[OPINIÓN] El incidente registrado a fines de septiembre de 2026 en Bolivia expuso de manera contundente los límites éticos y operacionales de la coalición. Apenas 72 horas pasaron entre la inclusión en la lista negra de Washington del Fiscal General boliviano, Roger Mariaca, y su posterior detención y traslado mediante un operativo ejecutado por la Policía local en coordinación con la DEA. La posterior felicitación unánime de los países miembros —incluida la facilitación logística en el Aeropuerto de Lima por parte del gobierno peruano liderado por Keiko Fujimori— puso en evidencia la naturaleza punitiva y alineada del bloque.

​El elemento crítico de esta operación radicaba en que el fiscal destituido investigaba a Fernando Cerimedo, estratega político afín al movimiento MAGA y asesor del presidente Rodrigo Paz, procesado por cargos graves y con cuentas vinculadas a redes opacas. Al proyectarse la percepción de que los mecanismos del Escudo fueron utilizados para desactivar un expediente incómodo para figuras afines a Washington, el relato de neutralidad e integridad en la lucha contra el crimen organizado sufrió un impacto devastador.

​Mapeo de Impactos Sistémicos: Soberanía, Recursos y Democracia
​El diseño institucional del Escudo de Las Américas genera tensiones permanentes entre las demandas de soberanía nacional y las exigencias estratégicas de la coalición:

A.​Soberanía Militar e Inteligencia
La subordinación de las doctrinas de defensa nacionales a los lineamientos tácticos del Departamento de Defensa de EE. UU. limita drásticamente la autonomía operativa local. El despliegue de personal militar y de inteligencia extranjero bajo prerrogativas diplomáticas restringe la toma de decisiones soberanas en las Fuerzas Armadas de los países firmantes.

B.​Soberanía sobre Recursos Naturales
A través de cláusulas relativas a la «protección de cadenas de suministro de minerales críticos» (litio, cobre, tierras raras y gas), la coalición ejerce una facultad de veto implícito sobre inversiones extracontinentales, desplazando a competidores asiáticos y supeditando la política energética regional al equilibrio geopolítico de Washington.

C.​Territorio y Control Fronterizo:
Se consolida una securitización extrema que prioriza el control migratorio y la vigilancia táctica aérea y marítima sobre el libre tránsito interregional y la gestión fronteriza integrada.

D.​Calidad de la Democracia y Estado de Derecho:
La utilización de la presión internacional y los comunicados del bloque para influir sobre fiscalías y poderes judiciales locales erosiona el principio de separación de poderes y acentúa la polarización en los países miembros.

E.​Fractura Regional y Ausencias Estratégicas
​Un elemento determinante en el análisis de sostenibilidad del tratado es la exclusión —y explícito distanciamiento— de los actores económicos y geográficos más relevantes de la región: Brasil, México, Colombia y Canadá.
​La negativa de estos Estados a integrarse a la coalición no responde a una discrepancia en la lucha contra el crimen organizado, sino al rechazo a un modelo de cooperación percibido como un retorno a doctrinas de subordinación unilateral o «Trumproe».

Como ha señalado el economista Jeffrey Sachs, ‘la estructura del acuerdo responde primordialmente a un esquema de recuperación del control hemisférico” antes que a una arquitectura multilateral de seguridad efectiva. Le interesa al Perú un acuerdo que puede caerse solo, por ejemplo si EEUU insiste en una caduca doctrina propia de colonias y no para Republicas independientes?

[OPINIÓN]  Washington ofrece radares, Pekín construye puertos

La presidenta Keiko Fujimori subió al escenario de la ONU en septiembre para anunciar que Perú ingresa al Escudo de las Américas, la coalición que Donald Trump impulsa contra el crimen organizado transnacional. El embajador peruano en Washington, Bernie Navarro, lo celebró con una frase que suena más a advertencia que a diplomacia: «Yo les diría a los criminales que tengan mucho cuidado porque estamos más alineados que nunca». Estados Unidos ofrece entrenamiento del FBI, intercambio de inteligencia e información sobre grupos criminales que, según Navarro, «están mejor capacitados que los países».

Bernie Navarro, se equivoca, en Perú derrotamos al terrorismo más letal del mundo y Alberto Fujimori nunca dejo que EEUU trajera marines a los andes, por miedo a que repitieran su invasión a Afganistán o Irak. Fuimos los mejores con muy limitada ayuda extranjera!

Pero mientras Lima se abraza con Washington en materia de seguridad, el otro gigante avanza con cemento y grúas. El megapuerto de Chancay, operado por capitales chinos, cumplió su primer año en junio con cifras que marean: 502,646 contenedores movilizados, 2.4 millones de toneladas de carga, 3,600 millones de dólares en importaciones y exportaciones. El embajador chino Song Yang presumió que la obra se construyó «sin un solo centavo de deuda para Perú». El comercio bilateral entre ambos países saltó de 34,900 millones de dólares en 2022 a 50,900 millones en 2026.

El equilibrio es delicado, pero funciona. Por ahora.

El Congreso juega al desgaste

El Ejecutivo presentó en agosto un paquete de facultades legislativas por 120 días: seguridad ciudadana, empleo, tributos, simplificación administrativa, vivienda. El premier Galarreta intentó vender la idea con una dosis de realismo: «Si el Parlamento decide no otorgar la delegación, el proceso tomará más tiempo, pero igual cumpliremos los compromisos asumidos».

La respuesta del Congreso fue convocar una audiencia ciudadana para «escuchar las voces» de la sociedad civil. Traducción: el trámite se estira, el reloj corre y las medidas urgentes esperan. De las 66 materias solicitadas, cerca del 60% están vinculadas a El Niño y seguridad ciudadana. Mientras los legisladores debaten, el Ejecutivo ya prepara decretos de urgencia para esquivar el bloqueo. El ministro de Economía movió una ficha clave en febrero con el Decreto de Urgencia 001-2026, destinado a repriorizar 21,000 millones de soles para más de 12,000 proyectos paralizados.

Las calles: botas militares y estadísticas que no cuadran

Lima y el Callao viven bajo estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas patrullan Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y otros distritos de alta incidencia delictiva. El Gobierno presentó en marzo las Fuerzas Integradas de Tarea: 200 efectivos por cada unidad, combinando PNP, FF.AA. y serenazgo en 27 distritos de siete regiones.

El despliegue es visualmente potente. Los vehículos militares en las esquinas transmiten una sensación de control que ninguna estadística puede replicar. Pero hay un problema estructural: las FF.AA. no están diseñadas para investigar extorsión urbana ni para armar carpetas fiscales. Cada patrullaje conjunto consume recursos que deberían ir a inteligencia policial, a desarticular las finanzas del crimen organizado.

El clima no espera decretos

El Informe Técnico del ENFEN no deja margen para el optimismo. El Niño Costero se combina con un Niño Global consolidado, con anomalías térmicas que podrían superar los +2.0°C hacia fin de año. El reservorio de Poechos está al 100% de su capacidad, sin margen para regular avenidas. San Lorenzo, al 94.7%. En la sierra sur, El Pañe (Arequipa) está al 40.9% y Paucarani (Tacna) al 44.8%, con tendencia a la baja.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia por lluvias intensas en distritos de 19 departamentos en mayo. En la selva, el segundo friaje de junio trajo temperaturas de hasta 17°C en Yurimaguas y diez horas de lluvia continua en Pucallpa que desbordaron quebradas y anegaron viviendas. Mientras tanto, la Amazonía enfrenta una vaciante de ríos más pronunciada de lo habitual que puede aislar comunidades en Loreto, y la sierra centro-sur se prepara para escasez de agua y friaje extremo.

La paradoja peruana de 2026 es esta: un país que negocia con dos superpotencias, que despliega militares en las calles mientras el crimen se financia desde oficinas y lavanderías, y que declara emergencias climáticas cuando el agua ya está entrando a las casas. El éxito no se medirá por los discursos en la ONU ni por los decretos firmados. La polpularidad Presidencial se medirá por cuántos peruanos pasan la temporada de lluvias sin perder su hogar, su cosecha o su vida. A nivel mundial morirán 450 mil personas por El Niño, ojalá sean muy pocos de origen peruano.

​[OPINIÓN] QUIÉN MIRA AL PERÚ Y DESDE DÓNDE
Evan Ellis forma parte del cerebro estratégico del Ejército estadounidense y ha ocupado cargos en el Departamento de Estado. Sus análisis están respaldados por instituciones financiadas por el complejo militar-industrial y grandes corporaciones petroleras. Con un historial centrado en denunciar la influencia de Pekín en América Latina, sus escritos sobre el Perú no constituyen un ejercicio académico, sino la aplicación estricta de una doctrina de seguridad nacional que busca subordinar la región a los intereses de la Casa Blanca.

​EL ESPEJISMO DE LA GUERRA EN EL PACÍFICO SUDAMERICANO
La hipótesis de que Chancay se transformaría en una base logística para la marina china en una eventual guerra resulta desproporcionada. Con el estrecho de Taiwán a más de quince mil kilómetros, ningún mando naval serio planificaría líneas de suministro a semejante distancia. La alarma busca meter presión geopolítica para desalojar a la empresa COSCO y entregar el control del puerto a grupos afines a Washington. Romper contratos por estas presiones equivaldría a sabotear la integración logística sudamericana y asestar un golpe demoledor al comercio de cobre, hierro, oro, arándanos y palta con el mercado asiático.

​CUATRO CONCLUSIONES SOBRE LOS RIESGOS INVISIBLES
Frente al llamado a liderazgos drásticos del pasado, el Perú necesita un pacto de gobernabilidad que reúna al Ejecutivo, el Congreso, las regiones y los líderes sociales. Este consenso debe priorizar la lucha contra el crimen organizado y la prevención de El Niño, dejando de lado leyes controversiales y gabinetes sin representatividad. En segundo lugar, romper lazos con China por decreto desataría demandas internacionales y asfixiaría el campo peruano. En tercer lugar, someterse al guion estadounidense expondría a Lima a un esquema de dominación neocolonial similar al administrado en otros países. Finalmente, la verdadera invasión contra la soberanía no vendrá con tropas militares, sino a través de marines digitales y operadores que manipulan plataformas y algoritmos para alterar elecciones y fabricar consentimiento social.

​CONCLUSIÓN
El planteamiento de Ellis demuestra la falta de lectura estratégica de sectores conservadores que desconocen cómo dialogar con América Latina. Frente a esa geopolítica tóxica, la respuesta desde Lima debe ser la unidad, la diversificación comercial sin arrodillarse, la protección del ciberespacio y la firma de pactos reales por la paz y la prosperidad.

[OPINIÓN] La agenda oficial habla del Escudo de Las Américas, de memorandos contra el crimen organizado y de manos entrelazadas frente a las cámaras. Pero la trastienda —esa que no sale en los comunicados conjuntos— cuenta otra historia. Desde hace semanas, en Torre Tagle se viene operando como agencia de colocación política, no como la sede de diplomacia técnica y neutral , que siempre fue. Los nombramientos de Embajadores y funcionarios lo delatan todo.

En la OEA, un puesto que exige manejo de coaliciones, protocolo multilateral y conocimiento del sistema interamericano, fue entregado a Aurelio Pastor, un discutido operador político del APRA, sin experiencia en foros internacionales, que parece llegar por gestión de un ex asesor y ahora diputado muy vinculado a la Presidenta Fujimori. Fue un canje por una exitosa defensa legal en un proceso judicial que gano Pastor? En Washington, la embajada más estratégica del Perú en el hemisferio fue confiada a Álvaro Vargas Llosa, buen ensayista de derecha sin oficio diplomático, amigo de toda la vida del Canciller Carlos SPA. Y en Buenos Aires, donde se juega una relación bilateral compleja con Argentina en plena nueva crisis por Las Malvinas, un almirante retirado, muy vinculado al Senador Fernando Rospigliosi y a Unión Naval, ocupa el puesto de embajador. Con galones o extremismo cultural, no se sustituye el conocimiento consular, comercial o político. Son designaciones a dedo, no por mérito en la carrera exterior.

Con ese andamiaje, la llegada de Rubio el 9 de setiembre no es el inicio de una nueva era. Es el sello de aprobación de una alineación ya consumada. Y el problema no es la amistad con Estados Unidos en sí; el problema es entregar la autonomía a cambio de casi nada. Washington no llega a Lima con maletines llenos de inversión para carreteras o hospitales. Sus tensiones fiscales en otros frentes le impiden soltar dinero. La retribución por la obediencia política peruana será, en el mejor de los casos, apretones de manos, fotos oficiales y cursos de capacitación técnica.

Peor aún es la letra chica de lo que se pretende firmar. Lejos de constituir tratados internacionales respaldados por el Congreso y protegidos por la Convención de Viena, Washington ofrece acuerdos ejecutivos de baja intensidad: compromisos volátiles que dependen del humor de quien ocupe la Casa Blanca y que pueden evaporarse de un plumazo en la siguiente elección presidencial. El Perú quedaría entonces desprotegido, habiendo quemado sus naves con otros aliados, como China o Europa, a cambio de papelitos que no resisten el cambio de administración.

Hay, además, un costo reputacional que pica más el patriotismo peruano. La llegada triunfal de Rubio busca proyectar la imagen de un subcontinente alineado y disciplinado, utilizando la foto en Lima para suavizar el impacto mediático de controversias diplomáticas recientes. Se nos pide validar una política exterior ajena, ideológica e intrusiva con la soberanía de los países, mientras ponemos el pecho ante los verdaderos rivales de Washington. Cada vez que un funcionario peruano repite el guion sobre «seguridad hemisférica» redactado en el Departamento de Estado, todos sudamos frio porque el país pierde un pedazo de su capacidad de decidir por sí mismo.

El Perú se encuentra en una encrucijada donde la prudencia vale más que cualquier discurso de hermandad enunciada en nombre de Washington. El no alineamiento no es cobardía ni desinterés; es una estrategia de supervivencia astuta en un planeta fracturado. Durante décadas, el país floreció vendiendo sus minerales y frutas al mejor postor, sin importar el color de la bandera del comprador. Esa flexibilidad le permitió crecer sin convertirse en campo de batalla de potencias extranjeras.

Convertir a Lima en el escenario de una disputa entre potencias—y hacerlo con embajadores improvisados, representantes sin oficio y una Cancillería que confunde la lealtad partidaria con la política exterior— solo deja un perdedor garantizado: la soberanía peruana. La foto con Rubio puede verse bien en los periódicos del 10 de setiembre. Pero su efecto en nuestra soberanía y en humillación nacional puede ser igual al de un segundo hundimiento del heroico monitor Huáscar.

[OPINIÓN] Rubio no debe venir por rechazo al pueblo de EEUU , sino porque es una visita imprudente, sorpresiva y políticamente inoportuna. Un posible bumerang , organizado por un Canciller y un Embajador USA que no son diplomáticos profesionales.

La investigación publicada por La República el 28 de agosto de 2026 dejó al descubierto una conexión incómoda: Carlos Díaz-Rosillo, asesor personal y amigo de Keiko Fujimori, aparece en una fotografía de marzo de 2023 junto a Cerimedo, a quien definió como contacto para «cosas muy buenas» en los años venideros. Díaz-Rosillo, cubano-estadounidense y exasesor del Secretario de Defensa en el gobierno de Donald Trump, no solo contrató a Fujimori como profesora en el Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida, sino que se erigió en consejero de su campaña presidencial.

Cerimedo no es un personaje menor. Ha admitido públicamente dirigir «miles de trolls» y poseer granjas de bots, además una investigación de lavado de dinero lo ha vinculado también a Perú. En Brasil, la justicia lo señaló como parte del núcleo de desinformación que alimentó el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. En Bolivia, las autoridades hallaron en sus propiedades una «mini granja de bots» y han encontrado que 200 millones de dólares han circulado en cuentas de sus empresas. En las elecciones peruanas de 2026, se registraron campañas sistemáticas de fake news contra el candidato progresista Roberto Sánchez, mientras Keiko Fujimori lograba una victoria mínima, y muy discutida, en el extranjero por apenas 44 mil votos. La pregunta que resuena en las calles es inevitable: ¿hasta dónde llegó la injerencia digital en la soberanía del voto peruano?

Marco Rubio, por su parte, ha declarado que su propósito es «destruir a la izquierda y el progresismo en América Latina». En este contexto, su visita no se lee como diplomacia, sino como respaldo a una administración local cuestionada por sus vínculos con una red continental de manipulación informativa. El Perú no necesita visitas que legitimen la sospecha. Necesita respuestas para saber cuan legítimo es el gobierno en el poder.

Crisis de la soberanía peruana con EEUU

El próximo 9 de septiembre, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llegará al Perú invitado por el gobierno de Keiko Fujimori. Lo hará en un momento de máxima tensión política, cuando una investigación periodística acaba de destapar los vínculos entre el entorno presidencial y Fernando Cerimedo, el consultor argentino que ha convertido la desinformación en una industria transnacional. Para amplios sectores de la sociedad peruana y latinoamericana, la visita no es una celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas: es un acto de distracción frente a un escándalo de proporciones continentales. Que puede tener impactos sismicos en el mandato de una Presidenta recién elegida, al cuestionar su legitimidad de origen.

La conexión documentada

El 28 de agosto de 2026, el diario La República publicó una investigación que deja poco margen para la duda. Carlos Díaz-Rosillo, asesor personal y amigo de la presidenta Keiko Fujimori, aparece vinculado directamente con Fernando Cerimedo. En marzo de 2023, Cerimedo publicó en sus redes una fotografía junto a Díaz-Rosillo —entonces principal asesor del Secretario de Defensa de Donald Trump— con un mensaje elocuente: «Se vienen cosas muy buenas estos próximos años». Díaz-Rosillo, fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en la Universidad Internacional de Florida, no solo contrató a Fujimori como expositora y luego como profesora frecuente junto a otros líderes de la derecha latinoamericana; se convirtió en su consejero personal.
Cuando estalló el caso Cerimedo, ni la presidenta ni su asesor portorriqueño emitieron una sola palabra de explicación . Que pasa si el caso Cerimedo y de Días Rosio terminan vinculados al financista Valenzuela que se entrevisto en privado en el Spa Tomyko con la Sra Presidenta? Eso explicaria ese incomodo silencio.

Cerimedo no es un operador anónimo. Es un consultor político que ha trabajado en las campañas de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Paz en Bolivia y Nasry Asfura en Honduras. Ha admitido públicamente poseer «miles de trolls» y granjas de bots para posicionar mensajes en redes sociales. En Brasil, la justicia lo identificó como parte del «núcleo de desinformación» que cuestionó el sistema electoral tras la victoria de Lula, contribuyendo al clima que desembocó en los ataques del 8 de enero. En Bolivia, donde fue detenido en agosto de 2026, las autoridades hallaron una «mini granja de bots» y miles de dólares en efectivo. Su pareja, la abogada Nadia Beller, declaró a la prensa que la mayor granja de bots de Cerimedo opera desde Buenos Aires, pero que hay otras que maneja «para Latinoamérica» .

La sombra sobre el voto peruano

En las elecciones generales peruanas de 2026, Keiko Fujimori obtuvo una victoria ajustadísima en el extranjero por apenas 44 mil votos, mientras que el 49% del electorado respaldó opciones progresistas encabezadas por Roberto Sánchez. Durante la campaña, se registraron oleadas de fake news y campañas de desprestigio sistemáticas contra el candidato de izquierda. La pregunta que hoy indigna a la ciudadanía es legítima: si Cerimedo demostró capacidad para operar en Brasil, Bolivia, Argentina y Honduras, ¿qué grado de injerencia tuvo su red en la soberanía del voto peruano? El hecho de que un asesor íntimo de la presidenta —Díaz-Rosillo— aparezca fotografiado y declarado amigo del operador digital más polémico de la región no es un dato menor: es una pista que exige una investigación que la prensa gobiernista parece empeñada en silenciar.

Más allá de la interferencia electoral

La agenda de Rubio, sin embargo, no se limita al terreno digital. La administración Trump, con Rubio como uno de sus operadores en América Latina, impulsa una política de apropiación de recursos estratégicos: cobre, litio, uranio, tierras raras, oro y petróleo. En Venezuela ya se denuncia una expropiación colonial de 65 millones de barriles de crudo sin contrato transparente. En el norte peruano, los yacimientos de hidrocarburos explorados por Chevron —la misma empresa que extrae petróleo venezolano hacia EE.UU.— encienden alertas de una posible repetición del modelo. La «doctrina Trump», materializada en memorandos del Departamento de Estado, amenaza con convertir la autodeterminación económica del Perú en una variable negociable.

La soberanía militar tampoco ha quedado intacta. La adquisición de aviones F-16 estuvo marcada por presiones inaceptables del embajador estadounidense y del propio Marco Rubio, con la ilegal intervención de un presidente del Congreso. Este patrón de injerencia demuestra que la actual administración estadounidense no reconoce límites en su afán de condicionar decisiones soberanas.

Las relaciones de dos siglos entre el Perú y Estados Unidos merecen una transformación radical. Deben basarse en el respeto a la autodeterminación, la independencia y una cooperación genuina entre pueblos. La visita de Rubio el 9 de septiembre, lejos de ser un gesto de amistad, representa para muchos peruanos la materialización de una política que no respeta la soberanía electoral, que amenaza la autonomía sobre recursos naturales y que vulnera la independencia militar del país. En las calles de Lima, la protesta de la opinión publica y de politicos del Congreso (verdadero recibimiento a quien promueve la destrucción del progresismo latinoamericano mientras su red de asesores locales aparece entrelazada con la maquinaria de desinformación que socava la democracia.

La visita, en este contexto, puede ser un bumerang politico de consecuencias para las relaciones entre Perú y EEUU.

[OPINIÓN] El Perú no puede permitirse otro quinquenio de diagnósticos repetidos ni de estados de emergencia que solo mueven el delito a la calle de al lado. Tras años de extorsión creciente y sicariato sistémico, con duplicación de tasas de homicidios, la ciudadanía exige resultados medibles. Con la instalación del nuevo Poder Ejecutivo y un Congreso Bicameral recién electo, se abre la oportunidad institucional para abandonar el populismo punitivo e implementar una estrategia integral de seguridad.

GOLPEAR CAJA DEL CRIMEN

​Para transformar la frustración social en eficacia estatal, la agenda prioritaria debe concentrarse en golpear la caja chica del crimen mediante inteligencia y penetración financiera. El delincuente no opera por reputación, sino por rentabilidad. Mientras el patrullaje tradicional busca el delito menor en la vía pública, las verdaderas redes extorsivas se desarticulan estrangulando sus ingresos.

​Un ejemplo claro de éxito ocurre cuando la policía judicial e inteligencia financiera enfocan sus esfuerzos en el mapeo de transferencias digitales y la extinción de dominio sobre bienes mal habidos, logrando que la capacidad operativa de las bandas se desplome. Congelar cuentas usadas para el cobro de cupos a transportistas o comerciantes paraliza la logística criminal de inmediato. Ante esto, el nuevo Senado y la Cámara de Diputados deben aprobar de forma prioritaria leyes que faciliten el levantamiento acelerado del secreto bancario y de las telecomunicaciones en investigaciones de extorsión, sin descuidar las garantías constitucionales. Además de crear la obligación de los funcionarios policiales de dar autorización de levantamiento de su secreto bancario y el de sus familiares cercanos para seguimiento de las autoridades del estado.

LA CLAVE QUE TODOS OLVIDAN : DESARROLLO SOCIAL

​Asimismo, resulta indispensable abordar la contención social e intervención comunitaria. Ninguna política represiva es sostenible si las economías ilegales continúan reclutando a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La contención social no es asistencialismo, sino prevención estratégica del delito. Las intervenciones urbanas que combinan iluminación masiva, recuperación de parques, programas de retención escolar y capacitación técnica juvenil en distritos golpeados reducen significativamente la tasa de ingresos a pandillas y redes locales.

EL FACTOR DE PARTICIPACION POPULAR

​En este esquema, la participación de la población es útil como red de alerta temprana e inteligencia comunitaria, pero nunca como fuerza de choque. El Estado debe proteger a los líderes vecinales con canales de denuncia completamente anónimos para evitar represalias y frenar cualquier intento de justicia por mano propia.

TECNOLOGIA CONTRA EL CRIMEN

​Por otro lado, el país debe transitar del monitoreo aislado a la tecnología interoperable. Llenar las ciudades de cámaras que nadie vigila en tiempo real genera una falsa sensación de seguridad, por lo que el salto hacia la eficiencia exige interconectar los esfuerzos locales y nacionales. Los municipios que integraron la lectura de placas mediante analítica de video e inteligencia artificial redujeron el tiempo de respuesta policial frente a vehículos sospechosos de minutos a segundos, logrando capturas en flagrancia.

​El Ejecutivo debe liderar la implementación de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo unificado a nivel nacional, donde la Policía Nacional y las centrales de serenazgo compartan datos, imágenes y mapas del delito en tiempo real.

EL ROL DEL CONGRESO Y LIDERAZGO DEL EJECUTIVO

​Como mandato inmediato, el Congreso Bicameral saliente dejó un sistema de justicia atomizado, por lo que los senadores y diputados entrantes tienen la responsabilidad histórica de otorgar un marco legal coherente. Esto implica unificar los criterios de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante la expansión de Unidades de Flagrancia equipadas en todo el país.

​Por su parte, el Poder Ejecutivo debe asumir el liderazgo político sin improvisaciones, priorizando la reforma del sistema penitenciario con la instalación definitiva de inhibidores de señal en las cárceles y la profesionalización de la policía comunitaria. La seguridad ciudadana no se recupera con discursos encendidos, sino con inteligencia financiera, tecnología integrada y presencia estatal preventiva en los barrios.

[OPINIÓN] El Perú asiste a un duelo de sordos. En una esquina del ring político, Keiko Fujimori se atrinchera frente a Fuerza Popular en la defensa del libre mercado ortodoxo, el orden a rajatabla y la mano dura. En la otra, Roberto Sánchez lidera un bloque andino e identitario que exige refundar el modelo, tributar recursos naturales para saldar deudas sociales históricas. Mientras ambos se miden el aceite, con la mirada puesta en el cálculo electoral de las elecciones municipales y regionales de octubre, el país se desangra en un entrampamiento que puede paraliza las inversiones, vacía los bolsillos de la calle y alimenta el avance del crimen organizado.

Y eso no se resuelve sacando masas a la calle y policías y militares a enfrentarlas. Las lecciones son claras, matar a 50 peruanos ha deslegitimado a las fuerzas del orden, al gobierno y al estado. Y ha elevado la polarización electoral al grado de las fiebres del COVID.
Romper este nudo gordiano no requiere un idilio ideológico, sino un pragmatismo de supervivencia. Un Nuevo Acuerdo Nacional es urgente, no para firmar la paz, sino para pactar una tregua operativa sobre cinco urgencias nacionales.

El primer incendio a apagar es el Sur Andino. Para el fujimorismo, la zona es un foco de agitación radical; para Sánchez, un territorio herido que exige justicia por las muertes que claman por reparación. El consenso viable pasa por despolitizar la billetera pública: crear Fideicomisos Territoriales de Desarrollo (similares a los Fondos Soberanos). Fujimori debe aceptar que el canon minero ya no se entregue a gobernantes locales ineptos, sino a estos fondos transparentes ,con gerencia técnica internacional, para cerrar brechas de energía, salud, educación, agua y carreteras. A cambio, Sánchez debe garantizar la seguridad jurídica de los proyectos mineros con la participación de comunidades étnicas y municipios respaldando estos acuerdos. En derechos humanos, la fórmula es clara: reparaciones económicas inmediatas y luz verde a la Fiscalía para investigar sin interferencias, castigando tanto el exceso policial como el vandalismo.

Allí es vital investigar lo ocurrido via una Comisión de Justicia y Paz en el Congreso Bicameral. Hechos y no palabras a favor del Sur.
En seguridad ciudadana y defensa nacional, el diagnóstico es idéntico: el tren de la delincuencia nos está pasando por encima. La «mano dura» fujimorista y la prevención de la izquierda pueden fusionarse en la modernización de la inteligencia policial y la creación, con sistemas de construcción rápida, de penales factoría. El acuerdo debe sepultar la tentación del patrullaje militar urbano permanente —un riesgo para los derechos humanos— y reorientar a las Fuerzas Armadas hacia capacidades duales: ingeniería militar para conectar la sierra y selva profunda (bandera de Sánchez) y tecnología de punta para blindar las fronteras y activos estratégicos contra el narcotráfico (bandera de Fujimori).

La minería artesanal de oro es hoy el combustible de mafias transnacionales. El fracaso del REINFO es un secreto a voces. La salida requiere un golpe de timón: demoler la burocracia con una Ventanilla Única Digital y crear un Banco de Oro del Estado que compre el metal a precio justo directamente al minero informal, asfixiando financieramente a los acopiadores ilegales. Fuerza Popular ganaría la formalización del sector y el control territorial; Sánchez, la dignificación del pequeño productor andino. Eso sí, la izquierda tendría que firmar el acta para dinamitar, sin contemplaciones, las dragas criminales que destruyen la Amazonía.

Finalmente, el bolsillo del ciudadano. Frente al dilema de «crecimiento privado» versus «redistribución estatal», la solución está en el Capitalismo Popular. El acuerdo debe parir una reforma laboral que reduzca los costos de contratación para las microempresas, pero asegurando salud universal financiada por impuestos para crear un Fondo Social Soberano. Para los informales sería la reforma previsional mediante el «IGV de tu pensión»: que una tajada de cada impuesto que paga el peruano a pie vaya directo a su cuenta de jubilación, siempre con aporte patronal. Así, el fujimorismo logra que la gente exija boleta de venta (formalización masiva) y la izquierda asegura una vejez digna para el taxista y el ambulante.

El entrampamiento entre Fujimori y Sánchez es un lujo que un Perú en crisis no puede pagar. La salida no es un cogobierno, es un pacto de mínimos relevantes. Si la derecha y la izquierda no aprenden a negociar sobre el mapa de las necesidades reales, la realidad terminará por devorárselos a ambos. Hay temas que unen como los dos colores de nuestra bandera.

​El comportamiento del electorado contemporáneo responde a una lógica mucho más pragmática y movediza que la de los alineamientos doctrinarios. Los ciudadanos no sufragan mayoritariamente movilizados por programas de gobierno o afinidades teóricas; lo hacen guiados por el rechazo al oficialismo de turno. Si hace unos años el progresismo capitalizó el deseo de cambio frente al desgaste conservador, hoy la derecha encarna la opción de recambio frente a administraciones de izquierda que han sufrido el desgaste natural del ejercicio del poder en entornos económicos y sociales sumamente críticos.

​El factor diferencial en este tramo de la historia es el terreno de juego tecnológico. La batalla política actual se libra de forma prioritaria en el paradigma comunicativo digital, un espacio donde se disputan las narrativas y se moldea el sentido de las cosas a gran velocidad. Es en este ecosistema donde las corrientes de ultraderecha han tomado una delantera significativa, utilizando la inmediatez y la segmentación de las redes sociales para conectar de forma directa con el descontento, la frustración y la demanda de orden de las mayorías hostigadas por el crimen.

​Pese a esta ventaja comunicativa, las victorias de las opciones conservadoras se caracterizan por una marcada fragilidad. El análisis minucioso de la realidad electoral latinoamericana desmiente la existencia de cheques en blanco para la derecha. Sus triunfos recientes se han materializado por diferencias mínimas, como en Perú o Colombia, o bajo la sombra de crisis de legitimidad y denuncias de fraude, como en Honduras, sumado a la intensa injerencia de Estados Unidos.

​Incluso en la derrota, el progresismo retiene un piso electoral muy alto que bordea el cuarenta por ciento, como ocurre en Chile. 49.7% frente a 50.4% en el Peru, y una diferencia similar del 1% en Colombia. En América Latina no se está consolidando un modelo único; se define como un territorio de disputa constante con ciclos políticos cada vez más breves y una ciudadanía impaciente que castiga con rapidez a quien no ofrece soluciones prontas y eficaces. La pugna por el poder sigue completamente abierta.

[OPINIÓN] No hace mucho, entre 2021 y 2022, el mapa regional parecía teñirse de un rojo homogéneo tras el triunfo del progresismo en seis de siete elecciones presidenciales, abriendo las puertas de las sedes de gobierno a la izquierda incluso en plazas históricamente complejas como Colombia. Sin embargo, el error de lectura de aquel momento fue creer que las sociedades latinoamericanas se habían vuelto masivamente progresistas. Hoy, cuando la balanza parece inclinarse hacia la acera de enfrente, se repite la misma equivocación al diagnosticar una ola de ultraderecha de carácter estructural.

El comportamiento del electorado contemporáneo responde a una lógica mucho más pragmática y movediza que la de los alineamientos doctrinarios. Los ciudadanos no sufragan mayoritariamente movilizados por programas de gobierno o afinidades teóricas; lo hacen guiados por el rechazo al oficialismo de turno. Si hace unos años el progresismo capitalizó el deseo de cambio frente al desgaste conservador, hoy la derecha encarna la opción de recambio frente a administraciones de izquierda que han sufrido el desgaste natural del ejercicio del poder en entornos económicos y sociales sumamente críticos.

El factor diferencial en este tramo de la historia es el terreno de juego tecnológico. La batalla política actual se libra de forma prioritaria en el paradigma comunicativo digital, un espacio donde se disputan las narrativas y se moldea el sentido de las cosas a gran velocidad. Es en este ecosistema donde las corrientes de ultraderecha han tomado una delantera significativa, utilizando la inmediatez y la segmentación de las redes sociales para conectar de forma directa con el descontento, la frustración y la demanda de orden de las mayorías.

Pese a esta ventaja comunicativa, las victorias de las opciones conservadoras se caracterizan por una marcada fragilidad. El análisis minucioso de la realidad electoral latinoamericana desmiente la existencia de cheques en blanco para la derecha. Sus triunfos recientes se han materializado por diferencias mínimas, como se ha visto en los ajustados comicios de Perú y en los escenarios preliminares de Colombia, o bajo la sombra de severas crisis de legitimidad y denuncias de fraude abierto, como en el caso de Honduras. Estos resultados se producen, además, en un contexto de intensa injerencia del gobierno de los Estados Unidos, que busca asegurar su hegemonía en la región.

El dato más revelador de esta resistencia es que, incluso en contextos de derrota y con condiciones políticas adversas, el progresismo retiene un piso electoral muy alto que en el peor de los escenarios bordea el cuarenta por ciento, tal como lo demuestra la realidad política de Chile. América Latina no está consolidando un modelo único ni girando permanentemente hacia un extremo del espectro político. Se define, por el contrario, como un territorio de disputa constante, caracterizado por ciclos políticos cada vez más breves y una ciudadanía impaciente que castiga con rapidez a quien no ofrece soluciones prontas a sus urgencias cotidianas. La pugna por el poder sigue completamente abierta.