Muchos de esos rasgos antipolíticos se han mantenido y se han exacerbado a lo largo de más de dos décadas. Ahora no son patrimonio de tal o cual fuerza política o de tal o cual liderazgo. Por el contrario, se les encuentra en líderes y partidos políticos que se ubican en las derechas, en las izquierdas y en el centro del espectro político; algunos de los cuales tienen hoy responsabilidades gubernamentales y legislativas. Por eso, durante las movilizaciones de protesta, los cuestionamientos al gobierno de Boluarte fueron respondidos con un uso excesivo de la fuerza policial y militar que causó la muerte de 49 ciudadanos. O cuando Perú Libre y Fuerza Popular, partidos ubicados, al menos declarativamente, en polos opuestos la elección del Defensor del Pueblo teniendo en el horizonte sus particularísimos intereses. Como se aprecia, la antipolítica, por el momento, goza de buena salud y seguirá, en consecuencia, erosionando nuestra precaria democracia.

Carlos Iván Degregori partió a la eternidad un 18 de mayo de 2011. Aquel día nos dejó un estupendo intelectual, un antropólogo sin par, un excelente docente y un escritor excepcional.  Aquel día se nos fue uno de los imprescindibles como diría el dramaturgo y poeta Bertolt Brecht. Hoy queda releerlo, pensar los problemas del país, imaginar futuros posibles muchos más dignos y humanos que el presente y actuar en consecuencia para hacerlos posibles.

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En esta coyuntura crítica, se hace imprescindible la conformación de una coalición política amplia y plural. Una coalición que supere las diferencias ideológicas, programáticas y políticas para enfrentar a la dictadura constitucional de Boluarte y recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, los partidos y liderazgos democráticos. Una coalición que convoque, organice y movilice a partidos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Lo cual permitirá garantizar la representatividad de vastos sectores de la sociedad y asegurar que todas las voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Tal pluralidad será un desafío al momento de llegar a acuerdos más amplios y duraderos.

Asimismo, la coalición política deberá tener una agenda común que refleje los principales desafíos que enfrenta la sociedad ahora. La agenda debe estar basada en la justicia, la igualdad, el fortalecimiento y transparencia de la gestión pública y el respecto irrestricto de los derechos humanos. Una democracia que se precie de tal no ejecuta a sus ciudadanos que se movilizan ejerciendo su derecho a la protesta. Por último, una coalición política puede ofrecer una visión más amplia y a largo plazo de los problemas que aquejan al país. Se entiende que al no estar limitada por intereses particulares o de grupo puede abordar los problemas desde una perspectiva más integral y enfocada en el bien común y el bienestar general. ¿Seremos capaces de formar una o más coaliciones? Constituirlas implicaría una manera distinta de hacer política de cara a la ciudadanía.

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Cabe preguntarse si la presidenta y sus ministros son conscientes de que con cada mentira van perdiendo la confianza de los ciudadanos y fortalecen la percepción de que están más interesados en su propio interés que en el bienestar del país. No por nada la aprobación presidencial es de un 15% según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos. Además, con cada una de ellas van socavando valores democráticos fundamentales y haciendo que pierdan credibilidad las instituciones democráticas. Suena utópico, pero toca seguir demandando a los gobernantes de turno un compromiso mayor con la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas para proteger y fortalecer nuestra debilitada democracia.

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Dina Boluarte, Gobierno peruano, Perú

Según la narrativa gubernamental, los ministros no son responsables porque no se ordenó “disparar al cuerpo”, porque las muertes se produjeron por el impacto de proyectiles de armas artesanales “Dum Dum” y porque los “planes operativos” fueron dirigidos y ejecutados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si buscan eximirse de tal responsabilidad debe quedar claro para todos los ciudadanos que no autorizaron ni explícita ni implícitamente las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, es insuficiente señalar que no se sabían lo que hacían sus subalternos. Esto, por el contrario, evidenciaría un control meramente formal de sus ministerios y revelaría su incompetencia para el cargo. Si los responsables políticos de las ejecuciones extrajudiciales hubieran tenido firmes convicciones democráticas hubieran renunciado. Si la presidenta Boluarte hubiera asumido que eran responsables políticos los hubiera destituido sin dilación alguna. No fue así con lo cual se sigue erosionando nuestra precaria democracia. Con justa razón en cada movilización ciudadana contra el gobierno de Boluarte se corea que “esta democracia ya no es una democracia”.

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Alberto Otárola, Dina Boluarte, protestas

Un tercer elemento es el reconocimiento como “enemigos” y no como “adversarios” a todos aquellos que protestan contra el gobierno, poniendo en cuestión el derecho a la protesta pacífica. Ciudadanos que, además, son denigrados de manera sistemática tipificándolos como “terroristas” o “vándalos” y acusados de haber pretendido tomar el poder “por las armas y la fuerza” como declaró el primer ministro Alberto Otárola en una entrevista reciente. Discurso oficial que ha servido de justificación para responder las protestas sociales de manera desproporcionada, sin control alguno y al margen de la ley como así lo atestiguan las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 48 personas. En suma, la erosión de los controles y contrapesos entre poderes, la concentración de poder y estigmatización de ciudadanos que protestan configuran una dictadura constitucional que no dejara de ser cuestionada y desafiada tanto interna como externamente.

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Congreso de la República, Dina Boluarte, política peruana

Lo cual conlleva a que las fuerzas del orden traten de restaurar “la paz social” de manera desproporcionada, sin mayor control y violando los derechos de las personas que se movilizan. Por eso, el gobierno no condena el accionar de la policía nacional sino le agradece por su “inmenso sacrificio y profesionalismo” (Otárola) y resalta su actuación “inmaculada” como lo hizo la presidenta Boluarte. Afirmaciones que pueden ser interpretadas como un claro respaldo y anuencia hacia el desempeño de la policía y el Ejército.

La no condena de la represión policial y militar violatoria de derechos humanos y la deshumanización recurrente de quienes protestan hacen presumir que al gobierno de Boluarte y al Congreso poco o nada les importa la muerte de nuestros conciudadanos. Por el contrario, pareciera que la administración de la muerte es hoy una política de Estado, la cual es utilizada como un mecanismo más para intentar salvaguardar “el orden y el estado de derecho” y como un mecanismo de control y de silenciamiento de aquellos que exigen la renuncia de la presidenta y de la convocatoria a elecciones generales. Una “necropolítica” que debe ser cuestionada y condenada en defensa de la vida. Nada, absolutamente nada justifica la muerte de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta  y menos que sea legitima. 


*Fotografía perteneciente a terceros

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protestas sociales

Tal interpretación de los hechos niega a los manifestantes la capacidad de pensar por cuenta propia, de decidir y de actuar en consecuencia para alcanzar las metas que se han propuesto de manera individual y colectiva. Además, no los reconoce como iguales, como sujetos con los mismos derechos. Y, por último, no los considera como adversarios sino como enemigos. En lugar de adversarios con los cuales se disiente, pero se dialoga; existen “terroristas”, “infiltrados”, “delincuentes”, “salvajes”, “resentidos”, “indios”, etc. Es decir, seres despreciables y prescindibles a los que no se les considera interlocutores válidos para lograr acuerdos. Menos aún para plantear alguna propuesta política viable. 

Si esta imagen de quienes se movilizan sigue prevaleciendo y el Ejecutivo y el Legislativo no tienen la voluntad y decisión para para resolver políticamente la crisis; ésta se profundizará y la respuesta gubernamental no será otra que imponer el orden mediante la multiplicación de estados de emergencia y suspensión de derechos constitucionales con lo cual el país seguirá incendiándose sin lugar a dudas con un alto costo en vidas humanas. 


*Fotografía perteneciente a terceros

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“Ponchos Rojos”, Grupo Especial de Inteligencia (GEIN)

En ese sentido, la revitalización de los partidos políticos pasa también por la afiliación de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a entregar su tiempo y otros recursos de manera voluntaria para poner en práctica las soluciones a los problemas nacionales, regionales o locales que estiman por convenientes desde algún cargo ejecutivo; guiados por un conjunto de principios, valores y una visión de desarrollo del país. Además de legislar en función del bien común y no de intereses particulares. Lo cual supone hacer vida partidaria, es decir, formar parte de alguna instancia del partido, de elegir y ser elegido, de hacer carrera dentro del partido, de organizar y movilizar a los simpatizantes y a otros afiliados y de participar en las actividades organizadas por el partido. Hoy la debacle de los partidos políticos es una ventana de oportunidad para los nuevos partidos que buscan ofrecer una manera distinta de entender la política y de llevarla a la práctica.

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Gobierno, Partidos políticos

Lo último avivó las protestas en varios puntos del país y provocó que se desdiga y plantee el adelanto de elecciones para abril del 2024. Propuesta que se condice con que haya Elecciones Generales antes del 2026 como opina el 87% del Perú urbano y el 83% del Perú rural; y el 91% del Sur y el 88% del Centro. Hoy nos encontramos en una encrucijada. En mucho dependerá de lo que hagan o no el poder ejecutivo y el legislativo para salir de ella. La presidenta sin partido ni bancada congresal ni mucho tino político; y los congresistas sin mayores incentivos para adelantar las elecciones pueden exacerbar aún más las tensiones sociales y generar, por lo tanto, las condiciones para una intensificación de las movilizaciones y protestas ciudadanas. En tal escenario, solo queda, en un acto de desprendimiento, la renuncia de Boluarte, la asunción del presidente del Congreso o de un congresista como Presidente de la República de un gobierno de transición y la convocatoria inmediata a elecciones generales. Así se restituiría algo de dignidad al ejercicio de la política.

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