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Lo folklórico de la situación -que una inspección de Fiscalía encuentre veinte mil dólares escondidos en el inodoro del baño del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco- no debiera hacernos soslayar, sin embargo, los serios alcances posibles de semejante situación.
De hecho, no son los ahorros personales del secretario renunciante (hasta ahora no le aceptan su renuncia, por cierto), tampoco es el acumulado de sus sueldos palaciegos guardado celosamente en un lugar privado, alejado de la curiosidad del prójimo.
Ese dinero tiene mala procedencia. O es una coima por alguna prestación irregular, producto del trasiego de influencias en el que fue descubierto (se le ha visto tratando de favorecer a un contribuyente frente a la Sunat), o el señor Pacheco fungía de emisario, hecho que conllevaría mayores y graves implicancias políticas, ya que comprometería al jefe de Pacheco, que es nada menos que el propio Presidente de la República.
El Ministerio Público tiene que actuar con mayor diligencia y celo respecto de cómo ha actuado hasta el momento, cuando ni siquiera ha sido capaz de retener el teléfono móvil del implicado, objeto clave en el rastreo del mapa de influencias irregulares en las que pueda haber estado comprometido Pacheco y que expliquen el origen de ese dinero sospechoso.
Circulan decenas de versiones empresariales respecto de intentos de varios “emisarios” palaciegos que solicitan dinero a cambio de favores legales o firmas de autorización finales para proyectos de inversión. Los empresarios, curtidos ya en el error de caer en ese juego, han rechazado los envites y los han dado a conocer a la prensa, que investiga los casos, con las dificultades que la falta de pruebas conlleva.
Pero el mensaje implícito es que habría ya corrupción instalada en las altas esferas palaciegas y que este caso de Pacheco podría ser solo la punta del iceberg de una red armada por aventureros e improvisados que habrían visto en su llegada al poder una vía de enriquecimiento rápido e ilícito. Y lo mismo parece estar sucediendo en sinfín de organizaciones públicas (ministerios y demás).
Después de la experiencia de Toledo, un personaje llegado el poder en el olor de anticorrupción y que no esperó a sentarse en Palacio para ya empezar a planificar sus fechorías, es conveniente mantener en alto las suspicacias y las prevenciones del caso. La corrupción, mal endémico de la República, sería el único pasivo que le faltaría al mediocre e incompetente régimen que nos gobierna.
De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.
Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad.
La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor.
El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.
Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.
“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.
Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.
El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.
La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.
La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.
En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.
Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma.
Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.
La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.
La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.
El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles.
Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.
“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.
Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.
La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.
Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.
Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.
En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.
La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.
Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.
El pasado 21 de abril, un dirigente local agarró a correazos al gerente general del gobierno regional de Puno. Le increpaba la ausencia del gobernador a una charla informativa sobre el avance del hospital Materno Infantil de Juliaca. La obra, valorizada en S/113 millones, lleva once años en construcción y apenas tiene un avance físico de un tercio, según recientes declaraciones del contralor de la República, Nelson Shack.
Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.
El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.
En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.
Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa.
*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.
(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo
Desde los destapes de casos emblemáticos como Lava Jato o el Club de la Construcción, la aplicación de medidas anticorrupción en todas las organizaciones ha empezado a ser relevante para evitar el daño que genera este delito.
De acuerdo a un estudio hecho por la Contraloría de la República, el costo de la corrupción en el país equivale a un 3% del Producto Bruto Interno (PBI), cifra que representa el 15% de la ejecución del presupuesto nacional.
Para las empresas el daño económico también es relevante. En los últimos tres años se registraron más de 200 sanciones a empresas por omisiones o faltas graves en sus Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Estas sanciones implican multas por procesos que suelen involucran responsabilidad de los directivos, gerentes y oficiales de cumplimiento directamente involucrados.
Por ello, cada vez son más las empresas que vienen implementando programas de cumplimiento normativo, también llamados sistemas de “compliance”, que buscan prevenir delitos de corrupción y sanciones por fraude, soborno o cohecho, lavado de activos, entre otros.
En ese sentido, MERITUM Business School, escuela peruana de negocios no universitaria online, considera que implementar estas medidas genera al menos cinco ventajas en las organizaciones:
Buena reputación. Protegen la imagen y la reputación de una empresa. Con este instrumento se logra una opinión positiva, que hace a la organización más confiable para la realización de negocios e inversiones. Una empresa libre de corrupción, malas prácticas comerciales, fiscales, administrativas o gerenciales siempre será bien vista.
Vigilancia y control. Estos programas de cumplimiento permiten generar sistemas de control de manera interna, con lo cual, es posible identificar si algún trabajador está incurriendo en algún delito como fraude, soborno, lavado de activos, entre otros.
Reducción de riesgos. Estas medidas de control disminuyen el riesgo de que los colaboradores de las empresas incurran en malas prácticas por desconocimiento o que puedan provocar sanciones fiscales o penales de manera premeditada. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad que tienen las organizaciones es muy amplia.
Más competitividad. Nada es más atractivo para los inversionistas que una organización en la cual puedan depositar su confianza y estar seguros de que el capital proviene y se desarrolla con ética, de forma legal y con acciones transparentes.
Crecimiento ordenado. Estas normas de cumplimiento disponen también la posibilidad de crecer bajo una estructura saludable y ordenada, aplicando códigos de buen comportamiento, integridad, antisoborno y anticorrupción.
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La vicepresidenta de Empresarios por la Integridad, Mariela García, en entrevista con Sudaca señala que se requiere de líderes firmes que combatan la corrupción en todos sus ámbitos. Es enfática en apuntar que combatirla es una lucha donde deben intervenir todos los sectores: público, privado y sociedad civil.
Previo al inicio de este gobierno, Empresarios por la Integridad emitió un comunicado al presidente Pedro Castillo instando a luchar contra la corrupción…
La corrupción es uno de los principales problemas en el país. Nosotros creemos que es un reto y una tarea de todos los peruanos, de todas las organizaciones: del sector público y del sector privado. Hemos partido del sector privado, que es donde nos desenvolvemos, pero también queremos ser interlocutores en esta problemática a nivel nacional, y el sector público es parte de esta tarea. Cuando se anunció el gabinete de ministros, salieron varios medios e instituciones a alertar sobre el perfil o la trayectoria de algunos de ellos, las dudas sobre su real compromiso con la integridad y la lucha anticorrupción, siendo además un tema que el Presidente constantemente comenta que está en su agenda. Entonces era un poco disonante el hecho de que algunos miembros del gabinete no sean tan claros. Nosotros creemos que no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ser muy vocales y por eso hicimos este llamado de alerta. Consideramos que no se han dado todos los pasos que hubiéramos esperado que son algunos cambios en el gabinete.
Una de las personas más cuestionadas de este gabinete es el premier Guido Bellido, que el domingo lanzó un tuit sobre la nacionalización de Camisea. Desde Empresarios por la Integridad, ¿Cómo ven el impacto de la nacionalización de empresas como esta?
Nosotros saludamos algunas declaraciones que hizo el presidente recientemente, como en sus reuniones con empresarios en los Estados Unidos. Lo que venimos comentando es que en la agenda del país, así como está la lucha contra la pandemia, debe estar la salud financiera y económica de todos los peruanos. Sabemos que se han perdido muchos puestos de trabajo en el entorno político y lo que se necesita hoy es inversiones para generar puestos de trabajo. Lo que se requiere es estabilidad en las reglas de juego, reducir la incertidumbre. El propio ministro de Economía lo ha reconocido así. Entonces el anuncio de este tipo, donde además no se ve confluencia en el sentir, pensar y deseos de los diferentes actores del gobierno, no hace más que agrandar la incertidumbre y ahuyentar toda posible inversión con la consecuente generación de puestos de trabajo. Nosotros esperamos que en los próximos días se aclare el panorama, porque vemos anuncios en dos sentidos muy distintos al interior del Ejecutivo.
¿Ven ustedes la posibilidad de renegociar contratos con algunas empresas que de pronto vienen siendo cuestionadas en los últimos años?
Yo creo que en muchos sectores y muchos gremios han opinado ya sobre la apertura para poder conversar sobre necesidades que pueda tener el país. Creo que el empresariado en general ha mostrado bastante predisposición al diálogo. El diálogo se tiene que iniciar de otra manera y no con el tuit de la naturaleza que hemos visto.
Sobre corrupción: en el Perú tenemos empresas involucradas en estos casos. ¿Qué medidas se pueden adoptar para tener tolerancia cero a la corrupción?
Necesitamos líderes comprometidos y que pongan el tono desde la alta dirección de su compañía. Que se hable de esto. A veces los ciudadanos han vivido desde chicos aceptando algunos actos de pequeña corrupción, como normales. Entonces tenemos que ser muy vocales en las empresas sobre cuáles son nuestros valores, en qué creemos y qué es lo correcto. Pero claro, hablando solamente no podemos garantizar, sobre todo en las empresas que son más grandes, que solamente hablando todo el mundo actual actúe como queremos. Por eso es que cobran tanta importancia los programas de cumplimiento, los modelos de prevención que tienen una serie de elementos.
¿Cuáles son?
El primero es tener personas a cargo de este programa, dedicarle el tiempo y los recursos. Luego hacer un análisis de los principales riesgos en cada empresa, en cada giro del negocio y poner los controles. Lo siguiente es monitorear expedientes de los colaboradores para poder detectar cualquier señal de cambio en el patrimonio que pudiera alertarnos un comportamiento indebido. Una vez que ya contamos con el compromiso de los líderes, que son vocales que hablan de esto en su organización, que se aseguran de generar una cultura debemos ayudar a este cambio con la instalación de los modelos de prevención que deben ser certificados y evaluados por un tercero.
Al momento de detectar algún caso de corrupción dentro de las empresas, ¿cuál es el protocolo a seguir?
Lo ideal es detectarlo antes con los modelos de prevención. Por ejemplo, con controles de cómo sale el dinero en la empresa, si hay doble firma, verificar quién tiene que aprobar determinados documentos que van a generar ingresos en las empresas. El check in balance nos va a permitir evitarlo. Apenas uno toma conocimiento de estos casos, puede recurrir a los canales de denuncia abiertos donde se puede denunciar seas colaborador, cliente o un proveedor.
¿Aproximadamente cuánto dinero hace perder la corrupción a las empresas y cómo esto impacta en la economía del país?
Es gigante. Hay un estudio de la Contraloría de la República que estima que el costo de la corrupción en el país equivale a un 3% del PBI. Esta cifra representa el 15% de la ejecución del presupuesto nacional. Además, no es solamente económico, sino que inhibe las contrataciones público-privadas. Se deja de contratar a los mejores proveedores, por contratar con aquellos que quisieron salir de una conducta íntegra.
La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas. La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación.
El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado.
El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca. El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”.
(Nota de edición: En un principio, fuentes del Poder Judicial aseguraron que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, autorizó el rastreo de las llamadas, en una resolución del 23 de mayo del 2019. Sin embargo, el magistrado Nuñez pidió a Sudaca precisar que él no dio luz verde a la medida. Y dice que la autorización la dio el exjuez supremo Jorge Castañeda Espinoza. Señala que en aquella fecha estaba de viaje en Puerto Rico, en una capacitación. Para acreditar la información presenta un documento que lo autoriza a viajar entre el 13 y 24 de mayo del 2019).
Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.
El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.
En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.
De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados.
La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación.
El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.
Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.
La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.
En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.
El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019. El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final.
“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.
Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.
La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.
Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.
Luego de ser alertados por la central de emergencia, dos policías se acercan a bordo de una patrulla a la curva de Chastudal, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna. El lugar está a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica y aquella mañana, 6 de setiembre, es la escena de un accidente de tránsito. Hay dos haitianos muertos y otros diez heridos.
Lo que ven los agentes es un bus destrozado, de medio lado sobre el arenal que colinda con la carretera. Hay zapatos, envases de comida y mochilas de viaje desperdigados por todos lados. Al interior del vehículo están los cuerpos sin vida: uno de 40 años y el otro de 47, según sus documentos de identidad. Entre los heridos hay niños, a quienes trasladan rápidamente al hospital.
Uno de los testimonios que tiene la fiscalía dice que los haitianos pagaron a unos traficantes para cruzar, a pie, la frontera de Chile al Perú. En territorio nacional fueron recibidos por el vehículo que cayó en desgracia. Los heridos, hoy morando entre el hospital y una casa de refugio, podrían entrar a un largo proceso de deportación o -si así lo deciden- seguir su rumbo. Para las autoridades, lo que harán es una incógnita.
“La deportación puede durar entre 6 meses y un año. Va a depender de la calificación que haga el Estado peruano. Se les da la opción también de quedarse mediante un trámite administrativo. Pero muchos no quieren, porque solo usan el país de paso y su destino es Estados Unidos», dice Percy Vargas, jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna.
La muerte de los dos haitianos viene siendo investigada para saber quiénes coordinaron su traslado. Pero es apenas un ejemplo de un problema mayor. El tráfico de migrantes en Tacna es constante, tanto en dirección a Chile como para el ingreso al Perú con rumbo norte.
Mientras este caso apenas empieza, otra dependencia del Ministerio Público ya ha terminado una pesquisa preliminar el pasado 9 de setiembre, con la detención de 13 miembros de una organización criminal de coyotes que trasladaba personas a Chile. Las evidencias apuntan a que tenían la complicidad de policías y trabajadores de Migraciones.
11 de enero del 2019. 3:14 de la tarde. Dos traficantes, Adán y María, coordinan por teléfono el traslado por carretera de una migrante. No saben que la Policía está interviniendo la llamada.
Adán: Ya, seño, escúcheme, ¿tú no puedes llevar un pasajero por la pista? A una peruana.
María: A la pista… ¿peruana es?
Adan: Sí, peruana, peruana. Es que ha estado ilegal en Chile y quiere entrar ilegal también.
[…]
María: A las seis será. 300 soles. Chapa 200 y deja 100 para acá, ¿puede ser?
Este es uno de los cientos de registros telefónicos que tienen los fiscales César Changa y Evelyn Taboada, especializados en crimen organizado. En junio del 2018, los representantes del Ministerio Público recibieron un informe de la Diviac que revelaba la existencia de una organización dedicada al traslado ilegal de personas a Chile. A partir de allí, Changa y Taboada ordenaron el seguimiento a los delincuentes, recabaron declaraciones de testigos protegidos y pidieron a un juez permiso para interceptar sus teléfonos.
“Los migrantes, desde el 2018, han sido venezolanos, colombianos y centroamericanos. Eventualmente haitianos”, apunta Changa, en su oficina del Centro de Lima.
La cadena de tráfico -explica- empieza en el terminal terrestre Manuel Odría, en plena ciudad de Tacna. Allí son captados migrantes que quieren llegar, a cómo dé lugar, a tierras chilenas. El pago por todo el servicio varía de acuerdo al peligro al que se expone al viajante. “Para migrantes con recursos, que pueden pagar documentos [falsos] y asegurar su ingreso por Migraciones [a través del complejo fronterizo], el costo en promedio es de US$200 por cada uno. Pero hay gente que no tiene esa plata. Si quiere irse por pasos no habilitados, riesgosos, caminar por lo menos por tres horas y exponerse a explosivos, el costo es de US$100”, dice el fiscal.
La primera modalidad se dio hasta que la frontera con Chile estuvo abierta. Con la llegada de la pandemia, los migrantes se han quedado con el cruce por el desierto como única opción.
La mafia tiene a su disposición colectiveros, taxistas y microbuseros. Además de trasladar a las personas hasta la frontera, los transportistas los acompañaban a los hoteles o casas donde se alojan antes de partir hacia Chile. No salen del lugar si antes no habían hecho el depósito.
Uno de estos locales era una casa a la que los fiscales han bautizado como ‘el búnker’. El día del operativo, encontraron a un grupo de extranjeros en este inmueble, a la espera de ser trasladados. “Hemos hallado seis migrantes, entre colombianos y venezolanos. Hemos hallado bastante cantidad de dinero a transportistas y también a un venezolano que formaba parte de la organización”, cuenta Taboada, que estuvo presente en el lugar. Los viajeros estaban a la espera de ser guiados a Chile, a través del peligroso desierto minado.
En un humilde stand del centro comercial Tacna Centro se hacen pasaportes, autorizaciones de viaje de padres de familia, cédulas de identidad de varios países, partidas de nacimiento. Todo documento oficial que sea exigido para cruzar la frontera se trabaja con prolijidad.
En un audio del 10 de enero del 2019, por ejemplo, se le escucha decir a uno de los traficantes: “Mira, acá tengo una venezolana con su hijito y la han regresado de la frontera, por el permiso del papa […] ¿Tú crees que se le puede hacer la autorización, porque le han dicho que vaya a Lima para hacer una”. La persona que le responde es Marcos Aguilar Condori, dueño del puesto U-21 del mentado centro comercial y sindicado como uno de los falsificadores al servicio de esta mafia. “Normal se le puede hacer acá, no hay problema con eso”, dice.
Para lograr el ilegal paso por el complejo Santa Rosa, sin embargo, se necesitaba algo más que papeles bien elaborados. Al interior está situada una comisaría que se encarga de fiscalizar la documentación de los viajeros. Todo lo contrario, claro, a lo que habría estado pasando.
El 19 de setiembre del 2019, Enoc Villanueva -uno de los acusados- conversó con un migrante y le dijo que la policía del complejo Santa Rosa le había cobrado a unas personas que lo antecedieron en el intento de cruzar la frontera. “Escúchame bien. Acá los tombos en Santa Rosa les han cobrado la plata a los muchachos, el caña [el chófer que traslada a los migrantes] me está voceando. ¿Cuánto me estás dando tú? Cuenta, cuenta, cuenta”, le comentó.
La fiscalía puso en la mira a un agente en particular, el suboficial José Luis Camargo. Según los investigadores, Camargo se encargaba de “hacer una mala revisión de los documentos necesarios para su tránsito y salida de territorio nacional, brindándole incluso información a los integrantes de la organización sobre los nombres de los buses y el destino de los migrantes que llegan a la ciudad de Tacna, a fin de que sean captados”.
No era la única ayuda que recibía la mafia en el complejo Santa Rosa. También estaban dos agentes de Migraciones que hacían “un falso control de los viajantes e incluso adulteraban el registro de ingreso y salida”, de acuerdo a la documentación fiscal. En el operativo fue detenido Jorge Belmonte Quispe y fue allanada la celda de Ruddy Peralta Rodríguez, quien desde el año pasado purga prisión en el penal de Castro Castro, en Lima, por el mismo delito. Lo acusaron de ser parte de otra mafia que se dedicaba a mandar menores de edad a Estados Unidos.
Que los migrantes lograran sortear el control peruano, sin embargo, no era garantía de que lo hicieran también en el puesto de vigilancia chileno, que se encuentra en el mismo complejo fronterizo. Cuando este último los rechazaba, los traficantes proponían falsificar más documentos, como cédulas de identidad. Pero, a veces, incluso eso no era suficiente.
La mafia, como ha explicado el fiscal Changa, tiene una tarifa más barata para quienes decidieran ir por el desierto, a través de caminos no autorizados a los que debían acceder de noche para evitar el control de policías y carabineros. Esta modalidad es la que ha tomado protagonismo a raíz de la pandemia, que derivó en el cierre de la frontera oficial con Chile, pero ya se daba antes. La comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre Luis Quiroga Gutierrez, presunto cabecilla de esta mafia, y uno de sus cómplices al que llamaban Chueco, revela un caso previo:
Quiroga: ¡Oe!, ¿todo bien con tu pasajerita?
Chueco: ¿Qué ha pasado?
Quiroga: ¿Ha pasado tu pasajera ayer o no?
Chueco : La han devuelto won […] Ya le mande por la trocha, ya.
Quiroga: ¿Pero la has llevado o no?
Chueco: No, la han devuelto… ya le mande por la trocha.
La travesía por el desierto puede tener un desenlace mortal, pues implica exponerse a las minas antipersonales que aún se esconden bajo la arena. Según la BBC, se estima que el gobierno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) colocó unas 180.000 minas en zonas fronterizas. No sólo en el límite con Perú, sino también con Bolivia y Argentina. En febrero del 2016, un joven de 27 años murió cuando pisó una de estas, pretendiendo cruzar la frontera peruano-chilena de manera ilegal, a 50 kilómetros del complejo fronterizo Santa Rosa.
Y luego están las condiciones climatológicas en medio de ese desierto. En setiembre del año pasado, un grupo de 23 venezolanos, entre ellos varios menores, se salvaron de morir de sed y frío en Arica. Un grupo de motociclistas los encontró mientras pasaba por allí y alertaron a los carabineros.
“La noche se nos hizo eterna. Era helada. Entre nosotros nos hacíamos calor, pero el frío era insoportable. La fogata no duró prendida ni cinco minutos. Estábamos en un hueco, en lo último de una montaña. Tanto clamar a Dios y él nos escuchó. Llegaron esos motorizados”, dijo una de las víctimas a los medios chilenos.
Los carabineros reportan constantemente el ingreso ilegal de personas. El pasado 5 de setiembre, los agentes chilenos sorprendieron en el desierto a 34 migrantes que eran guiados por coyotes de apenas 17, 19 y 23 años. Según el gobierno chileno, entre octubre del año pasado y febrero de este ingresaron de forma irregular a ese país, por las regiones norteñas de Tarapacá y Arica y Parinacota, entre 2.500 y 3.500 personas.
Por su parte, según la Dirección Regional de Salud de Tacna, actualmente hay un aproximado de 3.000 venezolanos y más de 1.000 personas de otras nacionalidades «asentados» en esta región.
Y el tráfico de migrantes está lejos de acabar. En el despacho de los fiscales Changa y Taboada dicen que la organización que acaban de desbaratar no es la única. “En el sur podría haber más de una organización. Es lo que hemos detectado”, asegura Changa.
*Fotoportada: Darlen Leonardo
Durante el segundo trimestre de este año, Estonia, ex país comunista, superó el PBI per cápita de España. 30 años de políticas liberales y de modernización han llevado al país báltico a ser un caso de éxito. ¿Cómo lo logró?
Estonia fue conquistado por la Unión Soviética en 1939. A principios de los noventa, se vivía una situación familiar a la de muchos países comunistas: su sector industrial estaba en ruinas, los salarios reales se habían reducido a la mitad, la inflación era incontrolable y los alimentos, escasos.
En 1993, el historiador Mart Laar se convirtió en primer ministro. Laar mencionaba con frecuencia que, para ese momento, el único libro de economía que había leído era “Libertad para elegir”, de Milton Friedman. Desde la gestión de Laar, se implementaron una serie de medidas de libertad económica que lograron pasar de una economía centralizada y estatal a una economía de mercado dinámica, con una tasa de crecimiento anual del PIB de 4,02% en promedio, por encima del promedio europeo. Veamos algunas de las medidas que se implementaron.
Adicional a todas estas buenas prácticas, Estonia es un país con políticas avanzadas en términos de igualdad de género, y de hecho este año se volvió el primer país del mundo en tener tanto presidente como primera ministra mujer. El país báltico ostenta el puesto #8 en el índice de libertad humana, por encima de Alemania, Suecia, Finlandia y Noruega, siendo su puntaje más fuerte en libertad personal. Es, además, el único país ex soviético que acepta las uniones civiles entre personas del mismo sexo y reconoce matrimonios realizados en otros países.
Envidiable, pues, lo de Estonia. Ojalá en el Perú podamos acercarnos más a las ideas y políticas que han llevado a este país a la prosperidad, y menos a políticas controlistas que restrinjan no solo la libertad económica, sino también la política y humana.
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