Pese a que su aplicación se encuentra en suspenso debido a una decisión del Poder Judicial, un grupo de rectores de universidades públicas liderado por la máxima autoridad de San Marcos, Jerí Ramón, ha insistido en avanzar con la ley de contrarreforma universitaria aprobada por el Congreso. Es así que el pasado 19 de agosto, los representantes de 13 universidades nacionales se reunieron en la Universidad Nacional de Trujillo para escoger a sus dos representantes en el Consejo Directivo de la Sunedu. A Ramón y sus aliados no les importó que esté vigente un amparo judicial que declara inaplicable esta ley, ni tampoco las advertencias formuladas por la misma Sunedu, en las que se señalaba que avanzar en este sentido implicaría desacatar el mandato de un juez.
La elección de los representantes se llevó a cabo en privado. No se dieron a conocer detalles de la reunión, ni se informó sobre el perfil de los candidatos. Los resultados solo se dieron a conocer a través de las redes sociales de la universidad anfitriona de la reunión. Es así que se supo que los elegidos fueron Manuel Hernández y Manuel Castillo. ¿Quiénes son? Tampoco después de su designación se dieron mayores detalles sobre su trayectoria o credenciales para integrar el consejo directivo de la entidad estatal que se encarga de supervisar la educación superior universitaria en el Perú. En Sudaca hemos investigado y revisado sus perfiles. Son bastante disímiles, pero coinciden en ciertas cosas: ambos han estado envueltos en polémicas en sus respectivas universidades, y tienen antecedentes de haberse opuesto a la reforma universitaria y al accionar de la Sunedu, además de haber incurrido en irregularidades administrativas.
EL CASERITO DE LA ANR
Una de las críticas a la ley propuesta por Esdras Medina es que la reestructuración del Consejo Directivo de la Sunedu, al incluir a tres representantes electos por universidades, la asemejaba al modelo de la Asociación Nacional de Rectores (ANR). Con la elección de Manuel Hernández García, estos temores han quedado confirmados.
Hernández proviene de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, una de las tres casas de estudio públicas a las que en su momento la Sunedu les denegó el licenciamiento (en su segunda oportunidad lo obtuvo, en enero de este año). Lleva más de tres décadas ejerciendo en dicha universidad como profesor de Ingeniería y fue decano entre 2007 y 2010. Sin embargo, su nombre se volvió más mediático (y no de la buena manera) cuando integró Comisiones Reorganizadoras en dos universidades de otras regiones. En ambos casos, llegó ahí por elección de la ANR, que las decretó en “conflicto de gobernabilidad”.
La primera de ellas fue la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Unamad), en abril de 2013. Ahí Hernández ocupó el puesto de vicepresidente administrativo y percibió un sueldo mensual de 11 mil soles, de acuerdo al Registro de Proveedores del Estado. Supuestamente, el puesto duraba dos años, pero el profesor renunció al cargo pasado poco más de la mitad de este periodo. Ese mismo día, el 3 de julio de 2014, la ANR ya tenía previsto otro puesto para él en la Universidad Nacional Micaela Bastidas (Unamba), de Apurímac. En esta nueva casa de estudios, su sueldo aumentó a 12 mil soles.
DESACATOS EN LA UNAMBA
Como presidente de la Comisión Reorganizadora de la Unamba, Hernández se convirtió en opositor a la nueva ley universitaria, al punto de incurrir en desacato. Tan solo días después de que asumió el cargo se aprobó la nueva ley, que decretaba la extinción de la ANR para dar paso a la Sunedu. Desde su puesto de presidente de la comisión reorganizadora designado por la difunta asamblea de rectores, Hernández convirtió a la Unamba en uno de los últimos bastiones de resistencia a los cambios de la reforma universitaria. Lejos de abandonar el cargo para dar paso a un nuevo proceso de elección de autoridades, decidió quedarse en el cargo y dar la batalla. Por este motivo, la Sunedu lo denunció penalmente en 2016.
El grupo de Hernández había permanecido más de lo debido en la universidad. A comienzos de 2015, ya había asumido Mario Huamán como rector encargado, elegido por el Consejo Universitario, bajo los lineamientos de la nueva Ley Universitaria. Huamán retiró a la Comisión Reorganizadora de las instalaciones de la Unamba, pero sus miembros decidieron insistir en quedarse con una medida cautelar que los repuso como autoridades por un tiempo más. Durante esta crisis de autoridad en la casa de estudios, Hernández designó a cuatro nuevos decanos, por más que no estaba permitido de hacerlo, de acuerdo a una resolución de la Sunedu. También intentó anular gran parte de los procedimientos de las nuevas elecciones de las autoridades.
Pero no solo eso: el último día de 2015, la Asamblea Universitaria acordó vacar a toda la Comisión Reorganizadora, cuyo periodo se había extendido mucho más de lo pensado. Pese a eso, según una nota del portal La Mula, Hernández se resistió una vez más a irse y siguió ocupando el cargo, lo que causó protestas de los estudiantes y estuvo cerca de generar un estallido social.
Recién en julio de 2016, Hernández y compañía dejaron la Comisión Reorganizadora. Desde aquel entonces, no volvió a visitar el Congreso ni ningún ministerio hasta marzo de este año. Ahora, se ha vuelto un frecuente visitante de los despachos de congresistas como Esdras Medina y Raúl Huamán, parlamentario de Fuerza Popular que ha votado en distintas ocasiones en medidas contra la Sunedu. La mayoría de estas reuniones duraron alrededor de 3 horas.
Intentamos comunicarnos con Hernández para pedirle su versión de los hechos señalados en este informe, pero al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.
“ES UNA SENTENCIA QUE NO EXISTE”
El otro elegido por el grupo de rectores que incumplieron el mandato judicial es Manuel Castillo Venegas. Cuando le consultamos por qué aceptó la designación pese a la orden de inaplicación que había dado el Poder Judicial, respondió que consideraba “írrita” esta decisión judicial. Esto, bajo su punto de vista y con “toda convicción jurídica” que le ha dado su formación en derecho desde hace 30 años.
El vínculo de Castillo con la educación superior se basa, sobre todo, en que ha dictado cursos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, donde llegó a ser decano. Sin embargo, su paso por estas aulas tampoco ha estado exento de polémicas.
En 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación contra Castillo Venegas, luego de que se difundieran grabaciones de 2015 en donde él estaba involucrado y que configuraban un presunto delito. Por entonces Castillo era Decano de la mencionada facultad y miembro de una comisión para un concurso público de contratación de docentes. En la conversación grabada –por un profesor de la facultad–, Castillo Venegas hablaba de un manejo político de este concurso.
Aquí un fragmento publicado por Radio Cutivalú:
Castillo: De cuatro vacantes, que César me pida una, bueno, sí es factible darle. Pero, de una, que me pida una, ni fregando [risas]. Eso es imposible, eso no lo vamos a practicar ni fregando, si sabe que es la perpetuidad del grupo, aquí interno ¿cierto?, ese es el tema. Por eso, mira tú, dile a Armando, todo mi cariño para él, pero que se está analizando, tanto las fortalezas como las debilidades. Eso le tienes que decir hermano, lo mismo que yo le he dicho. Yo precisamente estoy esperando reunirme con Alberto Chumacero, para ver, y también políticamente…
Profesor: ¿Él también conforma la comisión?
Castillo: Si es su departamento, pues.
Castillo: Para ver, políticamente compadre, tomar una decisión hermano y por ahí transitar, definitivamente esos tres profesores van a ser nombrados, sí o sí, pero para ver quién va primero, tenemos que esperar, ese es el tema.
Cuando le consultamos sobre este tema, el abogado respondió que el caso fiscal ya se había archivado, que en varios campos de la vida –incluyendo los concursos públicos– se “hace política” y que quería “escoger a los mejores”. “No nos rasguemos las vestiduras con un simple decano, con la elección de un profesor”, agregó.
Pero ahí no acaban las controversias de Castillo Venegas. Como asesor legal de la universidad, ha defendido la prolongación del mandato del rector Santos Montaño, pese a que la Sunedu ha reportado indicios de fraude en su elección, lo que debería derivar en una convocatoria a nuevas elecciones. El argumento de Castillo en este caso ya es conocido: la “autonomía universitaria”.
Mientras fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Castillo también fue investigado por la Contraloría debido a un presunto mal manejo de la caja chica para adquirir servicios de impresión, librerías y candados, durante su gestión y la de su sucesor. Según el informe de la Contraloría, los propietarios y encargados de los negocios en cuestión mostraron una boleta de venta distinta a la que declaraba la universidad. Esto la llevó a concluir que las boletas “fueron emitidas por operaciones no reales y/o inexistentes” y que se trataría de “comprobantes de pago presuntamente falsos, cuyo monto asciende a S/ 2,410.00”.
Castillo Venegas se defiende de este caso basándose en la falta de acciones posteriores por parte de la entidad supervisora: “la Contraloría se quedó satisfecha porque no planteó ninguna denuncia ni investigación fiscal. Hay cuestiones más importantes que encargarse de las boletas que estaban cuestionadas, por un importe de 150 soles. Además, la que realiza el importe es una secretaria”, sostuvo.
El abogado y profesor que ha sido elegido por los rebeldes rectores también mantiene tres deudas coactivas de la SUNAT, que suman casi 40 mil soles. “En el Perú, todos tenemos alguna deuda pendiente. Yo reconozco mi deuda y en su momento se va a pagar”, respondió al respecto, pese a que dos de estas deudas son de 2014 y 2015. “Eso está en la esfera de lo personal, amigo: si pago o si no pago. No debería ser cuestionado por eso”, agregó.
Dentro de los cargos que ha ostentado Castillo Venegas se encuentran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Decanato en el Colegio de Abogados de Piura y la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. También dirige ‘Castillo Venegas abogados consultores’, que brinda asesorías en entidades como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, Indecopi, entre otros.
Ahora, en sus palabras, va a estar en un “apéndice del Ministerio de Educación”, donde Castillo Venegas asegura que mantendrá su independencia respecto a los rectores que lo eligieron. Para él, la Sunedu ha funcionado, pero debe mejorar con estos polémicos cambios propuestos por el congresista Esdras Medina. Por el momento, se encuentra esperanzado por la apelación que el Congreso presentó contra la decisión de declarar fundada la demanda de amparo.
“Yo creo que el superior de jerarquía, que es la Sala Superior Constitucional, va a resolver. Toca esperar nomás”, afirma. Cuando le preguntamos si no consideraba prudente, entonces, esperar a la decisión en segunda instancia para aceptar el cargo en la Sunedu, dio una peculiar respuesta: “Lo prudente es otra cosa, nosotros nos manejamos por el tema de legalidad”.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
