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Luisa García, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 2 de 3

“Sí, era frustrante y preocupante”, confiesa Luis Altamirano (26) desde Santiago de Surco, en Lima. A su abuela, María del Consuelo Calderón, de 91 años, no pudieron decirle con anticipación que la iban a llevar a vacunarse. Solo lo hicieron una vez que estaban fuera de la casa, antes de emprender camino al Polideportivo de San Borja. Era el jueves 25 de marzo. Sabían que al enterarse lo primero que preguntaría sería si su esposo, tres años mayor que ella, también recibiría la vacuna. Pero él aún no contaba con fecha para su primera dosis. Entonces a María del Consuelo no le dijeron nada antes de salir de la casa “para que el abuelo no se haga la expectativa y para que la abuela no se cuestione ni le entre la culpa”, explica Altamirano.

 

Los esposos son afiliados a EsSalud y sus familiares habían actualizado sus datos en la plataforma ‘EsSalud Te Cuida’ días antes, pero la buena noticia no llegó por igual. “Mi abuelo, epidemiológicamente, por la edad (94 años), es la prioridad. (…) Yo creo que ha sido un error en el criterio de uso de bases de datos”, dice Luis.

A diciembre pasado, sumaban 172.066 los afiliados a EsSalud mayores de 85 años a nivel nacional, según data estadística publicada en su sitio web. El 59% (100.387) se encuentra en Lima y Callao. A este grupo etario estuvo dirigido el primer llamado vacunatorio del seguro.

Si bien el primer criterio de selección fue la edad, uno complementario fue el último dígito del DNI. Con ambos hubo fallas reportadas por distintos ciudadanos en redes sociales. En el caso de Luis Altamirano, el DNI de su abuelo (94 años) terminaba en 3, y el de su abuela (91 años) en 9. Es decir, tanto por el criterio de la edad como por el del último dígito del DNI, él debió vacunarse antes, o ser incluido a la par por lo menos.

¿Por qué hubo esta clase de inconsistencias?

Desde el área de prensa de Essalud responden a Sudaca que efectivamente se hicieron padrones según el último dígito del DNI y reconocen que sí hubo adultos mayores que se quedaron fuera. Buscaron subsanar los padrones y no emitieron una comunicación oficial al respecto por considerarlos hechos aislados. Intentaron solucionar los casos conforme tenían noticias de ellos, explican.

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Originalmente, EsSalud planeaba inmunizar a todos sus asegurados conforme le fuesen entregando las vacunas, así lo confirmó su presidenta ejecutiva Fiorella Molinellien una actividad pública del 25 de marzo. De hecho, a inicios de ese mes, en su plataforma ‘EsSalud Te Cuida’ habían solicitado la actualización de datos de aquellos asegurados de 60 años a más, de acuerdo a un cronograma que luego tuvo que arrojarse a la basura ante la implementación del nuevo plan.

A lo largo de marzo, llegaron al Perú 367.380 dosis de la compañía Pfizer, de acuerdo a datos del Minsa. Solo fueron entregadas dosis para 50.310 asegurados de EsSalud. Sin embargo, la limitada disponibilidad de vacunas no explica los errores en el orden de la administración de las dosis.

“Si yo no tengo un buen padrón, donde estén todas las personas que merecen ser vacunadas [y] si en base a ese padrón, no calculo bien las vacunas, van a haber fallas”, sostiene Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo.

Entre fines de marzo e inicios de abril, los 50.310 asegurados que habían recibido su primera dosis, fueron programados para la segunda. Un nuevo listado fue publicado, uno que varios de los erróneamente excluidos miraron con esperanzas. Luis Altamirano lo revisó de inicio a fin varias veces en busca del nombre de su abuelo sin encontrarlo por ningún lado. La espera seguía para su familia.

Otras 800.280 dosis de Pfizer están ingresando progresivamente al país este mes. Con la seguridad de una fluida llegada de vacunas, un anuncio esperanzador surgió el martes 6 de abril: un nuevo plan de vacunación sería puesto en marcha bajo la batuta única del Ministerio de Salud. Este incluiría a los adultos mayores de 85 años faltantes, así como en general a los mayores de 80. Se trata del Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la Covid-19, que tendría un criterio geográfico o de “territorialidad” como eje.

A diferencia del anterior plan que solo había aplicado este criterio en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, distritos limeños gravemente afectados por la pandemia, y que daba la impresión de tener a los afiliados a EsSalud como prioridad; esta nueva estrategia busca llegar con el mismo criterio de universalidad a todo el país.

“El Ministerio de Salud debería tener un buen padrón y suficiente cantidad de vacunas para este. Si no, cualquier estrategia, sea la de EsSalud por criterio de condición de la persona (si es asegurado o no y la edad), o sea la de territorialidad como es ahora, va a fallar”, subraya Huerta. “Ese padrón tiene que no ser cerrado, sino abierto a las evaluaciones u observaciones que se le puede hacer”, agrega.

“Queremos corregir todas las dificultades y debilidades que hemos tenido en esta primera experiencia y es nuestra meta llegar de una manera más eficiente a la población peruana”, dijo Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Minsa, al cierre de una entrevista con RPP, a propósito del anuncio.

Una semana después se hizo pública la nueva programación de vacunación para adultos mayores, que tiene como base el nuevo Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19. “Recién hoy (martes 13 de abril) hemos visto que [mi abuelo] aparece en el nuevo padrón”, cuenta Luis Altamirano. Su primera dosis está programada para el 23 de abril.

El sábado último fue el segundo día de vacunación en Lima bajo el nuevo plan del Ministerio de Salud. Parecía que la esperanza iba ganando terreno en la capital. “Todo está en orden. Yo decía: ahora va a ser una cola interminable, (…) pero ha sido lo más rápido posible, sin aglomeraciones”, cuenta Teofila De la Cruz (83 años), asegurada de EsSalud, a la salida de la Villa Deportiva Nacional (Videna). La acompañaba su hijo, quien verificó la programación de su vacuna en la plataforma Pongo el hombro.

Teófila De la Cruz
El alivio de tener a salvo a tus seres más queridos. Es la sensación del hijo de Teófila De la Cruz (83 años) a la salida del vacunatorio en la Videna. Foto: Luisa García.

Pero también se encontraron críticas. “Mi mamá tiene 83 años y está inscrita en Padomi (el programa de atención domiciliaria de EsSalud). Ella sufre de Alzheimer, está postrada, no camina, no habla, está perdida en su mundo (…). Ha salido en el padrón de acá y he venido a hacer cola para que no se exponga porque es una persona demasiado vulnerable. Veo que no hay cola, (…) y mi hijo es quien la va a traer ahora porque él es quien la carga”, cuenta Martina Santiago.

Desde EsSalud señalan que sí se avanzó con la vacunación de los inscritos en el Padomi en sus respectivos domicilios, pero que no pudieron llegar a todos por falta de dosis. “Yo creo que deben tener criterio para hacer las cosas, no a lo loco, no es así”, añade Santiago en referencia a que hubiera preferido que su madre, María Gutiérrez, fuese inoculada en su casa y no tener que sacarla de allí.

Otras observaciones fueron hechas por la Defensoría del Pueblo en estos tres primeros días de vacunación en Lima. Primero, la falta de información detallada y clara para el adulto mayor (sin depender del acceso a internet), por ejemplo, sobre las puertas de ingreso a los centros vacunatorios. A esto se suma una escasa capacidad de la central de información del Minsa, la línea 113.

Por otro lado, la Defensoría critica un insuficiente número de sillas de ruedas, en tanto varios de los adultos mayores podrían tener algún tipo de discapacidad para desplazarse. Esto se evidenció sobre todo en el Campo de Marte. «Con las sillas estáticas nosotros observábamos que se paraban y se sentaban [repetitivamente], entonces mejor contar con una gran capacidad de sillas de ruedas”, apunta Alberto Huerta.

Deficiencias como la falta de rampas en el caso de El Real Felipe fueron subsanadas, así como la implementación de toldos para procurar mayores zonas de sombra en distintos centros vacunatorios.

Sin embargo, el alivio de la vacuna aún no llega al interior del país. En Lima provincias, por ejemplo, aún los adultos mayores siguen esperando por una fecha. “Mi abuelita (90) y mi tío (92) que viven en Huaral aún no se vacunan y así como ellos ninguno de los adultos mayores de la provincia. ¿Cuándo los empezarán a programar?”, tuiteó la periodista Alejandra Garboza el pasado jueves.

“Acá en Ica aún no ha empezado. Ni tenemos conocimiento de cuándo empezaría. (…) Obviamente se está organizando los puntos de vacunación y en ello estamos coordinando con la Dirección Regional de Salud para apoyar”, dice a Sudaca Julio Torres, decano del Colegio Médico de Ica.

Su homóloga en Huánuco, Darly Del Carpio, confirmó la misma situación en el que fuera el epicentro de la segunda ola del Covid-19 entre diciembre y febrero. “Nosotros hemos pedido que se acelere”, dijo y contó que no han dejado de tener ocupadas todas las camas UCI. “En marzo bajó un poco y se podía liberar alguna cama UCI, pero era ocupada a las pocas horas”. En su región, además, el Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia de la variante brasileña en febrero.

Hasta el momento, son solo seis las regiones priorizadas para la vacunación de los adultos mayores: Loreto, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Cusco y Arequipa. La fecha exacta en que se comenzaría a vacunar en las otras regiones se empezaría a definir hoy lunes en una reunión programada entre funcionarios del Minsa y de las direcciones regionales de salud. El punto crítico sería asegurar la logística para la adecuada conservación de las vacunas hasta su aplicación. Esa es una carrera contra el tiempo.

“Mi abuela falleció ayer. Las vacunas que llegaban a Lambayeque a inicios de abril, siguen sin aparecer”, reportó ayer en Twitter el periodista Marco Zanelli. Y es que esa es la preocupación: que en la espera de un día más pueda producirse el contagio.

 

Fotocomposición de portada por Leyla López. Imágenes: Pixabay.

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Covid-19, ESSALUD, Ministerio de Salud, Vacunación

“A veces voy al lado de la carpa y grito su nombre. Al menos para que sepa que estoy aquí y esté más tranquila”, dice Rocío Inza. Su novia, Milagros Barreto, cumple una semana sentada en una silla de ruedas del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), uno de los más grandes de Lima Sur. Desde que ingresó, a las 10 de la noche del 4 de abril, no ha podido verla. Y tampoco lleva consigo un celular, porque está prohibido.

Cuando Milagros llegó a una saturación de 76, ambas decidieron que debían correr a un hospital. Allí la conectaron a un balón de oxígeno y le indicaron que tenía comprometido el 70% de los pulmones. Una vez al día, una doctora llama por WhatsApp a Rocío para contarle sobre Milagros. Hoy le dijo que su saturación está en 96. “Pero a veces baja y sube. Estoy insistiendo para que me digan la verdad”. No poder verla le causa desconfianza.

En estos días Rocío le ha mandado cartas escritas a mano, que aprovecha para colocar en la bolsa de ropa que le entrega al personal médico interdiariamente. “Ayer me pidieron papel y lápiz, y se los puse en la bolsa; pero no me escribió de regreso. Eso me preocupa”, dice. Es media mañana y el sol le pega con fuerza a los familiares de pacientes Covid-19. Son unos 20. Algunos se agolpan en la puerta principal del hospital a la espera de que perifoneen los apellidos de su familiar.

Hospitales
Solo unos metros la separan de la carpa donde el personal médico del HEVES atiende su novia, pero desde hace una semana no ha vuelto a verla. Foto: Luisa García.

Rocío esperaba encontrar un mensaje en la bolsa con ropa usada que le devolvieron hace 10 minutos, pero no ha recibido nada. La misma impaciencia se nota en los gestos del resto de personas que esperan noticias sobre sus seres queridos. Otros se cobijan debajo de un toldo, a unos metros, y un par acampa en el pasto. Nadie parece preocupado por llegar a su local de votación.

¿Pensaría usted en ir a votar con la preocupación de que su pareja pueda empeorar en ese interín? Rocío no deja de mirar hacia la carpa, por entre las rejas. Espera que alguien deje la entrada entreabierta y le permita ver a Milagros unos momentos.

“Estar acá es horrible, todos los días veo cómo personas llegan con fiebre o dificultad para respirar. El día que entró mi pareja, vi entrar hasta diez más luego. No solo personas mayores, sino jóvenes también”, cuenta. “Su recuperación es lenta. Está luchando, estamos orando cada día”.

Lima Centro, 11 de abril, 11:30 a.m.

Jorge (usamos un seudónimo a su pedido), de 35 años, traslada a su esposa a la Clínica Internacional de San Borja. Los síntomas son claros: dolor en la espalda y dificultad para respirar. Más temprano, ella no tuvo fuerzas para ir a su local de votación.

La Clínica Internacional es el centro de salud donde la esposa de Jorge suele atenderse vía su plan EPS. Aún no tiene certeza de si su seguro cubrirá todo. Adentro, un toldo le da sombra a alrededor de 15 personas en sillas distanciadas. Todos tienen síntomas respiratorios. Los familiares no pueden acompañarlos. A solo unos pasos, la tranquilidad de los votantes a las afueras del colegio particular Santa Rosa de Lima contrasta con la preocupación de los familiares que rondan la clínica.

Hospitales
Entrada reservada para pacientes Covid. Foto: Luisa García.

La batería del celular de Jorge está por acabarse, pero alcanza a recibir un mensaje de su esposa: acaba de pasar triaje y ha regresado a su asiento por indicación del personal médico. Se toma unos segundos para enviar otro mensaje: es un aviso a su hermana para alertarle de que probablemente luego tenga que ir al Hospital Guillermo Almenara. Su abuela paterna también está internada allí por Covid-19. Tiene ochenta años y ha estado evolucionando bien. Es posible que le den de alta en unas horas, pero él no sabe cuántas le quedan a las afueras de la Clínica Internacional.

El sábado 3 de abril por la noche, al llamarla por teléfono, Jorge había notado que su abuela se agitaba al hablar y que tosía. Fue a su casa y le midió la saturación. Marcaba 85. Debido a su urgente necesidad de oxígeno, no fue fácil conseguir que la ingresen a un hospital. Jorge relata que en el Uldarico Rocca Fernández, de EsSalud, en Villa El Salvador, no tenían el gas medicinal. Tampoco en el Edgardo Rebagliati. “Dejarla acá es maldad”, cuenta que allí le dijo un médico, luego de advertirle que solo podrían tenerla sentada en el patio.

Casi a media noche y en un tercer intento, el Almenara aceptó recibirla. No tenían cama, solo una silla de ruedas, pero sí contaban con oxígeno. Y no hubo cama para ella recién hasta hace tres noches. El nieto subraya su agradecimiento al personal médico porque hoy su saturación ya está normalizada. “Ella pensaba que iba a ir, la iban a revisar y que regresaría a casa ese mismo día. Debe haber sido duro para ella”, comenta.

Lima Norte, 11 de abril, 9:30 a.m.

Rita Palacios acaba de salir de su casa en Los Olivos. Tiene 33 años y es licenciada en enfermería. Siete pacientes Covid-19 la esperan en distintos puntos de Lima Norte. Aunque aún no lo sabe, el llamado desesperado de una hija por la baja saturación de su madre le impedirá votar. Todavía tiene previsto hacerlo por la tarde. Son las elecciones presidenciales del Bicentenario, pero la pandemia ha alcanzado uno de sus picos: tan solo hace dos días el Ministerio de Salud reportó 384 fallecidos confirmados, cifra máxima hasta la fecha.

Hospitales
Rita Palacios coordina al personal de enfermería del área de Emergencias del Centro Materno Infantil Juan Pablo II, en Los Olivos; en sus días libres atiende a pacientes Covid a domicilio. Foto: Archivo personal.

De momento, Comas es su primera parada. La urbanización se llama El Retablo. Allí la espera un paciente de 67 años, luego atenderá otra de 49 en el mismo distrito y uno último en su turno de la mañana, en Pro. Su labor: enseñarle a la familia cómo manejar un balón de oxígeno, así como la aplicación de otros tratamientos previamente recetados por un médico. “A veces me piden quedarme 12 horas, pero yo les indico que no puedo por el tema de la exposición [al virus]. Estar tantas horas en un solo lugar es un poco más complicado”, explica.

“Ha sido un día terrible”, dice a las 5.40 p.m., camino a atender al primer paciente de su turno de la tarde. Aún no ha votado, ni lo hará. “Ahora me estoy yendo a San Miguel, de ahí voy a José Granda, luego a Independencia. Y de allí debo regresar a Comas, [El] Retablo. Pronostico terminar a las 11.30 de la noche”, cuenta a Sudaca. «Hubo un paciente que ya no pude aceptar. Querían que les ayude a conectar el oxígeno. Les dije que podía ayudarles vía videollamada». Las elecciones ocurren en otra realidad. Una que no es la suya. Tampoco la de los pacientes que ve.

 

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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Covid-19, Elecciones 2021, Luisa García Tellez, Oxígeno

“Ya deben haber volado”, le dice un cambista de Jirón Ocoña a otro mientras se ríen. “Nosotros le decimos así. Cuando las personas compran dólares [a un valor] alto, y al día siguiente amanece bajo, ya volaron”, explica uno de ellos. Ocoña es uno de los jirones que desembocan en la Plaza San Martín y también el punto de referencia del dólar paralelo en Lima, aquel que no se transa a través de entidades financieras.

 

Ambos cambistas coinciden en que han sido las encuestas las que han marcado la pauta. Según su lectura, los días en que el dólar trepó hasta casi los S/ 3.80 coincidieron con que Verónika Mendoza disputaba el segundo puesto en las encuestas. Es miércoles 7 de abril y hoy perciben un panorama muy distinto. “Los tres últimos días la gente ha venido como loca a vender [deshacerse] sus dólares. Hay mucho psicosocial”, sostiene el mayor de ambos, que suma 30 años como cambista en Ocoña. Víctor, su colega, cuenta que empezó el mismo oficio a los 16 años y que ya lleva 15 en el tradicional jirón del centro histórico de Lima.

Cambistas
Cambistas y casas de cambios en Jirón Ocoña, 5.30 de la tarde del miércoles 7 de abril. Foto: Luisa García.

«Hoy el dólar está afectado por las elecciones. No importa mucho qué es lo que pase fuera”, sostiene Carlos Rojas, especialista en mercados de capitales y gerente general de la administradora de fondos de inversión Capia SAFI. “En el muy corto plazo lo clave es qué tanto miedo tiene la gente. (…) ¿Miedo a qué? A la incertidumbre. No sé qué va a pasar, entonces me agarro a la moneda fuerte que es el dólar. Si tienes mucho miedo, vas a salir a comprar dólares», afirma en conversación con Sudaca.

«Si es que el lunes sale Pedro Castillo y Verónika Mendoza, el tipo de cambio se va a 3.75, porque [los electores] piensan: un candidato de izquierda le va a hacer daño a la economía, mejor compro mis dólares antes de que esto se vuelva «Venezuela» como dicen, el extremo. Es muy emocional. Y si salen, por ejemplo, Hernando de Soto y George Forsyth, dos candidatos que son de centro derecha, (…) que la gente siente que van a mantener las cosas, el tipo de cambio se va de 3.63 a 3.55. Entonces depende de tu visión», agrega.

El dólar es la variable financiera que más rápido se mueve, afectado por eventos económicos y políticos. Al arranque de 2020 el tipo de cambio interbancario que publica el Banco Central de Reserva estaba en 3.300, sin embargo, aun tomando en cuenta algunos descensos, desde entonces no ha regresado a ese nivel.

Las últimas dos semanas el tipo de cambio subió hasta los 3.77 soles por dólar, pero le siguió una baja que lo hizo llegar hasta los 3.60. Al menos en los últimos 15 años el precio del dólar no había alcanzado un punto más alto que los 3.77 del 30 de marzo, de acuerdo a data del BCR.

Evolución

La semana pasada, en los días de mayor alza del dólar, más compradores aparecieron y por montos relevantes: 30 mil, 40 mil o 50 mil dólares, coinciden tres cambistas de Ocoña. Quizás se trataba de gente que quería tener una inversión o que necesitaba comprar mercancía o insumos en dólares. “¿Qué pensarían? ¿Quizá que luego subiría más?”, se pregunta Víctor, el único cambista que se atreve a brindar su nombre, pues la falta de seguridad (robos e incluso asesinatos años atrás) en esa cuadra los ha hecho ser reservados y desconfiados.

—Ocoña es como el centro de todo el sistema cambiario en Lima. Acá vienen los cambistas de otros distritos a ‘stockearse’. Pero nosotros no sabemos qué puede pasar [con el tipo de cambio] — dice Víctor.

Diferentes actores económicos consultados por Sudaca, hablan de un fenómeno electoral sumado a la crisis económica generada por la pandemia como dos factores determinantes. Los cambistas de Ocoña repiten algo que viven a diario: el precio del dólar se define por la oferta y la demanda. Una regla que vale para el popular jirón como para los mercados de capitales. Mientras menos dólares haya en el mercado, el precio de este se encarece. Siguiendo la lógica de Rojas, sería el efecto del miedo y la elección de comprar, en la que la subjetividad juega un rol evidente.

Entre 2018 y 2019, Isabel Gonzales se endeudó en dólares para poder costear sus estudios de postgrado en el extranjero. Comenzó a pagar de regreso el préstamo en el mes de noviembre previo a la pandemia, con cuotas de entre $1,000 y $2,000 mensuales. Hoy solo le falta amortizar dos cuotas de $1,500, pero siente que la pandemia ha marcado el peor escenario para su deuda y que el vaivén de las últimas semanas solo lo ha empeorado.

Evolución

Con el avance de 2020, encontrar en Santiago de Surco, el distrito en el que vive, una casa de cambio con stock de dólares se fue haciendo cada mes más difícil. Aprendió, entonces, a coordinar con anticipación con un cambista de su zona para no pasar apuros. Gana un sueldo en soles y con ello ha sufrido cada alza del dólar en los últimos meses, así como las crisis políticas locales. Aunque debe cancelar su próxima cuota a fin de mes, ha decidido arriesgarse hoy y comprar los 1.500 dólares antes de que los resultados de las elecciones puedan quizás encarecer su compra.

Como ella, hay otros que sufren los efectos del alza del dólar: los consumidores finales de productos importados. Por ejemplo, si necesitas instalar o reparar el motor de una cochera levadiza, te requerirán el pago en dólares. Un motor de ese tipo llega vía importación de una empresa mayorista. Zengo SAC es una de ellas. Su gerente general Felipe Muñoz explica a Sudaca que su empresa no se ha visto perjudicada por el vaivén del dólar gracias a que los talleres que les compran los motores también les pagan en dólares, y estos a su vez también cobran a los usuarios finales en dólares.

Pero una de sus potenciales clientes, Maritza Martínez, ha decidido esperar a que pase la primera vuelta para ir a comprar los 350 dólares que le piden por el motor y la instalación que necesita para reparar su cochera.

«Si el Perú no hubiera tenido todo este ruido político, el tipo de cambio hoy estaría ahora en 3.30 o 3.20», sostiene Carlos Rojas. Se refiere principalmente al proceso de vacancia de noviembre último. Para el gerente general de Capia SAFI, a diferencia de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y el cierre del Congreso en 2019, la salida de Martín Vizcarra era algo que se tornaba menos comprensible en un contexto de pandemia ante los ojos de los inversionistas. Fue «catalizador en nuestro cambio de tendencia», sostiene en alusión a un alza del dólar aun más marcada.

Una tendencia que ha tenido a sus principales perjudicados entre aquellos con deudas en dólares y los consumidores finales de productos importados, así como aquellos microempresarios que importan insumos para sus negocios.

Los grandes importadores suelen negociar y fijar el tipo cambiario en los contratos mismos, por lo que estos vaivenes no les perjudicarían sustancialmente al comprar insumos de afuera. Así lo explica Rafael Zanich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, gremio de importadores, exportadores y empresas vinculadas a la cadena económica del comercio exterior. Sin embargo, el caso de los microempresarios sería diferente.

«Si tienes un pequeño negocio, vendes productos que traes de afuera y los ofreces aquí en soles, sí te vas a ver afectado. Vas a cobrar lo mismo por algo que te costó más caro», expone Zacnich, que a su vez resalta el rol del BCR para suavizar los cambios bruscos en el precio del dólar con medidas estratégicas.

Evolución

Lo cierto es que el dólar paralelo apenas ha revertido un poco su caída de esta semana. «La semana previa a elecciones siempre hay mucho movimiento, el tipo de cambio se eleva por la incertidumbre», apunta el especialista de Comex, quien se enfoca entonces en analizar la bajada.

«Por el efecto externo, el tipo de cambio tendería [ahora] al alza en base a una mayor fortaleza de Estados Unidos que ya se está produciendo, pero no ha sido así», reflexiona Zacnich. «La caída tan marcada que ha sufrido el dólar esta semana está asociada al escenario político», agrega y sostiene que la razón sería el que Verónika Mendoza se haya alejado aparentemente de los primeros lugares.

«Eso es lo bonito y riesgoso de la economía: tomar decisiones sobre algo que aún no ha pasado», concluye. En palabras de Víctor, cambista en Ocoña: “Sea que suba o baje [el precio del dólar], la gente siempre se alborota”.

La fotocomposición y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla López.

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Dólar, Hernando De Soto, Pedro Castillo, Tipo de cambio, Verónika Mendoza

Todo parecía ir bien al inicio. En 2006, la Caja Metropolitana de Lima lanzó al mercado un programa de créditos llamado Caja Gas, que ofrecía a los taxistas capitalinos la opción de convertir el sistema de sus autos de gasolina a gas natural vehicular (GNV). Con aires de celebración, la agencia Andina informó en julio del 2012 que se habían financiado 50 mil conversiones en los cinco años previos.

La Caja, sin embargo, acumuló pronto una cartera de créditos que sus clientes no pagaban a tiempo. La situación empeoró hasta el punto de que buena parte de la cartera quedó en “pérdida”, el peor de cinco niveles: con un atraso en el pago de los créditos por más de 120 días. Sin poder frenar la bola de nieve, surgió la necesidad de mejorar los estados financieros para no tener que admitir un naufragio ante la Superintendencia de Banca (SBS) y la opinión pública. Una necesidad que la Caja Metropolitana cubrió gracias al diseño de una operación financiera cuestionada y denunciada en su momento por la Oficina de Control Institucional (OCI) de la entidad.

Una de las empresas de Rafael López Aliaga figura entre los protagonistas de esta historia. Se trata de ACRES Titulizadora, una de las piedras angulares del grupo económico del candidato presidencial. En aquella época, los conflictos de interés y las contrataciones irregulares que ensombrecieron la operación se robaron el protagonismo en la cobertura del caso revelado por el programa Panorama. Hoy Sudaca coloca el foco en la responsabilidad de esa empresa, que fue la que diseñó la operación.

 

Pasando por caja

En junio de 2011 Acres Investments, el holding de negocios financieros de Rafael López Aliaga, agregó una empresa debajo de su paraguas: junto a su compañía ACRES Agente de Bolsa, creó ACRES Titulizadora. ¿Qué hace una titulizadora? Captar clientes que necesitan financiamiento, usualmente liquidez de dinero, y brindarles un mecanismo financiero para conseguirlo. Uno que no los obligue a ir a un banco a pedir un crédito.

Sunarp
Constitución de la titulizadora del grupo ACRES Investments. Fuente: SUNARP.

A fines de 2012, ACRES Sociedad Titulizadora no había concretado operación alguna para ningún cliente, se mantenía con cero kilómetros en el mercado. La millonaria operación con la Caja Metropolitana marcaría su punto de partida el 31 de diciembre. Uno, cuando menos, cuestionable.

Aquellos créditos que los taxistas no habían podido pagar constituían una cartera con la calificación de “pérdida”, según los criterios de la SBS. Esos créditos sumaban más de S/40 millones. El objetivo, por más extraño que parezca, era convertirlos en respaldo de un préstamo que alguien aceptase otorgar. La premisa era que en el futuro, los taxistas pagarían sus créditos y ese dinero, más intereses, iría a parar a manos del prestamista de acuerdo a un cronograma. A esta “técnica” se le conoce como “titulización”.

¿Cómo funciona? Imagina que deseas titulizar tu sueldo de S/1.000 de los próximos cinco meses. Un inversor o prestamista te da hoy S/4.500 a cambio. Esto porque has convertido en papeles o bonos el flujo futuro de tu sueldo de esos meses siguientes. Él ha adquirido esos bonos y será quien reciba los S/1.000 cada mes, obtendrá al final S/500 soles más de lo que te prestó, y esa será su ganancia. Como vemos, uno tituliza un flujo futuro de dinero que tiene un nivel de certeza de llegar. No uno con calificación de pérdida.

Pero, ¿qué confianza se puede depositar en una cartera nivel “pérdida”? ¿Qué posibilidades reales habría de que los taxistas pudieran cumplir ahora sí con sus cuotas impagas que se habían convertido en deuda impaga de S/ 40 millones? La sensatez dictaba que si el total de los créditos ascendía a esa cantidad, la Caja Metropolitana debía endeudarse por menos para poder devolver el préstamo.

Que alguien se atreviera a prestar los S/40 millones por una cartera de créditos en ese estado era algo fuera de toda lógica de mercado. “¿Quién acepta una transacción así, sabiendo que lo que voy a comprar es una cartera muerta?”, cuestiona el auditor especializado en riesgos Pedro Solís. “¿Quién te hace esa magia para vender una cartera muerta, que debería entrar a valor cero o depreciada, a S/40 millones?”, añade.

ACRES Titulizadora sabía que ningún inversionista aceptaría prestar los recursos con esas condiciones. Ante el riesgo de impago, colocó una primera garantía: “En caso la cobranza de la cartera no alcance para el pago completo de amortización e intereses, la Caja Metropolitana proveerá los recursos para el pago completo”. Y luego una última: a través de una fianza solidaria, la Municipalidad de Lima, única accionista de la Caja, se comprometía a asumir el deber del pago de la deuda. Con ello se logró la aprobación de la operación por parte de la SBS.

Al comprometer recursos públicos, más exactamente al municipio, se alcanzó un nivel de riesgo de impago (o desconfianza) casi nulo, como suele suceder cuando el Estado emite promesas de pago. Pero también se abría la posibilidad de perder recursos municipales o que la Caja tuviera que hacer malabares con sus débiles estados financieros.

¿Qué hizo la empresa de López Aliaga? Primero, eligió no ir al mercado de valores —donde las operaciones son públicas y cumplen exigencias de transparencia— a pedir prestado, sino buscar de manera privada a un inversionista o prestamista. La titulizadora se encargaría de generar un fideicomiso: una especie de caja de seguridad donde colocaría el respaldo del préstamo. En este caso, los S/40 millones con categoría de “pérdida” a partir de los cuales se emitirían las promesas de pago.

Finalmente, fue el banco estatal Cofide la entidad que compró la emisión de bonos completa, es decir, prestó los S/40 millones. La institución no quiso explicar a Sudacael porqué de esa decisión, pero es clara a la vista: lo que habría valido ante sus ojos fue el compromiso de la Caja y de la Municipalidad de Lima de inyectar recursos en último caso, que no debían estar destinados a asumir la deuda.

 

Contratación irregular

Por la estructuración de dicha operación y la colocación (venta) de los bonos, ACRES Titulizadora recibió un pago S/1.32 millones. Pero su elección no fue producto de un proceso competitivo real a ojos de la Contraloría General de la República. ¿Por qué?

 

Acres Investments
Fuente: Video institucional de Acres Investments.

El sonriente ejecutivo al lado derecho del hoy candidato presidencial nos da la respuesta. Se trata de Andrés Muñoz Ramírez, entonces presidente del directorio de Acres Sociedad Titulizadora. Por sus vínculos amicales, Muñoz fue elegido a dedo por José Miguel Castro como asesor externo para que, entre otros contratos, evalúe las carteras de crédito de la Caja Metropolitana e idee una salida para su situación financiera. Hoy Castro es investigado por haber recibido y distribuido presuntos sobornos de OAS y Odebrecht a políticos cercanos a la administración de Susana Villarán. Años atrás Muñoz Ramírez había sido jefe de José Miguel Castro en Interbank.

«La factura de dicha empresa [ACRES Sociedad Titulizadora] fue girada y recibida antes de la realización del estudio del mercado, antes de la evaluación de las propuestas y antes de la suscripción del contrato», declaró el entonces Contralor General de la República Fuad Khoury al presentar los hallazgos de su investigación sobre dicha titulización.

«La Caja Metropolitana evaluó y contrató irregularmente a la empresa ACRES Sociedad Titulizadora. El costo adicional pagado a ACRES por la Caja Metropolitana, al no elegir las propuestas más económicas, asciende a la suma de 416 mil soles», agregó.

“Claramente es una operación triangulada para beneficio propio y no para beneficio de la entidad pública (…). Es una operación fraudulenta y corrupta”, explica Pedro Solís, auditor especializado en riesgos.

 

Acres

Uno de los hallazgos de la Oficina de Control Intstitucional de la Caja Metropolitana presente en su Informe especial Nro. 01-2014-CMCPL/OCI.

 

“¿Qué hiciste en el fondo con la operación?”, cuestiona otro especialista financiero, y explica: “En lugar de decir: ‘Tengo un hueco de S/40 millones por malas deudas» y declararlo como pérdida hoy día, (…) lo que hice fue fraccionar [de acuerdo al cronograma de pago de los bonos], estirar una pérdida para no declararla de un solo golpe. (…) No es ilegal, pero es tramposo, engañoso”.

Finalmente, ¿cómo pagó la Caja Metropolitana su deuda? Cofide señaló a Sudaca que “dicha operación fue cancelada en su totalidad y según lo establecido en el respectivo cronograma, entre los años 2013 y 2016”. Aunque no quiso agregar mayores detalles, Acres Sociedad Titulizadora sí lo hizo. Precisó que solo el 40% del préstamo se pagó con los activos titulizados, es decir con la cartera nivel “pérdida”: menos de la mitad de lo esperable. El 60% restante no salió finalmente de la Municipalidad de Lima, pero sí de otros flujos o recursos de la Caja Metropolitana, cuya dueña es la municipalidad. Se confirmó, entonces, lo obvio: la cartera no valía los S/40 millones pagados por Cofide.

Con la operación todos salían ganando, menos la administración pública. Cofide no perdió. Al contrario, ganó más de S/8 millones en intereses, según el informe de la Oficina de Control Institucional de la Caja Metropolitana. ACRES Titulizadora generó su primera operación y ganó más de un millón de soles de comisión. Muñoz, entonces presidente del directorio de ACRES, ganó honorarios además como consultor financiero externo de la Caja Metropolitana.

Sudaca contactó al candidato López Aliaga, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta suya ni de su equipo de prensa.

 

*Fotocomposición de portada: Leyla López.

Fecha de publicación: 04/04/2021

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Acres Titulizadora, Elecciones 2021, Rafael Lopez Aliaga

Por Luisa García y Miguel Loayza*

Liliana Salvador paseaba por el Centro Comercial Jockey Plaza cuando alguien le ofreció una tarjeta de crédito con múltiples beneficios. La Tarjeta CMR, le explicaron, le permitiría obtener descuentos en todos los servicios que el Grupo Falabella ofrece a través de tiendas como Tottus, Sodimac o Saga Falabella. A Liliana la oferta le pareció tentadora. Sin pensarlo mucho, aceptó.

Desde entonces, hace ocho años, ella y su familia se han convertido en clientes habituales de Supermercados Tottus. “Al inicio, veía descuentos del 6% en comida o ropa y no me llamaba mucho la atención, pero un familiar que es más acucioso me dijo que valía la pena. Ahora vamos todos los martes, y también los sábados, por el 20% [de descuento] en carnes”, señala en conversación con Sudaca.

Liliana, sin embargo, ha tenido que ser extremadamente cuidadosa para evitar los intereses excesivos cuando se retrasa en sus pagos. Cada vez que retira efectivo con su Tarjeta CMR, se le aplica una tasa de interés de más del 50%. Lo ve como un recurso de emergencia que debe pagar sí o sí en una sola cuota a fin de mes. Si no, su deuda crecería descontroladamente. “Todo lo que compramos lo pagamos en una cuota, porque si pagas, como dicen, ‘en cómodas cuotas’, ahí sí se acumulan los intereses y la mora”, señala.

De acuerdo con la Superintendencia de Banca (SBS), alrededor de la mitad de tarjetas de crédito emitidas a nivel nacional están vinculadas a supermercados y tiendas por departamento. Es lo que se conoce como ‘retail financiero’. ¿Cómo funciona este negocio que atrae a tantos peruanos? Esta imagen nos da una pista.

Foto: Giuliana Fonseca.

“GRATIS” es la palabra que resalta el anuncio. Arriba, una condición: la compra por casi S/400 de productos de una marca específica. Debajo, un regalo: un pollo a la brasa con papas y gaseosa. Con esa claridad sobre los gustos gastronómicos de los peruanos aterrizó la Tarjeta Cencosud en el 2012.

Al crear un brazo financiero en el Perú, el grupo chileno Cencosud heredó la data acumulada por la exitosa Tarjeta Bonus. En seis años, sus tarjetas ya eran casi tantas como las emitidas por el Banco de Crédito del Perú. Su tasa de interés promedio salvo pocas excepciones no ha bajado del 70% en los últimos cinco años. En el caso de los otros ‘bancos retail’, Falabella y Ripley, la tasa se ha mantenido en la mayoría de los casos por encima del 50% y 60%, respectivamente, según data de la SBS.

Diseño: Leyla López.

Su apuesta para ‘colocar’ créditos no es una extensa red de oficinas bancarias, sino una de tiendas comerciales (retailers) a nivel nacional. Al vender carne para una parrillada, ropa o lavadoras, intentan vender, a la par, dinero al crédito. Y la ‘mina de oro’ está en los intereses. No se trata de entidades financieras a secas, sino de cadenas de tiendas que tienen a un banco o una caja de crédito.

“Lo que hace diferente a este negocio de los demás bancos, y que está más presente en Falabella, es que todo se queda en casa”, afirma Cecilia Ramírez, especialista en análisis de negocios y finanzas corporativas.

Todas las promociones que brinda la tarjeta CMR son para los retailers de sus líneas de negocio. Por ejemplo, te dicen que por comprar una parrilla en Sodimac te regalan carne en Tottus. Eso es hacer ventas cruzadas. De esa manera generan ingresos no solo a la línea de tiendas para el hogar, sino también para el banco y así gana todo el grupo”, explica.

Entre 2012 y 2016, en promedio, el 95% de los ingresos de los bancos Falabella, Ripley y Cencosud provino de los intereses y comisiones que se les cobra a los clientes por el uso de las tarjetas. Así lo detectaron Cecilia Ramírez y Giuliana Fonseca a través de su investigación académica “El rol estratégico de la tarjeta de crédito en el modelo de negocio de las firmas chilenas en el sector retail peruano”.

El último jueves por la noche, sin embargo, una noticia sacudió las esferas del poder bancario. No fue la caída de alguna inversión en la Bolsa de Valores de Lima, sino la repentina obligación de ceñirse a un tope máximo en los intereses que les cobran a sus clientes de a pie, o pequeños consumidores.

Alrededor de las 7 p.m. el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley contra la usura financiera, que semanas antes había observado el Ejecutivo al considerarlo “perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro de los depositantes” porque generaría “exclusión financiera, principalmente al pequeño consumidor y a la MYPE”. La gran crítica a esta medida de parte de los bancos, del Ejecutivo y de la SBS es que los alejará de prestarle dinero a las personas con menos recursos.

Si la medida se aplicara en el Perú de forma similar a como se aplicó en Chile, los bancos del retail financiero serán los primeros y más ‘perjudicados’. Planteado el debate, Sudaca retrocede un paso y vuelve la vista a las tarjetas de crédito y sus tasas de interés. Específicamente a las vinculadas a supermercados o tiendas por departamento, cuyo número de tarjetas de crédito supera ampliamente al de cualquiera de los 4 principales bancos del país.

Diseño: Leyla López.

El testimonio de un insider

El diseño de las ‘ventas cruzadas’ constituye el corazón del “mix” empresarial del retail financiero. ¿Qué tanto sabe este de nosotros y cómo? Muchísimo. Y se alimenta cada vez que, por ejemplo, Liliana Salvador elige “pagar con tarjeta”.

Cada vez que el cliente utiliza una tarjeta del banco del mismo grupo comercial, el grupo acumula información valiosa sobre los hábitos de consumo del usuario. Carlos −un nombre ficticio que utilizaremos para identificarlo− conoce esta trama a la perfección. Él diseñó estas ofertas por alrededor de dos años, como “analista de producto senior” en Banco Falabella. “Por la ley de protección de datos personales, no tenías acceso a los detalles, pero sí podías entender cómo se comportaban los clientes, hacer ofertas, y así aumentar la venta del retail”, dice.

Qué sueles comprar, cuántas unidades, cuánto dinero destinas a ello y con qué frecuencia, son datos que se suman al de tu edad y sexo. El área de inteligencia de clientes es la encargada de este minucioso seguimiento. “La información que se tiene es muy rica”, precisa. Un equipo de estadísticos sistematiza la información, con la que luego trabajan los analistas de producto para la creación de “campañas” en coordinación con los jefes comerciales.

“Muchas veces la reunión con [el área de inteligencia] era: ‘Quiero reunir gente con esta categoría, o por temporadas’. Por ejemplo, si querías hacer una promoción de piscinas inflables, entonces preguntabas por los clientes con hijos. Puedes identificar quiénes tienen hijos de esta edad, [al conocer] quiénes compran pañales, o quienes compran biberones. Tienes información de Saga, Tottus, Sodimac, entonces es mucha información. Información sobraba”, dice el exanalista sobre la etapa de elaboración de una campaña.

Luego de identificar los clientes potenciales, le sigue la ejecución de la comunicación. “Por ejemplo, si tienes un proyecto en el hogar, [se sabe que] primero compras fierros, después tuberías, después pintura. Entonces si en Sodimac encuentro que un cliente compra fierros, le puedo mandar [vía e-mail] ofertas con la tarjeta para los siguientes niveles, porque sé qué es lo que va a comprar después”, cuenta Carlos.

“Sabemos los resultados, porque las herramientas que envían e-mails saben quiénes abrieron tus e-mails, y tengo un identificador. Durante la campaña busco si las personas han comprado en esta categoría. Así se hacen los famosos cash-backs, si una persona compra en una campaña, le devuelvo un dinero”, precisa.

El analista tenía como objetivo, en sus propias palabras, “aumentar la participación de la Tarjeta CMR dentro de Sodimac y Maestro”. Como él, había otros dos “analistas senior” enfocados en Saga Falabella y en Tottus e Hiperbodegas.

“Yo estaba en el Banco Falabella, encargado de ver la tarjeta de crédito CMR. ‘La participación’ significa principalmente cuánto de la venta del retail [Sodimac y Maestro en este caso] es hecho con la tarjeta de crédito. Mi objetivo principal era incrementar el uso de la tarjeta a través de promociones y acciones [de seguimiento de necesidades de consumo]”, precisa.

El beneficio para el banco es claro: a más créditos colocados, más intereses por cobrar. ¿Cuál sería el beneficio para la tienda? Primero, más decisiones de compra al acceder a un descuento o un pago fraccionado usando la tarjeta. Pero también hay un beneficio monetario.

“Dentro del Grupo Falabella, hay múltiples ventajas. Para el retail, la ventaja es principalmente que el banco pagaba una especie de ‘bono’ por la participación que llevaba. El Banco Falabella pagaba a Sodimac. Era en función de las múltiples variables, tenían su propio algoritmo. Teníamos 20–30% de participación de tarjeta [CMR], a Sodimac le convenía tener más de 30%. La plata quedaba dentro del Grupo Falabella”, detalla el exanalista de producto.

Sudaca envió un cuestionario detallado al Banco Falabella, pero decidieron evadir nuestras preguntas. “Somos una empresa del Grupo Falabella, con indicadores distintos al sector retail, pero que compartimos el objetivo de ayudar a las personas haciendo posibles sus aspiraciones a través de una oferta integrada de servicios financieros, potenciados por los beneficios del ‘Mundo Falabella’”, se limitaron a decir.

Caja Cencosud también evitó contestar las preguntas de este medio. Subrayó, sí, su disconformidad con la ley de los topes a las tasas de interés. Banco Ripley precisó simplemente que no participarían del reportaje.

La respuesta del gremio bancario y la experiencia chilena

“El retail es una ciencia, es un punto de venta donde lo que más importa es que el metro cuadrado disponible sea rentable”, resumía para la investigación “Chile en cuotas” (2012) un ex ejecutivo de una de las multitiendas más poderosas del país sureño. Una ciencia sobre la que hay poca conciencia entre los usuarios.

Diseño: Leyla López.

De acuerdo con el exanalista de producto de Banco Falabella entrevistado con reserva para este informe, el objetivo principal es que el usuario pague con la tarjeta y el secundario es aumentar el número de clientes que compra en cuotas. ¿Y la morosidad? “Es un riesgo que siempre hay y siempre se tiene que medir. Pero el riesgo es mucho más bajo que la ganancia que vas a tener. (…) Cuando yo estuve en el banco, lo tenían muy bien controlado”, cuenta.

Los intereses se dividen, principalmente, en dos tipos: los compensatorios y los moratorios. Los compensatorios corresponden al pago adicional al que se compromete el cliente a cambio del préstamo recibido; los moratorios, a la indemnización percibida por el banco debido al retraso en las cuotas pactadas. Ambos tipos de intereses son establecidos por el banco en base a criterios como el monto del crédito o el riesgo que representa el cliente.

La ley aprobada por insistencia en el Congreso recientemente no precisa el mecanismo por el que las tasas máximas serán establecidas. Sin embargo, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) está convencida del futuro efecto. ”Los límites máximos dejarán a entidades financieras sin la posibilidad de seguir prestando”, sostiene categóricamente en una respuesta por escrito a las preguntas de Sudaca. “(…) el número de entidades que sean finalmente afectadas y por ende el número de clientes que vean restringido su acceso a crédito dependerá del nivel del límite que se fije”, asegura la entidad.

Asbanc evita responder sobre la estrategia comercial de los bancos vinculados a las tiendas retail. Una de las pocas armas para ir contra los altos intereses en este sector es la tasa de costo efectivo anual de las tarjetas de crédito, la TCEA. Esta representa el costo total del crédito, pues considera además de la tasa de interés, comisiones y gastos que son cargados a tu cuenta. Su fórmula de cálculo es establecida por la Superintendencia de Banca (SBS).

En 2012, ASBANC lanzó la campaña «Hablemos más simple» con la TCEA como una de sus protagonistas. De hecho, resaltó su éxito en su memoria de aquel año. Hoy, en medio de la discusión sobre las altas tasas de interés, prácticamente se desdice. “Las tasas de costo efectivo anual (TCEA) de las tarjetas de crédito no reflejan el costo real que pagan los clientes”, señala. «(…) esa fórmula frecuentemente sobrestima la tasa», agrega.

La experiencia chilena con la imposición de topes a las tasas de interés mostró un efecto irrefutable: los bancos que notablemente empezaron a emitir menos tarjetas de créditos fueron aquellos asociados a una tienda por departamento, según reportó la Cámara de Comercio de Santiago el 2016.

Para el economista Tomas Flores**, ex subsecretario de economía del gobierno de Sebastián Piñera, el cambio regulatorio en el país sureño fue uno de los motivos para que Cencosud, por ejemplo, decidiera venderle su banco a Scotiabank (algo que tiempo después replicaría en nuestro país). En el Perú hoy son una Caja Rural de Ahorro y Crédito.

Sin embargo, en su opinión, el negocio del retail financiero aún tendría terreno fértil en nuestro país por la cantidad de potenciales clientes, muy superior al caso chileno, y por el crecimiento económico. Esboza también otra razón: nuestra “miopía financiera” por la que las estrategias de marketing del retail aún nos ganan la batalla frente a las “pequeñas cuotas” que parecen inofensivas. “No me extrañaría nada que les estuviesen cobrando créditos de más del 50% de interés”, sostuvo al ser consultado antes del cambio normativo en Perú y como hemos visto, no se equivocaba.

 

*Con la colaboración de Camila Ossadón.

**Esta entrevista inédita (realizada en octubre de 2017), así como otras en este reportaje,  fueron realizadas como parte de un proyecto de periodismo transfronterizo coordinado desde la Pontificia Universidad Católica de Chile por la profesora Paulette Desormeaux y desde la Pontificia Universidad Católica del Perú por la profesora Hildegard Willer.

 

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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“Yo creo que fue una mala decisión. Fue una apuesta que se hizo por la industria nacional”, sostuvo el pasado viernes 5 de marzo el presidente Francisco Sagasti en entrevista con el programa “Sálvese quién pueda”, que se transmite en redes sociales. Se refería al convenio firmado en octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la entrega de 47 plantas de oxígeno y cuyos plazos fueron incumplidos por la casa de estudios. La UNI debía hacer una primera entrega de 18 plantas hasta el 24 de enero, según la Contraloría General de la República. El día de las declaraciones de Sagasti, la cuenta estaba estancada en cinco. Ahora está claro que todos perdimos esa “apuesta”.

Horas antes de la entrevista al presidente, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que daría un ultimátum de cinco días para la entrega de las 13 plantas restantes y que, de no cumplir con este, se rescindiría el convenio. Fuentes de Sudaca en el Minsa apuntan que dicho ultimatum ya ha sido enviado por escrito a la UNI y que esperan una respuesta.

¿Cómo llegamos al caos de un convenio ad portas de rescindirse? Este artículo reconstruye una parte clave de la historia, previa al 30 de octubre, el día en que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, firmaron lo que meses después se convertiría en una pesadilla y que se bautizó con el nombre de “Oxigena 47”.

Malas decisiones

Cuando el pasado 21 de octubre, el Minsa solicitó a diferentes empresas cotizaciones por 47 plantas de oxígeno —que serían destinadas a 46 hospitales—, dio menos de dos días para la presentación de solicitudes (ver correo y anexo con la lista de plantas y hospitales). El italiano Marco Cocco, representante legal de Chopin Management Limited, una compañía con sede en Reino Unido que lleva la representación comercial de más de 50 firmas a nivel global, fue uno de los que envió la documentación en tiempo récord. “Se iban a montar las 47 plantas [de la marca danesa Oxymat] en sesenta días, incluso en dos días menos. Las íbamos a entregar funcionando”, asegura Cocco. Y añade: “Todo llegaba por avión”. Era la vía más rápida de entregar las plantas de manera progresiva y semanal.

El empresario italiano sostiene que la cotización que presentó en soles equivalía (sin incluir el IGV) a los 26.586.269 dólares (cerca de cien millones de soles) por los que el Convenio con la UNI fue firmado.

Meses antes, entre junio y octubre, Cocco ya había contestado diferentes solicitudes de cotizaciones de plantas de oxígeno requeridas por el Minsa. Una experiencia por la que también pasó Itay Ingber, empresario de origen israelí. Ingber es gerente de operaciones de la empresa peruana Macrourbe Desarrolla y representante legal de la firma EL-AV Compressors, de Israel, dedicada a la venta de equipos médicos.

El pasado 27 de julio, por ejemplo, el Minsa le solicitó una cotización vía correo electrónico con el título: “Muy urgente- adquisiciones de 17 generadores de oxígeno de 365 LPM mínimo de capacidad” (sic). La compra iba a beneficiar a la misma cantidad de hospitales (ver correo y anexo con especificaciones técnicas). Cuando menos en cinco de estos, de Lima y otras regiones, la urgencia de oxígeno se diluyó a ojos del Minsa y fueron incluidos recién en octubre pasado en la lista de las 47 plantas del convenio con la UNI. Algunos de estos hospitales esperan las plantas hasta hoy.

A través de las solicitudes de cotizaciones realizadas por el Minsa, Marco Cocco e Itay Ingber vieron cómo iba creciendo la cantidad de plantas requeridas por el gobierno hasta llegar a las 47. “Han esperado hasta finales de octubre para firmar un convenio por plantas por las que he recibido solicitudes de cotizaciones desde junio”, apunta Ingber. La UNI terminó siendo la elegida.

Sudaca solicitó una entrevista al Minsa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

“Si tú ya sabías que existían empresas privadas que podían cubrir [la necesidad] en el grado de urgencia que lo estabas pidiendo, ¿para qué suscribes un convenio donde entregas toda la necesidad [a un solo proveedor]?”, sostiene Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos y asuntos regulatorios.

Para la abogada, la decisión fue una forma de “sacarle la vuelta a la norma”, es decir, al principio de pluralidad de postores de la Ley de Contrataciones del Estado que prevé que, si existe oferta en el mercado actual, se debería convocar a un elenco más amplio de proveedores. «Y eso no se cumple acá, porque se ve que toda la demanda se la pasó al Convenio [con la UNI]”, apunta.

Según Ruiz, habría sido más eficiente realizar contrataciones directas con distintas empresas privadas y, en paralelo, suscribir un convenio con una universidad nacional como la UNI. No sólo para cubrir la necesidad pública sino para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado.

«Yo no voy a hacer un convenio con una sola institución para que me haga 47 plantas de oxígeno, cuando puedo hacer 5 o 6 convenios o contratos con entidades particulares que me puedan garantizar, por una [carta] fianza o un mecanismo de solución de controversias, que voy a recuperar el dinero si me estafan, como en este caso”, agrega en el mismo sentido el abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado.

En la práctica, se constituyó una especie de monopolio paralelo al de Praxair-Linde, la mayor proveedora de oxígeno medicinal en Perú. Un monopolio de la UNI.

«Ella me dijo que era ingeniera”

“Primeramente, en octubre no teníamos pandemia. (…) Este proyecto [Oxigena 47] se inicia para mejorar el sistema de salud, no pensando en la segunda ola, porque en ese momento no había segunda ola”. Las increíbles declaraciones son del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Javier Franco, y fueron realizadas durante una sesión del Consejo Universitario el pasado jueves, un día antes del anuncio del ministro Ugarte sobre la rescisión del convenio.

“Oxigena 47” estuvo, por supuesto, en agenda, y a Franco le tocó defenderse luego de ser cuestionado por no haber previsto posibles demoras en un proyecto tan urgente. Su facultad es la responsable legal del convenio con el Minsa.

Franco fue el responsable de designar como directora ejecutiva del proyecto a Elizabeth Chahuares, una supuesta ingeniera que no está colegiada ni registrada entre los egresados de la UNI. «Ella me dijo que era ingeniera”, se defendió el decano. “Lamentablemente ya no está en nuestro proyecto», se lamentó. En efecto, desde el lunes último, el ingeniero Walter Yañez asumió el cargo de manera interina, como confirmó él mismo a Sudaca.

Para la firma de “Oxigena 47”, Elizabeth Chahuares ya era un personaje con antecedentes negativos en la UNI. El primero: un proyecto para fabricar un ventilador mecánico que no logró la aprobación de Digemid y cuyo liderazgo habría arrebatado al profesor de la UNI Manuel Luque. El segundo: un inconcluso convenio con Ejercito del Perú para producir desde cero plantas de oxígeno.

Al centro: Elizabeth Chahuares y Elmar Franco luego de la firma del Convenio de la UNI con el Ejército peruano para la fabricación de plantas de oxígeno. Foto: UNI.

¿Cumplirán?

«En enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se la consignó hasta febrero. Cuando se ha visitado, solo algunas [plantas] estaban listas y pidieron un nuevo acuerdo, [dijeron] que no iban a poder cumplir con las 47, sino solo con 18 [plantas]. En las últimas semanas han entregado cinco y debían completar las 13 restantes hasta ayer [jueves], pero no han entregado ninguna más», explicó el pasado 5 de marzo, en conferencia de prensa, el ministro óscar Ugarte.

El presidente Francisco Sagasti se mostró, sin embargo, entusiasta en una entrevista que dio por la noche de ese mismo día. “En este momento la UNI tiene suficientes componentes para producir 18 plantas. Entonces ya tienen todo eso comprado. Se van a producir esas 18 plantas, y de ahí en adelante se rescinde el contrato”, comentó.

Al día siguiente, la cuenta de plantas entregadas subió a seis, con la instalación de una en Chota, Cajamarca. La UNI respondió al ministro de Salud con otra conferencia de prensa, donde presentaron siete plantas móviles más: tres culminadas y cuatro en “trabajos finales”. Estas plantas, según la universidad, se entregarán esta semana. Pero faltan otras cinco para llegar a la meta de las 18. ¿De dónde las sacarán? Todo indica que los cinco días de ultimátum serán insuficientes y la rescisión será inminente. Quizá por ello Ugarte se apresuró en anunciar la cancelación del convenio ante el Congreso.

La apuesta del gobierno le pasó factura a los pacientes de 34 hospitales que no tienen ni siquiera una fecha de entrega de las plantas de oxígeno, aquí el detalle de cuáles son:

Diseño: Leyla López.

El Hospital María Auxiliadora (HMA), en San Juan de Miraflores, y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES) figuran entre ellos. Ambos rechazaron la donación de una planta de oxígeno de parte de la cementera privada Unacem en diciembre último. El HEVES incluso argumentó estar a la espera de Oxigena 47. Desde febrero, sus pacientes de Covid-19 llevan balones de oxígeno por su cuenta.

* Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: La República, Andina, Universidad Nacional de Ingeniería.

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Kilos de fierro verde. Colas de gente desesperada. Las fotos que retratan la escasez de oxígeno en el país serán el registro más penoso de la pandemia. Casi un año después de iniciada esta, el Estado fue incapaz de garantizar el suministro para la segunda ola. ¿Por qué? Es larga la lista de fallos, pero uno es especialmente clamoroso: la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) incumplió un compromiso del que dependía la vida de cientos de personas. Según Contraloría, hasta el 24 de enero se debieron entregar las primeras 18 plantas de un total de 47. Sin embargo, apenas 5 han sido instaladas. Menos de un tercio de la cantidad debida.

¿Quién estuvo detrás de ese evidente fracaso? Una ciudadana domiciliada en Moquegua que no parece tener las credenciales académicas ni la experiencia como para haberse puesto al frente de algo tan urgente. Las fuentes consultadas la vinculan con el entorno cercano del expresidente Martín Vizcarra, con el que solía reunirse antes de que el nuevo coronavirus aterrizara en el país. ¿Quién es Elizabeth Chahuares y cómo llegó a gestionar un proyecto que hoy busca ayuda para no terminar de naufragar?

La búsqueda de oxígeno en las calles de Lima. Foto: Getty Images.

“Esta mañana he estado llamando a Washington y a San Francisco para ver que los apoyen en conseguir un permiso del ejército americano y traer los componentes [que les faltan para las plantas]”, contó el sábado pasado a Sudaca Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Márquez dice que su gremio ha tenido que brindar ayuda de emergencia para sacar adelante “Oxigena 47”, que es como terminó llamando la UNI a su proyecto fallido.

Pero hay algo que hace todo esto aun más grave. Sudaca lo ha revelado durante las últimas semanas. En noviembre del año pasado, el Indecopi advirtió al Minsa que la única salida para evitar la escasez de oxígeno ante una eventual segunda ola era instalar plantas en hospitales públicos. La entonces ministra Pilar Mazzetti respondió que no había de qué preocuparse, porque ya estaba en marcha el convenio con la UNI para fabricarlas. Todas las fichas de su cartera estaban puestas en Oxigena 47.

Un ejemplo grafica lo que significó ese error. En diciembre pasado se rechazó la donación de una planta de oxígeno por parte de la cementera privada Unacem a un centro de salud clave de Lima Sur: el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES). ¿El argumento? Que la planta ofrecida no cubría su demanda de oxígeno y que, en cambio, ya tenían programada la llegada de una idónea a través del convenio con la UNI. Hoy los pacientes del HEVES se ahogan y siguen esperando al proyecto dirigido por Chahuares.

Sudaca ha rastreado su vínculo con la universidad de ingeniería, desde que esta pretendía fabricar ventiladores mecánicos a inicios de la pandemia, y sus visitas a Palacio, una junto al exrector de la casa de estudios. Ninguna de las fuentes consultadas es capaz de explicar por qué ella era la persona adecuada para asumir la responsabilidad que asumió.

¿Una directora sin sustento?

Elizabeth Chahuares tiene 35 años. Nació en Puno, pero su ficha del Reniec consigna al distrito de Ilo, en Moquegua, como su lugar de residencia. Seguirle el rastro a partir de allí es complicado, pues ha dejado pocas huellas de actividad pública previa a Oxigena 47. No registra paso alguno por empresas vinculadas a plantas de oxígeno o ensamblaje de productos similares. Como advirtió hace poco el portal Salud con Lupa, en registros públicos figura como subgerente de una empresa de reciclaje que fundó junto a su hermano en la misma región donde hizo carrera política Vizcarra.

Tanto Chahuares como Javier Franco, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI (y el otro gran responsable de Oxigena 47), firmaron el acta de verificación que elaboró la Contraloría tras inspeccionar las instalaciones del proyecto el último 25 de enero. Chahuares firma en calidad de directora, pese a que su experiencia profesional y sus galones académicos no parecen sustentar que ocupe ese cargo.

Pocos días después de la inspección de la Contraloría, cuyo informe corrobora el incumplimiento en la entrega de las plantas, más de 70 egresados de la UNI le enviaron una carta a Franco y a la rectora interina Luz de Fátima Eyzaguirre. Allí precisaron que, dado que Chahuares había sido presentada como ingeniera mecatrónica egresada de dicha universidad, los exalumnos habían prestado “atención relevante a su perfil profesional”. Sin embargo, les fue imposible “reconocer mediante la Oficina Central de Registros y Estadísticas (ORCE) a la persona en mención”. Es decir, no lograron ubicarla como egresada de su casa de estudios.

Además −agregaron− tampoco pudieron identificar su registro en el Colegio de Ingenieros del Perú. “Sabiendo que el Art. 2° del Reglamento de Colegiación es un requisito de ingeniería para ejercer derechos y asumir obligaciones de las leyes peruanas, el Estatuto y demás normas complementarias que el colegio establece, el hecho aquí relatado nos resulta, además de extraño, sumamente preocupante por cuanto no validamos, bajo los medios de información disponibles libremente, las competencias y el performance de la Directora a cargo”, expresaron.

“Somos muy solicitados en el mundo los ingenieros de acá, de la UNI”, había dicho Chahuares, sin embargo, en una entrevista en señal abierta, en la que la TV mostraba piezas de las plantas aún sin ensamblar en las instalaciones de Oxigena 47. “Iniciamos este proyecto en la Facultad de Ingeniería Mecánica, dirigido por la ingeniera mecatrónica Elizabeth Chahuares”, agregó Franco desde el mismo lugar poco tiempo después en un video institucional.

Carlos Armas Solf, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), confirmó a Sudaca que Chahuares no figura en la base de datos de ingenieros colegiados a nivel nacional. Según cotejó este medio, tampoco aparece en la web de la ORCE que lleva el registro de los estudiantes y egresados de la UNI.

Izquierda: Sin registro en la base de datos nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). Derecha: Ausente en el registro de alumnos y egresados de la UNI.

Sudaca solicitó documentos que prueben el título académico de la directora de Oxigena 47 al decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y a la rectora interina de la casa de estudios, pero ninguno respondió al pedido. Este medio también solicitó en reiteradas ocasiones los descargos de Chahuares, quien recibió los mensajes pero también optó por no responderlos.

Las visitas al entorno moqueguano

Donde sí aparece Elizabeth Chahuares es en el buscador de visitas a entidades públicas “Manolo”. Desde el 2018, ella ya tenía acceso al entorno de mayor confianza del presidente de la República. Tres visitas suyas a la presidencia quedaron registradas en los dos años previos a la pandemia. Una de esas reuniones, el 3 de enero del 2019, fue con el mismo Martín Vizcarra. Entró a Palacio por la puerta de Desamparados.

Pero antes y después Chahuares se reunió con el químico farmacéutico Iván Manchego, quien por entonces se desempeñaba como consultor del despacho presidencial y que conformó la llamada ‘muralla moqueguana’ junto a otras personas de extrema confianza del expresidente. Las reuniones con Manchego fueron el 16 de noviembre de 2018 y el 29 de mayo de 2019. A la misma hora de esta última, el ex rector de la UNI y público amigo de Vizcarra, Jorge Alva, quien estaba en el cargo cuando se firmó el convenio de Oxigena 47, también ingresaba a Palacio para reunirse con Manchego. El exasesor presidencial ha reconocido estas reuniones en diálogo con Sudaca, atribuyéndolas a la vaga categoría de “propuestas técnicas sobre minería” y precisando que otras personas tambièn asistieron.

Otra visita de Chahuares que también llama la atención es la que realizó en agosto del 2019 al entonces ministro de Justicia Vicente Zeballos, también conocido por formar parte del círculo de confianza más íntimo de Vizcarra. En el registro, Chahuares figura como representante de Palacio de Gobierno. «Me visitó acompañada de otra persona por un tema laboral, el mismo que rechazé», dijo el expremier a Sudaca. «Al caso de que venia en nombre del Presidente, resulta extraño, porque para cualquier cosa de nuestras funciones él podía llamarnos directamente», agregó.

Por su parte, el expresidente Vizcarra sostuvo que no recuerda a Chahuares ni la reunión con ella, al ser consultado por este medio a través de su asesora de prensa Mónica Moreno. Subrayó que fue el Minsa la entidad que manejó el tema de convenios con universidades y que Elizabeth Chahuares «nunca ha trabajado en el despacho de Palacio ni lo ha representado en ninguna función».

La supuesta ‘asesora presidencial’

Lo detallado corresponde a sucesos pre pandemia, pero cobra sentido al escuchar el testimonio del profesor de la UNI Manuel Luque Casanave. Cuando la Covid-19 empezó a esparcirse por el país, él fue llamado para montar un proyecto de fabricación de ventiladores mecánicos. Tenía los galones: el año anterior había ganado junto a sus alumnos un concurso de la NASA, el Human Exploration Rover Challenge. “Está muy consternado el gobierno, en este momento no se puede importar. Ingeniero Luque, le encargo fabricar un ventilador mecánico nacional, rápido y a bajo costo”, recuerda que fueron las palabras que le dijo ex rector Jorge Alva. “Todo el diseño lo hice con insumos nacionales. Trabajé 18 horas diarias para cumplir con este encargo tan importante para el país”, relata Luque a Sudaca.

Con el equipo ya convocado, el profesor decidió dirigir y avanzar el proyecto de manera remota para evitar el riesgo de contraer el virus. Fue entonces que apareció Elizabeth Chahuares. Llegó a la universidad para acoplarse desde la parte de ingeniería mecánica a la construcción de los ventiladores. Pero Luque recuerda que se presentó como representante de la presidencia. Le solicitó una videoconferencia y relata que le dijo: “Vengo de parte del rector para apoyar en el proyecto, soy asesora presidencial, cuente con nosotros”. La parte logística quedó a cargo de ella.

El entonces rector Jorge Alva no contestó a Sudaca las preguntas sobre cómo se armó el equipo de Oxigena 47, ni cómo conoció a Elizabeth Chahuares. Solo se limitó a precisar que el informe de Contraloría antes citado se emitió en enero, cuando él ya había dejado el rectorado.

Luque dio más credibilidad al vínculo que Chahuares decía tener con Palacio cuando el entonces Ministro de Salud Victor Zamora llegó a la UNI el 15 de mayo. Aquella vez Luque fue testigo de la visita vía teleconferencia. Quien sí estuvo en persona fue Elizabeth Chahuares. De hecho, aparece al lado del exministro en esta foto institucional recuperada por Sudaca 

15 de mayo de 2020. El ministro de salud Víctor Zamora visita el proyecto «Suyay». Foto: UNI.

Zamora dijo a este medio que acudió a la UNI por invitación de Chahuares y que ella lo contactó vía WhatsApp para contarle del proyecto. El exministro precisó que lo hizo como parte de varias visitas a distintas entidades que habían emprendido iniciativas similares: la Marina, la Pontificia Universidad Católica del Perú, etc.

Luego de esa visita, Luque cuenta que quedó entusiasmado porque veía posible que empresas privadas se unan para lograr la producción en serie de una versión mejorada del ventilador mecánico que llamó “Suyay” (‘esperanza’, en quechua). Eso no ocurrió. “Yo no quería realizar la producción en serie, porque para mí la universidad hace el prototipo y la empresa privada es la que pone la experiencia y la maquinaria [para la fabricación]”, precisa el profesor. Sin embargo, cuenta que a Chahuares le interesaba que una sola empresa privada fuese la socia estratégica del proyecto. Allí tuvo lugar el primer desacuerdo entre ellos.

Con el paso de las semanas, Luque sintió con más claridad que estaba siendo relegado, perdió el respaldo del equipo que había convocado y decidió desvincularse del proyecto. Todo quedó en manos de Chahuares. Hoy es imposible entender el fallido convenio de las plantas de oxígeno sin el antecedente de los ventiladores Suyay. Ambos a cargo de la misma persona.

Pese a que no respondió a este medio, recientemente Chahuares ha contado cómo viró de los ventiladores a las plantas. “El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, nos dijo que iba a faltar algo elemental para el funcionamiento de los ventiladores mecánicos: oxígeno. Empezamos a formar un equipo para hacer propuestas de plantas”, dijo a El Comercio.

Definida la necesidad de producir oxígeno, la UNI tenía una ventaja clara sobre otras universidades que, como la PUCP; también emprendieron proyectos para construir plantas. Al ser una universidad pública, la UNI no tenía que pasar por un engorroso concurso público antes de recibir fondos del Estado. Esto, con base en el Decreto de Urgencia 066-2020, que permitía suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades públicas en el contexto de la pandemia.

Así, el 30 de octubre del año pasado el Minsa y la UNI firmaron el documento por 47 plantas, lo que equivalía a 960 camas con puntos de oxígeno. Hoy los pacientes que se ahogan en esas camas siguen esperando al proyecto de Chahuares. Mientras tanto, la PUCP ha logrado fabricar ya más de 20 plantas que ha tenido que vender principalmente a empresas con intención de donarlas a centros de salud regionales.

Fuentes con conocimiento cercano del proyecto, que prefirieron mantener anonimato por temor a represalias, contaron a Sudaca que, si bien distintos profesores y egresados de buena trayectoria profesional fueron invitados a participar en la primera fase de Oxigena 47, estos no permanecieron por muchos días al advertir la falta de experiencia técnica y de organización del equipo base. Dudaban que llegase a buen puerto.

Hoy sabemos que su análisis no fue errado. Las plantas aún no llegan. Y parece que no llegarán, ni después de los muertos.

Por Luisa García y Paolo Benza

En conversación con Sudaca, el médico Fernando Carbone, presidente de la Comisión del Ministerio de Salud encargada de investigar el escándalo del #VacunaGate, explica su negativa a investigar el rol de la Embajada china, dice que los funcionarios de Digemid vacunados irregularmente ya concurrieron al ministerio y que se ha inhibido de participar en las entrevistas a ex colegas suyos de la cartera.

En cuanto a las listas que están manejando, queríamos hacer un recuento para tener la mayor claridad posible. Entendemos que el Instituto Nacional de Salud (INS) le solicitó una primera lista a la Universidad Cayetano Heredia (UPCH) y esa es la que les llegó en un sobre lacrado, ¿fue así?

Esa lista llegó en un sobre lacrado al Ministerio de Salud el día quince [de febrero] e igualmente llegó al Presidente de la República y a la jefa del gabinete ministerial. Lamentablemente, esa lista, no sabemos quién [la filtró], y es la que luego aparece en los distintos medios. La que todos conocemos por la forma cómo se ha difundido.

A parte de las listas del INS, de la Cayetano, de la UNMSM y del Minsa, ¿hay ahora otra lista que estén cruzando?

En este momento no.

¿Van a pedir a la Embajada de China que les envíe la lista de lo que hizo con las seiscientas vacunas que recibió?

No, ese es un tema extraterritorial al Perú y diplomático. Ahí nosotros no podemos intervenir. Ni debemos.

Cuando usted dice que es un tema extraterritorial y diplomático, ¿significa que a través de Cancillería se podría solicitar o que no se puede solicitar?

No, es que el territorio de otro país lo tienes que respetar. No cabe. Si gustan, lo que pueden hacer es una consulta en términos formales a Cancillería sobre la posición desde la diplomacia en esta materia, pero desde ya nosotros hemos hecho una consulta breve y, claro, ese es un tema de otro país. No podemos intervenir en los asuntos internos de otro país.

¿Qué respondió Cancillería en esa ‘consulta breve’?

Lo mismo que ya pensábamos, que era tema que tiene que ver con otro país y no corresponde que nosotros hagamos absolutamente ninguna indagación en ese caso.

Entonces, para tenerlo claro, ¿la embajada China puede hacer lo que quiera con esas vacunas, incluso utilizarlas de forma irregular o ilegal, y el Perú no puede preguntar ni siquiera qué se hace con ellas?

Discúlpame, eso lo has dicho tú, eso no lo digo yo. La Embajada china recibió esas vacunas en fase experimental y ellos, por lo tanto, disponen su uso. Nosotros no tenemos más que decir al respecto. Acuérdense que la embajada de un país es territorio del país al que representa. O sea, no tenemos nada que pedir o preguntar o indagar al respecto, no corresponde.

Al respecto, Sudaca consultó con Oscar Schiappa-Pietra, magíster en Derecho Internacional y Comparado por la George Washington University. Él sostuvo: “Discrepo radicalmente de esas declaraciones. […] No se trata de propiciar un conflicto con el gobierno de China, que está ayudando al Perú a enfrentar la pandemia, pero sí de, en el marco de relaciones de amistad, poner las cosas en su justo punto”.

Explicó (textualmente):

  • La Embajada no es un territorio extranjero. La sede de la embajada goza de prerrogativas legales, lo que se llama inmunidad jurisdiccional, pero de ninguna manera constituye un pedazo de otro país dentro del nuestro.
  • Las autoridades chinas y los funcionarios diplomáticos tienen ciertamente un conjunto de privilegios e inmunidades, pero ello no significa que tengan licencia para violar las normas peruanas.
  • La aplicación de un producto del que no se tenía la certeza de que fuera completamente beneficioso para la salud en ese momento, sino que más bien podía generar eventualmente efectos perniciosos, es algo que podía tener efectos más allá de la Embajada china. Inmediatamente podía haber tenido efectos negativos sobre el conjunto de la población peruana. […] Ciertamente, la inmunidad diplomática de ninguna manera justifica ni permite que otro país aplique productos que pueden ser dañinos para la salud pública del país anfitrión.
  • Las 1.200 dosis no llegaron por valija diplomática a la Embajada china, en cuyo caso habría tenido un régimen de protección oficial. Llegaron dentro del paquete de las vacunas que fueron liberadas por la autoridad aduanera peruana.

Sobre las vacunas que están en stock, ¿les han confirmado que hay vacunas que todavía no se utilizan de ese grupo de 3.200 dosis?

Sí, sí, el término es que están inmovilizadas. Se han inmovilizado vacunas que hasta ahora no han sido utilizadas y están inmovilizadas en las dos universidades.

¿Y tienen un número?

No lo puedo decir.

¿Cómo se organizan para realizar las entrevistas agendadas como parte de la investigaciòn?

Depende, en algunos casos, sobre todo con actores institucionales o responsables de equipos, la entrevista es conjunta [con toda la comisión]. Pero cuando se trata de usuarios que han recibido la vacuna, por el número de personas nos hemos dividido en tres grupos. Y cada grupo entrevista a un determinado número de personas, siempre de a dos.

Yo en este último caso me he inhibido de participar y han sido los demás miembros de la comisión los que han participado.

¿En qué casos se ha inhibido de participar?

En entrevistas a personas que han recibido la vacuna experimental. Han sido equipos de dos personas de la comisión que han estado entrevistando a los que han venido.

¿Y cuál ha sido la razón por la que se inhibió de estar en esas entrevistas?

Porque correspondía hacerlo. Es decir, yo me guío por un código de ética, hemos firmado una declaración sobre conflicto de intereses. Para que todo sea más transparente, no solo por la imposibilidad física de partirme en tres, sino porque como son personas a las que conozco en algunos casos, con las que he trabajado, con las que he estudiado, lo correcto era inhibirme y no participar.

Ha pedido que no mezclemos el tema del ensayo clínico y sus resultados, pero también surge la pregunta de ¿por qué tendríamos que confiar en las conclusiones de un ensayo si este depende en gran parte de la ética de quienes lo conducen?

En primer lugar, no es el único ensayo que se ha hecho. Hay ensayos que se han ido desarrollando en otras partes del mundo y que han demostrado esta alta eficacia de más del 79% que tiene la vacuna para impedir que hagas una forma grave de la enfermedad. Eso es muy importante.

Lo segundo es que hay que tener mucho cuidado en distinguir a todos los que han tenido acceso a esta vacuna experimental en este grupo de 3.200 dosis. Por ejemplo, está el personal que desarrolla la investigación, que tenía derecho a recibir la vacuna y es altamente calificado. Quién ha dirigido el trabajo de los equipos, esa es otra persona. Quién ha fungido como cabeza patrocinadora del estudio, quiénes son funcionarios del Ministerio de Salud. Son otras personas. Entonces, por favor, no mezclemos. Algunas expresiones están afectando el honor y la vida de personas a quienes sí correspondía recibir las dosis en el contexto en que fue enviada. Y estas personas [pueden] enjuiciar al Estado o al periodismo o a quien sea. Y le van a ganar.

El doctor [Alfredo] Guerreros de la Clínica Internacional, que lleva el estudio de otra vacuna, dijo que no es práctica [usual] que los investigadores y el personal vinculado se inoculen la vacuna con la que están experimentando. ¿Cuál de los dos está en lo correcto, usted o él? ¿Sí se debe vacunar a los investigadores o no?

No es práctica, no es práctica que eso ocurra en los ensayos. Por ejemplo, tú haces ensayo de un medicamento para la tuberculosis y no necesariamente el fármaco lo utilizas para proteger a la persona que está haciendo la investigación. Y la tuberculosis es súper contagiosa. En este caso, es un contexto de pandemia, esto ha sido inusual, se han tomado decisiones. Estamos recibiendo, analizando y sobre eso sacaremos conclusiones o recomendaciones.

¿Ustedes ya han podido determinar si esas vacunas ingresaron al país con el permiso para ser inoculadas fuera del espectro clínico?

Esas vacunas entraron al país con la indicación de ser utilizadas para las personas que participaban de los equipos del ensayo clínico y personas relacionadas. Ese debió ser su uso y eso es muy claro. Está establecido en el protocolo con el cual les fue dada la autorización de ingreso. Estas vacunas [experimentales] no tenían registro sanitario, pero sí permiso de ingreso para uso de carácter experimental en las personas.

En cuanto a los funcionarios de la Digemid que accedieron a estas vacunas irregularmente, ¿los han entrevistado?

Sí, sí. Y hasta ahí llego.

Respecto al INS, que también tiene un rol importante en la inspección de los ensayos clínicos, ¿cómo ha sido la dinámica de investigación en su caso?

Hemos entrevistado a su director, al responsable de los equipos de ensayos clínicos, al del comité de ética, y a otra funcionaria más.

Entiendo que hay un comité de monitoreo de datos (Data Safety Monitoring Board) que se encarga de determinar, por ejemplo, en caso una persona del ensayo se muere, si fue por el ensayo o por otra cosa. Si alguien de ese comité se hubiera vacunado, ¿los resultados quedarían inválidos dado que ellos tienen que ser sí o sí imparciales?

Lo primero que hay que decir es que no ha sucedido. La única persona que en el ensayo tuvo una reacción adversa [murió], fue alguien que luego, se reveló, había recibido placebo. Y en este caso no ha habido nada.

¿Qué va a contener exactamente el informe que van a entregar?

Explicará antecedentes, en qué condición llegó [el lote de vacunas experimentales], quién lo recibe, quién lo almacena, quién lo gestiona, quién lo distribuye, quién lo administra, cuánto queda, qué se ha hecho con él, y a partir de eso: conclusiones y recomendaciones.

En las recomendaciones, ¿va a incluir usted, por ejemplo, denunciar a tal funcionario?

Lo que recomendamos, de ser necesario, es que haya acciones. El Congreso ha tomado ya la decisión de hacer tal o cual cosa, y no es que nosotros vayamos a llegar tardíamente, sino que esa es la conclusión a la que se llega. Pero el Congreso tiene sus mecanismos. Nosotros no cuestionamos nada. Por ejemplo, tienes Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Procuraduría del Estado que han decidido desarrollar X, Y, Z. Si nosotros llegamos a la conclusión de que eso [también] es pertinente, lo expresaremos así. Lo digo para que no se interprete después: «Pero han dicho lo mismo que… [esas otras entidades]». Es que esa es la conclusión a la que llegas a partir de los hechos.

¿Siente que el Congreso está superponiendo funciones con su comisión?

No, en absoluto. Y no creo que el Congreso no sienta lo mismo. El ámbito de la jurisdicción de la Comisión que estoy presidiendo es el Ministerio de Salud, y del Congreso de la República es el Congreso. Este puede decidir lo que considere pertinente.

¿Espera que su informe llegue a las mismas conclusiones del Congreso o está pendiente de que eso pueda ser un riesgo?

No, no, no. Cada institución tiene un foro distinto, una finalidad distinta, una forma de trabajar, de analizar la información. Eso no es algo que quepa esperar, es el tema de la diferencia de cada uno.

 

Fue el Congreso, ciertamente, el que cuestionó ayer a la premier Violeta Bermúdez el haber dicho días atrás: “el Gobierno chino no tiene que explicar nada”. En respuesta, Bermúdez repuso ante la Comisión investigadora del #VacunaGate: “Sobre las dosis solicitadas por la embajada china, creo que se les puede solicitar que compartan la información [la lista de inoculados] y me imagino que no van a tener ningún problema en hacerlo por transparencia y por la relación de cooperación que tenemos”.

Por su parte, Contraloría respondió a Sudaca que su facultad investigativa solo abarca entidades públicas, y que “las delegaciones diplomáticas están fuera de nuestro ámbito legal”.

El sonido de su voz ya casi no se siente cuando intenta hablar. La llamaremos Diana, tiene quince años. Llegó con su madre al Hospital María Auxiliadora (HMA) alrededor de la 1 de la tarde del último viernes 12. El portón negro que hace las veces de entrada de Emergencias se abrió ante la gravedad de su cuadro. Le midieron la saturación y, con un resultado de 84, le dijeron que no podían recibirla. Debía ir al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES). Partió hacia allá hace poco tiempo. Su tía aún está a las afueras en el HMA. “Mi sobrina es diabética. Cada vez que respira [hondo], tiembla, parece que va a convulsionar”, cuenta con angustia.

 

Veinticinco minutos en auto separan al HMA del HEVES. Pero es difícil saber qué realidad es peor. En qué hospital hay más desesperación. Aquí sí reciben a los pacientes, pero la angustia por conseguir un balón de oxígeno es reiterativa. Los familiares de diez pacientes Covid-19 consultados por Sudaca a las afueras del HEVES coincidieron en que con el ingreso de sus parientes les habían sollicitado un balón de oxígeno. Todos lo habían conseguido con esfuerzo.

Los familiares no lo saben, pero esos mismos hospitales rechazaron entre noviembre y diciembre la donación de una planta de generación de oxígeno medicinal. Un recurso que habría sido clave para, cuando menos, manejar el déficit que hoy tienen. La cementera privada Unacem (Unión Andina de Cementos) intentó realizar la donación a la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Sur hace más de cinco meses.

La Diris Lima Sur, sin embargo, la rechazó a través de una carta firmada por Víctor Bacini, director general de la institución, y dirigida a Unacem el 4 de diciembre. Esta carta provocó que el 19 de diciembre la congresista Carmen Núñez del Frepap, solicitase con caracter de urgencia que Bacini fuera citado al Congreso, especìficamente a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres – COVID-19.

Una vez allí el 26 de diciembre, Bacini precisó, entre otros puntos, que: 1) el ofrecimiento de Unacem de financiar la construcción de una planta de oxígeno, como una donación, llegó el 31 de agosto a la Diris Lima Sur; 2) el Área de Inversiones y Proyectos de la Diris, luego de revisar la normativa vigente, definió que las dos opciones para recibir la planta de oxígeno eran el HMA y el HEVES, por ser hospitales de nivel II; 3) ambos hospitales sustentaron su rechazo en informes técnicos desfavorables para la recepción de la planta; 4) el Ministerio de Salud (Minsa) estuvo informado de esto último, dado que eran dos hospitales de su jurisdicción.

Los fríos argumentos

¿Cuál fue la razón del Hospital María Auxiliadora para rechazar la planta? Su insuficiente suministro eléctrico. Así lo menciona la Diris Lima Sur en su contestación a Unacem y se confirma a través del informe técnico que la Dirección General del HMA proporcionó a Sudaca.

A la espera en la puerta de Emergencias del Hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores. Foto: Luisa García.

12 de febrero. A la espera en la puerta de Emergencias del Hospital María Auxiliadora. Foto: Luisa García.El documento evalúa la posibilidad de recibir una planta de oxígeno capaz de producir 20 metros cúbicos por hora. Es decir, alrededor de 480 metros cúbicos de oxígeno a diario (48 preciados y hoy urgentes balones de oxígeno de 10 litros). Esto podría cubrir, por ejemplo, a 20 pacientes con necesidad de oxígeno a alto flujo, un tratamiento que usualmente es previo a la intubación, pero que busca evitarla. O también una combinación de 10 pacientes intubados (ventiladores mecánicos) y 7 con oxígeno a alto flujo, más algunos a bajo flujo (cuya demanda de oxígeno es muy variable), tal y como ha experimentado el Hospital de Tingo María con su planta de oxígeno de la misma capacidad, según compartió la coordinadora de su Comando Covid Michele Panduro.

Da escalofríos pensar en la cantidad de pacientes que hoy podrían recibir oxígeno en el María Auxiliadora si este hospital hubiera recibido la donación.

El HMA argumentó que operar una planta de esa capacidad le demandaría una potencia eléctrica total de 375 KVA. ¿Es eso correcto? “La [cantidad de] electricidad requerida [por el HMA] es por lo menos para tres plantas [de 20 metros cúbicos por hora], no para una”, argumenta el ingeniero mecánico Fernando Jiménez. Sabe lo que precisa, pues ha liderado la fabricación e instalación de más de 20 plantas de oxígeno en el 2020. Esto como parte de la iniciativa de la Pontificia Universidad Catòlica del Perú -donde es catedrático- y la empresa Seralt SAC para producir y comercializar plantas de oxígeno a bajo costo en medio de la pandemia.

Tres plantas es un cálculo moderado, dice Jimenez. Toma en cuenta la alta energía que se necesita para el arranque del funcionamiento de la planta, los primeros momentos en que la demanda regular se dispara por 2.5 veces aproximadamente. Luego se normaliza y baja, explica.

En su informe, el HMA también indica: “los tableros eléctricos se encuentran en condiciones de obsolescencia, toda vez que datan del año 1975 y nunca se les ha realizado ningún tipo de mantenimiento, por lo que se propone el cambio de estos antes de la instalación de cualquier futura carga”. Advierte que se “estaría poniendo en riesgo la vida de los pacientes que acuden al hospital Maria Auxiliadora”.

En opinión del profesor de la PUCP, cambiar los transformadores y tableros eléctricos habrían demandado una inversión de apenas entre US$40 mil y US$70 mil. Una ínfima fracción del presupuesto del hospital. En el 2020, el HMA accedió a un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/220 millones, según información del Ministerio de Economía (MEF). Ejecutó el 93,7%. Le sobraron alrededor de S/14 millones.

“Es el momento de que las empresas generadoras de energía también se involucren. Luz del Sur, Enel. Si la instalación eléctrica es lo que falta, entonces ellas podrían colocarla. Tienen los transformadores, tienen los ingenieros. Es la forma en que los privados pueden apoyar”, agrega, como otra posibilidad, Jiménez.

La sombría realidad de VES

Las alrededor de 280 camas del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES) ya no alcanzan para recibir a los pacientes Covid-19. En medio de la segunda ola, el personal de salud intenta atender entre 60 y 80 pacientes adicionales (números en constante subida), según el presidente del cuerpo médico Percy Huamaní. A diferencia de los otros 280, para ellos ya no hay camas con puntos de oxígeno (tuberías que llegan hasta la ubicación de cada paciente). Su única opción es usar balones de oxígeno. Muchos pacientes deben conseguirlos por su cuenta, casi siempre a precios especulativos.

El papá de Rosa (la llamamos con un seudónimo a su pedido) parece inconsciente. Su hija lo ve desde lejos, por entre las rejas del frontis de Emergencias. Tiene tan solo 68 de saturación y está sentado en una silla de ruedas. Son casi las cinco de la tarde del viernes 12 febrero. Rosa cuenta que pagó S/3.380 por el balón de oxígeno al que su padre está ahora conectado. En esos minutos, un familiar intenta juntar el dinero para comprar otro. El balón del que ahora depende su vida, sólo le durará tres horas más, aproximadamente.

Pacientes esperan por una cama, en los exteriores del HEVES. Foto: Luisa García.

“La provisión está casi al tope, a punto de haber escasez”, dijo Huamaní a Sudaca tres días antes del ingreso del padre de Rosa. Hoy la situación ya parece desbordada. El HEVES terceriza su suministro de oxígeno medicinal, porque no tiene una planta de oxígeno propia. Solo cuenta con un tanque que es recargado regularmente por un proveedor privado, en un mercado altamente concentrado (ver: «Oxígeno post mortem»). Tampoco el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, tiene su propia planta.

¿Cuál fue el motivo del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador para rechazarla? Que su demanda de oxígeno era mayor a lo que la donación le ofrecía.

“En términos técnicos no podría explicar si eso es cierto, pero creo que tener una planta de oxígeno para que genere aunque sea diez balones [al día] es algo a [no tener] nada”, dijo Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del HEVES. Luego precisó: “el hospital, como gestión, nunca nos mencionó que habían tenido ese donativo”.

A Huamaní le preocupa que haya pacientes que ya no están recibiendo el nivel de oxígeno adecuado. Al incrementarse su número, tuvieron que abrir totalmente las válvulas para que llegase a todas las camas en uso. Sin embargo, el suministro no llega con efectividad a las más alejadas, explica. Probablemente, la planta de oxígeno ofrecida por Unacem habría ayudado a cubrir ese déficit.

“Yo creo que esa fue una actitud de la gestión por demás negligente. Sabiendo que ya se venía una segunda ola, no vio la posibilidad de adquirir su propia planta”, concluye el médico.

El ingeniero mecánico Fernando Jiménez, por su parte, apunta que hoy hospitales con elevado número de camas, como el HEVES, usan plantas generadoras de oxígeno como complemento de los tanques criogénicos, a los que también empiezan a abastecer. «Al sistema que tienen (tanques) le están poniendo al lado, generadores de oxígeno», señala.

Pero el que la demanda de oxígeno del HEVES superase la capacidad de la planta ofrecida por Unacem no fue el único argumento del hospital para rechazarla. También lo fue que el HEVES iba a recibir una planta de oxígeno del demorado convenio entre el Minsa y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Respecto a la DGOS-DIEM, se ha firmado el CONVENIO Nª5-2020/MINSA, convenio de Cooperaciòn Interinstitucional entre el MINSA y la Universidad Nacional de Ingenierìa – UNI para la instalaciòn de 47 plantas de oxígeno, que incluye al Hospital de Emergencias Villa El Salvador”, dice la carta con la que rechazaron el donativo.

Las aludidas “DGOS-DIEM” son oficinas pertenecientes al Minsa: la Dirección General de Operaciones de Salud (DGOS) y su subordinada, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DIEM). En materia de adquisición de plantas de generación de oxígeno medicinal, la DIEM es el área clave del Minsa.

La mención al conocido Convenio Minsa-UNI, llamado ‘Oxigena 47’, parece buscar la tranquilidad de Unacem: el HEVES sí iba a tener una planta. Sin embargo, al día de hoy, más de dos meses después de rechazar la donación, el HEVES no la tiene instalada. Y algo aún más grave, tampoco figura en el cronograma de instalación que ha publicado la UNI en su página web para el mes de febrero.

Los dos principales hospitales públicos del extenso y populoso sur de Lima se ahogan. Sus pacientes se ahogan. La plata de oxígeno de Unacem todavía no está funcionando.

No hay respuestas

A través de su oficina de comunicaciones, Sudaca consultó al HEVES si conocía la fecha de entrega de la planta ofrecida por el convenio Minsa-UNI, pero no recibió respuesta. Este medio también solicitó varias veces el informe técnico emitido por este hospital (que el HMA sí proporcionó), pero no lo brindaron. Por supuesto, el pedido de entrevista corrió la misma suerte, con la sugerencia añadida de buscar a la Diris Lima Sur para ello. ¿El argumento? Que fue esta entidad la que recibió el ofrecimiento de Unacem, originalmente.

El área de prensa de la Diris Lima Sur, por su parte, le tiró la pelota al Minsa (exactamente, a la DIEM). Su razón fue que es esa dirección la que continúa coordinando con la empresa privada para ubicar la planta de oxígeno en un centro de salud del primer nivel de la jurisdicción de Lima Sur. Debido a un cambio normativo realizado en enero por el Minsa, los establecimientos de primer nivel ya tienen permitido albergar una planta de oxígeno bajo ciertos supuestos.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud no respondió ninguna de las dos simples preguntas dirigidas por Sudaca:

  1. ¿Por qué no alertaron en su momento al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador que la planta a instalar allí por el Convenio Minsa-UNI (Oxigena 47) no tenía una fecha pronta de instalación y que, por tanto, aceptar la planta donada por Unacem podía ser de ayuda importante ante la segunda ola de Covid-19?
  1. ¿Cuál es el estatus actual de las coordinaciones en que está involucrada la DIEM para instalar la planta donada por Unacem en un establecimiento de salud del primer nivel de la Diris Lima Sur? ¿A qué se debe la demora de la instalación? 

La que sí respondió fue Unacem. Dijo a Sudaca por escrito que la planta de oxígeno —que contaría incluso con una capacidad de producción mayor que la evaluada por el HMA— será instalada en abril en el Centro Materno Infantil de la zona de José Gálvez, en Villa María del Triunfo. En abril: ocho meses después de que fuera ofrecida y por lo menos tres desde el inicio de la segunda ola. “Actualmente, nos encontramos a la espera de la firma del convenio con el Minsa para ejecutar la instalación y funcionamiento de esta planta de oxígeno”, precisó la cementera.

Ese es el ritmo de la burocracia, al que le gana por goleada el de la mortalidad de la Covid-19. Los pacientes del HEVES y del HMA lo conocen bien. Quizá para entonces estemos más cerca de la tercera ola que de la segunda.

*Con la colaboración de Juan Carlos Chamorro.

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