En un contexto donde la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública son fundamentales para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado, recientes eventos han sacudido la confianza en el sistema en el distrito de Santiago de Surco.
La contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales ha sido el epicentro de una serie de irregularidades que han dejado al descubierto un patrón de conducta tendenciosa por parte de las autoridades locales.
El proceso comenzó con el Concurso Público N° 19-2023-CS-MSS-1, convocado el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, desde el inicio, se evidenciaron indicios de favoritismo hacia la empresa INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Cabe resaltar que de esta primera empresa hablamos en nuestro informe anterior vinculando a Industrias Arguelles con la muerte del presidente de la comunidad de Quipan, Santiago Guardamino.
Diversas empresas participantes levantaron consultas y observaciones sobre las bases administrativas, señalando múltiples irregularidades destinadas a restringir la participación de competidores y favorecer a la mencionada empresa.
A pesar de las alertas planteadas, la Municipalidad de Santiago de Surco optó por hacer caso omiso de las observaciones y continuó con el proceso sin realizar modificaciones significativas. Esto generó un clima de desconfianza entre las empresas participantes y la comunidad en general. La exclusión de ofertas de compañías como PETRAMAS SAC y CONSORCIO SURCO LIMPIO, bajo argumentos dudosos, y la posterior adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC por montos considerablemente mayores, aumentaron las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
Ante estas irregularidades evidentes, tanto el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como el Tribunal de Contrataciones del Estado intervinieron, emitiendo pronunciamientos y recomendaciones claras. El OSCE instó a la Municipalidad a corregir los vicios del proceso y garantizar la transparencia en futuras contrataciones, mientras que el Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas afectadas, revocando la adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC.
Sin embargo, lejos de corregir sus prácticas, la Municipalidad de Santiago de Surco persistió en su actitud de desacato. Decidió realizar una nueva convocatoria, la Adjudicación Simplificada N° 03-2024-CS-MSS-1, con condiciones aún más favorables para la empresa previamente beneficiada. Esta decisión generó una nueva ola de cuestionamientos y denuncias por parte de las empresas participantes y organismos de control.
A pesar de las advertencias y recomendaciones de los entes reguladores, la Municipalidad de Santiago de Surco continuó con su actitud desafiante. Ignorando las disposiciones del OSCE, procedió a adjudicar la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES en un acto de total desacato.
Sudaca accedió a un documento donde la comunicación dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco expone de manera clara y precisa las discrepancias encontradas en el proceso de contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales. Sin embargo, se observan ciertas deficiencias en la gestión del proceso por parte de la entidad convocante, lo cual merece ser resaltado y analizado críticamente.
En primer lugar, cabe destacar que, a pesar de la existencia de normativa clara que establece la notificación de los actos emitidos por el OSCE a través del SEACE, la Municipalidad de Santiago de Surco no actuó conforme a dicha normativa. Aunque se emitió un dictamen instando a declarar la nulidad del procedimiento de selección, la entidad continuó con el desarrollo del proceso y adjudicó la buena pro sin tener en cuenta las recomendaciones del OSCE. Esta falta de atención a las disposiciones legales y técnicas por parte de la entidad convocante pone en entredicho la transparencia y la legalidad del proceso de contratación.
Además, resulta preocupante que la Municipalidad de Santiago de Surco haya procedido con el consentimiento de la buena pro a pesar de las advertencias y recomendaciones emitidas por el OSCE. Sobre todo, la persistencia de seguir con el proceso en medio de las advertencias.
Parte del contrato con Industrias Arguelles
La comunicación emitida por el OSCE pone de manifiesto importantes fallas en el proceso de contratación llevado a cabo por la Municipalidad de Santiago de Surco. Estos hechos evidencian la urgente necesidad de reformar los procesos de contratación pública en el distrito de Santiago de Surco. Es imperativo que las autoridades competentes garanticen la transparencia y la equidad en todos los procesos de contratación, evitando así la repetición de prácticas tendenciosas que perjudican el interés público y socavan la confianza en las instituciones gubernamentales. Sobre todo, por ejemplo, que casos como los dados en Innova Ambiental (la famosa adenda), San Isidro Verde, y, finalmente, el caso de Industrias Arguelles no sean pan de cada día.
Al cierre de este informe invocamos a las autoridades municipales dar una respuesta sensata y transparente sobre el caso, ya que al momento de cerrar esta nota periodística no se nos dio una respuesta oportuna.
La situación se torna aún más extraña al descubrirse que el abogado, cuyo nombre había sido ocultado, era el de Mauricio Palomino Vidal, quien casualmente era el único precandidato que se encontraba en competencia con Raphael Valencia por la candidatura del Partido Morado.
Esta situación despertó más dudas en Kevin Vásquez y su equipo de trabajo debido a que, tal como lo señala Vásquez en su solicitud de apelación, el acceso a este tipo de información está reservado de forma exclusiva a las partes involucradas y sus respectivos abogados. El entonces titular del Órgano Electoral Regional solicitó a la militante que presentó este caso que aporte más pruebas, así como el documento completo, pero esto no ocurrió.
Según el documento del propio Partido Morado, los comentarios en Facebook realizados por Vásquez Soto probarían que existía un vínculo entre ambos y que, por lo tanto, existía un conflicto de intereses que habría influenciado en la decisión que posteriormente se tomaría con respecto a la tacha contra Valencia.
En su defensa, Vásquez Soto señala que los cinco miembros del Órgano Electoral Regional estuvieron de acuerdo con declarar infundado el recurso de tacha, pero sólo él está siendo objeto de esta investigación. Además, en otro extraño giro que ha dado este caso, cuando los otros cuatro integrantes del Órgano Electoral Regional pidieron ser citados para aportar pruebas no fueron escuchados.
Si bien el caso mostraba situaciones por demás extrañas, la renuncia irrevocable de Lizzeti Samantha Cotrina Oquendo, quien fue miembro del Tribunal Regional de Ética y Disciplina de Lima Metropolitana, genera más suspicacias sobre el tratamiento que se le dio al caso de Kevin Vásquez. En la carta de renuncia, Cotrina Oquendo presenta argumentos muy graves como el uso ilegal de su firma en la investigación contra Vásquez así como las sanciones desproporcionadas.
Kevin, quien fue suspendido por 18 meses de su militancia, relata que la cercanía de Mauricio Palomino, el precandidato que se enfrentó a Raphael Valencia, con la cúpula que maneja el Partido Morado actualmente podría explicar la manera en que se desarrolló su caso. “Son personas que no deben continuar en el partido”, señala Vásquez sobre el presidente Luis Durán y quienes hoy están al mando del Partido Morado y agrega que “la cúpula actual liderada por el presidente Durán es ineficiente”.
Lo que llamaba la atención de los vecinos era que no tenían respuestas claras sobre este asunto. Y es que las acciones tomadas después de la clausura temporal y el cambio de zonificación del relleno no eran suficientes para acabar con esta problemática, y es que se requería que el MINAM rechace los múltiples pedidos de Innova Ambiental para que reconsidere el PAMA, que es su licenciamiento de funcionamiento; sin él, en la práctica, debería cesar funciones. Sin embargo, llama la atención que en los documentos enviados desde el Portal de Transparencia se conozca que el MINAM informaba a la MML que seguían evaluando la situación del PAMA; entonces, ¿Por qué la MML a través de Roberto Pérez no estaba informando constantemente a los dirigentes? Y es que los vecinos detallaron que ellos mismos tenían que solicitar o buscar la manera de encontrar información para saber cómo iba el proceso, ¿Falta de interés de Pérez Vélez?
