Luego de una cruzada infructuosa en la que no lograron los 87 votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Congreso puso en agenda la destitución e inhabilitación por 10 años contra el actual magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por el supuesto delito de prevaricato cometido cuatro años atrás.
En la orden del día de la Comisión Permanente del pasado 9 de julio, revelada por el diario La República, también se pedía acusar por infracción constitucional y suspender por 30 días a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Y aunque hasta el momento no hay convocatoria oficial para ver qué se hace con este pedido, esta no es la primera vez que intentan deshacerse de estos cuatro magistrados a los que ven como enemigos de los intereses parlamentarios.
El caso data del 2017, cuando un grupo de exmarinos denunció constitucionalmente a los cuatro miembros del TC por emitir una resolución en la que supuestamente cambiaban el sentido del voto de un exmagistrado del TC, Juan Vergara Gotelli. ¿Dónde? En una sentencia de 2013 que consideraba los hechos ocurrido en “El Frontón” como delitos de lesa humanidad.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida en esos años por la fujimorista Karina Beteta, aprobó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por diez años de Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión por 30 días de los otros tres magistrados.
“Los congresistas se dieron cuenta de que era un escándalo pedir que los cuatro magistrados sean sancionados con la destitución. Lo que les interesaba era deshacerse de Eloy Espinosa-Saldaña, a quien veían como el responsable de tomar la iniciativa de la decisión, pero esta diferencia no se justifica de ningún modo, porque, si los cuatro cometieron la misma supuesta falta, entonces no pueden sancionarlos de distinta manera”, explica Walter Albán, director ejecutivo de Proética y abogado que asumió la defensa de Espinosa-Saldaña en este caso.
Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó archivar la acusación constitucional, Luis Galarreta, quien presidía el Congreso, envió una carta al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazando la disposición. El caso nunca fue archivado, pero desistieron de la denuncia.
Luego de que el intento del fujimorismo y el APRA por destituir a los magistrados fracasara en aquella época, Espinosa-Saldaña fue denunciado por su colega en el TC, el magistrado José Luis Sardón, por supuestamente haber mentido y arrogarse el título de “doctor” en su CV al momento de postular al cargo en 2014.
Sin embargo, en la denuncia de Sardón no se tomó en cuenta que Espinosa-Saldaña ya había hecho la rectificación de su título el 13 de mayo del 2014, incluso antes de ser elegido formalmente. Al final, el pleno del TC no pudo destituirlo, porque no se alcanzaron los cuatro votos necesarios.
Con una eventual destitución de Espinosa-Saldaña -uno de los magistrados que considera irregular el proceso que lleva a cabo el Congreso para elegir a sus reemplazos-, lo que se pretendía era cambiar la correlación de fuerzas y votos en el TC.
Todo indica que la artillería congresal ahora lo volvió a poner en la mira. El orden en el que los magistrados deben ser cambiados depende de quién es el más antiguo. Como los seis con mandato vencido fueron elegidos y juramentaron el mismo día, lo que corresponde, según la Ley Orgánica del TC, es cambiar primero al que tenga la colegiatura más antigua. Bajo ese criterio, los últimos en ser cambiados serían Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.
Pero en los pasillos del Congreso se empezó a esbozar la intención de alterar el orden. Como explicó el periodista Juan Rosales: definir la antigüedad de acuerdo a la hora en la que fueron elegidos por el Congreso el 21 de mayo del 2014, siendo Espinosa-Saldaña, luego de Ernesto Blume, el segundo en irse. La decisión alteraría el bloque de los cuatro magistrados que resolvió que la disolución del Congreso fue constitucional. El Parlamento perdería un magistrado como Blume, afín a sus posiciones, pero podría reemplazarlo por otro cortado con la misma tijera.
“El orden tiene que ser por la antigüedad en la incorporación. Estos 6 fueron incorporados el mismo día, no hay ninguno que sea más antiguo que el otro, pero por ahí quieren llevar adelante la peregrina tesis de que el orden lo determina el número de resolución, eso es una tontería”, dice Walter Albán.
Una fuente del Tribunal Constitucional apunta a un grupo de empresarios, políticos y abogados de derecha, como autores intelectuales de esta interpretación auténtica que habría influenciado a varios congresistas: la Coordinadora Republicana. “El sector de la Coordinadora Republicana quería meter un orden distinto, no tuvo mucho predicamento y, cuando no se lograron los votos [en la elección de magistrados del TC], finalmente esto quedó como una anécdota, pero la intención de ellos era muy clara. Había intereses de este grupo de variar el orden fundamentalmente para impedir que Eloy Espinosa-Saldaña sea el último en ser cambiado”, asegura.
La Coordinadora Republicana, en palabras del exministro Albán, está conformada por abogados “que aparecen como académicos para sustentar todo lo que ocurre políticamente del lado que a ellos les interesa, sobre todo del Congreso”.
El sábado 10, por ejemplo, el congresista Luis Valdez (APP) convocó una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para hablar sobre las elecciones de los nuevos magistrados del TC. La reunión contaba con “constitucionalistas de mayor trayectoria y reconocimiento académico”, como los presentó Valdez. Ahí estaban los abogados que han firmado varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana: Aníbal Quiroga León, Gerardo Eto Cruz y Domingo García Belaúnde.
Cuando el congresista Lenin Checco, de Frente Amplio, pidió explicaciones de por qué no se invitó a más abogados con posturas distintas, Luis Valdez no dudó en interrumpirlo y cortar su intervención. De otro modo trató a Martha Chavez (FP) y Rosario Paredes (AP), quienes se tomaron casi 10 minutos, cada una, para plantear sus preguntas.
El abogado Gerardo Eto no dudó en despacharse contra algunos de los actuales magistrados arguyendo que “cuatro tienen una postura ideológica y deben ser cambiados […] con los actuales miembros no hay garantía de independencia política e ideológica”. No es muy difícil saber a quiénes se refería. Así mismo, recomendó a los parlamentarios llegar a consensos para seguir adelante con las elecciones.
“Caseritos del TC”
Walter Albán también califica a los abogados de la Coordinadora Republicana como “caseritos” del Tribunal Constitucional. De hecho, Ernesto Blume, quien fue presidente del TC entre marzo de 2018 y enero de 2020, es cercano al abogado Domingo García Belaúnde, integrante del equipo legal de Fuerza Popular que buscó desconocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y miembro de la mentada coordinadora.
“En el estudio Flores-Araoz está García Belaúnde y tiene una relación de mucha cercanía con Ernesto Blume, tanto así que en el TC hay un baño que usan exclusivamente los magistrados, pero Domingo es la única persona que cuando visita el Tribunal usa ese baño. Es ridículo, pero te lo pongo como ejemplo de la cercanía”, cuenta una fuente que trabajó en el TC.
Otro de los vínculos entre ambos abogados es la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, donde Blume es presidente y García Belaúnde es fundador y presidente honorario.
Según Albán, hay diferentes casos que llegan al TC en donde los abogados relacionados a la ‘Coordinadora Republicana’ tienen participación y encuentran votaciones favorables de parte de Blume. «Yo he tenido casos en el TC. Y eso no es delito, es el derecho a la legítima defensa», responde García Belaúnde consultado por Sudaca.
Al preguntar por sus conexiones con Blume, el abogado aseguró que “ningún abogado del TC se reúne con nosotros [la Coordinadora Republicana]” y que lo unía una amistad de años no solo con él, sino con Sardón, Ferrero y hasta con Carlos Ramos y Manuel Miranda.
Por su parte, el magistrado Augusto Ferrero Costa, el único de los siete que no será cambiado, tiene lazos con el congresista fujimorista Carlos Mesía, pues su asesora, Milushka Carrasco Gallardo, es la exesposa de este último. “Cuando Mesía sale, ella también sale y luego Ferrero la contrata como su asesora”, explica una fuente con conocimiento de los vínculos.
Carlos Mesía, quien fue abogado del frustrado tribuno Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, fue uno de los congresistas que más defendió el proceso de elecciones de los magistrados. Tanto que no le importó desacatar la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, emitida el martes pasado, que mandaba suspender las elecciones. “Eso no es democrático, eso es antidemocrático. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota”, fueron las palabras del ahora congresista naranja.
Consultado por su relación con el fujimorismo, Ferrero respondió que no tiene vínculo alguno y que, en cambio, apoyó “vivamente a Vargas Llosa en el primer proceso y a Pérez de Cuellar en el segundo”. Y sobre la contratación de Carrasco, solo apuntó: «A Milushka la conocí hace más de ocho años y tuve ocasión entonces de presentar un libro suyo en el Tribunal Constitucional cuando yo no pertenecía a él. Ahora la veo con su nueva pareja que es un inversionista francés con gran cultura, propietario de un hotel en Tahití».
Convencer al Frepap
El último miércoles, zurrándose en la cautelar, los congresistas intentaron elegir a los magistrados del TC. Sorpresivamente el Frepap decidió no participar del proceso.
“En el transcurso de la noche [del martes], hasta la mañana del día siguiente, estuvimos evaluando [qué hacer], porque se debe admitir también que la medida cautelar no nos llegó a cada uno de los congresistas, nos hemos enterado por los medios. Pedimos información a nuestros asesores y evaluamos. Al día siguiente, tomamos la decisión con los nueve congresistas de la bancada que estuvieron presentes de no ratificar que se prosiga con la agenda, sino acatar y respetar esa medida cautelar, que de todas maneras era algo irregular”, cuenta la congresista de la bancada del pescado, María Cristina Retamozo, quien integró la Comisión Especial encargada de elegir a los mejores candidatos para conformar el TC.
Pero no todos estuvieron alineados. La vocera del partido, María Teresa Céspedes, fue la única que sí emitió un voto: lo hizo a favor del candidato Carlos Hakansson.
Aunque la mayoría retiró su apoyo, en el Frepap siguen sosteniendo que el proceso sí fue transparente y solo se cometió un error al no hacer pública las motivaciones de los puntajes de las entrevistas personales.
Luego de quitar su respaldo al proceso y que los tres primeros candidatos no lograran los 87 votos, se pidieron cuartos intermedios para buscar consensos. Retamozo cuenta que durante estos recesos, algunos congresistas, aunque no quiso precisar nombres ni partidos, se acercaron a ellos para intentar convencerlos “respetuosamente” de prestar nuevamente su apoyo.
Franco Salinas, vocero de Acción Popular, admite que algunos de sus colegas de bancada fueron los que trataron de explicar a los del Frepap que “los congresistas no estamos condicionados y no nos pueden procesar por seguir una sesión plenaria”. Pero la bancada del ‘pescadito’ no dio marcha atrás.
Al interior de AP, tres parlamentarios se bajaron a tiempo del coche: Hans Troyes, Jorge Vasquez y Rolando Campos. Al día siguiente de las votaciones fallidas, al último le mandaron un documento donde le indicaron que lo separaban de la bancada, aunque luego recularon y le enviaron otra comunicación donde le avisaban que ya no lo separaban, pero le llamaban la atención por su postura.
Para el aún congresista accionpopulista, el “incidente parece que ha sido superado”; sin embargo, Franco Salinas asegura que Campos afronta un proceso disciplinario y que podría ser retirado de la bancada.
Las votaciones ahora se encuentran congeladas porque aún no se tienen los votos necesarios. “Todo depende de cómo pasen los días esta semana y que el Frepap [cambie de decisión]. Mientras no apoyen, no hay votos; si no hay votos, no se va a continuar con la sesión”, dice Salinas. Y luego añade, como un retando a la justicia: “Nosotros tenemos legitimidad para elegir hasta el último día. Si el último día se puede elegir, lo vamos a hacer”.
*Fotoportada por Leyla López
