[OPINIÓN] El mayor yerro de la historiografía que ha estudiado la polémica Haya-Mariátegui es establecer su análisis siguiendo la pauta establecida por el “Amauta” para  romper con Haya de la Torre y con el APRA. Las cuestiones partido-frente, denominar socialista al movimiento, o lo relativo a las simpatías de Haya por el Kuomintang  fueron los tópicos elegidos por el fundador del socialismo peruano para atacar a la novel organización fundada por su contemporáneo trujillano pero no constituyen las cuestiones de fondo que explican el enfrentamiento.

Nosotros planteamos, y lo hemos señalado en nuestro artículo LIMA NO RESPONDÍA (Parodi 2022), así como en una reciente conferencia en la Universidad del Pacífico y otros textos más, que tanto Haya como Mariátegui fueron marxistas, ambos creían en la revolución, la lucha de clases y la instauración del socialismo al final del camino. La cuestión que los separó al punto de la más abrupta colisión fue la hoja de ruta a seguir para llegar hasta él, o, en un primer momento, a la captura del poder para, paso seguido, construir el socialismo.

La formación marxista de Haya de la Torre recibe influencia directa y prioritaria de Vladimir Lenin. El líder de la revolución rusa creó un partido de cuadros y de células perfectamente coordinadas y conformadas por militantes de la más alta formación y preparación para, al presentarse el momento crítico, asaltar el poder e iniciar la construcción del socialismo. Fue precisamente lo que hizo Ulianov a partir de octubre de 1917 en la tierra de los soviets.

Víctor Raúl adaptó las ideas de Lenin a las realidades peruana y latinoamericana. A través del Esquema del Plan de México, urdió una estrategia para que, en virtud del levantamiento simultáneo de un ejército obrero que debía formarse en la norteña ciudad de Talara y de ocho células apristas desperdigadas por el país que debían insurreccionarse en simultáneo se derrocase al dictador Augusto B. Leguía y se capturase el poder.

El marxismo de Mariátegui se formó en Europa. Es sintomático que, a diferencia de Haya, el “Amauta” no llegase a la URSS. Esa puede ser la explicación de la fuerte influencia que recibió de marxistas revisionistas europeos como Antonio Gramsci, George Sorel, Antonio Labriola, entre otros. A diferencia de posturas como las de Bernstein y Masaryk, que planteaban el socialismo sin marxismo y sin revolución -ideario desde el que se construye por entonces la socialdemocracia europea- Mariátegui, como Labriola antes, sí reivindica la revolución, pero la dota de una espiritualidad que Lenin rechazó rotundamente.

Influenciado también por Gramsci y su concepto de hegemonía cultural, José Carlos llega a la conclusión de que antes de la revolución el proletariado debe elevarse a la conciencia de sí mismo y de su rol en la historia. Solo cumplida esta premisa, y  dotado de una mística cuasi religiosa, a la que aporta Sorel desde sus mitos -más específicamente el mito de la huelga general- podrá el proletariado alzarse en revolución y tomar el poder.

Un elemento adicional, pero fundamental a tomarse en cuenta, es la intervención de la Internacional Comunista en el enfrentamiento entre nuestros dos personajes. Haya había roto con ella en 1927, seguidamente los soviéticos contactaron a Mariátegui quien pasa a integrar su atmósfera al menos dos años antes de que sus postulados colisionasen con los de Victorio Codovilla -Jefe del Secretariado Sudamericano de la IC- en junio de 1929.

El resultado de los caminos y circunstancias aquí descritas fue el rechazo rupturista de Mariátegui al Plan revolucionario de Haya -Esquema del Plan de México- en epístola del primero fechada 16 de abril de 1928, en la que, inclusive, acusa de fascista a Víctor Raúl. Nosotros sostenemos que debido a la concepción marxista original del “Amauta”, este no hubiese aceptado sumarse a la revolución aprista en ciernes en 1928. Sin embargo, su cercanía con la Comintern lo llevó a adoptar posturas que fueron más allá de una polémica, discrepancia o intercambio de ideas. La consigna cominteriana era destruir al APRA y disputarle el espacio en el Perú, Mariátegui actuó en consecuencia y triunfó parcialmente en el empeño: dividió a prácticamente todas las células apristas existentes y bloqueó la insurgencia que Haya planeaba levantar en el Perú.

La <<polémica Haya-Mariátegui>>, en su manifestación historiográfica, presenta dos problemas de fondo: el primero es haberse desarrollado a partir de las acusaciones que Mariátegui levantó en contra de Haya, sin inquirir que estas podrían ubicarse en la superficie de motivaciones mucho mayores. La segunda es caer en el maniqueísmo de destacar el marxismo de uno y vilipendiar el del otro, o, lo que es más grave, romantizar la imagen de uno y, en simultáneo, denostar la del otro. De esta manera, la intencionalidad política suplantó el análisis desde las ciencias humanas y sociales.

Dentro de los límites de este artículo, nosotros proponemos que tanto Víctor Raúl Haya de la Torre -durante la fase internacional del APRA 1924-1930- y José Carlos Mariátegui, hasta su partida el 16 de abril de 1930, fueron dos marxistas brillantes que adaptaron, cada cual a su modo, las tesis marxistas soviéticas y europeas a las realidades peruana y latinoamericana. Colisionaron porque cada uno manejaba un tiempo de la revolución distinto. Pensamos que en tanto que marxistas latinoamericanos deben ser materia de estudio riguroso, así como de enseñanza y  recordación pues constituyen puntales del pensamiento político peruano y continental.

Sobre el mismo tema ver la siguiente conferencia pronunciada en la Universidad del Pacífico para el grupo de diálogo Visionarios.

https://www.youtube.com/watch?v=U4VEpPNJGok&t=79s

[INFORME] La tensión diplomática entre Perú y Colombia ha escalado en las últimas semanas por la isla de Santa Rosa, un territorio ubicado en el río Amazonas que, según las autoridades peruanas, forma parte del país desde hace décadas. El origen del problema se remonta a la década de 1970, cuando la isla emergió como parte de la isla Chinería, ya reconocida como peruana en la delimitación de 1929. Sin embargo, el gobierno colombiano sostiene que este nuevo territorio no fue contemplado en los tratados y que su soberanía debe resolverse por consenso bilateral.

La controversia se intensificó cuando el Ejecutivo peruano oficializó la creación del distrito de Isla Santa Rosa, en Loreto. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta decisión viola el tratado de límites de 1934 y acusó a Perú de apropiarse de tierras generadas por el curso cambiante del río. La declaración fue respaldada por sectores políticos colombianos que demandan la apertura de un proceso de revisión territorial.

La respuesta peruana no se hizo esperar. La Cancillería reiteró que no existe disputa alguna sobre la isla y que la soberanía nacional sobre ese territorio es incuestionable. El Congreso aprobó una moción multipartidaria en respaldo a la posición del Ejecutivo, mientras se reforzó la presencia militar y policial en la zona.

Paralelamente, una serie de incidentes aumentó la tensión. Un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa sin autorización, lo que motivó una queja formal del gobierno peruano. Semanas después, un contingente policial colombiano intentó ingresar al territorio y fue impedido por las fuerzas del orden. En otro episodio, dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones fueron retenidos y puestos a disposición de las autoridades. El propio Petro calificó estos actos como un “secuestro”, intensificando el cruce de acusaciones.

Incluso el conflicto ha tenido gestos simbólicos con alto contenido político. Un dirigente colombiano izó la bandera nacional en la isla, acción que fue interpretada como una provocación y que tuvo amplia difusión mediática. El hecho se produjo en pleno contexto de campañas electorales en Colombia, lo que ha llevado a analistas a considerar que el diferendo territorial también está siendo usado como herramienta de presión interna.

Más allá del choque diplomático, existe un problema de fondo que amenaza a la región: el avance de la sedimentación en el río Amazonas. Estudios científicos indican que, en las últimas tres décadas, el cauce que conecta a la ciudad colombiana de Leticia con el río principal se ha reducido de forma alarmante. De continuar esta tendencia, el puerto podría quedar prácticamente desconectado hacia 2030, con graves consecuencias económicas. Este escenario plantea un reto ambiental que exigiría cooperación entre ambos países, aunque las actuales tensiones políticas parecen postergar cualquier diálogo técnico.

El conflicto por Santa Rosa revive recuerdos del enfrentamiento armado de 1932 y de las negociaciones que llevaron a los tratados de límites. Pero también expone problemas contemporáneos: fronteras naturales en constante transformación, intereses políticos que se imponen sobre el diálogo y la ausencia de mecanismos eficaces para resolver disputas antes de que escalen. Lo que está en juego no es únicamente un pedazo de tierra, sino la capacidad de dos países vecinos para gestionar de forma conjunta un territorio vital para su gente y para el equilibrio ambiental de toda la región amazónica.

La disputa por la isla Santa Rosa no solo revela las fisuras diplomáticas entre Perú y Colombia, sino que también refleja la fragilidad de los acuerdos internacionales frente a los cambios geográficos y las presiones políticas internas. Mientras ambas naciones se aferran a sus argumentos históricos y jurídicos, la región amazónica —compartida y vulnerable— queda expuesta a la falta de cooperación. Resolver este diferendo requerirá más que gestos militares o declaraciones altisonantes: demandará voluntad política real para priorizar el bienestar de las comunidades fronterizas y la protección de un ecosistema que trasciende cualquier límite trazado en un mapa.

 

[PIE DERECHO] Donde la figura de la memoria está aislada y la justicia se convierte en rehén de las circunstancias, las leyes no son más que un ardid que el poder utiliza para imponerse sobre la ciudadanía. Lo que acaba de suceder con la reciente amnistía aprobada por el Ejecutivo para militares y policías que cometieron violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno es una norma que empeora las cicatrices, no las sana; no reconcilia, sino que mantiene abierto el abismo entre los heridos y sus agresores.

Como es obvio, no se trata de juzgar a los combatientes que respetaron la ley contra el terrorismo con la misma vara que a aquellos que se convirtieron en verdugos. El primer grupo merece respeto y agradecimiento por haber defendido, en medio de uno de nuestros momentos más nefastos en la historia, la democracia. Los segundos, sin embargo, son una mancha sin remedio.

Con esta medida, el régimen de Dina Boluarte —cada vez más bañado de ilegitimidad— ha consagrado una de sus páginas más oscuras en una corta historia. Ha hecho estallar uno de los bastiones de la República bajo el pretexto de «cerrar capítulos» y «pacificar el país»: el Estado de Derecho. Porque eso acontece cuando la ley se pervierte para beneficiar a un pequeño grupo.

Al hacerlo, menosprecian a las víctimas, sus familias y prácticamente a toda la sociedad. La verdad y la justicia estarán ausentes, y la memoria de todas las personas que sufrieron languidecerá en un rincón desagradable donde el poder prefiere no recordar. Es la santificación de la impunidad. Sin embargo, eventualmente, la historia paga sus deudas y el hecho de que hubo un gobierno dispuesto a intercambiar justicia por conveniencia política resonará a través de la posteridad.

El perdón es una virtud. La amnistía, en general, ataca a la democracia. Y eso es uno de los delitos más graves que un régimen puede cometer.

 

[INFORME] En menos de dos meses, el nombre de Industrias Argüelles y su fundador, Aniceto Argüelles Loayza, pasó de moverse entre expedientes y contratos municipales a ocupar un lugar fijo en la agenda pública. El punto de quiebre fue el 7 de junio de 2025, cuando un reportaje reveló maniobras y presiones alrededor de un predio comunal en Canta. Desde entonces, lo que parecía un caso aislado empezó a mostrar un entramado de favores oficiales, sentencias, viajes compartidos con funcionarios y un caudal de contratos con municipios de Lima y Callao.

El episodio que prendió la mecha ocurrió en Quipán. De acuerdo con la reconstrucción periodística, representantes comunales denunciaron a Aniceto Argüelles por haber organizado, junto con el entonces presidente de la comunidad, Abel Mosquera, la adquisición de un terreno comunal por S/600 mil, pese a que su valor real superaría los S/5 millones. El objetivo final, según la nota, era que una jueza validara la transacción mediante la absolución de Mosquera. En esa ruta apareció un dato sensible: la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, fue condenada por facilitar la operación con documentos falsos. El 14 de junio, el Poder Judicial ratificó la condena de cuatro años de pena suspendida contra Pasco por falsedad ideológica. Días antes, el 7 de junio, se consignó además la admisión de un intento de soborno a la jueza del caso. Son piezas que, colocadas en secuencia, iluminan cómo una compraventa irregular terminó con responsabilidades penales y abrió la puerta a sospechas mayores.

El caso Quipán se volvió todavía más oscuro por un hecho irreparable: el 1 de abril de 2024, el dirigente comunal Santiago Guardamino Gonzáles, quien había emprendido los juicios contra la empresa y sus ejecutivos, fue asesinado por sicarios. Aun con ese antecedente, el tribunal de Canta dictó sentencia contra Pasco ese mismo año y los procesos civiles por la propiedad comunal siguieron su curso. La dimensión humana —un dirigente asesinado en medio de una disputa por tierras— se convirtió en telón de fondo de una trama que ya no solo hablaba de papeles.

Mientras tanto, en paralelo a la controversia judicial, la empresa siguió acumulando contratos con gobiernos locales. Entre enero y mayo de 2025, Industrias Argüelles obtuvo once adjudicaciones por S/72,1 millones para prestar servicios de limpieza y residuos en el Callao y en distritos como Surco, Miraflores, La Molina, Surquillo, Comas, Independencia, La Victoria, Lince, Los Olivos y Santa Anita, de acuerdo con el registro de proveedores del Estado citado en una nota de investigación. Este flujo de contratos —en un rubro tradicionalmente sensible a la captura política y las licitaciones a medida— reforzó la necesidad de revisar con lupa la relación de la compañía con autoridades y decisores públicos.

Ahí aparece otra veta: el vínculo de la compañía con el entonces viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero La Puente. La República acreditó que Romero trabajó siete años en Industrias Argüelles y que, ya como alto funcionario, suscribió diecisiete resoluciones que beneficiaron a la misma empresa. La pieza periodística añadió un dato que agrava el conflicto de intereses: la directora de la empresa es Karen Pasco Flores, exesposa de Romero, vínculo que él no transparentó en su Declaración Jurada de Intereses. La secuencia de publicaciones llevó a que, el 2 de agosto, el exviceministro presentara su renuncia. En los días previos, se habían difundido además viajes al exterior que Romero realizó con una ejecutiva de la contratista. El propio funcionario intentó desactivar el escándalo sosteniendo que se trataba de “resoluciones estándar”, pero la evidencia documental y la omisión declarativa dejaron su posición insostenible.

Las revelaciones no se quedaron en el papel. El 13 de junio, La República denunció que su reportera de la Unidad de Investigación, Rosmery Tapara, recibió amenazas, sufrió el hackeo de cuentas personales y el bloqueo de sus líneas telefónicas tras publicar el reportaje sobre Argüelles. La Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones de libertad de expresión replicaron la alarma por lo que consideraron un nuevo episodio de hostigamiento contra la prensa en el país. El caso expone hasta qué punto los intereses en juego pueden traducirse en intentos de silenciar el seguimiento periodístico de contratos, fallos judiciales y relaciones con funcionarios.

Un repaso cronológico permite entender el cuadro completo. El 1 de abril de 2024, Guardamino fue asesinado. El 6 de noviembre de ese año, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Canta condenó a Pasco a cuatro años de pena suspendida por falsedad ideológica; la sentencia sería confirmada en segunda instancia en junio de 2025. El 7 de junio de 2025, un empresario admitió haber intentado sobornar a una jueza ligada al caso del terreno comunal. Una semana después, el 13 de junio, se denunció el hostigamiento a la periodista que había revelado la historia. En paralelo, entre enero y mayo, la empresa sumó más de S/72 millones en adjudicaciones municipales. En julio, se documentaron los diecisiete actos administrativos firmados por el viceministro Romero que beneficiaron a la compañía, así como viajes compartidos con una ejecutiva; y el 2 de agosto, tras la presión pública, presentó su dimisión. La concatenación de hechos dibuja una constante: los hilos privados y públicos de una misma empresa enlazados a decisiones estatales.

Más allá de la ruta judicial pendiente y de las investigaciones administrativas que correspondan, las historias que salieron a la luz dejan preguntas de interés público: ¿qué barreras reales existen para evitar que exejecutivos de proveedores del Estado firmen resoluciones que favorezcan a sus antiguas compañías? ¿cómo se rastrea y sanciona el uso de documentación falsa en operaciones que afectan a comunidades enteras? ¿de qué manera se protege a los periodistas que investigan contratos municipales y conflictos de interés? La evidencia publicada hasta ahora apunta a un ecosistema donde los mecanismos de control fallan si no hay escrutinio externo y presión ciudadana. Ese es, precisamente, el valor de las investigaciones que empujaron estas renuncias, reacciones institucionales y alertas internacionales.

En definitiva, el caso Argüelles ha dejado de ser un expediente más en los archivos judiciales. Hoy es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de los mecanismos de control en el Estado, la permeabilidad de las licitaciones públicas a intereses privados y el alto costo que puede tener para las comunidades la falta de transparencia. Las tierras en disputa, los contratos millonarios, los vínculos con funcionarios y las amenazas a quienes investigan conforman un rompecabezas que revela mucho más que un conflicto puntual: expone un sistema donde las coincidencias rara vez son inocentes y donde el silencio, para algunos, sigue siendo la mejor inversión.

[INFORME] Dina Boluarte empieza su último año en el gobierno con una costosa renovación del menú presidencial. Su oficina ha gastado más de veinte mil soles durante el último mes y dejó un contrato que compromete al Ejecutivo hasta mediados del 2026.

Aunque la relación entre Dina Boluarte y Pedro Castillo se quebró varios años atrás, la mandataria parece tener muy presente una de sus consignas de campaña en su día a día en Palacio de Gobierno. El recordado “no más pobres en un país rico” podrá no estarse aplicando a la vida de los sectores más vulnerables del país, pero sin duda esta frase se ve reflejada en el estilo de vida de la presidenta.

Además del impopular aumento de sueldo que contrastaba con la contundente desaprobación de Boluarte Zegarra, Sudaca pudo conocer algunos de los costosos y extravagantes gastos asumidos por el despacho de la mandataria durante los últimos meses para convertir la residencia presidencial en una isla de comodidades en medio de un país muy incómodo.

¿Y EL MENÚ DE DIEZ SOLES?

Si bien Dina Boluarte afirmó, con total convencimiento, que diez soles eran un monto suficiente para que los peruanos se alimenten, el presupuesto asignado al despacho presidencial parece haberla seducido lo suficiente como para cambiar su estilo de alimentación a uno que puede recibir todo tipo de calificativos menos el de económico.

Sudaca accedió a los gastos que hizo el despacho de Dina Boluarte durante el mes de julio y encontró un sorprendente monto destinado a los alimentos de la mandataria. La siguiente imagen corresponde al sitio web de la empresa Fricomp S.A.C. que se dedica a, como ellos mismos lo describen, la distribución de carne de alta calidad para eventos y negocios.

Durante el último mes patrio, el despacho presidencial gastó S/. 16,201.40 adquiriendo los productos Fricomp S.A.C. ofrece y, además, se han comprometido con ellos para que sigan suministrándoles carne de ave hasta el 31 de octubre del presente año. En total, será S/. 248,508.00 el monto que se deberá pagar para la alimentación de la presidenta.

Este presupuesto podría parecer más que suficiente para la alimentación de la gran mayoría de familias peruanas. Sin embargo, en Palacio de Gobierno parecen tener otros estándares. Por ello, el mes pasado, el Despacho Presidencial firmó un nuevo contrato, que cabe señalar no anula el mencionado con Fricomp S.A.C. anteriormente, por un total de S/. 262,418.00.

En esta oportunidad, la oficina de Dina Boluarte firmó este vínculo por más de doscientos mil soles con la empresa Consorcio R. Romero E.I.R.L. para que estos se encarguen de suministrar carne de res, vísceras de res y carne de cerdo hasta el último día que la mandataria esté al frente del país en julio del 2026.

No obstante, este no fue el único contrato relacionado con el menú presidencial firmado en julio. El despacho de Boluarte Zegarra también firmó un contrato que estará vigente hasta julio del 2026 para el suministro de verduras. El monto destinado a este vínculo es de S/. 170,000.00 y se firmó con la empresa Inversiones Jeanbe E.I.R.L.

El nombre de Inversiones Jeanbe E.I.R.L. supo ser noticia en el pasado. En mayo del presente año, el programa “Ocurre Ahora” advirtió que esta empresa, que contaba con varios contratos con el Ejecutivo que acumulaban cerca de seiscientos mil soles, tenía registrado como domicilio legal una vivienda en el distrito de La Victoria que ningún vecino reconocía como sede de dicha empresa de la cual tampoco recordaban haber escuchado hablar por esas calles.

Para cerrar este capítulo enfocado en la comida, en el Despacho Presidencial consideraron oportuno que esta inversión en la alimentación de la mandataria se encuentre supervisada por una profesional. Por ello, parte del erario público se está destinando a pagarle quince mil soles a una nutricionista para Dina Boluarte.


LISTOS PARA EL VERANO

En Palacio de Gobierno también quieren estar preparados para la temporada de verano. Pero esto no es referencia a la alarmante temperaturas elevadas que sufre la población en enero y febrero ni a posibles sequías. Sudaca detectó que en el mes de julio se habrían destinado más de veinte mil soles a un contrato con la empresa Service Chicoma´s S.A.C.


Al revisar el historial entre este empresa y el Ejecutivo se pudo encontrar a dónde se están destinando varios miles de soles del presupuesto que tienen a cargo. Según la información disponible, el despacho de Boluarte está invirtiendo en el cuidado de una piscina para la residencia presidencial.


En esta lista de renovaciones que tiene en agenda el despacho de la cuestionada mandataria también se encuentran los más de diecisiete mil soles que se invirtieron durante el mes de julio en los equipos de aire acondicionado para la residencia de la presidenta.

A poco menos de un año para culminar su inesperado paso por Palacio de Gobierno, las acciones de Dina Boluarte, como su aumento de sueldo y los casos detallados en este informe, parecen mostrar que no sólo ha abandonado la lucha por revertir la mala imagen que reflejan las encuestas sino que está determinada a sacarle el máximo provecho a los privilegios que le da la banda presidencial.

[ENTRE BRUJAS] La promulgación de la ley de amnistía en el Perú es una afrenta directa a la memoria, la verdad, la justicia y a las víctimas, bloqueando sus procesos de reparación. Nadie puede negar que la violencia política que sacudió al país entre los años 1989 -2000 fue iniciada por los grupos terroristas, especialmente Sendero Luminoso, cuyas acciones sangrientas dejaron un saldo devastador. El Estado tenía derecho —y obligación— de responder para proteger a la población. Sin embargo, ese derecho legítimo no podía usarse por los agentes estatales para, con taras racistas y clasistas, desplegar practicas brutales que llevaron a graves violaciones de derechos humanos: violaciones sexuales, muchas de ellas colectivas y sistemáticas; torturas; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales. Estas atrocidades golpearon a las comunidades más vulnerables del país, y entre ellas, de manera particular y brutal, a mujeres, niñas, adultos mayores, en su mayoría quechuhablantes o de territorios indígenas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó que la violencia sexual fue usada de manera sistemática como arma de guerra: mujeres fueron violadas delante de sus hijos, niñas fueron sometidas por grupos de soldados, y muchas víctimas quedaron embarazadas producto de estas agresiones. Estos crímenes no solo buscaban humillar y destruir a las víctimas, sino desintegrar el tejido social de comunidades enteras. Son violaciones que, por su gravedad implican una responsabilidad penal que trasciende el paso del tiempo, se constituyen en crímenes de lesa humanidad y no prescriben.

Las matanzas de Putis, Accomarca, Barrios Altos, Socos y tantas otras no son episodios aislados: son heridas abiertas y deudas pendientes de reparar. En Putis, alrededor de 92 personas —casi la mitad menores de edad— fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, tras haber sido sometidas a tratos crueles y abusos. En Accomarca, 69 comuneros, entre ellos mujeres embarazadas y niñas, fueron ejecutados y sus cuerpos quemados para borrar la evidencia. En Barrios Altos, 15 personas, incluido un niño de ocho años, fueron acribilladas por un escuadrón paramilitar. En Socos, 32 civiles fueron masacrados en una noche por efectivos de la Guardia Civil.  Es a estos criminales despiadados a quienes hoy se pone como héroes y se celebra.

Quienes defienden a estos criminales son cómplices y se han encargado de construir una narrativa falsa; ya que no son héroes de la “patria”, muchos de los verdaderos policias y militares que si hicieron su trabajo éticamente y lucharon por alcanzar la paz, han sido olvidados por aquellos mismos que hoy protegen a algunos y promuevan la amnistía de delincuentes.

Solo puedo expresar mi consternación y solidaridad frente los familiares de víctimas, ya que sus procesos de verdad, justicia y reparación quedan bloqueados, avivando nuevamente la llama del olvido. La amnistía recién aprobada no solo cierra las puertas a cientos de juicios en curso, sino que anula condenas firmes, incluyendo aquellas por violencia sexual. Esto significa que responsables de crímenes contra mujeres, niñas y adolescentes, podrán quedar libres sin cumplir sus penas y en total impunidad.

El retroceso no se limita al plano interno. Esta decisión coloca al Perú de espaldas a sus compromisos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera inequívoca que las leyes de amnistía que protegen crímenes de lesa humanidad —incluyendo la violencia sexual— son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al ignorar estos fallos, el Estado peruano entra en abierta rebeldía contra un tribunal cuya jurisdicción aceptó libremente, debilitando su legitimidad frente a la comunidad internacional. A ello se suma el impulso de acciones para salir de su jurisdicción, como la creación de una mesa de trabajo que reevaluará la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano y discursos que respaldan esta salida.

Lo más indignante es que esta ley ha sido celebrada por algunos de los condenados, como si se tratara de un triunfo personal, mientras las víctimas, siguen esperando justicia. La presidenta Dina Boluarte, al firmar y avalar esta norma, ha optado por la impunidad, enviando un mensaje claro y devastador: en el Perú, incluso los crímenes más atroces pueden quedar sin castigo.

Esta amnistía no borra los crímenes ni sana las heridas: solo oficializa el olvido y le da un marco legal a la injusticia. Hoy, más que nunca, debemos recordar que sin justicia no hay reconciliación, y sin memoria no hay futuro. El silencio o la indiferencia frente a este atropello es, en sí misma, una forma de complicidad.

1/3Toma aérea de Huaca Yolanda en el Valle de Chao, donde encontraron este mural único.
1/3El mural tiene elementos decorativos como las estrellas y figuras de seres parecidos a peces con redes de pesca.
Texto: Eduardo Dávila Lynch / Fotos: Archivo personal / Ana Cecilia Mauricio

Este 7 de julio de 2025, en una mañana inesperada, en Huaca Yolanda (Valle de Chao en La Libertad), la excavación en la zona expuso un mural polícromo que es parte de un atrio y que es único en su estilo. La Dra. Ana Cecilia Mauricio, arqueóloga y profesora del Departamento de Humanidades PUCP, lideró este descubrimiento que marca un antes y un después en el estudio del periodo formativo en la costa norte del Perú. Las figuras en el mural revelan un simbolismo profundo de las antiguas culturas preincaicas.

La Dra. Mauricio destaca el valor excepcional de este mural, que nunca antes se había registrado en la región ni en el país, y subraya la urgencia de una respuesta institucional para protegerlo.

Aunque el hallazgo ha sido sorpresivo, también se produjo bajo circunstancias alarmantes, pues la zona enfrenta la amenaza constante de saqueos y el daño causado por la expansión de cultivos agrícolas, que avanza sin freno hacia este importante sitio arqueológico. La Dra. Mauricio destaca el valor excepcional de este mural, que nunca antes se había registrado en la región, y subraya la urgencia de una respuesta institucional para protegerlo.

Importancia del descubrimiento en Huaca Yolanda y su contenido

El mural policromo encontrado en la Huaca Yolanda no es solo un vestigio más: es una pieza clave para comprender a las antiguas civilizaciones de la costa norte del Perú. Según la Dra. Ana Cecilia Mauricio, quien lidera el Programa Arqueológico Ecodinámicas Tempranas de los Valles de Chao y Santa (Praet), el mural tiene características que lo hacen singular en su tipo. «Este mural de Huaca Yolanda es único: jamás se había registrado algo así en la zona, ni en el Valle de Santa ni en el Valle de Chao», comentó. La combinación de elementos decorativos como las estrellas y figuras de seres parecidos a peces, con redes de pesca, hacen de este mural una pieza de una sofisticación inesperada para su época.

Este hallazgo pertenece a un templo del periodo formativo en una época crucial para la formación de las primeras sociedades complejas en la costa norte del Perú. La Dra. Mauricio explicó que la datación, entre 3,000 y 4,000 años de antigüedad, se determinó a partir del estilo decorativo, que es característico de la época, y añadió que, aunque aún se siguen realizando estudios, la estimación de la antigüedad es clara. «Si bien recién hemos empezado a excavar, la estimación, por el estilo de diseño y decoración que tiene este mural, va entre 3 mil y 4 mil años», refiere.

El descubrimiento del mural y el papel de la PUCP

Este mural fue descubierto durante excavaciones planificadas como parte del Programa Arqueológico Ecodinámicas Tempranas, que la Dra. Mauricio lidera desde 2012. «No esperábamos encontrar algo de tal magnitud. Este mural es una sorpresa, algo que no habíamos previsto», comenta. A pesar de que el equipo de trabajo había planeado excavar en la zona afectada por huaqueo, el mural apareció de manera imprevista, lo que pone en evidencia los grandes huecos abiertos por saqueadores.

La excavación no solo tiene un valor académico, sino que también busca sensibilizar a las comunidades locales, especialmente a los habitantes del Centro Poblado de Tanguche, sobre la importancia de este patrimonio.

La investigación y preservación de este sitio se lleva a cabo con los fondos de investigación de la PUCP, y la Dra. Mauricio resalta el rol fundamental de los estudiantes y egresados de la Universidad en este proyecto. «José Guillén, uno de nuestros egresados en Arqueología, ha sido parte del proceso», añadió. Además, se enfatiza que la excavación no solo tiene un valor académico, sino que también busca sensibilizar a las comunidades locales, especialmente a los habitantes del Centro Poblado de Tanguche, sobre la importancia de este patrimonio.

Riesgos del mural y llamado a la acción

Lamentablemente, el mural descubierto en Huaca Yolanda no está exento de riesgos. La Dra. Mauricio señaló que la zona enfrenta una amenaza constante por la expansión agrícola que avanza sobre los vestigios arqueológicos, afectando la preservación del sitio. «La maquinaria pesada, como tractores, que se usa para los cultivos está dañando seriamente la huaca», afirmó. Además, la falta de señalización y la escasa protección institucional permiten que las huacas sean vulnerables a estos daños.

Necesitamos que el Ministerio de Cultura, y las autoridades regionales y municipales actúen con urgencia para proteger este patrimonio».

Dra. Ana Cecilia Mauricio

La Dra. Mauricio hace un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y nacionales para que tomen medidas inmediatas. «Necesitamos que el Ministerio de Cultura, y las autoridades regionales y municipales actúen con urgencia para proteger este patrimonio», expresó. La arqueóloga resaltó que la protección de los sitios arqueológicos no es solo una responsabilidad académica, sino también una cuestión de identidad cultural y social para el Perú.

Esperamos que este sea un resultado positivo; que sea una contribución de lo que es la Arqueología PUCP, y lo que aporta a la arqueología peruana y a la arqueología en general».

Dra. Ana Cecilia Mauricio

Al finalizar la tarde del día del descubrimiento, la Dra. Ana Cecilia Mauricio destacó la importancia de este hallazgo como un fruto de la ardua labor de la PUCP en el ámbito de la arqueología. «Esperamos que este sea un resultado positivo; que sea una contribución de lo que es Arqueología PUCP, y lo que aporta a la arqueología peruana y a la arqueología en general», señaló. También expresó su deseo de que este hallazgo sirva de ejemplo para que las generaciones futuras de arqueólogos y ciudadanos valoren el patrimonio cultural del Perú. «Los arqueólogos peruanos tenemos una posición bastante particular en nuestra sociedad: no solamente somos académicos o científicos, también construimos una identidad a partir de nuestro trabajo», concluyó.

Texto: Diana Chávez / Fotos: Archivo personal y Andina

[NOTA] Ana Cristina Aldana Palomino, estudiante de Ingeniería Biomédica PUCP, ganó el concurso internacional del American College of Clinical Engineering (ACCE) en la categoría 2025 ACCE Student Paper Competition / International Undergraduate Program Division con una investigación sobre infraestructura hospitalaria en el Perú.

Se trata de la primera peruana en ganar este reconocimiento que se otorga a estudiantes de ingeniería clínica o programas universitarios afines que hayan realizado una contribución significativa al conocimiento global en el campo de la ingeniería biomédica.

Gracias a su estudio «Integrating Clinical Engineering into Hospital Design: A multidisciplinary Approach to Optimizing Healthcare Infrastructure»,nuestra estudiante viajó del 20 al 22 de junio a NuevaOrleans, Estados Unidos, para recibir el premio durante el AAMI Exchange 2025, uno de los eventos más relevantes en el campo de la ingeniería clínica y la tecnología médica.

1/5El estudio de Ana Cristina nació a partir de una problemática que ella misma observó en Tarma, su provincia natal: la falta de tecnología médica y un sistema de salud centralizado.
1/5La investigación de Ana Cristina fue ganadora del 2025 ACCE Student Paper Competition en la categoría de estudiante de pregrado. En la foto, ella está junto a los ganadores de todas las categorías.

 

Cristina Aldana gana premio con investigación sobre Infraestructura hospitalaria.

Cristina Aldana posa con equipo del ACCE.

Cristina Aldana sobre infraestructura hospitalaria

«Ganar este premio ha sido muy satisfactorio, pues demuestra que los peruanos podemos aportar no solo a nuestra realidad, sino también a nivel mundial. Me llena de orgullo y gratitud que este trabajo sea reconocido, porque forma parte de la ciencia que hacemos desde la Universidad con el objetivo de transformar la salud en el Perú”, destacó nuestra estudiante.

¿Qué la motivó a realizar esta investigación?

Aldana, natural de Tarma, inició esta investigación en marzo de 2024 motivada por su profesor, el Dr. Luis Vilcahuamán, jefe del Laboratorio de Bioingeniería PUCP, del cual ella forma parte. Fue él quien le comentó sobre este concurso internacional, lo que la impulsó a desarrollar una propuesta centrada en la infraestructura en salud.

Su estudio nació a partir de una problemática que ella misma observó en su provincia: la falta de tecnología médica y un sistema de salud centralizado. “Era un dolor personal, pero al investigar me di cuenta de que no era solo mío, sino una realidad que afecta a muchas comunidades en todo el país”, comenta.

“Al observar esta situación, me pregunté qué estaba ocurriendo con los hospitales paralizados en las regiones”, explicó. “Investigué cuáles no estaban operativos para analizar las razones: si ya se había construido o si aún seguían en proceso. Desde mi enfoque en ingeniería clínica, analicé las causas y propuse una solución para la reactivación de estos 23 hospitales actualmente detenidos”, añadió Ana Cristina.

Infraestructura hospitalaria en Perú: ¿cómo estamos?

Sala de hospital del Perú que evidencia deficiencias en la Infraestructura hospitalaria.

De acuerdo con el proyecto, el país cuenta con más de 7,000 establecimientos de salud, pero el 70% corresponde a puestos de salud con serias limitaciones para brindar atención especializada. Además, el Ministerio de Salud (Minsa) tiene 23 hospitales en construcción con un promedio de 6 años de retraso, y 12 de ellos llevan entre 4 y 8 años sin concluirse.

El país cuenta con más de 7,000 establecimientos de salud, pero el 70% corresponde a puestos de salud con serias limitaciones para brindar atención especializada. Además, el Minsa tiene 23 hospitales en construcción con un promedio de 6 años de retraso, y 12 de ellos llevan entre 4 y 8 años sin concluirse.

“Muchos proyectos hospitalarios se inician con estudios de preinversión deficientes, lo que genera diseños técnicos incompletos, retrasos prolongados y sobrecostos. Algunos hospitales llevan más de seis años en construcción sin estar operativos. Por otro lado, muchos carecen de un sistema de operación y mantenimiento, a pesar de estar completamente construidos, lo que impide su funcionamiento”, explica Aldana.

Muchos proyectos hospitalarios se inician con estudios de preinversión deficientes, lo que genera diseños técnicos incompletos, retrasos prolongados y sobrecostos. Algunos hospitales llevan más de seis años en construcción sin estar operativos”.

Ana Cristina Aldana

Estudiante de Ingeniería Biomédica PUCP

¿Qué mejoras se pueden realizar en la infraestructura hospitalaria?

Para superar estas carencias estructurales y operativas en el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hospitalaria, Aldana propone un enfoque multidisciplinario centrado en la incorporación de ingenieros clínicos desde la fase inicial del diseño hospitalario.

Plantea, además, el uso obligatorio de tecnología BIM (Building Information Modeling) en los proyectos hospitalarios, la implementación de un sistema nacional de gestión de activos tecnológicos y de riesgos, que se base en mantenimientos preventivos, predictivos y centrados en la confiabilidad, y que permita prolongar la vida útil de los equipos y garantizar su disponibilidad.

La propuesta también contempla el fortalecimiento de la normativa vigente, la capacitación y especialización del personal involucrado, y el desarrollo de proyectos piloto en hospitales estratégicos, que permitan validar este modelo y escalarlo progresivamente al resto del sistema de salud a nivel nacional.

“Este enfoque no solo permitirá cerrar las brechas de infraestructura, sino también garantizar que las inversiones en salud se traduzcan en mejoras reales en la calidad y equidad del servicio para toda la población”, asegura.

[INFORME] Aunque las encuestas arrojan una innegable desaprobación de la labor de los parlamentarios, el Congreso contrató a una empresa para supervisar y analizar lo que se dice de sus integrantes en medios de comunicación y redes sociales. Sudaca también detectó una nueva inversión en el área audiovisual y hasta para productos de merchandising.

Los actuales inquilinos del Congreso han formado parte de uno de los periodos parlamentarios más críticos en la vida política del Perú. Prácticamente, desde el día en el cual se instalaron en sus respectivas curules, la mirada de la mayor parte de la población estuvo encima de ellos y sus acciones no hicieron mucho por convertir los cuestionamientos en un voto de confianza.

Los proyectos de ley que facilitaban el camino a la criminalidad, la inexplicable afinidad entre el fujimorismo y el bloque de Vladimir Cerrón, los congresistas “mochasueldos”, las denuncias por abusos sexuales, el escandaloso caso de “Los Niños” de Acción Popular y, principalmente, el evidente desinterés por fiscalizar y tener una postura severa con respecto al gobierno de Dina Boluarte llevaron a que el Legislativo no alcance ni un 5% de respaldo en las encuestas.

Sin embargo, aunque las diversas encuestas realizadas desde el año 2021 hasta la fecha muestra una tendencia indiscutible e incluso las apariciones de los parlamentarios en eventos públicos demuestran el sentir de la mayor parte de la población con respecto a sus congresistas, en el Palacio Legislativo han tenido una insólita idea que costará varios miles de soles.

EL CONGRESO SÍ SUPERVISA

Si bien se ha visto que en el Congreso no hubo voluntad para poner atención en el accionar del Ejecutivo o de sus propios integrantes cuando se veían involucrados en irregularidades, donde sí parece existir interés por estar al tanto de lo que dicen los medios de comunicación y las redes sociales sobre ellos.

Pero este no es un trabajo que ellos mismos estén dispuestos a realizarlo. Por ello, durante el pasado mes de julio y en días que las noticias sobre el Congreso se centraban en la elección de la nueva Mesa Directiva, el Legislativo emitió una orden de servicio a una empresa para que, en pocas palabras, se encargue de avisarles si tienen  buena imagen o no. Sudaca pudo revisar este servicio contratado por el monto de S/. 13,333.35 y encontró información inesperada.

En la imagen anterior se puede observar que dicha orden  de servicio es a nombre de Imedia Comunicaciones S.A.C. por un monto superior a los trece mil soles. Pero al investigar qué es exactamente lo que había pagado el Congreso de la República se pudo conocer que se trataba de un servicio de monitoreo de medios y redes sociales.

Como lo explica en la propia página web de Imedia Comunicaciones, el trabajo que ellos llevan a cabo se enfoca en ofrecerles a sus clientes una revisión de las noticias que publican los medios de comunicación sobre ellos, las repercusiones que tienen en redes sociales y un análisis para saber si gozan de una buena o mala reputación.


Pero esta no fue la primera vez que los congresistas aprueban este tipo de gastos. Este 2025, más precisamente en el mes de febrero, el Congreso contrató los servicios de monitoreo de medios y redes sociales que ofrece Imedia Comunicaciones. En aquella oportunidad el pago fue de veintisiete mil soles.


Aunque hasta para los peruanos más distantes de la actualidad política la imagen del actual Congreso es sumamente negativa y no hay encuesta que muestre un resultado que lo contradiga, los padres de la patria consideraron oportuno recurrir a este servicio de monitoreo de medios que solamente confirmará un resultado que se conoce de antemano.

Además, al revisar el historial de contrataciones entre esta empresa y el Congreso, Sudaca pudo encontrar que no sólo se ha contratado este servicio de monitoreo de medios en los últimos años sino que el costo de dicho servicio se ha ido incrementando considerablemente. De los trece mil soles que pagaron en 2023 pasaron a treinta y cinco mil soles para 2024 y, en lo que va del 2025, ya han superado los treinta y siete mil soles.


EL CONGRESO Y SU MERCHANDISING

Pero además de contratar una empresa para monitorear medios y confirmar la evidente crisis de imagen, el Congreso ha tomado otras inexplicables decisiones que parecen enfocadas en mejorar su imagen. Una de ellas ha sido la contratación de una empresa dedicada al merchandising publicitario.

La siguiente imagen corresponde a la página de Facebook de la empresa 965 Publicidad S.A.C. a la cual el actual Congreso le ha firmado órdenes de servicio por un total de S/. 46,837.34 por estos productos personalizados que las empresas suelen mandar hacer para diversos eventos corporativos.

Pero este Congreso, aparentemente preocupado por su imagen, también ha considerado necesario realizar una renovación audiovisual. Por ello, durante el último mes de la gestión de Eduardo Salhuana como titular del Legislativo se firmó un contrato por S/. 31,996.00 con la empresa Inversiones Fotográficas del Perú S.A.C. la cual se dedica a la venta de cámaras, pantallas y todo tipo de implementos para fotografías y videos.


Esta inversión podría catalogarse como desconcertante debido a que, tan sólo dos años atrás, el Congreso había firmado diversas órdenes de servicio por más de cincuenta mil soles para adquirir equipos y accesorios audiovisuales. Además, como reveló un informe del medio Infobae, también dos años atrás habían firmado un contrato por la cifra de S/ 1,485,440 para la “adquisición e instalación de equipos para la rehabilitación por migración a la señal HD”.

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