mochasueldos

[La columna deca(n)dente] La reciente ola de denuncias constitucionales contra congresistas de las bancadas de Podemos, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre y Fuerza Popular, entre las principales, ha sacado a la luz la corrupción dentro del Congreso. Al menos 15 congresistas han sido denunciados, lo cual muestra la magnitud del problema. Sin embargo, además de las acusaciones y los escándalos, hay un problema más profundo que requiere atención: la «banalidad del mal» que se ha apoderado de la cultura política.

La «banalidad del mal» es un concepto acuñado por la filósofa Hannah Arendt. Describe cómo el mal extremo puede ser cometido por personas ordinarias, sin una motivación particularmente maligna o ideológica. Esto significa que la corrupción congresal no es necesariamente el resultado de una intención malévola, sino de una cultura de impunidad.

La indiferencia y la apatía de los congresistas hacia las consecuencias de sus acciones permiten que el mal generado por el abuso de poder persista. Sumado a esto, la sensación de impunidad los lleva a cometer actos contrarios a la ley sin rubor alguno, lo que refleja un ejercicio del poder sin ningún tipo de control.

Esta dinámica de abuso de poder no es solo producto de la conducta individual de los congresistas, sino también de un ambiente donde la competencia por posiciones de influencia y el acceso a recursos fomenta el sacrificio de la ética en favor de los intereses personales y de grupo. La falta de una supervisión rigurosa y de consecuencias reales para el ejercicio descontrolado del poder perpetúa un círculo vicioso en el que la rendición de cuentas es una ilusión y el poder se ejerce de manera arbitraria y despótica. Hoy, ebrios de poder, creen que están por encima de la ley y la justicia. También creen que pasarán a la historia como los «congresistas del Bicentenario», pero no saben que ya están condenados al basurero de esta.

La resolución de estos casos requiere una transformación profunda en la práctica y la mentalidad de los congresistas, una tarea titánica en la que no tienen el menor interés, ya que no les importan la transparencia, la rendición de cuentas y el bien común. La «banalidad del mal» en el Congreso no puede ser derrotada con soluciones superficiales, como la promesa de reformas políticas cosméticas. Se requiere, en general, un cambio en la forma en que se piensa y ejerce el poder. En última instancia, solo nuestra participación en la vida política puede romper este círculo de abuso de poder y corrupción.

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No puede pasar un día más Alejandro Soto, de las filas de Alianza para el Progreso, como presidente del Congreso. Sus inconductas y delitos son de tal envergadura que desacreditan ya no solo a su persona y sus potencialidades para ocupar tan alta magistratura sino que ensucian al propio poder del Estado que preside.

Parte esencial de la tarea de sostenibilidad del statu quo vigente (de “estabilidad mediocre” que nos rige), pasa porque los poderes del Estado no sigan la espiral de deterioro en la que se han embarcado en los últimos meses, particularmente el Congreso de la República, cuyo pacto tácito con el Ejecutivo (así lo percibe al menos la población), termina por salpicar al gobierno central y embarcarlo en el descrédito general.

Los principales partidos del Congreso (empezando por el fujimorismo) tienen que entender que a los únicos que conviene este deterioro institucional es a las fuerzas radicales disruptivas que asoman en el horizonte electoral para el 2026. Son los Milei de izquierda los que van a cosechar de la crisis institucional que asola al Ejecutivo y al Congreso, ese “pacto derechista” que la narrativa de izquierda ya ha logrado imponer en vastos sectores de la población.

El sur andino del país representa casi el 20% del electorado nacional. Bastará que vote en primera vuelta como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (con más del 80% a favor de Pedro Castillo) para que un candidato de izquierda asegure su pase a la jornada definitoria y eventualmente, si sumamos el voto del resto del país -también irritado con el establishment- pueda darse el caso de una final de dos candidatos de izquierda.

Para que ello no ocurra, aparte de una labor política intensa de las fuerzas de centroderecha en el sur andino, hace falta que los poderes del Estado no se sigan deteriorando ni desacreditando al ritmo vertiginoso en el que lo vienen haciendo, a punta de denuncias de mochasueldos, viajes suntuarios, denuncias penales (como las del presidente Soto), y encubrimientos punibles (como el que benefició a los Niños de Acción Popular).

Hay antecedentes de repunte en las encuestas del poder Legislativo. Daniel Salaverry, cuando ocupó la presidencia del Congreso, el gobierno anterior, duplicó en semanas la aprobación de ese poder del Estado, con un liderazgo que rompió las ataduras con Fuerza Popular.

Eso es lo que se necesita: un presidente del Congreso que ejerza un liderazgo político claro y potente ante el país. Eso no lo va a poder hacer un parlamentario acosado por mentiras y trastadas del pasado, además de denuncias vigentes que se han actualizado.

 

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