Morgan Quero

49 “ratas”

Por: 16.12.2024

[La columna deca(n)dente] En un acto de flagrante desvergüenza, el ministro de Educación, Morgan Quero, pronunció una declaración que atenta contra los principios fundamentales de un Estado democrático y refleja la naturaleza autoritaria del gobierno de Dina Boluarte: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Con estas palabras, Quero intentó justificar la ejecución extrajudicial de 49 ciudadanos a manos de las fuerzas del orden, despojándolos de su dignidad y presentándolos como enemigos a eliminar.

Esta afirmación no solo refleja un profundo desprecio por la vida humana, sino que también busca legitimar el uso de la violencia por parte del Estado, un patrón característico de los regímenes autoritarios. En un país que aspira a respetar los derechos humanos, un alto funcionario público debería ser un defensor inquebrantable de la dignidad y el respeto hacia todos los ciudadanos sin distinción. Sin embargo, al recurrir a un lenguaje deshumanizador, Quero se posiciona como un apologista del abuso de poder, alimentando un discurso que justifica la impunidad y perpetúa la violencia institucionalizada.

La historia ha demostrado que las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando provienen de quienes ejercen el poder. Al calificar de “ratas” a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Quero recurre a una retórica que despoja a las personas de su humanidad, creando un contexto en el que la eliminación de “los otros” parece legítima. Este tipo de discurso desvía la atención de las responsabilidades legales y morales del Estado, presentando las víctimas como prescindibles y, por ende, justificando su exterminio. Esta estrategia de deshumanización tiene un paralelismo directo con la utilizada por regímenes totalitarios del siglo XX, como los de Pinochet y Videla, quienes emplearon discursos similares para trivializar masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Las palabras de Quero no deben quedar impunes. Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones y los partidos políticos democráticos condenen enérgicamente estas declaraciones. Asimismo, es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos presten atención a este caso, el cual refleja una alarmante deriva autoritaria del gobierno de Boluarte. En este sentido, deben activarse mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la exigencia de disculpas públicas por parte de Quero y la implementación de sanciones por las instituciones correspondientes.

Los derechos humanos son universales, sin excepciones ni condicionamientos. Cuando un ministro de Educación justifica la exclusión de ciertos grupos de estos derechos, no solo atenta contra las víctimas de hoy, sino que pone en peligro los principios democráticos que deberían protegernos a todos en el futuro. Si dejamos que este tipo de discursos se normalicen, estaremos abriendo la puerta a un futuro en el que la violencia estatal sea vista como una herramienta legítima de control social.

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derechos humanos, Dina Boluarte, Ejecuciones Extrajudiciales, Morgan Quero

“Las palabras del ministro Quero son un fiel reflejo de lo que es este gobierno”

Por: 14.12.2024

Gisela Ortiz, exministra y activista por los derechos humanos, conversó con Sudaca sobre las escandalosas declaraciones del ministro Morgan Quero. Ortiz señala que el Congreso “no está fiscalizando y no existe ningún contrapeso” por lo que descarta que el titular del Minedu deje su puesto.

¿Cree que el ministro Morgan Quero será retirado del Ministerio de Educación tras llamar ratas a las víctimas de las protestas?

Creo que no. No debemos olvidar que quien sostiene este gobierno es ese pacto político que hay con el Congreso y las fuerzas mayoritarias de extrema derecha e izquierda. Entonces, no lo van a interpelar ni exigir su renuncia. Por otro lado, Quero siempre se ha mostrado fiel a Dina Boluarte y creo que, por parte de ella, no va a haber un pedido de disculpas, que debería ocurrir, y tampoco le quitará el cargo.

¿Es una declaración desafortunada o representa la política del gobierno actual?

Las palabras del ministro Quero son un fiel reflejo de lo que es este gobierno que no cree en los derechos humanos y carga con cincuenta personas asesinadas que también ha dejado mil personas heridas que vivirán con  las secuelas y familias destrozadas. Estas expresiones son un reflejo de lo que ellos creen. Tenemos a un ministro reincidente en esta forma como se expresa, con esta falta de respeto y maltrato que lo dice con total naturalidad.

¿Las declaraciones del ministro Quero y el desinterés por parte del gobierno ante este caso se puede interpretar como una amenaza para futuras manifestaciones?

No tengo la menor duda que este gobierno no tiene el más mínimo respeto por los derechos humanos y va a hacer de la represión policial una forma de mantenerse en el poder. La violencia con la que la policía ha actuado en las últimas manifestaciones es una expresión de esa forma de gobernar por la fuerza. Es un peligro para quienes expresamos una opinión en contra de este gobierno y quienes ejercemos el derecho a la protesta.

Mencionaba el rol del Legislativo, ¿se podría decir que el Congreso ha dejado de cumplir un rol fiscalizador y de contrapeso del Ejecutivo?

Desde diciembre del 2022 hay un acuerdo político para mantenerse en el poder hasta el 2026. Ahí radica la priorización de estos proyectos de ley que se discuten y que son en favor de grupos de delincuentes y vanrestringiendo  la función del Ministerio Público y el Poder Judicial. El Congreso hace tiempo no está fiscalizando y no existe ningún contrapeso sino que son parte de este gobierno que se impone por la fuerza.

En los últimos días la presidenta Dina Boluarte ha intentado instalar el debate sobre la pena de muerte, ¿qué opinión tiene sobre esta iniciativa que el Ejecutivo está impulsando?

Estamos en un contexto de una fragilidad tremenda de nuestras instituciones. No hay una garantía que realmente se va a determinar la responsabilidad de los violadores para aplicar la pena de muerte. Qué pasa si esto se convierte en una nueva forma de chantaje y amenaza para cobrar dinero a los familiares con extorsionadores dentro de la policía. Lo que aquí no hay es prevención, que debe trabajar el Estado, y lo que ocurre es que cuando los familiares acuden a los centros policiales no hay una respuesta inmediata y se tiende a culpar a la víctima y la familia. Imponer la pena de muerte en este contexto es una utilización banal para tapar los delitos que siguen apareciendo cada día y están relacionados con este gobierno. No es una discusión seria.

Aprovechando este debate, diversas bancadas han apoyado que Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿existen segundas intenciones detrás de este pedido?

Quienes plantean eso son congresistas que tienen algúntipo de vinculación con las Fuerzas Armadas, han sido partícipes del conflicto armado interno y alguna responsabilidad tienen. También son parte de agrupaciones políticas que, en procesos y juicios, se ha evidenciado su accionar criminal durante el conflicto armado interno. No son personas que no tienen nada que ver con las responsabilidades y violaciones de derechos humanos. No es un planteamiento desinteresado sino parte del afán de imponer o garantizar la impunidad para los delitos que se cometieron, como hemos visto en la ley pro impunidad presentada por el congresista Rospigliosi.

¿El Perú está atravesando un momento crítico en lo que respecta a darle importancia a los derechos humanos?

Antes, de alguna manera, los partidos políticos cuidaban las formas de expresar este repudio a los derechos humanos a diferencia de como lo hacen actualmente. Ahora están a favor de los criminales, legislan a favor de los criminales y arrebatan derechos de las víctimas. Partidos políticos que no incorporan una mirada de los derechos humanos no deberían tener ningún tipo de oportunidad en nuestro país. No solamente porque somos un país post guerra con secuelas que no han sido atendidassino porque, lamentablemente, no tenemos una democracia sólida. Ese es el mayor miedo. El no tener libertad para expresarnos ni movilizarnos.

El Congreso también está abordando un proyecto de ley que busca un mayor control sobre las ONG, ¿qué consecuencias podría dejar esto para el país?

Es un proyecto que trata de tener mayor control no sólo sobre los recursos que reciben las ONG sino también sobre el uso que se les da. En nuestro país ya existe una organización que se llama APSCI, la cual está vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y ejerce esta función. Lo que quieren ahora es incrementar el control y con frases ambiguas. Hablan de prohibir el uso indebido sin decir qué sería exactamente indebido. Todos los proyectos que tienen financiamiento internacional se hacen en función a objetivos. No es que uno invente las actividades en el transcurso del desarrollo del proyecto. Lo que quiere hacer el Congreso es prohibirlas porque las denuncias internacionales se canalizan a través de las ONG de derechos humanos y también porque el trabajo de estas ha sido la capacitación en materia de derechos humanos. Ellos ven ahí un peligro político.

¿Considera que el gobierno de Dina Boluarte, con situaciones como las declaraciones del ministro Quero, ha profundizado la división entre Lima y el resto del Perú?

Creo que desde la frase desafortunada de “Puno no es el Perú” que expresara Dina Boluarte empezamos con esa mirada de desconfianza a quienes estaban defendiendo su derecho a protestas. Cada vez que tienen oportunidad los representantes de este gobierno lo que hacen es seguir negando que hay un Perú distinto al de Lima y marcando sus frases racistas comparándolos con animales. Me parece peligroso porque en ese contexto de una mayor brecha política y social se van a dar las elecciones del 2026.

El último gobierno vinculado con represión a manifestantes fue el de Manuel Merino y, años después, no hubo responsables por estos actos, ¿será diferente lo que ocurrirá con Dina Boluarte en el futuro?

Justamente por eso son las movidas que están haciendo en el sistema electoral buscando qué más pueden hacer para asegurarse que van a tener un control absoluto en el JNE para que quienes salgan elegidos sean partidos políticos que les van a garantizar impunidad. Ese es el peligro para las víctimas, porque no están garantizados sus derechos y siempre está el poder político que negocia, como pasó con los asesinatos de Inti y Bryan. Qué democracia vamos a construir en un país que ningunea a sus víctimas y las trata con una falta de respeto total.

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Congreso, Gisela Ortiz, Morgan Quero

No es “práctica cultural” es un delito atroz

Por: 17.06.2024

[La columna deca(n)dente] Las declaraciones de Morgan Quero, ministro de Educación, según las cuales «la violación de niñas indígenas es una práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes», plantean varias cuestiones críticas desde la perspectiva de los derechos humanos y el papel del Estado en la protección de los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Una primera cuestión es la normalización de la violencia. La afirmación de Quero de que la violación de niñas indígenas es una «práctica cultural» sugiere una normalización de la violencia sexual como parte de ciertas costumbres. La violencia sexual nunca puede justificarse como una práctica cultural. Justificar o minimizar la violación bajo el pretexto de la cultura perpetúa la violencia y vulnera gravemente los derechos humanos de las niñas y las adolescentes, específicamente su derecho a la integridad física y mental, y a vivir libres de violencia.

Una segunda cuestión es la promesa de ser «muy prudentes», que podría interpretarse como una falta de acción decisiva del Estado para abordar esta grave violación de derechos humanos. Como bien sabe el ministro de Educación, el Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, especialmente a los grupos más vulnerables, como las niñas y adolescentes indígenas. Esto incluye la implementación de medidas efectivas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Asimismo, su declaración parece caer en el relativismo cultural, donde las prácticas culturales se consideran inmutables y respetadas sin importar si violan los derechos humanos. La mutilación genital femenina es una práctica común en algunas culturas y viola los derechos humanos de la salud, la integridad física y la dignidad de las niñas y mujeres. El matrimonio infantil antes de la mayoría de edad viola los derechos humanos a la vida, la salud y el bienestar, especialmente en el caso de las niñas.

El ministro Quero olvida que los derechos humanos son universales y no deben ser comprometidos por prácticas culturales. El respeto a las culturas debe coexistir con la protección irrestricta de los derechos fundamentales, y ninguna práctica cultural puede justificar la violación de estos derechos. 

Sus declaraciones y las de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, que ratifican que las violaciones sexuales son “prácticas culturales”, pueden perpetuar estigmas y prejuicios hacia las comunidades nativas, presentándolas como inherentemente y culturalmente violentas. Esto no solo perpetúa la discriminación y estigmatización de dichas comunidades, sino que también desvía la responsabilidad del Estado para abordar estos problemas de manera integral, respetuosa y justa con los derechos de todas las personas.

Dada la gravedad de sus declaraciones, es imperativo exigir la renuncia inmediata del ministro de Educación, Morgan Quero, y de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández. Al justificar la violación de niñas indígenas como una «práctica cultural», ambos funcionarios no solo muestran una falta de comprensión y respeto por los derechos humanos universales, sino que también perpetúan la violencia y discriminación contra las comunidades más vulnerables. Sus palabras, lejos de promover la protección y el bienestar de estas niñas, las exponen a más abusos y estigmatización. Un liderazgo que minimiza y relativiza tales atrocidades es inaceptable y contrario a los principios fundamentales de justicia y dignidad. Es crucial que el gobierno de Dina Boluarte demuestre un compromiso genuino con la defensa de los derechos humanos y la igualdad, comenzando con la destitución de funcionarios que no cumplen con estos estándares.

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Angela Hernández, Dina Boluarte, Ministerio de educación, Ministerio de la Mujer, Morgan Quero

Censura y silencio

Por: 27.05.2024

El reciente intento del gobierno de Dina Boluarte, mediante el Ministerio de Educación conducido por Morgan Quero, de retirar 22 libros de educación básica ha desatado una justificada ola de críticas desde la academia y la sociedad civil. Estos libros contienen términos como «conflicto armado», «conflicto social», «dictadura», «ideología de género», «aborto» y «educación sexual integral», considerados adversos a la narrativa promovida por el fujimorismo y otras bancadas conservadoras, como Renovación Popular y Avanza País, entre otras. Esta acción representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La censura de estos términos es una maniobra para manipular la información y la historia. Este acto busca reforzar la impunidad para militares y políticos, generalizando el uso del término «terrorista» para deslegitimar a los opositores del gobierno y minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y sus fuerzas del orden. Esta estrategia de manipulación histórica no solo tergiversa la verdad, sino que también distorsiona la percepción pública de eventos trascendentales, afectando la memoria colectiva.

Eliminar términos como «conflicto armado interno» es particularmente preocupante. La inclusión de este término en los textos escolares permite a los estudiantes entender el contexto y las características del conflicto ocurrido en el país, el cual tuvo profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Eliminar este término distorsiona la comprensión de estos eventos cruciales y su impacto en la historia nacional.

El silencio del Congreso ante esta grave situación es alarmante. A pesar de la polémica generada, ningún legislador ha citado al ministro Quero para que rinda cuentas, y varios congresistas vinculados al ámbito educativo han optado por la complicidad del silencio. Este mutismo institucional no solo evidencia una falta de compromiso con la defensa de una educación libre y plural, sino que también sugiere una preocupante alineación con las políticas de censura y manipulación del régimen de Boluarte.

En un país como el Perú, marcado por una historia de conflictos y dictaduras, es vital que la educación refleje de manera fiel y completa los acontecimientos del pasado. La manipulación de la verdad y la historia desde el Ministerio de Educación no solo traiciona el legado de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos humanos, sino que también hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.

Es imperativo que la sociedad civil, los académicos y los defensores de los derechos humanos se unan para resistir estos intentos de censura. La educación debe ser un espacio de libertad y verdad, donde se fomente el pensamiento crítico y se promueva una comprensión profunda y matizada de nuestra historia y realidad contemporánea. Solo así podremos construir una democracia sólida y una sociedad justa y equitativa.

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