Recientemente los dueños del Grupo El Comercio decidieron, por mayoría, renovar la dirección periodística de su brazo televisivo en busca de una cobertura más dura contra Pedro Castillo. El ala de la familia Miró Quesada que tomó esta decisión tiene entre sus principales temores un cambio radical en el modelo de libre mercado. Un modelo que redujo en 38,5 puntos porcentuales la incidencia de pobreza del país en los 16 últimos años.
Sin embargo, el negocio de impresiones del grupo El Comercio −que en el 2019 facturó S/73,8 millones− no tiene un historial de cumplimiento de las reglas que deberían regir en un mercado que, por libre y competitivo, sirve al ciudadano.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) acaba de sancionar, el pasado 5 de mayo y en primera instancia, a la Empresa Editora El Comercio y a su subordinada Amauta Impresiones Comerciales. La infracción: coordinar y pactar ilegalmente con sus principales competidores y así repartirse las licitaciones de textos escolares lanzadas por el Ministerio de Educación. Las otras tres integrantes del cartel fueron Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics.
La figura es semejante al reparto de licitaciones que efectuaron las compañías del Club de la Construcción, entre las que está Graña y Montero.
Esta ilícita repartija ocurrió entre el 2009 y el 2016, durante gestiones ministeriales apristas y nacionalistas (desde la de José Antonio Chang hasta la de Jaime Saavedra). Nadie la tuvo en el radar hasta que El Comercio mismo decidió acogerse a la delación y pidió clemencia al Indecopi. Hoy, el conglomerado periodístico esgrime una defensa reputacional que busca capitalizar aquella veloz movida. Pero las razones que da son −cuando menos− cuestionables.
Manos invisibles
Aunque todavía queda un camino de apelación administrativa, las pruebas están al canto. A la resolución de la CLC le precede una gruesa recopilación de archivos, correos, cruces con documentos públicos y, especialmente, el testimonio de personas que aceptan lo que hicieron. Sudaca revisó el documento, difícilmente reversible en sus conclusiones esenciales en el tribunal de segunda instancia.
El Comercio, Metrocolor, Navarrete y la estadounidense Quad Graphics eran cuatro de las cinco principales empresas de un mercado en el que no todos tienen la capacidad operativa para atender contratos gordos rápidamente. Aunque la industria peruana de la impresión recibe la mayoría de sus ingresos del sector privado, la tajada del negocio que representa el sector público no es nada despreciable.
Según la investigación del Indecopi, las ventas al Estado de los miembros del cartel representaron, según cada empresa, entre el 14% y el 43% de sus ingresos totales en el período en que se coludieron. El Minedu y sus unidades ejecutoras licitaron en esos años más de S/850 millones en impresión de materiales. Más de 6 millones de alumnos acuden a la escuela pública en el Perú.
Si no es solo retórica, el modelo que defienden los dueños del grupo El Comercio presupone esta hipótesis: la libre competencia es buena porque obliga a bajar los precios, lo que se traduce en productos más baratos para el ciudadano y hace que las empresas busquen ser más eficientes para mantenerse en el mercado. Así, cuando un grupo de empresas compite por ganar una licitación pública, el monto que pagará el Estado tendría que tirar hacia abajo jalado por una mano invisible.
El problema ocurre cuando no hay verdadera competencia. Entonces el Estado desembolsa más dinero del que debería, de nuestros impuestos, mientras un grupo de empresas renuncia al esfuerzo de mantenerse a flote por sus méritos comerciales. La CLC calcula que el “beneficio extraordinario” que el cartel de las imprentas le quiso sacar al Estado −es decir, lo que esperaban ganar como miembros del pacto− suma más de S/55 millones. Solo en el caso de El Comercio, la cifra es de S/12,3 millones. El incentivo para operar ilícitamente no fue pequeño.
Indiscutible cartel
Hasta enero del 2014, El Comercio ofrecía sus servicios de impresión directamente, a través de su Gerencia Comercial de Impresiones. En febrero de ese año, dicha unidad fue absorbida junto a un bloque patrimonial por Amauta, pero esta nueva razón social quedó bajo el control de la misma oficina del grupo que controlaba a su predecesora: la Gerencia de Servicios Empresariales. Por encima de esta, solo está la gerencia general. Para el Indecopi, “Amauta y El Comercio son consideradas como un solo agente económico” respecto a la conducta ilícita sancionada.
El negocio de impresión de los Miró Quesada no tiene nada que ver con el despacho de sus periódicos, sino con venderle a clientes −públicos y privados− desde libros hasta fascículos publicitarios. Y los directivos del grupo tuvieron durante muchos años a un hombre fuerte encargado de eso: Renzo Mariátegui Bosse.
Mariátegui Bosse fue gerente de Servicios Empresariales de El Comercio (o tuvo un cargo equivalente) durante todo el periodo en el que esta empresa se repartió las licitaciones del Minedu. Nieto de José Carlos Mariátegui, Renzo heredó de su familia la inclinación por el negocio de imprimir masivamente. En los años 20, su tío abuelo Julio César fundó junto al abuelo José Carlos la imprenta y editorial Minerva. Allí se editaron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y una revista con un nombre recurrente: Amauta.
Renzo Mariátegui también es hermano del periodista Aldo Mariátegui, quien por lo demás no tiene otra vinculación con este caso.
La investigación del Indecopi está plagada de evidencia contra la que no hay mucho que refutar. Aquí dos ejemplos. “Renzo me acaban de llamar y quieren ir por inicial […] Hace 1 hora me dijo que sí y ahora dicen que no y que van por inicial y nos dejan Mat[emáticas] y Leng[uaje]”, le comunica a Mariátegui uno de sus entonces subordinados, Javier Wong, en febrero del 2010. Este correo se refiere a desavenencias momentáneas con Quad Graphics en la repartija de una licitación.
Otro ejemplo. “Llama por favor a Perico [ejecutivo de Quad Graphics] y dile que no fue lo acordado conmigo!!!”, se queja Mariátegui en un correo de octubre del 2009 con otro subordinado. Su molestia responde a que la empresa estadounidense parecía incumplir un trato que él consideraba ya cerrado.
Y sus subordinados también coordinaban sus propias fechorías entre ellos. “Hablé con Carlos [Ramos, de Metrocolor] va a suyo y al mío con 2175000 para pasar piola […] todos no tenemos idea de q hará Navarrete no contesta a nadie”, le advierte Brigitte Portocarrero a Guillermo Stanbury en diciembre del 2013. Ella era ejecutiva de ventas de El Comercio y él, gerente comercial de impresiones. En el organigrama, ambos están por debajo de Mariátegui.
Todos los correos recopilados por el Indecopi fueron cruzados con las actas de los procesos de selección y las declaraciones de los involucrados. Las pruebas resultan irrefutables. En su declaración ante la Secretaría Técnica de la CLC, el 24 de junio del 2019, Mariátegui reconoció haber sido partícipe de la colusión. Otros exfuncionarios de El Comercio hicieron lo mismo.
¿Cómo operó el cartel? Dividiéndose la adjudicación de ‘ítems’ −los libros de Matemática o de Lenguaje, por ejemplo− en base a dos patrones. El primero, el de “autoeliminación”: cuando las empresas a las que no les tocaba ganar presentaban propuestas no competitivas para quedar fuera. El segundo, el de “equivalencia”: implicaba que los montos repartidos debían ser equitativos entre las partes.
Todo era coordinado mediante reuniones de los altos ejecutivos de las firmas en hoteles como El Golf los Incas y El Polo, o en restaurantes como el Café Arango.
Según la resolución de la CLC, el cartel de las imprentas intentó adjudicarse la licitación de 87 ‘ítems’, con éxito en 63. Todo esto como parte de 20 proceso de licitación del Minedu y uno del INEI. Además de las cuatro empresas y Renzo Mariátegui, la Comisión ha sancionado a otros siete directivos de aquellas: Guillermo Stanbury, Javier Wong, Brigitte Portocarrero, Pedro Isasi, Emilio Presentación, Carlos Ramos y Juan José Monteverde.
Las multas para las compañías calculadas en primera instancia superan los S/46 millones (10.460 UIT). Solo la de Amauta-El Comercio −la más alta luego de un ajuste por ingresos− fue estimada en más de S/20,5 millones.
Si delaté, ¿soy inocente?
Pese a haber cometido sistemáticamente la infracción por la que ha sido sancionado, el Grupo El Comercio no tendrá que pagar la multa que se le ha impuesto. La razón: es el delator del grupo. En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), El Comercio hizo público que era parte de un proceso sancionador por las prácticas anticompetitivas del cartel de las imprentas.
En esa comunicación −cuyo correlato fue publicado en su web de noticias− El Comercio resalta que fue gracias a su delación que se pudo develar el esquema del que era parte. En comunicación con Sudaca, el actual gerente general del grupo, Mariano Nejamkis, alega algo similar. “Desde entonces hemos colaborado de manera proactiva con la autoridad. Además, ambas empresas [incluye a Amauta] reforzaron su ambiente de control y el programa de compliance”, agrega. Y no se olvida de dejar claro su “compromiso con el mercado”.
Efectivamente, la investigación del Indecopi contra el cartel de las imprentas no se habría iniciado sin la alerta lanzada por El Comercio. La versión oficial del grupo es que, en setiembre del 2017, detectaron que sus directivos y empleados del negocio de impresiones podían estar incurriendo en una práctica anticompetitiva. Luego iniciaron una “pericia forense que confirmó” la infracción, por lo que fueron a denunciarla ante el Indecopi.
Renzo Mariátegui dejó la Gerencia de Servicios Empresariales en octubre del 2017.
Dos especialistas en derecho de la competencia que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias mediáticas aseguraron que la versión de El Comercio no es del todo verosímil por varias razones. La primera es que muy difícilmente los altos mandos de una empresa no están enterados, durante tanto tiempo, de la estrategia comercial de una de sus unidades.
Además de gerente de línea en el grupo y hombre de confianza para el negocio de impresión, Mariátegui ha sido director de varias empresas de los Miró Quesada relacionadas al rubro. En un reporte a la SMV del 2014, por ejemplo, aparece como miembro de los directorios de Dataimágenes S.A.C. y Zetta Comunicadores del Perú S.A.C.
“En cuanto al segundo factor, vinculado con responsabilidad dentro de la empresa, el señor Renzo Mariátegui señaló que él ocupó un cargo de gerente de segunda línea y que solo cumplía órdenes. […] Durante todo este periodo, la Gerencia de Servicios Empresariales, en la que el señor Renzo Mariátegui se desempeñó, dependió de la Gerencia General de El Comercio”, asegura el punto 415 de la resolución de Indecopi.
César Pardo Figueroa fue el gerente general de El Comercio por largos 20 años, entre diciembre de 1996 y febrero del 2017, lo que incluye a todo el periodo de colusión. Su figura dentro del grupo −como uno de los primeros gerentes que no pertenecía a la familia− tuvo un peso gravitante.
“La presencia de Pardo Figueroa ha sido clave para las acciones emprendidas por el grupo El Comercio en las últimas dos décadas. Fue el periodo en el que el conglomerado mediático creció más −tanto en nuevos negocios como en lo que se refiere a sus ganancias”, escribió hace cuatro años en su blog José Alejandro Godoy, autor de “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”.
“En rojo para Pardo Figueroa se encuentra el apoyo que dio, junto a algunos accionistas y algunos periodistas de El Comercio, a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011”, agrega Godoy, quien ha descrito al exhombre fuerte del grupo como una “bisagra” y con un rol activo en esa campaña.
Pardo Figueroa no es nombrado en el proceso por las licitaciones con el Minedu, pero sí en la sanción espejo que la CLC emitió en el contra El Comercio-Amauta −entre otros− por haber hecho algo parecido con sus clientes privados. La comisión concluyó en el 2020 que la empresa participó también de una repartija de clientes del mercado privado junto a Quad Graphics, y señala a Pardo Figueroa como uno de los responsables.
En noviembre del 2011, por ejemplo, este le envió un correo a Mariátegui consultándole si unos clientes ya estaban ‘separados’. “Favor ver si tienes algún conflicto con estos clientes”, le preguntó. A lo que Renzo respondió: “César, solo tendríamos conflicto con 4 clientes: Maestro, Metro, Boticas Arcángel y Supermercados Peruanos. Con el resto no habría problema”. Indecopi cotejó que esas cuatro empresas fueron atendidas exclusivamente por Quad Graphics.
El propio Pardo Figueroa, hombre fuerte de todo el grupo, aceptó su participación en la repartija de empresas privadas. La CLC asegura que, aún si no hubiera tenido participación activa en la infracción, la conocía y “no ejecutó ninguna acción para detenerla”. Mariátegui alegó que Pardo Figueroa “era el que delineaba la política de acuerdos [colusorios]”.
Sudaca buscó los descargos de Renzo Mariátegui por distintos canales, incluidas sus redes sociales, sin éxito.
Clemencia y desfachatez
La figura de la ‘clemencia’ en los procesos administrativos ante Indecopi es similar a la de la ‘colaboración eficaz’ en el fuero penal. Es decir, la de un infractor que acepta su culpa y delata a sus cómplices para ganarse un beneficio: una pena menos grave. Es a lo que ha apelado El Comercio en este caso. Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad ni del golpe reputacional.
Según una fuente consultada por Sudaca, la naturaleza misma de los programas de clemencia implica que su existencia impulse a alguno de los cómplices de un cartel a acusar al resto por miedo a ser traicionados primero. No solo por otra de las compañías concertadas, sino por funcionarios de su propia organización. Por ejemplo: un gerente que, ante el fastidio de ser removido de la compañía o al estar peleado con esta, pueda dar la voz de alerta.
La multa que fue calculada para Amauta-El Comercio por repartirse clientes privados fue de más de S/61 millones. Y aunque tampoco tenía que pagarla completa, porque ese proceso también se abrió a partir de sus delaciones, el conglomerado periodístico la apeló, sin éxito en segunda instancia. Fuentes expertas explican que esto se debería a que ese monto podría servir como base para que las empresas afectadas reclamen una indemnización fuera de la vía administrativa. Reducirlo es clave si no se quiere asumir ninguna responsabilidad
“Ambas empresas [Amauta y El Comercio] asumirán las consecuencias que correspondan”, asegura Nejamkis a Sudaca. Sin embargo, dado que el Minedu también podría buscar una reparación, queda por ver si no apelarán la resolución del cartel de las imprentas, versión sector público.
O si, en cambio, el grupo que ha decidido defender el modelo de libre mercado para afuera, pero que no lo pudo respetar hacia adentro, apelará con algún argumento similar al que esgrimió en primera instancia: que el monto de su multa −de la que igual estaba exonerado− debía ser menor porque parte de los beneficios ilícitos habían sido destinados a pagar el IGV y el Impuesto a la Renta. Habrase visto tamaña conchudez.
*El autor de esta nota fue reportero de Política del diario El Comercio hasta hace 11 meses.
Fotoportada: Leyla López.
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