No puede pasar un día más Alejandro Soto, de las filas de Alianza para el Progreso, como presidente del Congreso. Sus inconductas y delitos son de tal envergadura que desacreditan ya no solo a su persona y sus potencialidades para ocupar tan alta magistratura sino que ensucian al propio poder del Estado que preside.
Parte esencial de la tarea de sostenibilidad del statu quo vigente (de “estabilidad mediocre” que nos rige), pasa porque los poderes del Estado no sigan la espiral de deterioro en la que se han embarcado en los últimos meses, particularmente el Congreso de la República, cuyo pacto tácito con el Ejecutivo (así lo percibe al menos la población), termina por salpicar al gobierno central y embarcarlo en el descrédito general.
Los principales partidos del Congreso (empezando por el fujimorismo) tienen que entender que a los únicos que conviene este deterioro institucional es a las fuerzas radicales disruptivas que asoman en el horizonte electoral para el 2026. Son los Milei de izquierda los que van a cosechar de la crisis institucional que asola al Ejecutivo y al Congreso, ese “pacto derechista” que la narrativa de izquierda ya ha logrado imponer en vastos sectores de la población.
El sur andino del país representa casi el 20% del electorado nacional. Bastará que vote en primera vuelta como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (con más del 80% a favor de Pedro Castillo) para que un candidato de izquierda asegure su pase a la jornada definitoria y eventualmente, si sumamos el voto del resto del país -también irritado con el establishment- pueda darse el caso de una final de dos candidatos de izquierda.
Para que ello no ocurra, aparte de una labor política intensa de las fuerzas de centroderecha en el sur andino, hace falta que los poderes del Estado no se sigan deteriorando ni desacreditando al ritmo vertiginoso en el que lo vienen haciendo, a punta de denuncias de mochasueldos, viajes suntuarios, denuncias penales (como las del presidente Soto), y encubrimientos punibles (como el que benefició a los Niños de Acción Popular).
Hay antecedentes de repunte en las encuestas del poder Legislativo. Daniel Salaverry, cuando ocupó la presidencia del Congreso, el gobierno anterior, duplicó en semanas la aprobación de ese poder del Estado, con un liderazgo que rompió las ataduras con Fuerza Popular.
Eso es lo que se necesita: un presidente del Congreso que ejerza un liderazgo político claro y potente ante el país. Eso no lo va a poder hacer un parlamentario acosado por mentiras y trastadas del pasado, además de denuncias vigentes que se han actualizado.
No es posible, dadas las características de los jóvenes de hoy, reproducir los esquemas partidarios de antaño, jerarquizados, con comandos centrales unificados, con uniformidad ideológica y doctrinaria, con fajas de transmisión indiscutibles de arriba hacia abajo. Esos tiempos, de partidos cuasi leninistas, ya no volverán.
Pero tampoco debiera ser una verdad irremediable que ello nos condene a que las nuevas agrupaciones políticas sean “coaliciones de independientes”, sin ningún orden ni concierto, y fronteras absolutamente relajadas respecto de los criterios mínimos de una organización, sea de la naturaleza que sea.
Un partido no es una empresa, pero tampoco es un club social. Es una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia y en esa medida debe cumplir algunos requisitos mínimos: consistencia ideológica, lealtades partidarias, cuadros tecnocráticos preparados para gobernar, etc.
Lo que no puede suceder es que se repita un fenómeno político deleznable, como el que apreciamos hoy en el Congreso, con partidos infames como Acción Popular, llenos de perforaciones como Alianza para el Progreso o inconsistentes como Perú Libre (que ha perdido más de la mitad de sus congresistas), con parlamentarios que se van de un lado para otro como feria de transeúntes sin ninguna cortapisa ideológica o moral.
Con un Parlamento así, es imposible que un gobierno estructure un plan mínimo de reformas, que requiere voluntad al unísono y compromiso inquebrantable. A lo más conseguirá, como parece haber conseguido el régimen de Boluarte, que lo dejen gobernar en paz, pero punto, nada más que eso. Sin partidos políticos en su ley, no hay gobernabilidad democrática transformadora ni capaz de construir Estado más allá de la mera formalidad democrática.
Otro ejemplo a no seguir es el del partido Morado, que se la pasó años armando cuadros, organizando eventos, afinando su inscripción (cuando era infernal hacerlo), pero amarrado todo a la figura y conveniencia de su líder, Julio Guzmán, quien, caído en desgracia, arrastró al partido a su destino actual, que es el de ser un fantasma inexistente en el panorama político nacional.
Los nuevos partidos que están surgiendo en el espectro de la centroderecha liberal deberían tomar estas reflexiones, como guía a tener en cuenta respecto de qué camino no seguir y qué ruta sí emprender, sobre todo bajo la presunción de que no son aves de un solo vuelo que solo aspiran a las elecciones del 2026, para luego desaparecer tal como aparecieron.
El juicio de la historia deberá ser muy severo con los gobiernos de la transición democrática, especialmente los de Toledo, García y Humala, quienes gozaron de la resaca del crecimiento económico sembrado por las reformas estructurales de los 90, de Fujimori, y a pesar de la bonanza fiscal que disfrutaron fueron incapaces de emprender alguna reforma institucional seria en ningún aspecto de la vida nacional.
Hoy, el resultado lo vemos a la vista. El año pasado se han ido del país más de 400 mil peruanos, en su mayoría jóvenes, porque no ven futuro promisorio en el Perú. Y eso que no han pasado por la crisis de los 80, con hiperinflación y terrorismo, cuando la diáspora fue mayor y más justificada.
Uno podría pensar que las nuevas generaciones tienen menos resiliencia y capacidad de resistir la adversidad, pero el problema que más alarma a los nuevos emigrantes es la sensación de que nada mejora en el país, sino que todo va cuesta abajo, peor ahora de que se acabó la prosperidad económica y la crisis vuelve a asomarse por estos lares.
Si uno analiza en detalle, los problemas e instituciones del país, comprenderá el desánimo. La salud pública es un desastre, que funciona hoy peor que hace dos décadas. La educación pública lo mismo y lo único bueno que se había hecho -la reforma universitaria- se la han tirado abajo unos cuantos mercaderes de la educación y una pandilla de congresistas aceitados, sumados a un Ejecutivo indolente. La seguridad ciudadana ya es un problema vital y cotidiano para las inmensas mayorías del país y la policía se ha vuelto un antro de corrupción, sin que ningún gobierno le ponga el cascabel al gato. El tránsito infernal es una calamidad que cada día que pasa toma más porciones de las principales ciudades del país.
A nivel político, el Congreso se ha vuelto un nido impresentable de sinvergüenzas y corruptos, de donde, salvo honrosas excepciones, no hay nada bueno que esperar. El Ejecutivo es un desierto tecnocrático por culpa del segundo gobierno de García que puso límites a los sueldos de la tecnocracia y la espantó, perdiéndose más de una década de mejoramiento sustantivo del funcionamiento del Estado. Los gobiernos locales y regionales son una lágrima de ineficiencia, donde también, salvo aisladas excepciones, se han vuelto antros de corrupción (casi todos los alcaldes y gobernadores terminan millonarios luego de sus gestiones). Y ni qué decir de jueces y fiscales cooptados por la corrupción.
Y mientras eso ocurre, las mafias ilegales, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, los traficantes de terrenos, las pandillas extorsivas, los madereros informales prosperan y crecen capturando porciones de la sociedad. Es, efectivamente, como para salir corriendo.
[AGENDA PAÍS] Las próximas elecciones de la mesa directiva del congreso 2023-2024 es un adelanto de lo que pueden ser las elecciones generales del 2026, con muchos intereses individuales, otros mercantilistas y ninguna pasión por lo que realmente nos debería mover, que es el bienestar de nuestros compatriotas.
Actualmente, existen 13 grupos parlamentarios más el de no agrupados, es decir, una representación fraccionada donde prima la sobrevivencia política, “niños“ y “niñas”, “mocha sueldos”, cómplices impunes del golpista Castillo y una minoría de congresistas decentes y consecuentes con sus ideales.
Los bailes y enamoramientos para integrar la próxima mesa directiva ya se están dando. En ese coqueteo, se está plasmando una alianza entre la centro-izquierda y la izquierda radical, la cual sería liderada por Waldemar Cerrón de Perú Libre e integrada también por Luis Aragón de Acción Popular, flamantemente designado como representante en la mesa directiva por parte de su bancada.
Esta lista de izquierda (intransigente, achorada y antidemocrática), de ganar la elección de la mesa directiva, tendría en sus manos la agenda política del congreso, pudiendo priorizar proyectos de corte populista afectando aún más la economía del país e incluso, intentar un camino hacia una asamblea constituyente.
El peligro no acaba en este control de proyectos sino también, que ante una poco probable y no deseada renuncia o vacancia de Dina Boluarte, tendríamos en la presidencia del Perú nada menos que a Waldemar Cerrón, hermano y mano derecha del condenado por corrupción Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, con consecuencias que son fáciles de imaginar.
Es por ello imperativo que las fuerzas democráticas del congreso puedan desprenderse de sus intereses particulares y consensuar una lista para la mesa directiva donde encontremos parlamentarios probos y capaces de llevar un período anual del congreso con visión de país y en beneficio de todos los peruanos.
Congresistas como Gladys Echaíz de Renovación Popular, Patricia Juárez de Fuerza Popular, Alejandra Tudela de Avanza País, Eduardo Salhuana de APP y Carlos Anderson de los no agrupados (en caso se modifique el reglamento o se una a una bancada), son opciones que pueden devolver al congreso un poco de la prestancia perdida estos últimos años y permitan priorizar proyectos y reformas políticas imprescindibles, así como asegurar una transición constitucional, de llegarse a ese extremo.
El último mes de mayo hubo una caída de la producción en el Perú de -1.4% llegando a -0.4% para los primeros 5 meses del año, lo cual significa que estamos a puertas de una recesión que incrementará, sin dudas, la pobreza que ya viene en aumento sobre todo en las zonas urbanas.
El Perú necesita recuperar la confianza en sus autoridades, no podemos caer en más incertidumbres con una mesa directiva de izquierda radical y populista en el congreso que espantaría aún más a los inversionistas nacionales y extranjeros, y fomentaría protestas sociales de corte violento, como ya lo hicieron a principios de año.
Es momento de demostrar que las fuerzas democráticas del congreso pueden unirse desprendiéndose de ideologías y enfocándose en el bienestar de los ciudadanos. Este reto es un adelanto de lo que podría suceder en las elecciones generales de 2026 donde habrá más de 25 partidos políticos en el partidor y una necesidad de actuar de inmediato ante la amenaza que populistas radicales de izquierda tomen la mesa directiva del congreso y terminen destruyendo el país.
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fueron parte esencial de las iniciativas de reforma planteadas por la comisión Tuesta, pero se suspendieron en las últimas elecciones por la pandemia. Hoy deben ser asumidas como filtro obligatorio ante la avalancha de partidos que se está inscribiendo.
Los propios partidos del statu quo no las quieren, claro, prefieren seguir manteniendo el esquema de que los candidatos presidenciales y las listas parlamentarias se decidan prácticamente a dedo, por los “dueños” de los partidos. Así, se diluye la posibilidad de generar una situación que les convendría a ellos mismos, ya que las PASO no tienen otro propósito que reforzar a los partidos políticos, piedra angular de una democracia más funcional que la que tenemos.
Si este mecanismo, que se aplica con éxito en varias democracias del mundo y de la región, se aplicase en el Perú, influiría en gran medida para que un poder integrado por partidos, como es el Congreso, recupere algo de la legitimidad y representatividad que en nuestro país ha venido perdiendo paulatinamente (cada Parlamento es más desacreditado que el anterior), hasta llegar a los límites actuales, con un poder del Estado con aprobación que apenas llega al 6%, según algunas encuestas.
Los partidos políticos son una parte fundamental de la democracia. Son las organizaciones que canalizan las demandas de los ciudadanos y las llevan a las instituciones gubernamentales. Sin partidos políticos, la democracia sería una mera formalidad, sin capacidad de representar los intereses de la mayoría.
Los partidos políticos no son perfectos, y a menudo se ven envueltos en luchas de poder y corrupción. Sin embargo, son una parte esencial de la democracia, y su función es básica para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.
Los partidos políticos son los pulmones de la democracia. Sin ellos, la democracia sería una máquina sin combustible, incapaz de funcionar. Ellos son los encargados de llevar el oxígeno de la participación ciudadana a las instituciones gubernamentales, y de asegurar que éstas funcionen en beneficio de la mayoría.
Hay que recuperar la legitimidad del establishment democrático en el país. Lo que hoy sucede no es solo culpa del gobierno de Boluarte. Es parte de un proceso histórico de paulatino deterioro, que, si no hacemos algo para remediarlo, irá de mal en peor, alentando la posibilidad de aventuras autoritarias y radicales.
–La del estribo: agenda obligada de la cartelera teatral acudir al Teatro de Lucía a espectar Hasta que la muerte nos separe, con la dirección del gran Alberto Isola y las actuaciones de Sandra Bernasconi, Javier Valdés, Roberto Ruiz, Airam Galliani, Antonella Gallart y Sol Nacarino. Va hasta el 21 de agosto y las entradas se venden en Joinnus.
La derecha tenía la oportunidad histórica precisa para replantearse su perspectiva e insertarse nuevamente en el imaginario ciudadano -como lo estuvo casi cerca de 20 años, desde los 90 en adelante, luego del colapso populista de los 80-, a partir de la debacle social, política, económica y moral del castillismo y de la izquierda en pleno que se sumó de comparsa del desastre.
De esa manera, podía asegurar un plazo de vigencia que se prolongase hasta las venideras elecciones presidenciales y permitía vislumbrar que en esa coyuntura, el país se inclinase por una opción capaz de sacarnos de la crisis política permanente y, adicionalmente, darle un renovado impulso a las reformas económicas e institucionales que el Perú demanda a gritos.
Nada de ello, sin embargo, ha ocurrido. La derecha, sobre todo en su expresión congresal, ha dilapidado rápidamente esa tremenda posibilidad de regeneración, ha caído en los peores vicios autoritarios y éticos y ha permitido que la izquierda retome presencia y dinamismo para colocarse nuevamente en el escenario de posibilidades electorales.
Hoy mismo, su tozudez e irresponsabilidad política ponen en riesgo que la nueva Mesa Directiva del Congreso siga siendo manejada por agrupaciones de centro o de derecha, y le brinda a la izquierda -que es minoría- la posibilidad de maniobrar en medio de los desaciertos de la derecha para aspirar a hacerse de un cargo que es crucial para los pronósticos de gobernabilidad del propio Ejecutivo (una presidencia del Congreso de izquierda sería un baldonazo para la estabilidad política del régimen).
Por lo visto, la situación tiene difícil remedio y poco puede esperarse de la derecha actualmente existente. No parece quedar otra esperanza, respecto del surgimiento de una derecha liberal y moderna, que aguardar la consolidación partidaria y electoral de las nuevas agrupaciones que están surgiendo en este lado del espectro ideológico nacional.
La derecha mercantilista, populista, conservadora y autoritaria ha demostrado, con apenas una cuota de poder, que carece de la sindéresis pertinente y, peor aún, de la voluntad reformista que la coyuntura exige. No hay en ella germen posible de mejora de la vida política, social y económica del país. Todo lo contrario, una mayor amplitud de su poder solo conllevaría atraso, conflicto e ingobernabilidad en una nación que ya anda lo suficientemente convulsionada como para echarle más combustible a la hoguera.
La tesis del fraude electoral, presuntamente cometido en las elecciones del 2021, le ha hecho mucho daño a la convivencia democrática del país. Sustentada en el argumento de que el voto rural andino era amañado, su énfasis solo horadaba la ya alicaída confianza de ese enorme bolsón poblacional en las bondades del statu quo. La tesis del fraude reafirmaba su disidencia.
Hoy el Congreso vuelve a la carga con la misma monserga, al pretender tirarse abajo el tinglado institucional electoral (JNE, ONPE y Reniec), con argumentos jurídicos falaces que, en verdad, se remontan a la peregrina y disparatada hipótesis de que si no fuera por sus autoridades, Keiko Fujimori habría sido electa presidenta constitucional.
No hay un solo informe técnico que avale semejante especulación y los propios voceros del fraude (entre los que lamentablemente participó, en un inicio, hasta Mario Vargas Llosa) fueron silenciándose conforme se comprobaba la insuficiencia de pruebas y el carácter endeble de sus hipótesis.
Hay, como es obvio, una mayoría congresal compuesta por congresistas de derecha e izquierda que parecen dispuestos a unirse para causas pueriles como la reseñada. Sorprende, por cierto, que Perú Libre y sus desagregados se sumen eventualmente a la pretensión de descabezar los organismos electorales, habiendo sido ellos los legítimos ganadores de la jornada electoral que llevó a Pedro Castillo a Palacio. Pero en los vericuetos del poder parecen estar ocurriendo sortilegios que solo parecen factibles de desentrañarse si se entiende que el Congreso se ha convertido en un mercadillo de tomas y dacas, sin signo ideológico de por medio ni visión democrática detrás.
Es hora de esperar que la nueva Mesa Directiva logre asentarse en las instancias de los partidos democráticos -aquellos que se opusieron al despropósito de Castillo- y que, a su vez, entienda que no es hora de venganzas menudas ni de ajustes imaginarios de cuentas, sino de construir una agenda legislativa reformista que saque al Legislativo del hoyo de descrédito en el que se encuentra.
Un Parlamento con 91% de desaprobación, es decir, absoluta carencia de representación, debería entender que su tarea, para remontar esas cifras, no pasa por abusar de su poder sino por ajustar las clavijas del desmadre moral que se despliega al interior de su recinto y por trazar una línea de acciones de largo plazo que pongan a este poder del Estado a la altura del bicentenario.
El 19 de julio de 1977, cuando la llamada segunda fase del gobierno militar había llegado a un punto en el cual ni los trabajadores ni los estudiantes ni los empresarios daban un centavo por su futuro, los gremios sindicales y las federaciones universitarias convocaron a un paro nacional que hasta hoy, cuarenta y seis años después, no ha sido igualado. Luego del exitosísimo paro, los asesores del régimen militar recomendaron a los miembros de la junta militar que gobernaría el país hasta el 28 de julio de 1980 que convocara a una asamblea para elaborar una nueva constitución y decretara una serie de leyes que sembraran ciertas esperanzas en la golpeada clase trabajadora. Así, el 30 de junio de 1979 -hace 44 largos años-, el Gobierno Revolucionario decreta que, con la finalidad de hacer realidad el sueño de la casa propia para los trabajadores, convoca a los empleadores, a los constructores, a los fabricantes de fierro y cemento y a los propios trabajadores a financiar esa “obra cumbre” del militarismo. Como los medios de comunicación estaban en manos de los propios militares, los aplausos resonaron por meses; y siguieron sonando hasta que otros regímenes y otras urgencias echaran manos (que se sobaban entre sí de tanto gusto) a los fondos del Fondo Nacional de Vivienda, dejándolo seco, como los desiertos costeños en plena sequía.
Los herederos de los fonavistas que fallecieron podrán recibir lo que sus familiares tenían derecho a cobrar.
Preguntémosles, pues a los fonavistas de hoy qué fue de su dinero, por qué los gobiernos sucesivos no han querido devolverles sus aportes y, sobre todo, por qué el ministro Carlos Boloña y los demás creadores de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no pudieron convertir los papeles del Fondo Nacional de Vivienda en un sistema como el de las AFP. Y, para coronar la expoliación, que alguien nos explique por qué el actual Tribunal Constitucional exoneró al Estado de reconocer el monto de sus aportes en la masa monetaria que la ley obliga a devolver. Además, por cierto, que algún tecnócrata iluminado nos explique por qué los aportes de los empleadores se evaporaron, se esfumó, desapareció.
El abogado Raúl Canelo, uno de los procesalistas más destacados del país fue durante mucho tiempo el asesor legal de los cientos de miles de trabajadores que fueron obligados por ley a depositar mes a mes durante 19 largos años un porcentaje de sus haberes para que, según la ley de creación del Fondo Nacional de Vivienda, el Estado los ayudara a construir sus casas. Cuando el periodo de vigencia de la ley concluyó, los sucesivos gobiernos del Estado peruano se ‘hicieron los locos’ con los miles de millones del Fondo. Cuando los fonavistas chocaron una y otra vez con la negativa del Estado, acudieron al estudio jurídico de Raúl Canelo, y él los ayudó a buscar un camino hacia la consecución de la ansiada devolución.
Aquí, narrada por el propio Raúl Canelo, la historia de la lucha de los fonavistas contra la burocracia dorada del Ministerio de Economía.
¿Por qué el Estado no cumple con el pago a los fonavistas?
No hay ni ha habido voluntad política verdadera de los diversos gobiernos por devolver un derecho de propiedad a quienes, por más de 19 años, aportaron a un fondo que les prometió una vivienda propia, y, tampoco, a los empleadores, quienes aportaron para sus empleados, porque esos aportes eran también parte del concepto remunerativo. Recapitulemos, el Tribunal Constitucional ha dicho ya en varias oportunidades que esos aportes constituyen un derecho de propiedad, que cada quien había colocado su dinero en una cuenta personal en estricto; y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional decidió en su momento que esas aportaciones no eran tributos, en consecuencia el Estado administraba un recurso que no le pertenecía porque era propiedad de una persona, de un trabajador, y, por extensión, de millones de trabajadores que aportaban al Fonavi. Y, cuando se disuelve el Fondo, el remanente de ese Fondo tenía que devolverse a las personas propietarias del Fondo. Ese es un razonamiento simple y elemental y que corresponde a un estado de derecho, donde, mínimamente, se respeta el derecho de propiedad. Eso se decidió, aproximadamente, en el año 2007; en el año 2010 se llevó a cabo un referéndum -pese a la oposición del señor Alan García- que fue aprobado mayoritariamente por los peruanos: el Estado debería devolver los dineros (retenidos) del Fondo. A partir de ahí, se ha vivido una época tormentosa, porque el Congreso promulga la Ley de Devolución y el Ministerio de Economía, a través de articulaciones maliciosas, que yo calificaría como delictivas, viene haciendo correr el tiempo y dilatando el momento de la devolución. Lo hace mediante distintas normas, diversos decretos y, sobre todo, utilizando a la comisión ad hoc creada por la Ley de Devolución, en la cual tiene la mayoría de los miembros, utilizándolos para impedir, para evitar, para imposibilitar la devolución. Para eso, el Ministerio de Economía ha organizado una burocracia con una llamada Secretaría Técnica dizque para la devolución, pero lo que todos los fonavistas sabemos es que lo único que han hecho es colocar a funcionarios con grandes sueldos pagados con nuestros recursos, que, además, están ahí desde 2010-2012 y no han devuelto lo que corresponde a cada uno de los aportantes. Están en unas planillas doradas ilegales y a lo único a lo que se dedican es a obstruir y a evitar la devolución.
Durante el gobierno de Ollanta Humala y ante la presión de los fonavistas, el Ministerio de Economía decidió hacer una devolución, pero no en función a lo que le correspondía a cada quien de acuerdo a sus aportes, sino que se inventaron una fórmula para devolver 1,200 soles por persona: una cantidad realmente absurda y abusiva. Ante esa situación, el Congreso promulgó en 2021 la Ley 31173, la cual hace algunas precisiones y dice que tiene que devolverse el monto actualizado, que tiene que devolverse el total de lo aportado: lo que el Estado les retuvo mes a mes durante 19 años a los trabajadores y a los empleadores de estos. Todo eso se dijo en la mencionada ley; y todo lo demás que dijo la ley debe ser cumplido, por lo que la comisión debería ser presidida por un miembro de la Federación de Fonavistas, que es la promotora de esta devolución. El Ministerio de Economía del breve encargo presidencial de Sagasti también incumplió esa ley. Es más, el ministro de ese entonces inició una acción de inconstitucionalidad contra la ley promulgada por el Congreso y, en el colmo de los colmos, le mintió al país y dejó en ridículo a los economistas peruanos, sosteniendo que el monto de la devolución del Fondo equivalía a diez veces el Producto Bruto Interno de la China. Un mentiroso, un economista de la Católica que miente, un profesor de la Pacífico que se burla de los fonavistas, de sus hijos, de sus nietos, y, sobre todo, de los deudos de los fonavistas muertos en la larga espera.
Hay que ser muy claros en decir que el actual Tribunal Constitucional ha cercenado el derecho de los trabajadores a su dinero, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 31173, sosteniendo que el dinero aportado por el empleador para su empleado no existe. Entonces, yo me pregunto: ¿de quién es ese dinero aportado por los empleadores? Un comunicador, probablemente a órdenes del MEF, ha dicho que ese dinero fue usado para poner agua y luz en los pueblos jóvenes. Y qué, cuál fue el beneficio de esos pobladores si hasta hoy siguen pagando en sus recibos de luz el Fonavi. Todo es cuento, triquiñuelas del Ministerio de Economía, como cuando citan a sesión de la Comisión. Basta que no vaya un burócrata dorado para que automáticamente se vayan todos los demás, porque no pueden perder la mayoría. Triquiñuelas.
A todo esto, vale preguntar: ¿Señores, en el Perú se respeta el derecho de propiedad o este puede confiscarse sin pagar el justiprecio?
Dígame doctor Canelo, ¿por qué los ahorros pensionarios públicos pudieron transformarse, vía las AFP, en cuentas individuales y bonificadas y los ahorros para las viviendas, vía la Ley del Fondo Nacional de Vivienda de 1979, que tenía las mismas características no recibieron el visto bueno del Estado?
Fue una decisión política, cuyo único propósito era apropiarse de los recursos de la masa trabajadora. Pero como es una propiedad, tan igual a la que tienen las personas que son dueñas de los bancos, uno debe exigir el respeto inalienable a su derecho de propiedad: un trabajador que aportó a un fondo tiene su derecho de propiedad intacto, y el Estado no tiene pretexto alguno para no devolver ese aporte. No hay derecho que ampare al Estado contra el aportante, sobre todo si este es un jubilado. No existe ningún derecho que autorice al Estado a no devolver el aporte del trabajador, incluyendo, por cierto, el aporte íntegro del empleador.
Ahora volvamos al inicio de su pregunta. En los primeros años de los noventa, se creó el sistema de las administradoras de fondos de pensiones porque las entidades financieras necesitaban dinero fresco para iniciar sus actividades en el rubro pensionario, y, qué mejor opción que recibir el dinero de millones de trabajadores sin costo alguno, solo con la promesa de devolverles una cifra equis en el futuro. Además, por cierto, de recibir -antes de iniciar el proceso jubilatorio- un bono de reconocimiento de todo el dinero que el Estado nunca depositó en las cuentas individuales de los trabajadores inscritos en el sistema público de pensiones.
El gobierno de Alberto Fujimori, que fue el creador sistema pensionario privado, lo que hizo fue permitir que funcione el sistema con el dinero que el Estado había recibido de los trabajadores a lo largo del tiempo. Pero, como en el caso del Fonavi muchas empresas no habían abonado los montos que ellas debían aportar y sólo tenían disponibles las retenciones a los trabajadores, hubo y habrá muchísima resistencia a constituir un sistema de construcción de viviendas sociales o, en su defecto, devolver todos los montos contemplados en la ley creada por Francisco Morales Bermúdez en 1979.
Y si alguien quiere pasarse de listo y decir ‘no te devuelvo porque no hay plata’, le pregunto: ¿con qué dinero se hizo Mi Vivienda, con qué dinero se hizo Techo Propio? Escúchenme, en construcciones hechas por Sedapal hay 3 mil millones de soles de los fonavistas. Más aún, ¿con qué dinero se iba a beneficiar la desarrolladora inmobiliaria Sada Goray? Todos esos intereses están detrás del bloqueo a la devolución de los aportes a los fonavistas.
¿Cuántos miles de millones de soles calcula usted que el Estado ha expoliado a los fonavistas?
Hace una buena cantidad de años, cuando los fonavistas eran 5 millones, calculamos que esa cifra llegaba, aproximadamente, 40 mil millones de soles. Ahora, pese a que la ley de devolución dice que los montos aportados son heredables, parece que la maldad de los burócratas dorados apunta a que cada día mueran más y más fonavistas para hacerles la vida imposible a sus herederos cuando la justicia triunfe sobre la maldad.
Información necesaria
Durante los días en los cuales estructúranos este informe, llamamos a la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc. Recién al cierre, la señorita Gisella Pacheco nos informó que el señor Mauricio Gonzáles Ángulo estaba impedido por la Ley a adelantar opiniones a la prensa.
Los últimos hechos en el drama de Fonavi
En abril de 2021, se aprobó la Ley 31173 que disponía la devolución inmediata de los aportes realizados por los fonavistas, quienes vieron la posibilidad de enfrentar con ese ingreso los problemas derivados de la pandemia. Sin embargo, poco después el Ejecutivo observó la ley y presentó una demanda contra ella en el Tribunal Constitucional.
En abril de 2022, el Congreso corrigió las observaciones y, posteriormente, aprobó la Ley 31454, garantizando así los pagos a los aportantes.
En marzo de este 2023, el Tribunal Constitucional en un fallo cuestionado por los fonavistas y por los mayores conocedores de la mayor mezquindad oficial contra quienes aportaron hasta por 228 meses un diez por ciento de sus haberes para obtener una casa propia, decidió que el Estado devuelva solamente los montos aportados por los empleados, más no así los aportados por los empleadores, reduciendo la deuda estatal de 42,000 millones de soles a 6,000 millones de soles. Además, el Ministerio de Economía para dilatar más la devolución, Indica que la ley aprobada sólo permite la emisión de certificados de reconocimiento por el monto total, y no por partes. Entonces, el Congreso corrige ese ‘detalle’ y el 21 de junio pasado aprueba la autógrafa del proyecto de ley 4702 que autoriza la devolución en pagos parciales, lo que no impide que luego se acrediten nuevos pagos hasta completar el íntegro de la deuda estatal reconocida.
Según datos de los miembros de la comisión ad hoc creada por el Estado, en el momento existen únicamente 2,000 millones de los 6,000 millones reconocidos después del fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, sólo un tercio de la séptima parte del dinero recibido por el Estado entre 1979 y 1998.
Hay varias palabras en el idioma castellano para describir ese hecho, yo me quedo con una sola frase: es el robo más grande contra el trabajador peruano en la historia republicana.
A manera de epílogo.
Cuando Carlos Boloña fue ministro de Economía y Finanzas, entre 1991 y 1993, los técnicos del sector idearon dos sistemas -que los comentaristas de la época bautizaron como ‘los siameses’- para proteger las pensiones de los trabajadores, el primero, y para devolverles los aportes de esos mismos trabajadores a un fondo de vivienda creado en las postrimerías del gobierno militar por el general Morales Bermúdez. El primero de esos sistemas se creó y consolidó a “imagen y semejanza” de las asociaciones de fondos previsionales chilenas. El segundo, como ha explicado el abogado Raúl Canelo fue boicoteado por diferentes sectores y por diversas razones, siendo los montos aportados en uno y otro caso de la misma envergadura, toda vez que el porcentaje afectado en ambos fondos era casi el mismo. Tan enigmática como la verdad de la existencia de la famosa Página 11, que acabó con el primer belaundismo, la razón final de la destrucción de la posibilidad de darle casa a cada trabajador formal es un misterio sin resolver.
Exultante, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, declaró que la izquierda puede llegar a tener 70 votos para conquistar la Mesa Directiva del Congreso. La verdad es que sumando a las cuatro bancadas de izquierda, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, más un sector de la guardería de Acción Popular, Somos Perú, Podemos y no agrupados, llegarían, hasta el momento, a 62, pero, en todo caso, es una candidatura que con un golpe de suerte y buenas negociaciones podría aguarle la fiesta a la derecha, en principio mayoritaria en el Parlamento.
Por ese temor es que se apreciaron declaraciones acomedidas hacia la figura de Waldemar Cerrón por parte de congresistas como Hernando Guerra García (Fuerza Popular) o Alejandro Cavero (Avanza País), pero ayer, el portavoz extraparlamentario del fujimorismo, Micky Torres, zanjó a medias la incertidumbre al señalar que Fuerza Popular jamás respaldaría a Perú Libre para la presidencia o primera vicepresidencia de la nueva mesa directiva (no aclaró si para otras vicepresidencias ello sí era factible).
Lo cierto es que el centro y la derecha, que tienen la mayoría formal del Legislativo, no deberían abrirle la cancha a los derrotados del 7 de diciembre del 2022, comparsas del nefasto gobierno castillista y azuzadores de la desestabilización. No es un tema de principismo obtuso. Eventualmente, para una mesa directiva congresal sí es admisible un pacto plurideológico, pero en este caso, el mismo es inaceptable en la medida que se le estaría concediendo un triunfo a quienes casi llevaron al país a su colapso político, social y económico.
Al final de cuentas, la mesa directiva no es tan relevante, como sí lo es la Presidencia, que ejerce un papel decisorio en los temas que se ponen en agenda, pero aún a pesar de ello, el llamado bloque democrático debe hacer todo lo posible para reagrupar fuerzas y evitar que de Acción Popular, Somos Perú o Podemos haya migración interesada hacia la izquierda. Con la misma generosidad con que pensaban conquistar a Waldemar Cerrón, deberían tratar a las bancadas díscolas que por no recibir nada son capaces de aliarse al extremismo izquierdista.
En el desenlace que la crisis política tenga en los meses y años venideros influirá mucho lo que ocurra en el Congreso. Tener una Mesa Directiva de izquierda sería el primer paso hacia la anarquía.
