[La columna deca(n)dente] En el Perú, la falta de participación política de los jóvenes se presenta frecuentemente como un síntoma de apatía generacional. Sin embargo, esta conclusión simplista ignora una realidad más compleja: no es que los jóvenes hayan renunciado a la política, sino que han rechazado un modelo institucional que consideran obsoleto y desconectado de sus realidades. Tres factores explican esta desconexión: la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de despolitización y una visión restrictiva del campo político. 

Es importante señalar que esta interpretación es una aproximación hipotética que busca comprender las dinámicas actuales de los jóvenes frente a la política en el país. Si bien no se puede generalizar, las prácticas observadas reflejan tendencias preocupantes que demandan un análisis profundo y multidimensional. 

En primer lugar, la política institucionalizada enfrenta una crisis de legitimidad entre los jóvenes. Es común que ellos expresen desconfianza, indiferencia e incluso aburrimiento hacia los partidos políticos. Este descontento no es gratuito; responde a décadas de corrupción, ineficiencia y promesas incumplidas que han alejado a la política de las preocupaciones cotidianas de las nuevas generaciones. Para los jóvenes, la democracia no solo es incapaz de resolver sus problemas, sino que parece diseñada para ignorarlos. Esta percepción de inutilidad se alimenta de experiencias acumuladas de desilusión. Los jóvenes no se sienten representados ni escuchados, y perciben las decisiones políticas como procesos ajenos que no reflejan sus intereses. En este contexto, la desconfianza no solo es un síntoma, sino también un diagnóstico que exige una profunda transformación de la política institucional.

En segundo lugar, a menudo se asume que los jóvenes son apáticos y están despolitizados. Aunque muchos se definen como «no politizados», sus acciones cuentan otra historia. Participan en formas de activismo, voluntariado y protestas, aunque no reconozcan estas actividades como políticas. Este fenómeno refleja una desconexión con las formas tradicionales de participación, no con la política en sí. Los jóvenes siguen comprometidos con las causas que les importan: justicia social, igualdad de género, cambio climático, entre otras. Sin embargo, lo hacen desde espacios y lenguajes que consideran más auténticos y efectivos, lejos de la burocracia y el formalismo partidario.

En tercer lugar, el problema de fondo radica en una concepción restrictiva de la política, que la limita a los procesos institucionales y electorales. Este enfoque excluyente ignora formas alternativas de participación que han ganado relevancia entre los jóvenes, como el activismo digital, las redes comunitarias y las iniciativas autogestionadas. Las redes sociales han transformado la participación política juvenil al ofrecer espacios para visibilizar problemáticas y organizar movimientos, pero también fomentan dinámicas que priorizan salidas individuales sobre esfuerzos colectivos. Si bien plataformas como X, antes Twitter, o Instagram permiten amplificar voces y conectar con comunidades afines, sus algoritmos tienden a reforzar la gratificación instantánea, desincentivando la participación en procesos políticos estructurados, como partidos políticos o elecciones. 

Este fenómeno plantea el desafío de combinar las redes sociales con acciones colectivas que vayan más allá de lo personal. Si se usan bien, las redes sociales pueden ser herramientas para educar políticamente, crear alianzas y organizar actividades. Así, se puede conectar el activismo juvenil en línea con acciones más inclusivas y duraderas que ayuden a cambiar el sistema político. Ver solo estas formas de participación como poco importantes no solo desanima a los jóvenes, sino que también desprecia sus esfuerzos por cambiar la sociedad desde fuera de los métodos tradicionales. Reconocer y valorar estas formas de participación es clave.  

Finalmente, la desconexión juvenil no implica un rechazo a la política en su esencia, sino una demanda de transformación. Los jóvenes exigen un sistema democrático transparente, participativo y que se ajuste a sus preocupaciones reales. Para ello, es crucial ampliar el concepto de política, reconocer sus diversas formas de participación y reconstruir la confianza en las instituciones y los partidos mediante acciones concretas y responsables. Lejos de ser indiferentes, los jóvenes están profundamente comprometidos con el cambio. El verdadero desafío no es persuadirlos para que participen, sino ofrecerles partidos políticos democráticos, innovadores y coherentes tanto en sus discursos como en sus prácticas, que merezcan genuinamente su confianza y energía. Si se atiende adecuadamente este llamado, no solo se renovará la política en el país, sino que se fortalecerá con una generación que tiene mucho que aportar.

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[La columna deca(n)dente] En el actual escenario político, la expresión “viejo oeste” encuentra un paralelismo inquietante. En este entorno, las instituciones estatales han sido subordinadas a los intereses particulares de una coalición congresal, conocida también como la “coalición del mal”, que ha capturado el poder legislativo, moldeándolo a su conveniencia y destruyendo cualquier vestigio de equilibrio democrático.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ilustra esta dinámica. Su administración, lejos de liderar con independencia y visión de Estado, opera como una extensión de una coalición parlamentaria cuyas prioridades no son las demandas ciudadanas, sino los beneficios particulares de sus integrantes. El Ejecutivo se encuentra atrapado en una relación de subordinación, actuando como un títere funcional a los intereses de un Congreso que legisla sin pudor para grupos de poder, incluidas organizaciones criminales que encuentran en este sistema político un refugio perfecto.

El Congreso se ha convertido en un cártel de poder. Sus integrantes no solo están desvinculados de los principios democráticos que deberían guiar sus acciones, sino que han llevado al extremo la instrumentalización de las leyes. Las reformas constitucionales, que deberían ser un acto soberano de diálogo y consenso, han sido secuestradas para adaptarse a las necesidades de esta élitepolítica, consolidando su dominio y garantizando su impunidad.

En medio de este desolador panorama, a la manera de los viejos alguaciles o sheriffs, los que resisten los embates de la “coalición del mal” son la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, que operan como el último bastión de defensa ante el desmantelamiento institucional. Sin embargo, su capacidad para frenar este avance autoritario está constantemente bajo amenaza, enfrentando presiones, intentos de captura y deslegitimación.

Este vaciamiento de la democracia ha generado un entorno de anarquía normativa. Las instituciones encargadas de fiscalizar, regular y sancionar están paralizadas o capturadas, lo que deja el campo libre para la arbitrariedad y la corrupción. El cártel que nos gobierna no se dejará quitar el poder democráticamente; resistirá incluso, como en el viejo oeste, “a balazos”, para garantizar que no se les arrebate su control del sistema.

La debilidad del sistema de contrapesos y la fragmentación de la sociedad civil agravan esta situación. La ciudadanía, carente de un liderazgo colectivo y enfrentando constantes intentos de deslegitimación de la protesta, así como una brutal represión estatal, observa cómo los actores políticos actúan con total impunidad, incluso jactándose de ello. La captura del Estado y la corrupción se han normalizado hasta el punto de convertirse en una parte estructural del sistema político.

El país transita un camino que no solo erosiona sus instituciones democráticas, sino que también profundiza su crisis de representación. En este “viejo oeste”, el interés colectivo ha sido desplazado por un sistema donde los actores políticos se sirven del poder público para garantizar su supervivencia. El resultado es un vacío de liderazgo y un Estado de derecho debilitado, que amenaza con desencadenar una crisis aún mayor.

Frente a este panorama, la ciudadanía y los partidos políticos democráticos, que no forman parte de la “coalición del mal”, se enfrentan a un desafío histórico: reconstruir un sistema donde las instituciones sean verdaderos guardianes del interés público y donde la democracia recupere su esencia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

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[La columna deca(n)dente] En el Perú, la política se ha convertido en un espectáculo grotesco, donde los límites de la decencia y la ética parecen haber sido abolidos. La obscenidad del poder no reside únicamente en la corrupción desenfrenada o en la legislación hecha a medida para favorecer a las organizaciones criminales; su verdadera raíz está en la falta de vergüenza con la que el Ejecutivo y el Legislativo ejercen y abusan del poder, evidenciando un desprecio absoluto por el bienestar común.

El concepto de obscenidad en política no se limita a lo sexual o vulgar. Es un exceso, una transgresión que desborda las normas democráticas y éticas que deberían guiar el ejercicio del poder. En el país, este exceso se evidencia en el abuso sistemático de las instituciones: un Congreso que legisla sin pudor alguno a favor de las economías ilegales, un Ejecutivo que navega sin rumbo, y autoridades públicas que priorizan su supervivencia política sobre cualquier agenda de desarrollo.

El poder se ejerce sin contención ni moderación. Cuando los intereses particulares superan cualquier consideración por el bien común, se traspasa una frontera moral que deja a la ciudadanía expuesta a los caprichos de las cabezas visibles de la “coalición del mal”: Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López, Vladimir Cerrón y José Luna, quienes gobiernan en beneficio propio y de sus allegados.

El Congreso peruano es el epítome de esta obscenidad. En lugar de legislar para atender las necesidades del país, los parlamentarios priorizan sus propios intereses y los de aquellos a quienes sirven (como mineros ilegales y organizaciones criminales, por ejemplo). Los intentos de censurar ministros o la amenaza de una eventual vacancia presidencial no buscan resolver problemas estructurales, sino negociar mayores cuotas de poder.

Lo más obsceno no es que estas prácticas existan –ningún sistema político está libre de intereses particulares–, sino la normalización de las mismas. Los escándalos ya no generan indignación, sino resignación. La ciudadanía ha sido condicionada a aceptar que la política es intrínsecamente corrupta y que no hay alternativa.

La obscenidad del poder también se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Mientras los partidos, integrantes de la “coalición del mal”, disputan parcelas de poder, miles de conciudadanos enfrentan una crisis económica, social y de derechos humanos sin precedentes. Las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 dejaron claro que la distancia entre los ciudadanos y quienes gobiernan es abismal. En lugar de diálogo, la respuesta fue represión. La obscenidad del poder radica en la capacidad de ignorar este sufrimiento con total impunidad.

La política no debería ser un escenario para el espectáculo vulgar ni un vehículo para el abuso desmedido. Necesitamos líderes con sentido de responsabilidad y moderación, comprometidos a anteponer el bien común a los intereses personales o de grupo.

El país está atrapado en un discurso y práctica de poder obsceno, en el que los integrantes de la “coalición del mal” parecen competir por ver quién puede llegar más lejos en el abuso y la transgresión. Sin embargo, esta no es una condena inevitable. La ciudadanía tiene el poder de exigir un cambio, de demandar transparencia, decencia y compromiso.

El primer paso para erradicar la obscenidad del poder es devolverle su dignidad. Esto implica no solo renovar los liderazgos, sino también transformar las estructuras y prácticas que han perpetuado esta dinámica. Solo entonces podremos imaginar una política que no avergüence, sino que inspire.

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[La columna deca(n)dente] En un acto de flagrante desvergüenza, el ministro de Educación, Morgan Quero, pronunció una declaración que atenta contra los principios fundamentales de un Estado democrático y refleja la naturaleza autoritaria del gobierno de Dina Boluarte: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Con estas palabras, Quero intentó justificar la ejecución extrajudicial de 49 ciudadanos a manos de las fuerzas del orden, despojándolos de su dignidad y presentándolos como enemigos a eliminar.

Esta afirmación no solo refleja un profundo desprecio por la vida humana, sino que también busca legitimar el uso de la violencia por parte del Estado, un patrón característico de los regímenes autoritarios. En un país que aspira a respetar los derechos humanos, un alto funcionario público debería ser un defensor inquebrantable de la dignidad y el respeto hacia todos los ciudadanos sin distinción. Sin embargo, al recurrir a un lenguaje deshumanizador, Quero se posiciona como un apologista del abuso de poder, alimentando un discurso que justifica la impunidad y perpetúa la violencia institucionalizada.

La historia ha demostrado que las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando provienen de quienes ejercen el poder. Al calificar de “ratas” a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Quero recurre a una retórica que despoja a las personas de su humanidad, creando un contexto en el que la eliminación de “los otros” parece legítima. Este tipo de discurso desvía la atención de las responsabilidades legales y morales del Estado, presentando las víctimas como prescindibles y, por ende, justificando su exterminio. Esta estrategia de deshumanización tiene un paralelismo directo con la utilizada por regímenes totalitarios del siglo XX, como los de Pinochet y Videla, quienes emplearon discursos similares para trivializar masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Las palabras de Quero no deben quedar impunes. Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones y los partidos políticos democráticos condenen enérgicamente estas declaraciones. Asimismo, es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos presten atención a este caso, el cual refleja una alarmante deriva autoritaria del gobierno de Boluarte. En este sentido, deben activarse mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la exigencia de disculpas públicas por parte de Quero y la implementación de sanciones por las instituciones correspondientes.

Los derechos humanos son universales, sin excepciones ni condicionamientos. Cuando un ministro de Educación justifica la exclusión de ciertos grupos de estos derechos, no solo atenta contra las víctimas de hoy, sino que pone en peligro los principios democráticos que deberían protegernos a todos en el futuro. Si dejamos que este tipo de discursos se normalicen, estaremos abriendo la puerta a un futuro en el que la violencia estatal sea vista como una herramienta legítima de control social.

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derechos humanos, Dina Boluarte, Ejecuciones Extrajudiciales, Morgan Quero

[La columna deca(n)dente] El cuento La piel de un indio no cuesta cara de Julio Ramón Ribeyro nos ofrece una poderosa metáfora sobre las profundas desigualdades que marcan la estructura social en el Perú. A través de la figura de Pancho, un adolescente trabajador cusqueño que muere electrocutado en un club de campo de las élites limeñas, el autor revela cómo estas élites perciben a los más pobres como meras piezas intercambiables a su servicio. La tragedia de Pancho no solo refleja el desdén por la vida de los más vulnerables, sino que, como un espejo, muestra el rostro de un Perú profundamente dividido entre clases sociales.

Este tema del racismo y el clasismo resuena con fuerza en la actualidad política del país. Las recientes declaraciones del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, pidiendo “más represión” contra los manifestantes de diciembre de 2022 a abril de 2023, son un claro reflejo de esa mentalidad que ha guiado a las “élites” durante décadas.

Blume, al exigir mayor represión, no solo actúa como portavoz de una mentalidad autoritaria, sino que también revive los ecos del pasado más sombrío del país. Su llamado a la violencia estatal recuerda a los gamonales, los “señores de horca y cuchillo” que, en tiempos pasados, utilizaban el poder del Estado para sofocar cualquier intento de disidencia de “sus” indios en sus haciendas, a la voz de “métanle bala a la indiada”.

En un Perú donde las tensiones sociales crecen, el pensamiento de Blume no solo es alarmante, sino también peligrosamente racista. En las protestas, las víctimas fueron, en su mayoría, ciudadanos de Ayacucho y Puno, quienes no solo fueron ejecutados extrajudicialmente, sino que además fueron deshumanizados en el discurso oficial como enemigos del orden democrático.

Este tipo de represión no es algo aislado, sino parte de un patrón estructural que busca silenciar a quienes históricamente han sido ignorados y marginados. Si Pancho fuera una persona real, probablemente habría sido uno de esos miles de manifestantes que se alzaron en defensa de sus derechos, solo para ser despojados de su dignidad y su vida en manos de un Estado que prioriza la estabilidad del poder por encima de la justicia social.

La tragedia de Pancho y las declaraciones de Blume convergen en una misma crítica: ambas evidencian un sistema que legitima la violencia contra los más débiles. Pancho muere en un accidente producto de la negligencia de los poderosos, mientras que los manifestantes caen bajo las balas del Estado, todo en nombre de una supuesta “seguridad” que nunca ha estado al servicio del pueblo, sino de los intereses de unos pocos. La indiferencia de las “élites” ante estas tragedias no solo es moralmente condenable, sino que socava los principios democráticos fundamentales.

En lugar de optar por más represión, el país necesita un cambio de rumbo hacia políticas inclusivas que no solo aborden las raíces del descontento social, sino que también busquen soluciones a la pobreza, la exclusión y la desigualdad. La solución no está en la violencia, sino en la justicia social y el diálogo. El futuro democrático del Perú depende también de rechazar estos discursos autoritarios y de construir una sociedad más equitativa. Mientras las “élites” sigan viendo a los demás como Pancho, la democracia seguirá siendo solo una ilusión para muchos.

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[La columna deca(n)dente] En El día de la bestia (1995), extraordinaria película española de Álex de la Iglesia, el padre Ángel, un sacerdote convencido de que debe salvar al mundo del Anticristo, toma una decisión chocante: robar la billetera de un moribundo. El acto, en su absurda lógica, forma parte de su misión: hacer el mal para infiltrarse en las fuerzas oscuras. Aunque grotesca, la escena es una sátira que nos invita a reflexionar sobre los límites de la moral y la ética.

Sin embargo, cuando la ficción se encuentra con la realidad, el impacto deja de ser reflexivo y se convierte en una herida abierta. En un caso reciente, dos policías, encargados de proteger la vida y la seguridad, robaron el dinero y el celular de un colega que yacía gravemente herido tras haber recibido un disparo en el rostro. La tragedia no reside solo en el acto, sino en lo que revela: un sistema profundamente descompuesto y carente de humanidad.

Mientras que el acto del sacerdote en la película está envuelto en el absurdo y justificado por una causa extrema, lo que hicieron estos policías no tiene más lógica que el egoísmo puro. Es una traición a los principios más básicos de solidaridad y decencia, un recordatorio brutal de cómo las instituciones, cuando fallan, pueden generar no solo incompetencia, sino también perversión moral.

Estos actos evocan la inquietante idea de la «banalidad del mal» de Hannah Arendt: el mal no siempre se manifiesta en grandes gestos de destrucción, sino en la rutina de pequeños actos egoístas, cometidos por personas comunes que renuncian a pensar en las consecuencias de sus acciones. En este caso, el robo no es solo un crimen, sino también un reflejo de cómo se ha normalizado la deshumanización, incluso en el ámbito de quienes deberían protegernos.

En la película, el robo del sacerdote es un recurso narrativo para desatar la reflexión. Nos muestra cómo, bajo circunstancias extremas, las nociones de bien y mal pueden distorsionarse hasta el absurdo. En la vida real, estos actos extremos no buscan provocar pensamiento crítico: son la evidencia de un sistema que no enseña ni refuerza los valores éticos necesarios para sostener una sociedad.

Este caso nos enfrenta a nuestra propia «bestia», no como una entidad sobrenatural, sino como un espejo de lo que hemos permitido que ocurra en nuestras instituciones y en nuestra sociedad. Cada acto de este tipo es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es una cruzada idealista: es una necesidad urgente para evitar que el tejido ético que nos une siga desmoronándose.

Porque, al final, no se trata de un sacerdote enfrentándose al Anticristo. Se trata de nosotros, como sociedad, enfrentándonos a nuestra incapacidad de mantenernos humanos frente al caos y la miseria moral. 

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crimen, inseguridad, Policía Nacional, robo

[La columna deca(n)dente] En la tragicómica ópera del Congreso peruano, Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento, se luce con una joya discursiva que reinventa el derecho en clave de absurdo: “Nicanor Boluarte tiene derecho a preservar su libertad”. Con una mezcla de ternura familiar y audacia legalista, Salhuana ha conseguido lo que parecía imposible: resignificar conceptos tan básicos como justicia, prófugo y libertad. Según su novedosa lógica, “preservar la libertad” no es más que desaparecer oportunamente cuando un juez dicta prisión preventiva. Así nace un principio digno de figurar en manuales alternativos de derecho: la fuga precautoria.

El caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ilustra esta filosofía con notable precisión. Ante los 36 meses de prisión preventiva dictados por el juez Richard Concepción Carhuancho, Boluarte escogió el camino más práctico: convertirse en “no habido”. En el Perú, esta condición no es un signo de deshonra, sino casi un reconocimiento simbólico, comparable a una medalla al mérito. En un país donde los prófugos pueden llegar a convertirse en referentes mediáticos, la desaparición estratégica es vista, en ciertos círculos, como una demostración de astucia más que de culpa. ¿Y qué mejor manera de preservar la libertad que ausentarse justo cuando intentan quitártela?

Para Salhuana, lejos de ser una anomalía, este acto es una brillante demostración de derechos democráticos. Si el Congreso protege a sus propios integrantes frente a la justicia, ¿cómo no extender esa inmunidad tácita al primer hermano de la nación? Negar este privilegio sería, en su lógica, una forma inaceptable de discriminación. Su razonamiento, por supuesto, abre un fascinante precedente. Si aplicáramos esta filosofía de manera universal, todos los ciudadanos que enfrentan prisión preventiva deberían inspirarse en Boluarte y “preservar su libertad” desde algún paraíso remoto. Pero, claro, no todos cuentan con un Congreso tan hábil en las piruetas verbales para justificar lo injustificable.

Mientras el Parlamento ejecuta su espectáculo, Dina Boluarte, presidenta de la República, no se queda atrás. En una declaración que parece destinada a las antologías del disparate político, afirmó: “Está ciega la justicia, le vamos a quitar la venda”. La frase, cargada de literalidad, propone una solución que, a primera vista, parece revolucionaria: despojar a la Justicia de su venda para que identifique sin ambigüedades a los corruptos. ¿Quién necesita la venda cuando los sospechosos están a la vista? A este ritmo, Boluarte bien podría sugerir eliminar otros símbolos arcaicos, como la balanza, y reemplazarla por una calculadora para presupuestos o un cuchillo de cocina, más útil para las licitaciones creativas y los ajustes morales que caracterizan su gobierno.

Sin embargo, esta metáfora presidencial no solo revela un desconocimiento simbólico preocupante, sino también una gestión que parece ciega ante las demandas sociales y éticas del país. Si quitar la venda a la estatua es la solución, ¿qué hacemos con el peso de la balanza o el filo de la espada? Boluarte parece ignorar que la venda no es un problema, sino un símbolo de imparcialidad; al sugerir retirarla, proyecta una gestión incapaz de abordar la corrupción sistémica que carcome al país.

Estos episodios, entre el absurdo y el cinismo, son elocuentes recordatorios de por qué Perú necesita líderes que sepan gobernar y no solo malabaristas del discurso. La ironía no puede pasar desapercibida: mientras la estatua de la Justicia, despeinada y resignada, espera que alguien le devuelva su dignidad, el país sigue atrapado en una tragicomedia política, donde preservar la libertad parece significar huir, y buscar justicia equivale a quitarle la venda al símbolo de la imparcialidad.

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Congreso, Dina Boluarte, fuga, justicia, Nicanor Boluarte

[La columna deca(n)dente] En una de las entrevistas más desafortunadas de este año, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha demostrado que la desconexión con la realidad nacional parece haberse convertido en el sello distintivo del gobierno de Dina Boluarte. Sus declaraciones sobre las protestas de transportistas y otros ciudadanos a nivel nacional, coincidentes con la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), no solo minimizaron un problema alarmante, sino que reflejaron la insistencia del Ejecutivo en negar la gravedad de la crisis que enfrenta el país.

Para contextualizar, los transportistas alzaron su voz en medio de una ola de criminalidad que cobra vidas de choferes y trabajadores. Sin embargo, lejos de priorizar este grave problema, Pérez Reyes se mostró más preocupado por el momento elegido para protestar, calificándolo de inoportuno por coincidir con la “fiesta” de la APEC.

Lo que resulta realmente preocupante es su intento de deslegitimar las demandas. En respuesta al periodista Martín Riepl, quien le recordó que el Perú no está precisamente de fiesta sino enfrentando una crisis de inseguridad y violencia creciente, el ministro lanzó una pregunta indignante: “¿A quiénes están matando?”. En un país donde el sicariato y la extorsión son noticias cotidianas, esta pregunta no solo es brutalmente insensible, sino que también busca minimizar los hechos.

Para el ministro, las pancartas que claman “nos están matando” son simples herramientas de una “agenda política”. Vincular reclamos legítimos con la “izquierda radical” o con fines electorales es una estrategia conocida del gobierno de Boluarte: descalificar la protesta para evitar atender sus causas. Este tipo de discurso refuerza la percepción ciudadana de que el gobierno no tiene interés en escuchar las demandas ni resolverlas.

En este contexto, el rol de la APEC merece especial atención. Este evento internacional era, para el Ejecutivo, una oportunidad de oro para proyectar al Perú como un país estable y seguro. Sin embargo, al minimizar las protestas y calificar de politizados a quienes las impulsan, el ministro Pérez deja entrever un problema mayor: la prioridad del gobierno no es resolver las crisis internas, sino proyectar una fachada de normalidad hacia el exterior.

Este intento por “normalizar” la situación interna se alinea con un patrón observado desde diciembre de 2022, cuando la represión gubernamental dejó 49 muertos en el contexto de las manifestaciones. Las voces que exigen justicia para las víctimas han sido etiquetadas como oportunistas e interesadas, perpetuando un discurso que intenta invisibilizar tales crímenes. Es evidente que el Ejecutivo busca mantener un discurso donde el orden se impone frente al caos, pero lo hace a un costo altísimo: la erosión de la confianza y el respaldo ciudadano.

En política, las palabras importan, y las del ministro Pérez Reyes no han hecho más que ahondar el malestar general. Su metáfora de la “fiesta” trivializa el descontento social. Su pregunta sobre las víctimas no solo constituye una falta de respeto, sino también una negación de la realidad que viven miles de compatriotas. Y su insistencia en deslegitimar las protestas evidencia un gobierno que interpreta las críticas como una amenaza.

El país no necesita ministros que minimicen los problemas ni discursos que maquillen la realidad. Necesita que el gobierno de Boluarte escuche, actúe y priorice la vida de sus ciudadanos por encima de todo. Porque, a diferencia de lo que piensa el ministro, el Perú no está en una fiesta. Está de duelo.

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[La columna deca(n)dente] El gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han adoptado una estrategia que encarna lo que muchos llaman “dictadura constitucional”: una manipulación de la legalidad y de las instituciones democráticas para consolidar el poder y restringir derechos sin recurrir a un régimen autoritario formal. Este esquema permite mantener una fachada de legalidad mientras se restringen libertades y se incrementa la represión. Un ejemplo reciente es la propuesta del Ejecutivo de trasladar los juicios de policías y militares a tribunales castrenses, una medida que elimina la rendición de cuentas ante la justicia civil y revive prácticas de los años de Fujimori, cuando la impunidad y la represión eran empleadas para silenciar las voces críticas.

Este uso retórico de la ley y la seguridad, que convierte al Ejecutivo en árbitro de lo aceptable en términos de protesta y crítica, deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad. Los líderes autoritarios apelan al “orden” para criminalizar las movilizaciones y restringir derechos en nombre de la estabilidad. En el caso de Boluarte, esto se ha traducido en una creciente militarización de la vida pública y en un gobierno que percibe a los ciudadanos críticos como potenciales “enemigos” o “traidores a la patria”. Esta situación sienta un precedente peligroso, transformando la Constitución y las instituciones, que deberían proteger los derechos fundamentales, en herramientas de represión.

El Congreso, lejos de cumplir su función de contrapeso al Ejecutivo, se ha convertido en un aliado en la consolidación de medidas autoritarias. Esta alianza desdibuja los límites entre legalidad y autoritarismo y expone una estrategia de control desde el Legislativo. Con leyes que favorecen intereses particulares y, en muchos casos, a organizaciones criminales, el Congreso detenta el poder real, manipulando la ley para su propio beneficio y subordinando al Ejecutivo a su agenda.

El respaldo de partidos como Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Perú Libre (Vladimir Cerròn), Podemos (José Luna), entre otros, mantiene a Dina Boluarte en el cargo solo de manera temporal. Esta coalición de fuerzas en el Congreso no está motivada por el bien del país, sino por la intención de prolongar el statu quo hasta que Boluarte convoque a elecciones, momento en el cual podría ser descartada. Así, el Congreso asegura su influencia, mientras el Ejecutivo queda como una pieza desechable, removible una vez que deje de ser útil.

Ante esta situación, ciudadanos y partidos democráticos tienen la responsabilidad de defender la democracia y los derechos fundamentales. La ciudadanía debe movilizarse y organizarse, exigiendo transparencia y respeto por las libertades individuales, tanto en espacios públicos como en redes sociales. Las organizaciones sociales pueden jugar un papel clave, denunciando estos abusos y promoviendo una participación política activa. Por su parte, los partidos democráticos deben alzar la voz y promover acciones concretas para frenar la coalición autoritaria, actuando con firmeza para crear un frente común en defensa de la democracia.

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