[OPINIÓN] La agenda oficial habla del Escudo de Las Américas, de memorandos contra el crimen organizado y de manos entrelazadas frente a las cámaras. Pero la trastienda —esa que no sale en los comunicados conjuntos— cuenta otra historia. Desde hace semanas, en Torre Tagle se viene operando como agencia de colocación política, no como la sede de diplomacia técnica y neutral , que siempre fue. Los nombramientos de Embajadores y funcionarios lo delatan todo.

En la OEA, un puesto que exige manejo de coaliciones, protocolo multilateral y conocimiento del sistema interamericano, fue entregado a Aurelio Pastor, un discutido operador político del APRA, sin experiencia en foros internacionales, que parece llegar por gestión de un ex asesor y ahora diputado muy vinculado a la Presidenta Fujimori. Fue un canje por una exitosa defensa legal en un proceso judicial que gano Pastor? En Washington, la embajada más estratégica del Perú en el hemisferio fue confiada a Álvaro Vargas Llosa, buen ensayista de derecha sin oficio diplomático, amigo de toda la vida del Canciller Carlos SPA. Y en Buenos Aires, donde se juega una relación bilateral compleja con Argentina en plena nueva crisis por Las Malvinas, un almirante retirado, muy vinculado al Senador Fernando Rospigliosi y a Unión Naval, ocupa el puesto de embajador. Con galones o extremismo cultural, no se sustituye el conocimiento consular, comercial o político. Son designaciones a dedo, no por mérito en la carrera exterior.

Con ese andamiaje, la llegada de Rubio el 9 de setiembre no es el inicio de una nueva era. Es el sello de aprobación de una alineación ya consumada. Y el problema no es la amistad con Estados Unidos en sí; el problema es entregar la autonomía a cambio de casi nada. Washington no llega a Lima con maletines llenos de inversión para carreteras o hospitales. Sus tensiones fiscales en otros frentes le impiden soltar dinero. La retribución por la obediencia política peruana será, en el mejor de los casos, apretones de manos, fotos oficiales y cursos de capacitación técnica.

Peor aún es la letra chica de lo que se pretende firmar. Lejos de constituir tratados internacionales respaldados por el Congreso y protegidos por la Convención de Viena, Washington ofrece acuerdos ejecutivos de baja intensidad: compromisos volátiles que dependen del humor de quien ocupe la Casa Blanca y que pueden evaporarse de un plumazo en la siguiente elección presidencial. El Perú quedaría entonces desprotegido, habiendo quemado sus naves con otros aliados, como China o Europa, a cambio de papelitos que no resisten el cambio de administración.

Hay, además, un costo reputacional que pica más el patriotismo peruano. La llegada triunfal de Rubio busca proyectar la imagen de un subcontinente alineado y disciplinado, utilizando la foto en Lima para suavizar el impacto mediático de controversias diplomáticas recientes. Se nos pide validar una política exterior ajena, ideológica e intrusiva con la soberanía de los países, mientras ponemos el pecho ante los verdaderos rivales de Washington. Cada vez que un funcionario peruano repite el guion sobre «seguridad hemisférica» redactado en el Departamento de Estado, todos sudamos frio porque el país pierde un pedazo de su capacidad de decidir por sí mismo.

El Perú se encuentra en una encrucijada donde la prudencia vale más que cualquier discurso de hermandad enunciada en nombre de Washington. El no alineamiento no es cobardía ni desinterés; es una estrategia de supervivencia astuta en un planeta fracturado. Durante décadas, el país floreció vendiendo sus minerales y frutas al mejor postor, sin importar el color de la bandera del comprador. Esa flexibilidad le permitió crecer sin convertirse en campo de batalla de potencias extranjeras.

Convertir a Lima en el escenario de una disputa entre potencias—y hacerlo con embajadores improvisados, representantes sin oficio y una Cancillería que confunde la lealtad partidaria con la política exterior— solo deja un perdedor garantizado: la soberanía peruana. La foto con Rubio puede verse bien en los periódicos del 10 de setiembre. Pero su efecto en nuestra soberanía y en humillación nacional puede ser igual al de un segundo hundimiento del heroico monitor Huáscar.

[OPINIÓN] Rubio no debe venir por rechazo al pueblo de EEUU , sino porque es una visita imprudente, sorpresiva y políticamente inoportuna. Un posible bumerang , organizado por un Canciller y un Embajador USA que no son diplomáticos profesionales.

La investigación publicada por La República el 28 de agosto de 2026 dejó al descubierto una conexión incómoda: Carlos Díaz-Rosillo, asesor personal y amigo de Keiko Fujimori, aparece en una fotografía de marzo de 2023 junto a Cerimedo, a quien definió como contacto para «cosas muy buenas» en los años venideros. Díaz-Rosillo, cubano-estadounidense y exasesor del Secretario de Defensa en el gobierno de Donald Trump, no solo contrató a Fujimori como profesora en el Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida, sino que se erigió en consejero de su campaña presidencial.

Cerimedo no es un personaje menor. Ha admitido públicamente dirigir «miles de trolls» y poseer granjas de bots, además una investigación de lavado de dinero lo ha vinculado también a Perú. En Brasil, la justicia lo señaló como parte del núcleo de desinformación que alimentó el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. En Bolivia, las autoridades hallaron en sus propiedades una «mini granja de bots» y han encontrado que 200 millones de dólares han circulado en cuentas de sus empresas. En las elecciones peruanas de 2026, se registraron campañas sistemáticas de fake news contra el candidato progresista Roberto Sánchez, mientras Keiko Fujimori lograba una victoria mínima, y muy discutida, en el extranjero por apenas 44 mil votos. La pregunta que resuena en las calles es inevitable: ¿hasta dónde llegó la injerencia digital en la soberanía del voto peruano?

Marco Rubio, por su parte, ha declarado que su propósito es «destruir a la izquierda y el progresismo en América Latina». En este contexto, su visita no se lee como diplomacia, sino como respaldo a una administración local cuestionada por sus vínculos con una red continental de manipulación informativa. El Perú no necesita visitas que legitimen la sospecha. Necesita respuestas para saber cuan legítimo es el gobierno en el poder.

Crisis de la soberanía peruana con EEUU

El próximo 9 de septiembre, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llegará al Perú invitado por el gobierno de Keiko Fujimori. Lo hará en un momento de máxima tensión política, cuando una investigación periodística acaba de destapar los vínculos entre el entorno presidencial y Fernando Cerimedo, el consultor argentino que ha convertido la desinformación en una industria transnacional. Para amplios sectores de la sociedad peruana y latinoamericana, la visita no es una celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas: es un acto de distracción frente a un escándalo de proporciones continentales. Que puede tener impactos sismicos en el mandato de una Presidenta recién elegida, al cuestionar su legitimidad de origen.

La conexión documentada

El 28 de agosto de 2026, el diario La República publicó una investigación que deja poco margen para la duda. Carlos Díaz-Rosillo, asesor personal y amigo de la presidenta Keiko Fujimori, aparece vinculado directamente con Fernando Cerimedo. En marzo de 2023, Cerimedo publicó en sus redes una fotografía junto a Díaz-Rosillo —entonces principal asesor del Secretario de Defensa de Donald Trump— con un mensaje elocuente: «Se vienen cosas muy buenas estos próximos años». Díaz-Rosillo, fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en la Universidad Internacional de Florida, no solo contrató a Fujimori como expositora y luego como profesora frecuente junto a otros líderes de la derecha latinoamericana; se convirtió en su consejero personal.
Cuando estalló el caso Cerimedo, ni la presidenta ni su asesor portorriqueño emitieron una sola palabra de explicación . Que pasa si el caso Cerimedo y de Días Rosio terminan vinculados al financista Valenzuela que se entrevisto en privado en el Spa Tomyko con la Sra Presidenta? Eso explicaria ese incomodo silencio.

Cerimedo no es un operador anónimo. Es un consultor político que ha trabajado en las campañas de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Paz en Bolivia y Nasry Asfura en Honduras. Ha admitido públicamente poseer «miles de trolls» y granjas de bots para posicionar mensajes en redes sociales. En Brasil, la justicia lo identificó como parte del «núcleo de desinformación» que cuestionó el sistema electoral tras la victoria de Lula, contribuyendo al clima que desembocó en los ataques del 8 de enero. En Bolivia, donde fue detenido en agosto de 2026, las autoridades hallaron una «mini granja de bots» y miles de dólares en efectivo. Su pareja, la abogada Nadia Beller, declaró a la prensa que la mayor granja de bots de Cerimedo opera desde Buenos Aires, pero que hay otras que maneja «para Latinoamérica» .

La sombra sobre el voto peruano

En las elecciones generales peruanas de 2026, Keiko Fujimori obtuvo una victoria ajustadísima en el extranjero por apenas 44 mil votos, mientras que el 49% del electorado respaldó opciones progresistas encabezadas por Roberto Sánchez. Durante la campaña, se registraron oleadas de fake news y campañas de desprestigio sistemáticas contra el candidato de izquierda. La pregunta que hoy indigna a la ciudadanía es legítima: si Cerimedo demostró capacidad para operar en Brasil, Bolivia, Argentina y Honduras, ¿qué grado de injerencia tuvo su red en la soberanía del voto peruano? El hecho de que un asesor íntimo de la presidenta —Díaz-Rosillo— aparezca fotografiado y declarado amigo del operador digital más polémico de la región no es un dato menor: es una pista que exige una investigación que la prensa gobiernista parece empeñada en silenciar.

Más allá de la interferencia electoral

La agenda de Rubio, sin embargo, no se limita al terreno digital. La administración Trump, con Rubio como uno de sus operadores en América Latina, impulsa una política de apropiación de recursos estratégicos: cobre, litio, uranio, tierras raras, oro y petróleo. En Venezuela ya se denuncia una expropiación colonial de 65 millones de barriles de crudo sin contrato transparente. En el norte peruano, los yacimientos de hidrocarburos explorados por Chevron —la misma empresa que extrae petróleo venezolano hacia EE.UU.— encienden alertas de una posible repetición del modelo. La «doctrina Trump», materializada en memorandos del Departamento de Estado, amenaza con convertir la autodeterminación económica del Perú en una variable negociable.

La soberanía militar tampoco ha quedado intacta. La adquisición de aviones F-16 estuvo marcada por presiones inaceptables del embajador estadounidense y del propio Marco Rubio, con la ilegal intervención de un presidente del Congreso. Este patrón de injerencia demuestra que la actual administración estadounidense no reconoce límites en su afán de condicionar decisiones soberanas.

Las relaciones de dos siglos entre el Perú y Estados Unidos merecen una transformación radical. Deben basarse en el respeto a la autodeterminación, la independencia y una cooperación genuina entre pueblos. La visita de Rubio el 9 de septiembre, lejos de ser un gesto de amistad, representa para muchos peruanos la materialización de una política que no respeta la soberanía electoral, que amenaza la autonomía sobre recursos naturales y que vulnera la independencia militar del país. En las calles de Lima, la protesta de la opinión publica y de politicos del Congreso (verdadero recibimiento a quien promueve la destrucción del progresismo latinoamericano mientras su red de asesores locales aparece entrelazada con la maquinaria de desinformación que socava la democracia.

La visita, en este contexto, puede ser un bumerang politico de consecuencias para las relaciones entre Perú y EEUU.

[OPINIÓN] El Perú no puede permitirse otro quinquenio de diagnósticos repetidos ni de estados de emergencia que solo mueven el delito a la calle de al lado. Tras años de extorsión creciente y sicariato sistémico, con duplicación de tasas de homicidios, la ciudadanía exige resultados medibles. Con la instalación del nuevo Poder Ejecutivo y un Congreso Bicameral recién electo, se abre la oportunidad institucional para abandonar el populismo punitivo e implementar una estrategia integral de seguridad.

GOLPEAR CAJA DEL CRIMEN

​Para transformar la frustración social en eficacia estatal, la agenda prioritaria debe concentrarse en golpear la caja chica del crimen mediante inteligencia y penetración financiera. El delincuente no opera por reputación, sino por rentabilidad. Mientras el patrullaje tradicional busca el delito menor en la vía pública, las verdaderas redes extorsivas se desarticulan estrangulando sus ingresos.

​Un ejemplo claro de éxito ocurre cuando la policía judicial e inteligencia financiera enfocan sus esfuerzos en el mapeo de transferencias digitales y la extinción de dominio sobre bienes mal habidos, logrando que la capacidad operativa de las bandas se desplome. Congelar cuentas usadas para el cobro de cupos a transportistas o comerciantes paraliza la logística criminal de inmediato. Ante esto, el nuevo Senado y la Cámara de Diputados deben aprobar de forma prioritaria leyes que faciliten el levantamiento acelerado del secreto bancario y de las telecomunicaciones en investigaciones de extorsión, sin descuidar las garantías constitucionales. Además de crear la obligación de los funcionarios policiales de dar autorización de levantamiento de su secreto bancario y el de sus familiares cercanos para seguimiento de las autoridades del estado.

LA CLAVE QUE TODOS OLVIDAN : DESARROLLO SOCIAL

​Asimismo, resulta indispensable abordar la contención social e intervención comunitaria. Ninguna política represiva es sostenible si las economías ilegales continúan reclutando a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La contención social no es asistencialismo, sino prevención estratégica del delito. Las intervenciones urbanas que combinan iluminación masiva, recuperación de parques, programas de retención escolar y capacitación técnica juvenil en distritos golpeados reducen significativamente la tasa de ingresos a pandillas y redes locales.

EL FACTOR DE PARTICIPACION POPULAR

​En este esquema, la participación de la población es útil como red de alerta temprana e inteligencia comunitaria, pero nunca como fuerza de choque. El Estado debe proteger a los líderes vecinales con canales de denuncia completamente anónimos para evitar represalias y frenar cualquier intento de justicia por mano propia.

TECNOLOGIA CONTRA EL CRIMEN

​Por otro lado, el país debe transitar del monitoreo aislado a la tecnología interoperable. Llenar las ciudades de cámaras que nadie vigila en tiempo real genera una falsa sensación de seguridad, por lo que el salto hacia la eficiencia exige interconectar los esfuerzos locales y nacionales. Los municipios que integraron la lectura de placas mediante analítica de video e inteligencia artificial redujeron el tiempo de respuesta policial frente a vehículos sospechosos de minutos a segundos, logrando capturas en flagrancia.

​El Ejecutivo debe liderar la implementación de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo unificado a nivel nacional, donde la Policía Nacional y las centrales de serenazgo compartan datos, imágenes y mapas del delito en tiempo real.

EL ROL DEL CONGRESO Y LIDERAZGO DEL EJECUTIVO

​Como mandato inmediato, el Congreso Bicameral saliente dejó un sistema de justicia atomizado, por lo que los senadores y diputados entrantes tienen la responsabilidad histórica de otorgar un marco legal coherente. Esto implica unificar los criterios de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante la expansión de Unidades de Flagrancia equipadas en todo el país.

​Por su parte, el Poder Ejecutivo debe asumir el liderazgo político sin improvisaciones, priorizando la reforma del sistema penitenciario con la instalación definitiva de inhibidores de señal en las cárceles y la profesionalización de la policía comunitaria. La seguridad ciudadana no se recupera con discursos encendidos, sino con inteligencia financiera, tecnología integrada y presencia estatal preventiva en los barrios.

[OPINIÓN] El Perú asiste a un duelo de sordos. En una esquina del ring político, Keiko Fujimori se atrinchera frente a Fuerza Popular en la defensa del libre mercado ortodoxo, el orden a rajatabla y la mano dura. En la otra, Roberto Sánchez lidera un bloque andino e identitario que exige refundar el modelo, tributar recursos naturales para saldar deudas sociales históricas. Mientras ambos se miden el aceite, con la mirada puesta en el cálculo electoral de las elecciones municipales y regionales de octubre, el país se desangra en un entrampamiento que puede paraliza las inversiones, vacía los bolsillos de la calle y alimenta el avance del crimen organizado.

Y eso no se resuelve sacando masas a la calle y policías y militares a enfrentarlas. Las lecciones son claras, matar a 50 peruanos ha deslegitimado a las fuerzas del orden, al gobierno y al estado. Y ha elevado la polarización electoral al grado de las fiebres del COVID.
Romper este nudo gordiano no requiere un idilio ideológico, sino un pragmatismo de supervivencia. Un Nuevo Acuerdo Nacional es urgente, no para firmar la paz, sino para pactar una tregua operativa sobre cinco urgencias nacionales.

El primer incendio a apagar es el Sur Andino. Para el fujimorismo, la zona es un foco de agitación radical; para Sánchez, un territorio herido que exige justicia por las muertes que claman por reparación. El consenso viable pasa por despolitizar la billetera pública: crear Fideicomisos Territoriales de Desarrollo (similares a los Fondos Soberanos). Fujimori debe aceptar que el canon minero ya no se entregue a gobernantes locales ineptos, sino a estos fondos transparentes ,con gerencia técnica internacional, para cerrar brechas de energía, salud, educación, agua y carreteras. A cambio, Sánchez debe garantizar la seguridad jurídica de los proyectos mineros con la participación de comunidades étnicas y municipios respaldando estos acuerdos. En derechos humanos, la fórmula es clara: reparaciones económicas inmediatas y luz verde a la Fiscalía para investigar sin interferencias, castigando tanto el exceso policial como el vandalismo.

Allí es vital investigar lo ocurrido via una Comisión de Justicia y Paz en el Congreso Bicameral. Hechos y no palabras a favor del Sur.
En seguridad ciudadana y defensa nacional, el diagnóstico es idéntico: el tren de la delincuencia nos está pasando por encima. La «mano dura» fujimorista y la prevención de la izquierda pueden fusionarse en la modernización de la inteligencia policial y la creación, con sistemas de construcción rápida, de penales factoría. El acuerdo debe sepultar la tentación del patrullaje militar urbano permanente —un riesgo para los derechos humanos— y reorientar a las Fuerzas Armadas hacia capacidades duales: ingeniería militar para conectar la sierra y selva profunda (bandera de Sánchez) y tecnología de punta para blindar las fronteras y activos estratégicos contra el narcotráfico (bandera de Fujimori).

La minería artesanal de oro es hoy el combustible de mafias transnacionales. El fracaso del REINFO es un secreto a voces. La salida requiere un golpe de timón: demoler la burocracia con una Ventanilla Única Digital y crear un Banco de Oro del Estado que compre el metal a precio justo directamente al minero informal, asfixiando financieramente a los acopiadores ilegales. Fuerza Popular ganaría la formalización del sector y el control territorial; Sánchez, la dignificación del pequeño productor andino. Eso sí, la izquierda tendría que firmar el acta para dinamitar, sin contemplaciones, las dragas criminales que destruyen la Amazonía.

Finalmente, el bolsillo del ciudadano. Frente al dilema de «crecimiento privado» versus «redistribución estatal», la solución está en el Capitalismo Popular. El acuerdo debe parir una reforma laboral que reduzca los costos de contratación para las microempresas, pero asegurando salud universal financiada por impuestos para crear un Fondo Social Soberano. Para los informales sería la reforma previsional mediante el «IGV de tu pensión»: que una tajada de cada impuesto que paga el peruano a pie vaya directo a su cuenta de jubilación, siempre con aporte patronal. Así, el fujimorismo logra que la gente exija boleta de venta (formalización masiva) y la izquierda asegura una vejez digna para el taxista y el ambulante.

El entrampamiento entre Fujimori y Sánchez es un lujo que un Perú en crisis no puede pagar. La salida no es un cogobierno, es un pacto de mínimos relevantes. Si la derecha y la izquierda no aprenden a negociar sobre el mapa de las necesidades reales, la realidad terminará por devorárselos a ambos. Hay temas que unen como los dos colores de nuestra bandera.

​El comportamiento del electorado contemporáneo responde a una lógica mucho más pragmática y movediza que la de los alineamientos doctrinarios. Los ciudadanos no sufragan mayoritariamente movilizados por programas de gobierno o afinidades teóricas; lo hacen guiados por el rechazo al oficialismo de turno. Si hace unos años el progresismo capitalizó el deseo de cambio frente al desgaste conservador, hoy la derecha encarna la opción de recambio frente a administraciones de izquierda que han sufrido el desgaste natural del ejercicio del poder en entornos económicos y sociales sumamente críticos.

​El factor diferencial en este tramo de la historia es el terreno de juego tecnológico. La batalla política actual se libra de forma prioritaria en el paradigma comunicativo digital, un espacio donde se disputan las narrativas y se moldea el sentido de las cosas a gran velocidad. Es en este ecosistema donde las corrientes de ultraderecha han tomado una delantera significativa, utilizando la inmediatez y la segmentación de las redes sociales para conectar de forma directa con el descontento, la frustración y la demanda de orden de las mayorías hostigadas por el crimen.

​Pese a esta ventaja comunicativa, las victorias de las opciones conservadoras se caracterizan por una marcada fragilidad. El análisis minucioso de la realidad electoral latinoamericana desmiente la existencia de cheques en blanco para la derecha. Sus triunfos recientes se han materializado por diferencias mínimas, como en Perú o Colombia, o bajo la sombra de crisis de legitimidad y denuncias de fraude, como en Honduras, sumado a la intensa injerencia de Estados Unidos.

​Incluso en la derrota, el progresismo retiene un piso electoral muy alto que bordea el cuarenta por ciento, como ocurre en Chile. 49.7% frente a 50.4% en el Peru, y una diferencia similar del 1% en Colombia. En América Latina no se está consolidando un modelo único; se define como un territorio de disputa constante con ciclos políticos cada vez más breves y una ciudadanía impaciente que castiga con rapidez a quien no ofrece soluciones prontas y eficaces. La pugna por el poder sigue completamente abierta.

[OPINIÓN] No hace mucho, entre 2021 y 2022, el mapa regional parecía teñirse de un rojo homogéneo tras el triunfo del progresismo en seis de siete elecciones presidenciales, abriendo las puertas de las sedes de gobierno a la izquierda incluso en plazas históricamente complejas como Colombia. Sin embargo, el error de lectura de aquel momento fue creer que las sociedades latinoamericanas se habían vuelto masivamente progresistas. Hoy, cuando la balanza parece inclinarse hacia la acera de enfrente, se repite la misma equivocación al diagnosticar una ola de ultraderecha de carácter estructural.

El comportamiento del electorado contemporáneo responde a una lógica mucho más pragmática y movediza que la de los alineamientos doctrinarios. Los ciudadanos no sufragan mayoritariamente movilizados por programas de gobierno o afinidades teóricas; lo hacen guiados por el rechazo al oficialismo de turno. Si hace unos años el progresismo capitalizó el deseo de cambio frente al desgaste conservador, hoy la derecha encarna la opción de recambio frente a administraciones de izquierda que han sufrido el desgaste natural del ejercicio del poder en entornos económicos y sociales sumamente críticos.

El factor diferencial en este tramo de la historia es el terreno de juego tecnológico. La batalla política actual se libra de forma prioritaria en el paradigma comunicativo digital, un espacio donde se disputan las narrativas y se moldea el sentido de las cosas a gran velocidad. Es en este ecosistema donde las corrientes de ultraderecha han tomado una delantera significativa, utilizando la inmediatez y la segmentación de las redes sociales para conectar de forma directa con el descontento, la frustración y la demanda de orden de las mayorías.

Pese a esta ventaja comunicativa, las victorias de las opciones conservadoras se caracterizan por una marcada fragilidad. El análisis minucioso de la realidad electoral latinoamericana desmiente la existencia de cheques en blanco para la derecha. Sus triunfos recientes se han materializado por diferencias mínimas, como se ha visto en los ajustados comicios de Perú y en los escenarios preliminares de Colombia, o bajo la sombra de severas crisis de legitimidad y denuncias de fraude abierto, como en el caso de Honduras. Estos resultados se producen, además, en un contexto de intensa injerencia del gobierno de los Estados Unidos, que busca asegurar su hegemonía en la región.

El dato más revelador de esta resistencia es que, incluso en contextos de derrota y con condiciones políticas adversas, el progresismo retiene un piso electoral muy alto que en el peor de los escenarios bordea el cuarenta por ciento, tal como lo demuestra la realidad política de Chile. América Latina no está consolidando un modelo único ni girando permanentemente hacia un extremo del espectro político. Se define, por el contrario, como un territorio de disputa constante, caracterizado por ciclos políticos cada vez más breves y una ciudadanía impaciente que castiga con rapidez a quien no ofrece soluciones prontas a sus urgencias cotidianas. La pugna por el poder sigue completamente abierta.

[OPINIÓN] Perú camina otra vez sobre el filo de la navaja. El próximo 7 de junio, el país definirá su destino en una de las finales más ineditas de su historia. En un rincón, Keiko Fujimori, la candidata perpetua de la derecha dura, que busca, en su cuarto intento, sacudirse el estigma del apellido. En el otro, Roberto Sánchez: el hincha de Unión Huaral, psicólogo de izquierda con experiencia como funcionario público, que, hasta hace semanas, era un nombre en la lista de «otros» y hoy es el hombre que tiene en jaque al sistema.

​Un sistema roto por diseño
Cuando todos daban por clasificado a Rafael López Aliaga, la ola del «Perú profundo» empujó al Huaralino Roberto Sánchez del sexto al segundo lugar. El margen fue de infarto: apenas 13,000 votos (un 0.15%) le arrebataron el sueño a la ultraderecha y a una parte de la elite empresarial.

​El dato que debería quitarle el sueño a ambos candidatos es el «Partido del Desencanto»: 2.4 millones de peruanos (15.5%) votaron en blanco o nulo. No hay ganadores entusiastas, solo sobrevivientes de un naufragio.

La guerra de las cifras: Un empate de miedo
​Las encuestas actuales dibujan un escenario de paridad, pero con tendencias opuestas. IEP pone a Sánchez ligeramente arriba (50.8% vs 49.2% en votos válidos), mientras que Ipsos marca un empate clavado en 38%.

​Sin embargo, el diablo está en los detalles. Mientras Keiko ha logrado «suavizar» su rechazo (bajando del 59% al 48% de antivoto), Sánchez está experimentando el rigor de la luz pública: su rechazo subió del 39% al 43% en tiempo récord. El miedo al «salto al vacío» está despertando en el electorado urbano. Su geografía es su fortaleza y su jaula: arrasa en el sur y el centro, pero se desploma en Lima con un 22%. Y la historia puede ser cruel en el Peru, sin la capital, la banda presidencial es muy difícil de lograr.

GANARSE A NIETO ESTA DIFICIL
​Para ganar, Sánchez tiene que dejar de hablarle solo a los convencidos. O buscar una alianza con la izquierda perdedora de la elección. «7 enanos no hacen un gigante» dice un poderoso libro de autoayuda empresarial. Su «techo» de izquierda ya se 😭 alcanzó; ahora necesita pescar en aguas ajenas.

Su única vía es una coalición con el centro moderado: buscar los votos de Jorge Nieto y el progresismo institucional de fuerzas como Marisol Perez Tello y el Movimiento Obras.

Jorge Nieto forjado en la asesoría política en México y en el trabajo con ex Presidentes en la UNESCO, tiene claro su rol. Ser un péndulo sin alineamiento definido, fortaleciendo alianzas exclusivamente parlamentarias, que es lo que cuenta en la política real.

Además un dato clave: más o menos 50% de los jóvenes que votaron por el sol, tienen familias que votaron por López Aliaga. Son de centro derecha. Y otro segmento proviene de sectores progresistas y urbanos, como en Arequipa. Nieto no puede correrse a la izquierda radical con Venceremos. Si no se queda en el Centro, usando pincel a dos manos, se hace el Harakiri. Quién es su aliado con un público electoral similar? El Movimiento Obras, cuyo Secretario General ha trabajado con el en el Ministerio de Defensa en el gobierno de PPK. Serían el fiel de la balanza en el Senado, que hoy por hoy es lo que cuenta.

CIRUGIA PARA UN GOBIERNO QUE GOBIERNE
Para Sanchez ​su reto es cirugía con laroscopia: convencer a una parte de los 2 millones de Limeños que no votaron o votaron blanco a irse con JP. Igual fueron 24% en todo el Peru ME. Para los,votantes urbanos, debe plantear que él es el «riesgo controlable» frente a la continuidad del Pacto Legislativo del Fujimorismo. Para otros, votantes rurales, que el olvido de siglos será revertido con una profunda transformación.

​Sánchez sabe que la CONFIEP y los gremios mineros no van a votar por él, así que su estrategia no es convencerlos, sino contenerlos. Cuestión de hechos y no palabras. Su narrativa debe virar hacia un pragmatismo frío: formalización tributaria, shock de inversiones con resultados sociales en las regiones, reforma radical de la salud y la educación, impulso a las MYPE , a la vital Formalización de la Minería de Oro, alianzas con el sector agro exportador con impulso decidido al sector y acuerdos para mejorar las condiciones laborales de esa industria.

​La hora de la verdad en el Día de la Bandera
​El 7 de junio, día de la Bandera, no se elige solo un presidente, se elige un modelo de supervivencia de la democracia y del país.

Sánchez tiene la oportunidad de su vida, pero también un límite de cristal a los cambios que exigen sus electores. La pregunta es si sabrá romper el vidrio , sin cortarse las manos en el intento. Creería qué si se puede. Si sigue los mandamientos de este Catecismo.

[OPINIÓN] El impacto más crítico se observa en la soberanía nacional. La privatización de Petroperú y la cesión de yacimientos de gas y petroleo a corporaciones americanas, no son simples medidas de eficiencia, sino la renuncia a la seguridad energética del país. Al sumar a esto el alineamiento militar mediante la compra impuesta de armamento (cazas F16) y el establecimiento de bases extranjeras, el Perú pierde su autonomía de decisión en defensa, subordinando su territorio a intereses estratégicos foráneos.

​En el plano interno, el despido masivo de 800,000 trabajadores del estado y la reducción drástica de ministerios , apuntan a un «Estado mínimo» que abandona sus funciones sociales. Esto es Milei en versión Andina. Esta desarticulación administrativa garantizara que el Estado no tenga capacidad de regular ni de oponerse a las concesiones de recursos en los Andes, la Amazonía o el Mar de Grau.

​Finalmente, la ruptura de lazos comerciales con China, es el objetivo de este proyecto pro Trumpista, particularmente a través de cambios de contratos en el puerto de Chancay y la minería de litio, colocando al Perú en una posición de vulnerabilidad. Al bloquear la inversión china, se elimina la competencia y se fuerza al país a un régimen que algunos analistas describen como semi colonial, donde los activos críticos son entregados bajo condiciones de desventaja. Votar por este proyecto implica, por tanto, la claudicación de la soberanía popular frente a un pacto de élites y potencias externas. El Perú solo se salva con el voto estrategico en Primera y Segunda Vuelta. Y habrá que aliarse con todos los dispuestos a impedir la repeticion de una dictadura. Que puede derivar en una crisis y rebelión popular, similar a la de Chile 2019 o Colombia 2020.

[OPINIÓN] Balcázar intentó presentar la compra de los F-16 como un «hecho consumado» heredado del gobierno de Jerí, buscando evitar el costo político de una inversión multimillonaria en medio de carencias sociales. Pero al ser desmentido por los hechos y por su propio entorno, ha quedado expuesto un manejo errático. No se puede jugar al «dije pero no dije» cuando se trata de la soberanía militar.

La soberanía no es solo tener aviones; es tener la capacidad de decidir con autonomía qué tecnología conviene más al interés nacional. El F-16 es una máquina formidable, pero su compra amarra al Perú a la logística y los permisos de uso de Estados Unidos. ¿Es esa la mejor ruta? Esa es una pregunta que debe responder un gobierno con mandato pleno, no uno que ya tiene las maletas hechas.

Faltan pocos meses para el 28 de julio de 2026. Forzar la firma de un contrato de 3,500 millones de dólares en el «minuto 90» del gobierno es éticamente cuestionable y técnicamente peligroso. Balcázar debe entender que su rol ahora es garantizar una transición ordenada, no comprometer la caja fiscal y la estrategia de defensa de la próxima década. El expediente debe quedar sobre el escritorio, listo para que el nuevo presidente, con la legitimidad de las urnas, decida el destino de nuestros cielos. Cualquier otra ruta solo alimentará sospechas y debilitará la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas.