[EN EL PUNTO DE MIRA] Actualmente el país pasa por el gran problema de la inseguridad ciudadana. De acuerdo a las últimas encuestas de Ipsos-Apoyo, podemos apreciar que -dentro de lo que apremia al peruano y peruana de a pie- la delincuencia (63%), la corrupción (52%) cobra mayor relevancia sobre el desempleo (23%) y el costo de vida (13%).
Esto no quiero decir que el actual de-crecimiento económico no ha impactado en el quehacer diario de millones de ciudadanos y ciudadanas. No. El impacto es evidente, pero no hay que perder de vista que si la inseguridad campea en nuestra sociedad el trabajo digno disminuirá y el costo de vida se elevará. Un ejemplo de ello es Venezuela.
Es importante también reflexionar sobre estos datos porque cuando se habla de reformas institucionales se tiene precariamente en cuenta que el comportamiento ciudadano influye en las instituciones democráticas. Hasta la fecha, las reformas se plantean desde la norma. En la última encuesta del latinobarómetro, actualmente ocupamos el último lugar en la región con un 34% en confianza ciudadana al poder judicial. No es novedad. Desde hace mucho tiempo estamos en esa misma situación, producto de reformas fallidas desde arriba.
Es imprescindible entonces tomar medidas necesarias para contrarrestar la criminalidad y la corrupción. Eso implica un liderazgo político activo para reactivar el Concejo de Seguridad Ciudadana y para llevar el problema a una discusión pública para la toma de medidas claves que cambien la percepción ciudadana de inseguridad. No esperemos que llegue Batman, que es ficción. Pero tengamos en cuenta que puede volver el discurso autoritario que puede ganar una elección y quitar las libertades.
Existe un voto cautivo para este tipo de liderazgos y discursos de mano dura. Ese es uno de los grandes retos del país para reformar las instituciones.
