Keiko Fujimori: “Yo no voy a terruquear a nadie” empezando la segunda vuelta electoral.
A través de nuestras vidas forjamos opiniones en función de narrativas que se piensan objetivas pero son mecanismos de control social que responden a los intereses de las clases dominantes. Durante los últimos meses hemos visto el uso del terruqueo como un mecanismo de persecución mediática y judicial contra personas, desde políticos a artistas, que se atreven a salir de las normas impuestas por la narrativa dominante. El relato oficial sobre nuestra historia más reciente, es decir del conflicto armado, ha facilitado que el terruquear sirva para legitimar a las clases dominantes remecidas por un nuevo orden social desde el triunfo de Pedro Castillo y Perú Libre.
Para la comunidad PEX el terruqueo tampoco es ajeno. Después de Lima, EEUU es uno de los bastiones de la derecha peruana más importantes ya que alberga a más de 300 mil votantes. Con spots en la TV con Pedro Castillo junto a Hugo Chavez y Abimael Guzman, el fujimorismo grotescamente intentó crear “pánico” entre la comunidad peruana. Fiel a su estilo usó las redes sociales además para amenazar con la deportación a simpatizantes de Perú Libre con el cuento de que el comunismo está prohibido en EEUU. Lo cierto es que existen varios partidos comunistas en EEUU que son legales, y muchos partidos de izquierda siguen creciendo como el partido Democratic Socialist of America (DSA) que tiene a la popular Alexandra Ocasio-Cortez como una de sus líderes y seguidoras más entusiastas del izquierdista Bernie Sanders.
La narrativa dominante post-conflicto armado que contiene relatos falsos y medias verdades se ha normalizado por la aceptación de la sociedad, el Estado y sus instituciones y amplificada por la prensa. Eso también ha afectado a una parte de la izquierda peruana que está sumergida en la narrativa neoliberal y anti-comunista, y caen en posiciones tibias y no confrontacionales. La cultura dominante refleja los miedos y la desinformación selectiva de la clase media limeña, y ganarse a esos grupos es para cierta izquierda un objetivo, por lo tanto es mejor ser tibios que ser terruqueados.
El relato oficial del conflicto armado tiene en parte su origen en las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). A 20 años de su creación, aún sigue siendo un documento importante. Mientras es encomiable que en las conclusiones se haya extendido en el análisis y explicación de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por Sendero Luminoso, no se explica de igual manera en profundidad y rigurosidad sobre la responsabilidad de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas durante los gobiernos de F. Belaunde, A. Garcia y A. Fujimori. De alguna manera las conclusiones de la CVR justifican esos crímenes como falta de preparación e improvisación del Estado. Este desbalance ha sido usado como argumento perfecto para la creación de un relato a favor de las clases dominantes.
Investigaciones del economista Silvio Rendón demuestran que la CVR redujo en sus proyecciones el porcentaje de víctimas a manos de agentes del Estado*. Estas omisiones y otras como el rol de los empresarios y el clero en la guerra antisubversiva, la razón de crear el Plan Verde paralelamente al avance de Sendero Luminoso y otros temas irresueltos impidieron crear un momento político para exigir una reforma militar y desmantelar la “fujimorización” del estado peruano. Ahora estamos pagando eso con el terruqueo y la intromisión de las fuerzas armadas en el gobierno como la Marina, y permitimos políticos golpistas y ex militares como W. Zapata, J. Montoya, R.Chiabra y D. Urresti vinculados a la corrupción y violaciones de derechos humanos.
Han pasado más de 40 años desde que empezó el conflicto armado y una generación espera justicia antes de morir. Es necesaria una revisión de la historia y la construcción de una verdad que sirva para el país y no para una elite. Se necesitan organizar conversaciones difíciles pero necesarias sobre los sucesos de Uchuraccay, Los Molinos, El Frontón, Castro Castro, y la embajada de Japón así como otros crímenes del Estado no resueltos. Se necesita acceder a información desclasificada sobre las acciones de las fuerzas armadas y policiales, conocer el rol de la C.I.A. en la lucha antisubversiva, e incorporar las voces y poder de decisión de las comunidades directamente impactadas por la violencia. Tenemos derecho a la verdad.
Como el premier Guido Bellido hay peruanos y peruanas que no son parte de la elite limeña y tienen una interpretación sobre el conflicto armado diferente al relato oficial. Eso no los convierte en senderistas. No debemos escoger quienes son y no son víctimas. No puede haber reconciliación sin primero descolonizar nuestras mentes de la narrativa dominante que solo ha servido para afianzar el capitalismo corporativo en el Perú.
*Capturing correctly: A reanalysis of the indirect capture–recapture methods in the Peruvian Truth and Reconciliation Commission publicado por la revista Research and Politics, SAGE Journals, 2019
Un clima de tensión reina en el Ministerio del Interior. El futuro sobre el control de dos dependencias claves, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), despierta temores entre los mandos policiales con los que Sudaca pudo conversar. Esto, mientras se realizan pesquisas contra varios militantes de Perú Libre, como el nuevo premier Guido Bellido.
En la Dircote están preocupados por la posibilidad de que ruede la cabeza del jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, quien la semana pasada, según pudo conocer este medio, decidió ampliar sus indagaciones contra el jefe del Gabinete.
A Bellido se le abrió, en abril, una investigación por declaraciones en las que calificaba a los integrantes de Sendero Luminoso como “un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado”. Y también por escribir, en el 2017, en su cuenta de la red social Facebook “nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, en referencia a una senderista que murió en 1982 y que era conocida por emplear dinamita en los atentados en los que participaba.
El caso está en el despacho del fiscal provincial para casos de terrorismo Luis Valdivia Calderón. De acuerdo a fuentes que participan de la investigación, la semana pasada, Solansh Roca de la Torre, abogada del premier solicitó una copia del expediente de la Dircote. El jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, entregó el material a la joven abogada cusqueña, con conocimiento del Ministerio Público.
Solansh Roca de la Torre, abogada del primer ministro Guido Bellido, en la investigación por apología al terrorismo. Foto: Facebook.
La Dircote ahora apunta a investigar el pasado en Cusco del primer ministro, quien se hace llamar “Puka” (rojo en quechua) en sus redes sociales. Edith Lagos perteneció al grupo radical de izquierda “Puka Llacta” en los setenta, de acuerdo a un recorte del diario “Última Hora” de 1982. Bellido también ha elogiado a otra senderista, Carlota Tello, al decir que “es una muestra ejemplar del rol de la mujer peruana en el proceso de la lucha armada”.
Arriola, además, ha investigado al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, y al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al primero por una presunta pertenencia a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem y al segundo por sus vínculos con el Conare-Sutep. De hecho, Maraví formó parte de la primera directiva de esa ala radical del magisterio, fundada en el 2003. El mandato de Arriola al frente de la Dircote vence a fin de año.
El clima de inestabilidad también se respira en la Diviac, la unidad policial encargada de investigar los casos más emblemáticos de corrupción, como los Dinámicos del Centro, que tiene en el punto de mira al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Fuentes de esta división aseguran que la unidad está siendo desarmada desde hace meses y que el debilitamiento puede acentuarse con la llegada de este gobierno. El desarme se traduce en menos personal, menores recursos y mayor carga de trabajo para los agentes que quedan. “Poco a poco nos quitan facultades”, dice un efectivo de la Diviac.
Esta división fue creada en el 2017, cuando Carlos Basombrío dirigía el Ministerio del Interior. La dependencia nació para enfrentar al crimen organizado y escudriñó varios casos, como Los Cuellos Blancos y Lava Jato. En marzo pasado, 96 de 161 agentes de la Diviac fueron reubicados a otras dependencias, según informó “IDL Reporteros”.
Hoy, en la práctica, la Diviac está subordinada a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), una oficina más alineada con las directrices del ministro de turno, de acuerdo a las fuentes consultadas. En la emblemática división policial temen que este esquema se mantenga con el exfiscal Juan Carrasco Millones como cabeza del portafolio.
Juan Carrasco Millones, ministro del Interior, en medio de pugnas internas en el sector. Foto: Andina.
En los últimos meses la Digimin ganó la pulseada a la Diviac en la pugna por el poder en la Policía. En abril de este año el coronel Harvey Colchado, fundador de la Diviac, fue reubicado como jefe de la región policial en Lambayeque, la región del actual ministro Carrasco. En su lugar entró el coronel Miguel Cayetano Cuadros, de un perfil más bajo que el de Colchado.
Los casos de la Diviac no se manejan con tanto secretismo y autonomía desde que salió Colchado, según las fuentes. Las investigaciones son informadas con mayor anticipación y frecuencia a los altos mandos de la Policía, entre ellos el comandante general César Cervantes. “Hay un mayor riesgo de fuga de información”, dice una persona que conoce la situación de cerca.
El comandante general de la Policía, César Cervantes, estuvo encargado de la División de Búsquedas de la Digimin entre el 2013 y el 2017. Es un oficial que, al estar identificado con esa dependencia, ha potenciado a la Digimin, en detrimento de la Diviac. Cervantes ha sido ratificado en el cargo por el ministro Carrasco. Según fuentes policiales altamente confiables, ambos se conocen porque han coordinado operativos por casos de crimen organizado investigados por el exfiscal de Chiclayo.
Comandante general de la Policía, César Cervantes Cárdenas, en fuego cruzado con la Diviac. Foto: Ministerio del Interior.
La Diviac pinchó los teléfonos de los implicados en el caso Los Dinámicos del Centro. La interceptación sirvió, en primer lugar, para desmantelar una red dedicada al tráfico de brevetes en el gobierno regional de Junín. Pero el trabajo ha servido, principalmente, para poner contra las cuerdas a los principales dirigentes de Perú Libre. La pista apunta a un ilegal financiamiento en la campaña del lápiz.
“En el caso de la Diviac hay una presión por tratar de disolverla. Ahí van encontrar el apoyo de los sectores corruptos de la derecha extrema. La Diviac destapó Los Cuellos Blancos, los Dinámicos del Centro y muchas otras cosas más. Tengo el orgullo de haberlo creado durante mi gestión. Es el equivalente del GEIN, que capturó Abimael Guzmán. Esa importancia le daría yo a lo que está haciendo la Diviac”, dice el exministro Carlos Basombrío.
El ministro del Interior, Juan Carrasco, ha asegurado que no va a desactivar la Diviac. Pero el asunto está en si va a potenciar la unidad o va a continuar debilitándola. No lo ha precisado. En la Dirección Antidrogas, otra división policial clave, también hay preocupación. Esta oficina maneja el programa Constelación, el sistema de escucha telefónica para todo tipo de investigaciones.
Las tensiones y el recelo policial están en su punto más álgido. Las pugnas en el Ministerio del Interior desataron una crisis en el sector con las renuncias de los viceministros Carlos León y Nicolás Zevallos por la posible inclusión de Grover Mamani, un dirigente radical del magisterio en Puno, como jefe de la Dirección General de Gobierno Interior. Ante el escándalo, Juan Carrasco abortó el nombramiento de Mamani. Pero el temporal está lejos de amainar.
Mi tío Alejandro César Bazan, al enterarse de nuestra correspondencia me comentó de la elegía del escritor chileno Pablo Neruda dedicada a tu memoria, La Insepulta de Paita. La he estado leyendo y releyendo. Es hermosa. Sabemos que falleciste en Paita, pero no sabemos dónde yace tu cuerpo. Muchas personas, cuando les cuento que te escribo no saben de ti, de tu rol en la historia del Perú. Te perdiste en la memoria.
En 1997 estaba haciendo mis practicas preprofesionales en la Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Era una institución reciente, creada con la Constitución de 1993, llena de profesionales jóvenes con lo que me formé en la universidad. Este equipo me dio las bases para ser la profesional que soy. Fue en ese momento que conocí a una mujer única, sensible e inteligente, Angélica Mendoza Almeida, Mamá Angélica, la llamaban de cariño. Era madre de Arquímedes. La madrugada del 2 de julio de 1983, los militares allanaron su casa en Huamanga y la amenazaron de muerte. También estaban su hija Ana María y su esposo Estanislao. Los arrinconaron contra la pared y les apuntaron con armas, mientras sacaban a Arquímedes de su habitación y lo conducían a un vehículo ubicado fuera del domicilio. Mamá Angélica era la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (Anfasep), que el 7 de setiembre de 1997 presentaron un petitorio a la Defensoría del Pueblo solicitando se investiguen los casos contra la libertad individual, bajo la modalidad de secuestro-detención y desaparición forzada involuntaria. Esta investigación llevó a publicar el Informe La Desaparición Forzada de Personas en el Perú 1980-1996, herramienta de trabajo y consulta para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Ministerio Público y la sociedad en su conjunto. Mamá Angélica murió hace tres años, reconocida con la Medalla de la Defensoría del Pueblo, pero sin encontrar a Arquímedes.
En el 2016, el Ministro del Interior me nombró Defensora del Policía, una Dirección General del Ministerio del Interior, cuyo rol es velar por los derechos humanos del personal policial y sus familias. Ahí conocí la problemática e historia de 1589 policías con discapacidad, así como de los deudos compuesto por viudas, huérfanos y madres de más de 3200 policías fallecidos a causa del terrorismo. Los policías vivieron enfrentamientos armados, aniquilamientos selectivos, emboscadas, reglajes, coches bombas, intentos de asesinatos, la lucha contra el terrorismo. Ser Defensora también me permitió conocer a detalle la historia de los valerosos policías de la Guardia Civil, Guardia Republicana, Policía de Investigaciones y la Sanidad Policial. Le tengo mucho respeto y siempre seré una defensora de sus derechos, de su historia y de su dedicación.
Manuela, se estima que el número total de muertos y desaparecidos causado por el conflicto armado interno peruano es 69 280, dentro de un intervalo de confianza al 95%, cuyos límites superior e inferior son 61 007 y 77 552, respectivamente según la Comisión de la Verdad. Fue un fratricidio.
Este domingo son las elecciones y, durante esta campaña solo he escuchado palabras vacías sin contenido por parte de todos los candidatos: terrorismo, terrucos, comunismo, democracia, pueblo, miedo, odio. Tenemos un candidato que parece que no es consciente de que somos una República compuesta por ciudadanos(as) con derechos y obligaciones y, por otro lado, una candidata que pretende solucionar todos los problemas sociales y, en especial los de derechos humanos, con bonos económicos. Faltan dos días para elegir nuestros destinos y seguimos confundidos, con un futuro incierto.
A lo largo del Río Ene transitan diariamente los asháninkas buscando “caracolitos”, como cariñosamente le llaman a este animal, el caracol, que usan para preparar su comida. En marzo de este año, miembros de la comunidad de Potsotincani, ubicada en el distrito de Río Tambo (Junín) se encontraban realizando esa labor cuando se toparon con un grupo de 40 personas armadas, entre hombres y mujeres, que los observaban con actitud amenazante.
“Los armados les preguntaron a los asháninkas ‘¿qué hacen ustedes acá?’. Ellos respondieron que era su territorio. Los señores les dijeron que tenían que irse de ahí porque, si no, los iban a desaparecer. Los asháninkas se asustaron y escaparon”, cuenta Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 53 comunidades de las cuencas de ese río.
Potsotincani está a cuatro horas de San Miguel del Ene, Vizcatán, escenario de la masacre del domingo 24. El episodio que relata Valerio revive lo peor de épocas pasadas para los asháninkas y no es el único. La visita de estos personajes armados ocurre cada vez con mayor frecuencia. “Seguimos en estado de emergencia porque actualmente enfrentamos problemas como el narcotráfico. Cada año va creciendo el sembrío de hoja de coca en la frontera de Cuzco con Junín y Ayacucho. Siembran su coca, instalan cosas para macerarla y convertirla en droga. Todo eso hemos tenido que sufrir las comunidades sin el menor apoyo del gobierno. Hemos denunciado, pero no obtenemos respuesta”, afirma Valerio.
Según Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y especialista en tema de seguridad, el 90% del narcotráfico está focalizado en nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem. Además de Vizcatán del Ene, están Pichari, Sivia, Kimbiri, Santa Rosa, Llochegua, Samugari, Canayre y Río Tambo (acá se ubica Potsotincani). “En el Vraem se cultivan un poco más de 26.000 hectáreas de hoja de coca y se procesan 450 toneladas de cocaína anualmente. Eso representa el 70% de toda la cocaína a nivel nacional”, agrega el también exministro del Interior.
Nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem son los que focalizan el 90% del narcotráfico en el país. Infografía: Leyla López.
Ni ese dato ni lo ocurrido el domingo 24 en Vizcatán sorprende a los asháninkas. Como si fuese una advertencia siniestra, Pedro Valerio le aseguró a Sudaca que en los últimos meses su comunidad venía reportando cádaveres desfilando por el río Ene. “Hemos visto tal vez siete cuerpos estos meses, pero debe haber muchos más porque el río es grande y no podemos ver todos. Eso no es novedad para nosotros, cuando hay muertes en la parte alta del Ene los botan al río”, explica.
Según Valerio, tanto el desfile de muertos en el río, como los cruces con los narcoterroristas fueron reportados por su gente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ignoraron sus denuncias. “No ha habido una respuesta rápida para ver qué está pasando. A raíz de esto, las comunidades se sienten inseguras. Lo que está pasando en Vizcatán del Ene en cualquier momento puede suceder en nuestras comunidades”, detalla.
La sociedad del narco-terrorismo
“Nuestra comunidad está en constante peligro porque hay presencia del narcotráfico, [nuestros territorios] son corredores de los cargachos que llevan drogas, de los remanentes terroristas que son guardaespaldas de los cargachos”, dice Valerio.
El dirigente asháninka se refiere a la perversa sociedad que existe en la zona entre narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso, denominados hoy el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). La Policía y las Fuerzas Armadas responsabilizan a este grupo terrorista de la masacre de Vizcatán.
Esta facción escindida del Sendero original ha hecho sentir su presencia con al menos 20 atentados terroristas que bañaron de sangre al valle en los últimos 13 años. Liderado por Víctor Quispe Palomino, está conformado por aproximadamente 330 personas entre adultos, niños y ancianos, explica el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote.
Según estimados de esta unidad especializada, la principal fuerza armada de esta organización -la que se dedica a cometer los atentados- está formada por aproximadamente 30 terroristas. Los otros 300 no son partícipes directos de estas incursiones, sino que se dedican a la cosecha, el sembrío y a cuidar a los niños. Arriola dice que, aunque no participan de las acciones armadas, al fin y al cabo forman parte de la organización.
El general señala que la mayoría de los jóvenes que forman parte del MPCP nacieron al interior de la organización y “no conocen otra cosa que no sea la organización criminal del terrorista Sendero Luminoso”. Actualmente ya no hay muchos niños dentro de la agrupación, porque ‘José’ habría dado la orden de ya no procrear más.
Aunque anteriormente los terroristas tenían presencia en más distritos del Vraem, ahora su centro de operaciones se ha reducido a Vizcatán del Ene. Las huestes del grupo terrorista viven encapsuladas ahí y tienen problemas para expandirse. Este distrito, en el que el 56% de sus habitantes no tiene acceso a los servicios de salud según el exministro Rubén Vargas, es un lugar estratégico para el camarada ‘José’ y sus secuaces.
Y no es hogar para cualquiera. Como explica el general en retiro José Baella, exjefe de la Dircote, las temperaturas en la noche bajan mucho y en el día hay demasiado calor. También hay una vegetación de árboles de entre 30 y 40 metros que hace que la orientación sea casi imposible. “Solamente la gente que sabe, que conoce el terreno, es la que sobrevive ahí. Es una geografía muy difícil, por eso es una fortaleza para ellos, están bien escondidos ahí”, afirma Baella.
De acuerdo a estimaciones de la Dircote, el 33% de la droga elaborada en el Vraem transita por el distrito de Vizcatán del Ene. Ahí los terroristas resguardan los laboratorios en donde se produce la cocaína, cobran por cada hectárea de hoja de coca sembrada y brindan seguridad a los ‘cargachos’, que transportan la droga a pie por las zonas que tienen controladas.
“[Los terroristas] se financian con el tráfico ilícito de drogas. Cuando los mochileros pasan por las zonas que ellos controlan les cobran por cada kilo de droga entre $8 y $9”, explica Baella.
Sin embargo, esa modalidad de traslado, operada por los ‘cargachos’, no es la principal. “Hay una importante ruta área. Se traslada cocaína usando avionetas con destino a Bolivia o Brasil. La modalidad de los ‘cargachos’ se ha ido dejando porque [los traficantes] están usando mecanismos más sofisticados y en mayores volúmenes, como las rutas aéreas”, asegura Rubén Vargas.
Según fuentes confiables, en promedio parten 10 avionetas diarias del Vraem en temporada de verano, pues en invierno no es posible trasladar la ilegal mercancía por aire debido a las intensas lluvias.
Las fuerzas del orden, sin embargo, no son bien recibidas en determinados sectores del Vraem. Fuentes en la Dirandro cuentan a Sudaca cómo la población del valle cocalero les manifestó su rechazo el pasado 27 de abril. Esa tarde, realizaron un operativo en el distrito de Putis, Ayacucho, porque habían recibido información de que en esa zona “llegaban los mochileros que cargaban 800 kilos” de droga. Como si fueran un imán de problemas y no los responsables de protegerlos, los policías fueron expulsados por la población local.
“No duramos ni dos horas porque el presidente de la comunidad nos dijo que teníamos que irnos o tomarían medidas contra nosotros. La gente tenía miedo. Cuando vimos ese movimiento, antes de las 8, ya teníamos que irnos. Esa es una zona de traslado de ‘merca’ desde Llochegua. Los tucos [terroristas] dan la seguridad y cobertura para que la gente pueda mover su ‘merca’”, explica un oficial que participó del operativo.
Putis es el mismo lugar en el que el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares ejecutaron a 123 pobladores locales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Pedro Valerio, presidente de CARE, denunció la presencia de hombres armados en las comunidades asháninkas y la aparición de cuerpos en el río Ene. Ambos hechos lo atribuye al narcotráfico. Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín.
Hay otras comunidades al interior del Vraem, sin embargo, que piden a gritos la presencia policial y militar para que atiendan sus denuncias. Y también para que no los dejen desprotegidos. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) señala, por ejemplo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pretende desactivar sus comités de autodefensa alegando que no hay presencia terrorista o de narcotráfico, dejándolos indefensos ante cualquier ataque.
“Si nos van a quitar armamento y no nos van a reforzar nuestro Comités de Autodefensa, fácilmente van a ingresar los narcotraficantes, los remanentes del terrorismo. El narcotráfico va ganando territorio. Si nos dejan sin nuestros comités, nos dejan totalmente vulnerables”, se queja Pedro Valerio, presidente de la CARE.
Sudaca contactó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General César Astudillo, pero no respondió nuestra solicitud de entrevista.
Cifras de abandono
“La realidad de los pobladores del Vraem es muy diferente. No solo se trata de llevarle protección, sino también apoyo a esa población que muchas veces no tiene acceso a educación”, dice José Baella, exjefe de la Dircote.
A Baella no le falta razón. Según el último censo del INEI (2017), en la zona no hay una adecuada disponibilidad de docentes de educación regular y el 39% de los colegios en todo el valle cocalero necesita la sustitución total de su infraestructura. No solo eso. El analfabetismo afectó al 20,6% de la población mayor de 15 años y la brecha digital es enorme: hasta el 2017, 129,157 hogares (96,5%) no contaban con servicio de internet.
Los índices de pobreza, además, apuntan que el 22,51% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 42,81% son pobres extremos, según cifras del ministerio de Inclusión Social al año 2019.
En salud, los indicadores también son lamentables. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud del 2017, el 25,8% de los niños del Vraem entre los 0 y 3 años se encuentra en situación de desnutrición crónica. Y si nos fijamos en los niveles de anemia infantil, casi la tercera parte, el 34% de los niños, padece de esta enfermedad por falta de una buena alimentación.
En los distritos donde se produce la mayor cantidad de cocaína, los habitantes no tiene acceso al servicio de salud, siendo Vizcatán del Ene (55,8% no cuenta con el servicio), Canayre (47,9%) y Pangoa (47,6%) los afectados en mayor porcentaje por esa carencia.
Otras cifras revelan las consecuencias del narcotráfico en el medio ambiente. Así, entre los años 2000 y 2016, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente, se han reportado alrededor de 98.171 hectáreas de bosques perdidos, siendo los distritos más críticos el de Río Tambo, Pangoa y Mazamari.
Otro problema que afronta el Vraem en términos ambientales es el alto nivel de contaminación del agua con insumos químicos relacionados a la producción de cocaína. Un estudio realizado por DEVIDA en el 2013 encontró que el agua de muchas de estas microcuencas afluentes del río Apurímac contiene altos niveles de elementos nocivos para la salud, como fosfato, cromo, níquel y plomo, haciéndola no apta para el consumo humano.
Además, se encontraron niveles alarmantes de turbidez y coloración del agua, lo que constituye importantes riesgos para la salud de la población. Las cifras fueron utilizadas por el Ejecutivo para la elaboración de la “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021”.
Pero no es la única manera en la que el narcotráfico contamina las aguas del Vraem. Pedro Valerio denuncia también que los cuerpos que aparecen en las corrientes del Ene contaminan sus ríos, perjudicándolos “no solo para tomar, sino también para sobrevivir: si el río está contaminado no tenemos para comer”.
Evitar la expansión del narcotráfico en el Vraem es un problema más que el nuevo gobierno deberá afrontar. Y no se trata solo de una lucha policial, como hemos visto.
Hasta la llegada de los españoles el Imperio Inca era amplio y próspero, aunque su ubicación geográfica -el sur andino- y su aspecto físico –pómulos amplios y pocas ropas–son indicios de sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso.
La guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, iniciada tras la muerte de Huayna Cápac, debilitó al Imperio y facilitó la tarea a los conquistadores. El sur contra el norte, el político contra el militar. Sin embargo, diversas voces han pedido se deje de utilizar el término “guerra civil incaica” por no representar lo que realmente ocurrió en el país, y se le reemplace por el término “terrorismo incaico”. El almirante Galifardo Montoya propuso además se renombre a los bandos: por un lado la Organización Terrorista Huáscar (OTH), y por otro la Organización Terrorista Atahualpa (OTA). A esto debe añadirse que Huayna Cápac nunca respetó la santidad de la familia y tuvo alrededor de 300 hijos. Era un López Aliaga al revés.
Tras la captura de Atahualpa en Chota y su muerte en julio de 1533, la conquista parecía asegurada. Pero no. Fue un proceso largo y tortuoso, con conflictos armados entre los propios conquistadores y una resistencia inca que duraría 40 años.
Del lado español, la larga disputa entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro terminaría con la muerte de ambos. Según la versión oficial, la causa fue la ausencia de claridad sobre cómo repartirse el botín de la conquista, pero fuentes de inteligencia sostienen que la causa real fueron los presuntos vínculos de Almagro con Sendero Luminoso.
La sangre llegó a todos. Almagro fue ajusticiado y luego decapitado en la Plaza de Armas de Cusco en 1538. Pizarro fue asesinado de 20 sablazos en el propio Palacio de Gobierno en julio de 1541. Su puesto fue tomado por un cholo de 20 años, Diego de Almagro “El Mozo”, hijo de Almagro con la india panameña Ana Martínez quien seguramente era venezolana y militaba en las filas del chavismo.
Del lado incaico, la resistencia parecía una margarita: me uno, no me uno, me uno, no me uno. Hasta que Manco Inca, luego de sitiar la ciudad del Cusco sin lograr tomarla, se retiró primero a Ollantaytambo y luego a Vilcabamba, donde se asentaría con sus tropas y familia. Se declaró Inca. Decidió quedarse allí y no volver al Cusco, pero fue asesinado por infiltrados almagristas que se habían convertido en colaboradores eficaces para subsanar sus antiguos vínculos con Sendero Luminoso.
Lo sucedió su hijo, Sayri Túpac. Murió, o lo mataron.
Luego lo sucedió su otro hijo, Titu Cusi Yupanqui. Murió, o lo mataron.
Luego lo sucedió su otro hijo, Túpac Amaru, quien fue decapitado en la Plaza de Armas de Cusco en 1572 debido a sus presuntos vínculos con el MRTA.
Con su muerte llegó a su fin lo que la historiografía caviar llama “Los Incas de Vilcabamba”, pero diversas voces han pedido que se les llame simplemente “Los Remanentes”.
En adelante, siguieron 250 años de pacificación y estabilidad logradas por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
La Colonia
Todo bien, gracias.
La Independencia
Doscientos años después sabemos que nuestra independencia fue un fracaso. Como señaló la historiadora Stephanie Cayo, hay cosas no funcionan porque son “del año de la pera”, como la democracia en Grecia, o porque “se originan en el extranjero”, como San Martín y Bolívar y la Constitución de Cádiz y los ideales de la Revolución Francesa.
Cabe señalar que antes del fatídico 1821 hubo una serie de ataques terroristas contra la integridad de la Colonia. El más conocido fue el del antisistema José Gabriel Condorcanqui, alias Túpac Amaru II, en noviembre de 1780. En lugar de optar por una marcha pacífica o canalizar sus demandas a través de las vías institucionales, Túpac Amaru optó por una salida violenta. Primero, asesinó al corregidor Antonio de Arriaga, un sacrificado funcionario público que solo cumplía su labor a favor del modelo económico. Producto del resentimiento, Túpac Amaru mandó a que Arriaga fuese ahorcado en un patíbulo y que la soga fuese jalada por su propio esclavo. Según un testigo, los indios resentidos pasaban al lado del cuerpo sin vida de Arriaga y le decían “manachu caita rurahux canqui” (“¿No solías hacernos esto?”).
Pero la violencia nunca es la solución, salvo que sea en forma de represión.
Muchos años después de estos luctuosos sucesos que dividieron a los peruanos, un argentino con ideas foráneas y camiseta de River cruzó los Andes y llegó en barco a Paracas. Su nombre era José de San Martín. Sus patillas eran largas. En Paracas solo durmió. Un día soñó con gaviotas de alas rojas, lo cual muestra sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso.
Al final, San Martín no fue tan malo como parecía. Luego de declarar la independencia del Perú y hacer un largo tour por la costa, impulsó la sana idea de que lo mejor para el Perú era una monarquía. A fin de cuentas, los peruanos no sabían cómo gobernarse a sí mismos y cada que les toca decidir algo la cagan. “Estoy seguro”, dijo San Martín, “que si les damos a elegir a ustedes, siempre van a elegir mal. Y así será por 200 años. Mejor no elijan. La monarquía es el mal menor. Palabra de Generalísimo”.
No obtuvo el apoyo deseado.
En julio del 1822, San Martín se dirigió a Guayaquil a encontrarse con lo peor que uno se puede encontrar.
Un venezolano.
Allí lo esperaba Simón Bolívar, el Libertador, un hombre pequeño y moreno de ideologías trasnochadas, y que acababa de fundar la Gran Colombia y convertirla en un país comunista e hiperinflacionario.
El encuentro entre San Martín y Bolívar buscaba definir qué hacer militarmente con el Perú, el último reducto realista y con una aristocracia poco afecta a la república.
San Martín proponía una monarquía. Bolívar, el comunismo.
El 27 de julio de 1822, Bolívar tomó la delantera. Mirando el Río Guayas y tocando suavemente su espada, miró a San Martín y le lanzó un ultimátum:
-No pueden brillar dos dólares en un mismo firmamento.
San Martín lo miró intrigado.
-Había pensado decir “dos soles”, pero el sol se está devaluando -concluyó Bolívar.
San Martín entendió. Agarró sus cosas -su mate, su espada, su camiseta de River- y partió hacia el Perú. Luego hacia Francia. Nunca más volvió al continente.
Y así nos dejó ante las garras autoritarias de Bolívar, el chavismo y Sendero Luminoso.
Lo que vino ya lo sabemos. Los españoles fueron derrotados en las batallas de Junín y Ayacucho. Se independizó el Perú, grave error. Nadie quería a Bolívar y al final este se fue, gloria a Dios.
A continuación
Para nuestra siguiente entrega, haremos un sucinto resumen de nuestro siglo favorito, el XIX.
Miraremos el intento irracional de unirnos con Bolivia, a pesar de que somos muy distintos.
Miraremos el enfrentamiento entre Castilla y Echenique, que derivó en la abolición de la esclavitud pese a las recomendaciones del IPE en contra, pues suponía encarecer la mano de obra y atentaba contra el crecimiento.
Miraremos la mal llamada prosperidad falaz, que en realidad fue una época de bonanza y crecimiento y si algo falló fue el Estado.
Miraremos finalmente la Guerra con Chile, aquel funesto suceso originado por culpa de Bolivia (¿Quién se alía con Bolivia?) y que terminó con la ocupación de Lima por el ejército chileno con ayuda de los coches bombas de Sendero Luminoso.
#DebateTecnicoJNE Avelino Guillen con ideología comunista – asistió a monumento pro-terrorista “el Ojo que Llora” – desaprobó examen en CNM – hoy dice que A. Fujimori no sabía nada de la captura del delincuente terrorista Abimael. Penosa participación.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el virtual congresista Jorge Montoya, del partido Renovación Popular, afirmó que el memorial ‘El ojo que llora’ es un “monumento pro-terrorista”. Luego de revisar los antecedentes sobre la postura del Estado peruano sobre el tema y otros documentos oficiales, la red Ama Llulla concluye que esto es falso.
Al cierre de este chequeo, la publicación contaba con más de 1.800 interacciones en Twitter.
En principio, ‘El ojo que llora’, diseñado por la artista holandesa Lika Mutal, fue inaugurado en el Campo de Marte (Jesús María) en agosto del 2005. Consiste en una escultura de granito rodeada por once círculos formados por alrededor de 32 mil cantos rodados en los que están escritos los nombres de las víctimas de la violencia terrorista que asoló al Perú entre 1980 y el 2000, en base a los reportes oficiales que proporcionó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y la Defensoría del Pueblo.
Ahora bien, contrario a lo que señaló Montoya, ‘El ojo que llora’ es en realidad un memorial destinado a preservar la memoria de las víctimas de la guerra contra el terrorismo. Incluso está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el mapa de los ‘Lugares de memoria vinculados a graves violaciones de los derechos humanos’.
Su existencia está oficialmente reconocida por distintos niveles de gobierno. En principio, el distrito de Jesús María lo incluye tanto en el plano general del distrito como en el plano de parques, que identifica los espacios públicos de la jurisdicción.
Captura: Sitio web del Municipio de Jesús María.
Ahora bien, el propio Estado peruano ha reconocido de manera oficial y en dos ocasiones a ‘El ojo que llora’ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como monumento de reconocimiento a las víctimas de agentes del aparato estatal.
Esto ha ocurrido de manera específica en los alegatos del representante del Estado en los procesos por la ejecución extrajudicial de internos del penal Miguel Castro Castro, ocurrida en 1992, y la ejecución extrajudicial de un profesor y 9 estudiantes de la universidad La Cantuta, ocurrida en 1993, cuyas sentencias se emitieron en noviembre del 2006.
En la sentencia por el caso La Cantuta, el Estado peruano alegó, ante las medidas de reparación dispuestas por la justicia internacional, que “ya existe en Lima un monumento en homenaje a todas las víctimas de la violencia denominado ‘Ojo que Llora’ [sic]. En tal sentido, este es una medida de reparación en homenaje y memoria de todas las víctimas del conflicto armado en el Perú” [pág. 99].
En el caso Castro Castro, el Estado alegó [pág. 137] no estar de acuerdo con colocar una placa conmemorativa al episodio en el lugar de los hechos, “debido a que ya se ha erigido en un lugar público de la capital un monumento en favor de todas las víctimas del conflicto [denominado ‘El Ojo que Llora’]”.
La misma CIDH indica en la sentencia lo siguiente: “Al respecto, la Corte valora la existencia del monumento y sitio público denominado ‘El ojo que llora’, creado a instancias de la sociedad civil y con la colaboración de autoridades estatales, lo cual constituye un importante reconocimiento público a las víctimas de la violencia en el Perú”.
Ahora bien, la polémica alrededor del memorial se originó porque este último fallo estableció que, como parte de una serie de medidas educativas y de reparación, el Estado Peruano debía incluir en el monumento los nombres de los 41 internos senderistas fallecidos durante los hechos. Esto, tras concluir que: “Las violaciones imputables al Estado en el presente caso fueron perpetradas por personal de la policía, del ejército y de fuerzas especiales de seguridad, en violación de normas imperativas de Derecho Internacional”.
La indicación fue cuestionada tanto por el gobierno de turno de Alan García como por Lika Mutal, autora del memorial, según narra el historiador Paulo Drinot en su artículo ‘El ojo que llora’, las ontologías de la violencia y la opción por la memoria en el Perú”, publicado en la edición 50 de la revista Hueso Húmero.
Poco después del fallo de la Corte, medios de prensa en el Perú revelaron que algunos nombres de los fallecidos en la llamada ‘masacre de Castro Castro’ ya figuraban en ‘El ojo que llora’ -según señala el historiador Drinot, en base a recortes de la época-, debido a que la CVR los incluyó entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden en la década de los noventa.
Consultado por Ama Llulla respecto a su definición de ‘El ojo que llora’ como un monumento “pro-terrorista”, Jorge Montoya respondió que “yo lo califico así”.
A continuación, comentó que la inclusión de los nombres de senderistas ejecutados extrajudicialmente en Castro Castro desvirtúa el sentido del memorial. “El tema es que hay [nombres] de terroristas, si no estuvieran ellos no habría ningún problema”, explicó.
En resumen, el memorial ‘El ojo que llora’ ha sido reconocido oficialmente por el Estado peruano, en al menos dos procesos judiciales frente a la CIDH, como un monumento en favor de todas las víctimas de la violencia entre los años 1980 y 2000. También es reconocido como un espacio público por el Municipio de Jesús María y figura en el mapa de la Unesco de ‘Lugares de memoria vinculados a graves violaciones de los derechos humanos’.
La controversia alrededor de este monumento se debe a la inclusión -ordenada por la máxima instancia judicial del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH)- de los nombres de senderistas ejecutados extrajudicialmente en Castro Castro. Eso representa 41 nombres de un total de más de 20 mil.
En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la declaración del virtual congresista Jorge Montoya, del partido Renovación Popular, acerca de que el memorial ‘El ojo que llora’ es un monumento pro-terrorista, es falsa.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 138: El Comando Conjunto y su imprecisión conceptual. Los temores que crecen y crecen a poco de la segunda vuelta. Y una combinación de factores hace necesaria la pregunta: ¿estamos al borde de una crisis enorme?
“Nunca, en casi 30 años, he escuchado ni visto un ataque así. Han lanzado fuego abierto. Han podido matarlos a todos”, dice Alejandro Atao, alcalde del distrito de Vizcatán y residente del poblado de San Miguel del Ene. Este es el escenario que dejó la reciente masacre que habría perpetrado el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), la facción que se separó de Sendero Luminoso y que hoy concentra gran parte de sus ganancias en el narcotráfico.
La incursión criminal en este poblado de la provincia de Satipo (Junín) se saldó con 16 víctimas mortales, entre ellos dos niñas de cinco años. Tres personas más resultaron heridas. Estaban todos en dos locales a los que la población local llama ‘cuchipampas’, que no son otra cosa que bares que funcionan, además, como prostíbulos. Ambos inmuebles eran alquilados por foráneos, según cuenta a Sudaca Leónidas Casas, juez de paz del distrito y una de las primeras autoridades que se acercó a constatar los hechos.
Los locales están separados por un riachuelo, a menos de 100 metros el uno del otro. Conforme se fueron relajando las medidas contra la pandemia, abrían casi todos los fines de semana. “Yo vivo en el lugar de los hechos, en San Miguel del Ene. Todo ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del 23 de mayo. Atacaron los dos lugares. Son cantinas donde atendían también chicas. Han matado a quienes encontraron y en el segundo lugar los han quemado”, dice Atao. El ruido de los vecinos lo despertó por esas horas y, aunque no vio a los atacantes, pudo ver el resultado.
Aquella madrugada, dos personas aparecieron en la chacra de Casas, que además de juez de paz es excandidato al Congreso por el Frente Amplio. Le contaron que había ocurrido un crimen en su comunidad. “Yo no entendía nada, pensé que estaban bromeando”, cuenta él.
Cuando llegó a la escena del crimen, después del alcalde Atao, encontró un panorama tenebroso. “Ingresé al primer local y vi casquillos de bala de armas de largo alcance. Había tres muertos, las mesas botadas, las botellas de cerveza rotas. Una señora parecía que había tratado de abrir la puerta trasera y murió ahí, tratando de escapar”, relata.
El juez de paz de Vizctatán del Ene, Leonidas Casas, fue una de las primeras autoridades en llegar a la escena del crimen. «Estaba calcinada la gente allí dentro, entre varones y mujeres», cuenta.
En el segundo local, Casas vio a un hombre sentado, tapado con una colcha. Había muerto en esa posición. Avanzó un poco más y vio que salía humo de una habitación. “Estaba calcinada la gente allí dentro, entre varones y mujeres”, dice.
Sobre una mesa de madera, Casas divisó varios comunicados impresos con la siguiente proclama: “Limpiar al Vraem y el Perú de antros de mal vivir, parásitos y corruptos”. El escrito estaba firmado por el MPCP, un grupo narcoterrorista liderado por Víctor Quispe Palomino. Según la Dircote, Vizcatán es la guarida y la base de operaciones de esta organización.
Casas guardó uno de los comunicados en su bolsillo y lo entregó a la Policía local. El juez de paz confirma que se trata del panfleto que viene circulando en distintos medios, con fecha del 10 de mayo, y en el que se llama a boicotear las elecciones y a votar blanco o viciado. También califica de traidores a quienes votarán por Fuerza Popular. El alcalde de este distrito, Alejandro Atao, llegó al sillón municipal por ese partido.
Antes del mediodía de ayer, la noticia se empezó a manosear con fuertes tintes políticos de uno y otro bando. La prensa capitalina afirmaba que los ataques provenían de Sendero Luminoso. La situación no fue bien tomada por los vecinos del distrito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
“Como autoridad política, hago saber la indignación que está teniendo la población de Vizcatán del Ene, que está viendo todo lo que está afirmando la televisión. Nosotros como autoridades no sabemos quiénes han hecho ese acto. La población pide que se esclarezcan estos hechos”, dice Nélida Mansilla, subprefecta del distrito.
“Nosotros justamente para tener esa ayuda [descubrir la verdad], nos hemos acercado a la Policía. Para saber si son o no son los señores del monte [se refiere a los narcoterroristas]. A eso nos hemos acercado, pero al rato ya había un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, se queja Leónidas Casas. Los militares responsabilizaron a Sendero Luminoso, sin hacer la precisión de que quienes operan en el Vraem son un grupo de remanentes que se desligó políticamente de Abimael Guzmán hace varios años.
Al cierre de esta edición, Ojo Público había dado a conocer el testimonio de una sobreviviente del ataque. “Eran civiles. No eran policías, no tenían polos negros de Sendero [Luminoso]. Era gente normal, vestidos con ropa a colores. No usaban botas. Dicen que los terroristas dejan su lema, que los terroristas son así y asá, pero no decían nada señor, solo mataban”, contó la mujer.
Un panfleto firmado por los narcoterroristas en enero del 2019 amenazaba a las ‘cuchipampas’, o prostíbulos de la zona. «Expulsar o ejecutar a homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a los llamados parroquianos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos», añadía. Un comunicado similar se halló en la escena del crimen.
En la Dircote, sin embargo, ven el caso como el posible corolario de una serie de amenazas previas, que hasta ahora no se habían materializado. El 2016, por ejemplo, luego de las elecciones que dieron como ganador a PPK, el MPCP lanzó un comunicado con el título: “¡Expulsar a los cuchipampas de todos los poblados del Vraem!”.
En enero del 2019, fueron más específicos. Y en los puntos 18 y 19 de un comunicado, los narcoterroristas llamaban a atentar contra estos locales:
-Destruir los cuchipampas-prostíbulos y expulsar a sus dueños.
-Expulsar o ejecutar a homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a los llamados parroquianos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos, a mujeres que abandonen a su marido e hijos por hacer fechorías con otro, por parásita y corrupta.
El documento también amenaza a la población por la vestimenta que usan y hasta por los productos que consumen. “A los varones que usan aretes hay que arrancharlos, si se pintan las uñas hay que rascarlos, si tienen tatuajes advertir los que se hagan limpiar y, si no obedecen hay que tajarlos, que tengan vestimenta y corte normal de los cabellos y no de acuerdo a la podrida moda capitalista”, se lee.
Otro párrafo añade: “Por ignorante, necio y zombi, no tragar arroz “Tonderito”, porque es sintético y es “comida” basura. A aquellos que transporta este veneno vamos a dinamitarlo e incendiarlo e incendiarlo. Consuman arroz que producen los campesinos del VRAEM y del Perú”.
Leónidas Casas, sin embargo, no conocía estas advertencias. Dice que no tenían mayores roces con los narcoterroristas. “En los 90 sí los veía, pero luego de diez años en adelante ya no teníamos ningún caso acá como para decir que son los remanentes. No sé qué ha ocurrido”, cuenta.
En las últimas horas, un grupo de agentes de la Dircote viajaba a Junín para investigar los hechos. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central está a cargo del caso.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 137: Los remanentes de Sendero Luminoso asesinan a, por lo menos, 14 personas, incluidos niños. El debate técnico deja dudas sobre Perú Libre. E Ipsos: Castillo no suelta el primer lugar.
