera tener alguna posibilidad electoral el 2026 (o antes, ya no se sabe) va a tener que tomar la mayor distancia política posible del régimen fallido de Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.

El gobierno es una lágrima en cuanto a la resolución de los cuatro principales problemas que aquejan a la población (inseguridad ciudadana, corrupción, crisis económica y salud pública). La seguridad urbana se reduce a cotos muy exclusivos y la mayoría de ciudadanos del país está expuesta a la delincuencia creciente (el Tren de Aragua y el Comando Vermelho actúan con absoluta impunidad). El Perú no es un paraíso para las inversiones sino para el delito y demagógicos estados de emergencia no van a resolver nada.

La corrupción campea en todas las instancias del sector público (desde guachimanes hasta gerentes) con absoluto descaro. La crisis económica ya claramente no depende de factores externos (pandemia y guerra Ucrania-Rusia) sino de factores internos que provocan la caída de la confianza empresarial y el concomitante desplome de la inversión privada, principal sostén del crecimiento económico.

Por su parte la salud pública sigue siendo un desastre. Cerca de 150 mil peruanos acuden todos los días a alguna entidad de salud pública y son tratados como ciudadanos de quinta categoría, sembrando disidencia masivamente. Y el gobierno no mueve un dedo para mejorar ello.

El régimen de Boluarte es el reino de la medianía más rampante. El papelón protagónico de su reciente viaje a Nueva York, donde no se ha reunido con nadie importante, solo refleja la mediocridad estructural de un gobierno que se encontró el poder de casualidad y no ha sabido responder a la altura de las circunstancias.

Y la derecha tonta, empezando por su cúpula empresarial, anda feliz de la vida simplemente porque hay aparente estabilidad y ya no hay conflictos sociales. Y ni qué decir de la clase política de la centroderecha parlamentaria que no agita ni un plumero si cree incomodar al oficialismo del Ejecutivo, no pasando de bravatas verbales o gestos parlamentarios irrelevantes (como la eventual censura a los titulares del Minem y de Defensa).

La oposición se está haciendo a sí misma un flaco favor otorgándole un periodo de gracia permanente a un gobierno que merecería, casi, el mismo maltrato que el desastre de Castillo (quien, a pesar de todo, obtuvo sumisamente la confianza de todos sus gabinetes). Las urnas se lo van a hacer pagar caro.

 

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Si uno busca Wikipedia y chequea cuáles son las características de lo que se llama un “Estado fallido”, encuentra las siguientes:

Salvo dos o tres calificamos en todas. No nos estamos percatando del profundo deterioro social, económico, político e institucional por el que transita el país, producto de habernos conformado con solo haber hecho algunas reformas de primera generación en los 90, habernos congelado allí, y haber permitido que la realidad desborde el “modelo”, tornándolo inservible e ineficiente.

Lo grave de esta situación es que nos coloca en el abismo de una toma de decisiones electorales tremenda el 2026, con fuerzas radicales de izquierda cosechando el descontento masivo de la población con ese Estado funesto que nos rige. Los antiestablishment tienen razones fundadas para entusiasmar a quienes quieren patear el tablero.

 

 

 

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