[OPINIÓN] El impacto más crítico se observa en la soberanía nacional. La privatización de Petroperú y la cesión de yacimientos de gas y petroleo a corporaciones americanas, no son simples medidas de eficiencia, sino la renuncia a la seguridad energética del país. Al sumar a esto el alineamiento militar mediante la compra impuesta de armamento (cazas F16) y el establecimiento de bases extranjeras, el Perú pierde su autonomía de decisión en defensa, subordinando su territorio a intereses estratégicos foráneos.

​En el plano interno, el despido masivo de 800,000 trabajadores del estado y la reducción drástica de ministerios , apuntan a un «Estado mínimo» que abandona sus funciones sociales. Esto es Milei en versión Andina. Esta desarticulación administrativa garantizara que el Estado no tenga capacidad de regular ni de oponerse a las concesiones de recursos en los Andes, la Amazonía o el Mar de Grau.

​Finalmente, la ruptura de lazos comerciales con China, es el objetivo de este proyecto pro Trumpista, particularmente a través de cambios de contratos en el puerto de Chancay y la minería de litio, colocando al Perú en una posición de vulnerabilidad. Al bloquear la inversión china, se elimina la competencia y se fuerza al país a un régimen que algunos analistas describen como semi colonial, donde los activos críticos son entregados bajo condiciones de desventaja. Votar por este proyecto implica, por tanto, la claudicación de la soberanía popular frente a un pacto de élites y potencias externas. El Perú solo se salva con el voto estrategico en Primera y Segunda Vuelta. Y habrá que aliarse con todos los dispuestos a impedir la repeticion de una dictadura. Que puede derivar en una crisis y rebelión popular, similar a la de Chile 2019 o Colombia 2020.

[OPINIÓN] Balcázar intentó presentar la compra de los F-16 como un «hecho consumado» heredado del gobierno de Jerí, buscando evitar el costo político de una inversión multimillonaria en medio de carencias sociales. Pero al ser desmentido por los hechos y por su propio entorno, ha quedado expuesto un manejo errático. No se puede jugar al «dije pero no dije» cuando se trata de la soberanía militar.

La soberanía no es solo tener aviones; es tener la capacidad de decidir con autonomía qué tecnología conviene más al interés nacional. El F-16 es una máquina formidable, pero su compra amarra al Perú a la logística y los permisos de uso de Estados Unidos. ¿Es esa la mejor ruta? Esa es una pregunta que debe responder un gobierno con mandato pleno, no uno que ya tiene las maletas hechas.

Faltan pocos meses para el 28 de julio de 2026. Forzar la firma de un contrato de 3,500 millones de dólares en el «minuto 90» del gobierno es éticamente cuestionable y técnicamente peligroso. Balcázar debe entender que su rol ahora es garantizar una transición ordenada, no comprometer la caja fiscal y la estrategia de defensa de la próxima década. El expediente debe quedar sobre el escritorio, listo para que el nuevo presidente, con la legitimidad de las urnas, decida el destino de nuestros cielos. Cualquier otra ruta solo alimentará sospechas y debilitará la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas.

La falsa dicotomía «romper con China» ignora complementariedad económica estructural. Desde 2014, Pekín es primer socio comercial del Perú, impulsado , no por la ideología , sino por demanda real de cobre y crecimiento del 141.8% en exportaciones no tradicionales. Romper este vínculo sería irracional económicamente. Pero presentarlo como dependencia omite que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales masivas con China —superior a cualquier otro país— pese a retórica confrontacional. La «dependencia» es relativa: ¿es China dependiente de mercados occidentales u occidente de manufacturas chinas?

El «equilibrio» diplomático propuesto por el canciller Hugo de Zela asume implícitamente que el perjuicio siempre derivará de responder a Washington, nunca de sus acciones unilaterales. La realidad contradictoria: EE.UU. es destino clave para agroexportaciones peruanas, pero mantiene subsidios agrícolas que vulneran competencia leal, mientras exige «acceso equitativo» a mercados latinoamericanos. Las «tensiones políticas» no deberían derivar en aranceles punitivos contra agricultores peruanos; pero tampoco deberían impedir que Lima cuestione prácticas comerciales desleales del norte.

Desde Pekín, la narrativa distingue cuidadosamente infraestructura de desarrollo de instalaciones militares. Chancay opera bajo legislación peruana, con concesión temporal, no propiedad absoluta, y puertos similares con inversión china funcionan en territorio estadounidense mismo. La comparación es incomoda para Washington: ¿quién representa mayor «influencia» extranjera medida en presencia militar desplegada, bases operativas y operaciones de inteligencia?

Aquí cobran relevancia las experiencias del bloque progresista democrático latinoamericano. Brasil, bajo Lula, negoció cláusulas de transferencia tecnológica en infraestructura con inversión china que el Perú no exigió en sus contratos, permitiendo desarrollo de capacidades locales en ingeniería portuaria. México, bajo presión similar de EE.UU. durante el T-MEC, mantuvo soberanía energética nacionalizando litio mientras expandía comercio con ambas potencias globales, demostrando que «neutralidad» no es equidistancia pasiva sino negociación activa desde intereses nacionales definidos. Bolivia y Honduras han diversificado socios comerciales sin rupturas dramáticas, priorizando industrialización primaria sobre exportación bruta de recursos.

La Unión Europea, particularmente los gobiernos socialdemócratas de Alemania y España, ofrecen marcos regulatorios aplicables. Su estrategia de «inversión sostenible» exige estándares laborales, ambientales y de gobernanza a capitales extranjeros —incluidos chinos y de EEUU— sin prohibir la inversión, creando competencia por calidad en lugar de veto geopolítico. El mecanismo de «diligencia debida» empresarial, que responsabiliza a inversionistas por cadenas de suministro, podría adaptarse al Perú para garantizar que Chancay cumpla estándares peruanos, no solo comerciales chinos ni de seguridad estadounidenses.

La conclusión no debe ser ser un Peru «puente» donde competidores globales se enfrenten, metáfora que asume que el Perú carece de agenda propia más allá de facilitar la bronca ajena. La estrategia latinoamericanista exige ser jugador con reglas propias: industrializar el cobre antes de exportarlo (valor agregado que Chile aplica al litio), exigir contrapartidas tecnológicas a toda inversión extranjera sin distinción de origen, y rechazar tajantemente que la «seguridad» de cualquier potencia defina que es «infraestructura peruana crítica». El desarrollo nacional no está en juego en la rivalidad Sino-Americana; ambas potencias deben adaptarse a parámetros que Lima defina unilateralmente para beneficio soberano. La verdadera independencia no es equidistancia, es capacidad de imponer condiciones. Solo hay que votar, este 14 de abril, por los candidatos que revisen agenda del Canciller de Zela, con acelerada entrega del pais a una potencia extranjera, restituyendo la soberania economica y militar del Peru. Mal calculo subordinarse a EEUU, la guerra con Iran lo cambia todo, al ser posiblemente derrotada la ultima guerra unipolar ,por una estrategia asimetrica de resistencia cuya efectividad hace obsoleta la teoria del » patio trasero» del Imperio. Una China fortalecida, sin disparar un solo misil o construir una sola base militar, es un mejor socio comercial que EEUU. O no?