Debate, episodio 9
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En el noveno episodio: La tibieza de Sagasti sobre la policía, las disculpas de Acuña por la vacancia, ¿y Vizcarra postulará al Congreso?
Si se tratase del gabinete inaugural de un gobierno entrante con un mandato de cinco años por delante, lamentaría la falta de concordancia plena entre varios ministros respecto de objetivos políticos y económicos cruciales. La agenda urgente del país exige un shock institucional jurídico por un lado, pero del otro un shock inversor que nos saque de la modorra capitalista en la que estamos inmersos desde hace más de un lustro.
Pero evidentemente no se trata de eso en estos momentos. El gabinete de Violeta Bermúdez tiene ante sí objetivos muy puntuales, y cumplirlos a cabalidad será más que suficiente en la rendición de cuentas que tocará hacerle al final de su gestión. Son 1) control de la pandemia; 2) reactivación económica; 3) aseguramiento de elecciones pulcras el próximo año; y agregaría dos más: 4) lucha contra la inseguridad ciudadana, la misma que se ha disparado producto de la recesión; y 5) defensa de algunos islotes institucionales que no pueden debilitarse, tales como la reforma educativa (Sunedu incluida) o la lucha anticorrupción (con pleno respaldo al equipo especial Lava Jato y Club de la Construcción).
En esa perspectiva, el de Merino no era un régimen de transición sino uno de restauración, que buscaba desandar reformas importantes y que parecía armado para allanarse a las mafias vacadoras (universidades y empresas corruptas en búsqueda de impunidad). Felizmente, este ingreso por la puerta falsa de la DBA fue frustrado por una calle republicana movilizada (a diferencia de Chile, acá el detonante de la algarada no fue económico sino político).
Como el de Paniagua, el régimen de Sagasti debe cumplir objetivos muy puntuales. Y tanto él como su gabinete parecen bien equipados para lograrlo. Si no se aparta de sus tareas esenciales habrá cumplido con creces. Y contra lo pensado, la primera gran víctima política de un buen desempeño de Sagasti y su gabinete será Martín Vizcarra, cuya mediocridad resaltará por contraste.
Vizcarra deja una herencia política gigantesca. Según la última encuesta del IEP, un 77% de la población aprobaba su gestión (un crecimiento de 17 puntos en medio de la crisis de la vacancia). La gran inquietud es hacia dónde se va a encaminar ese bolsón ciudadano ad portas de las elecciones del próximo año.
Nos sigue pareciendo desproporcionado el apoyo que el expresidente ha tenido, considerando una gestión sanitaria, económica y social bastante mediocre, pero lo cierto es que las cifras no engañan y existe un numeroso grupo de peruanos dispuestos a sumarse a un liderazgo político de centro como el que caracterizaba al exmandatario moqueguano.
Quienes con mayores posibilidades se asoman a recoger el patrimonio vizcarrista son aquellos líderes que mejor parados han salido luego del desmadre de la última semana, con un presidente vacado, otro renunciado y un tercero asumido hace pocas horas.
Allí destaca, sin duda, Julio Guzmán y el Partido Morado, que supo reaccionar de inmediato a la crisis poniéndose en el lugar correcto y en sintonía con la perspectiva ciudadana mayoritaria. En segundo término, Verónika Mendoza, quien con inteligencia estratégica se desmarcó rápidamente de la oligofrenia política de Marco Arana y el infantilismo radical de UPP. Finalmente, aunque en menor medida, por las limitaciones estructurales de las que adolece, George Forsyth, quien, con marchas y contramarchas intempestivas terminó, sin embargo, sumado a la orilla propicia.
Los grandes derrotados son, por supuesto, Acción Popular y Alianza Para el Progreso. AP es el principal autor de la crisis, llevados por una bancada que no respondía si no al único interés de llevar al inefable Merino a la Presidencia con la venia de líderes como Raúl Diez Canseco o Víctor Andrés García Belaunde. Solo una candidatura como la de Yonhy Lescano podría salvar a Acción Popular de un papelón en las elecciones de abril.
En el caso de APP, han sido los portentosos dichos y desdichos de su propio líder César Acuña, enceguecido con capturar cuotas de poder y sin percatarse de que a uno de a los que les convenía un tránsito normal hacia el 2021 con Vizcarra sentado en Palacio era justamente a él, más que a otros.
Se ha movido la foto electoral precedente. Tamaña crisis no ha sido en vano. Ha reseteado el tablero preelectoral vigente. El centro parecía atrapado por la grisura de sus líderes. Hoy retoma bríos.
No puede hacerse un correcto juicio político de la crisis suscitada por la vacancia si no se incluye en el banquillo de los acusados al propio expresidente Martín Vizcarra. Es más, por la forma como se sucedieron los hechos parece haber sido él un instigador del desenlace final.
No nos referimos tan solo a su eventual responsabilidad penal en los casos de corrupción por los que está siendo investigado y que se asoman como verosímiles. También debe mencionarse el modo displicente y premeditadamente torpe con el que condujo su última defensa ante el Congreso, donde acudió con un abogado que no habló y donde cargó baterías respecto de una defensa política y enfilando contra sus futuros juzgadores.
En medio de la segunda vacancia, el gobierno no atinó a presentar una nueva demanda competencial ante el TC ni una medida cautelar. Pudo haber activado también la carta democrática de la OEA o personalísimamente presentar un amparo. Nada de eso hizo.
Ya antes el propio Vizcarra propuso irse junto con el Congreso anterior, anuncio que fue quizás el mayor rapto de lucidez de su mandato. Vizcarra ha sido un gobernante mediocre y taimado, cuya altísima aprobación disimula las enormes falencias de su gestión. Hubiese sido estupendo que se marchara junto con el Parlamento fujiaprista y todo comenzara a fojas cero, con una elección refundacional.
No ocurrió así, sin embargo, y nos tuvimos que soplar una gestión disfuncional en lo sanitario frente a la pandemia, carente de iniciativa en materia económica y solo eficaz a la hora de generar operativos políticos que le permitiesen encaramarse en altos niveles de aprobación ciudadana.
Ese mandatario, que debió culminar su mandato el 27 de julio del 2021 y asumir el desgaste de su mala administración, hoy se ha ido en olor de multitud, victimizado por una turba congresal con menos visión de largo plazo que él.
Si Vizcarra se hubiera manejado con propiedad en este tramo final, la vacancia no se hubiera producido. Y el país no se vería sumido, como está hoy, en la incertidumbre, con el descontento ciudadano exacerbado, y con una crisis política que ojalá la elección de alguien correcto y honesto como Francisco Sagasti al mando de la nación ayude a solucionar.
Si en abril del 2021 triunfan candidatos aventureros, radicales o disruptivos, va a ser también responsabilidad de Vizcarra, quien tiró la toalla y desencadenó la crisis. Hoy el panorama electoral es tierra de nadie. Por pensar quizás en su futuro político al 2026 ha dejado en la estocada a un mayoritario sector del país.
Las primeras reacciones de diversos ministros del gabinete Flores-Aráoz permiten asegurar que el desencuentro entre el país indignado por la trapacería cometida al vacar a Vizcarra y el régimen, crecerá con el transcurso de los días.
Empezando por el Premier, Ántero Flores-Aráoz, quien declara sobre los manifestantes: “quiero comprender que algo les fastidia, pero no sé qué”. Más en detalle, asevera que “las marchas son un desfogue de todo lo que se han estado guardando por meses y por las situaciones internacionales que intentan copiar”. Imaginamos que también hace suyas las expresiones de la mentada Coordinadora Republicana, de la que el Premier es vicepresidente: “Cada hora que pasa crecen los indicios que agitadores foráneos están ingresando al Perú, con el objeto de desestabilizarlo”.
Más brutal, fiel a su estilo, el flamante titular de Educación Fernando D’Alessio acusa al Movadef de ser el promotor de la marcha. La ministra de Justicia, Delia Muñoz, arguye que “no es una protesta espontánea, hay una incentivación”. El normalmente ponderado ministro de Salud, Abel Salinas señala despectivamente que “hay personas que no saben por qué protestan”.
Como se ve, mucho olfato sociopolítico, este gabinete no tiene. Y la abusiva reacción policial desplegada contra los manifestantes es solo un botón de muestra de ello. Es, en verdad, un gabinete mostrenco el que Merino, desesperado, ha optado por convocar: ha terminado por diseñar un gabinete de ultraderecha, no siendo ese, siquiera, el ánimo de la coalición vacadora que lo llevó a Palacio (no es casual que ya algunos de los que votaron por la vacancia señalen que no le darán la confianza a este gabinete).
Por cuestiones de estilo ideológico (un énfasis considerado excesivo en el tema de la reactivación económica), este Congreso censuró al gabinete Cateriano. ¿Se va a tragar el sapo ahora de un gabinete como el de Flores-Aráoz, ya ni siquiera liberal sino abiertamente conservador, absolutamente divorciado, como se aprecia en sus reacciones a la legítima protesta ciudadana, de cualquier atisbo de sensibilidad política?
Martín Vizcarra encarna una contradicción que guía la política peruana. Muchos ciudadanos de este país consideran que la corrupción es uno de sus principales problemas, pero están dispuestos a votar por un líder fuerte –que haga las cosas– a pesar de que sea corrupto. ¿Cómo se explica la aprobación inusualmente alta con la que el expresidente se ha ido a casa, acusado de haber recibido sobornos? En términos de valoración ciudadana y percepciones sobre democracia, la respuesta parece estar detrás de aquella incoherencia.
Se trata de una idea que, además, desbarata el argumento central de vacar a un presidente por incapacidad moral. Se publicó en mayo de este año en el Barómetro de las Américas, un estudio de opinión pública diseñado por una universidad de Nashville, Tennessee, a cinco mil kilómetros del Perú: 8 de cada 10 peruanos que justifican tener un líder fuerte, aunque no cumpla las reglas para alcanzar sus logros, aprueban a Vizcarra. Una forma elegante de describir el criollo ‘que robe, pero que haga obra’.
Vizcarra es aprobado por una ciudadanía que cada año normaliza a los líderes presuntamente corruptos, según un sondeo de Proética del 2019. Usualmente, Perú registra apenas 27% de rechazo definitivo a actos concretos de corrupción. Sin embargo, la misma población que aprueba la presencia de un liderazgo capaz de pervertir su moral en servicio de sus resultados y lo tolera, también reconoce que la corrupción es el principal problema del país. La cifra que arroja el Barómetro al 2019 es de 36%, el porcentaje más alto de la región y cerca del doble del segundo lugar, Colombia (ver gráfico).
Esa bipolaridad es el pilar de un sistema democrático en crisis permanente. Pero que, pese a la crisis, engendra cada cierto tiempo figuras inusualmente queridas. Llamémoslo, a tono con los tiempos, ‘El fenómeno Vizcarra’. Un presidente que logró interpretar que la lucha anticorrupción era un gesto para la tribuna en un momento específico de la historia política del país. Por tanto, la abanderó en todo momento de su mandato: al asumir, al cerrar el Congreso e, incluso, al aceptar su vacancia sin más. Sin embargo, quizás Vizcarra no entendió bien el fenómeno que giraba –y lo impulsaba– a su alrededor.
El estudio de Vanderbilt University, en Tennessee, que genera cada dos años el Barómetro de las Américas, le daba a Vizcarra en el cierre de su gobierno una aprobación de 56%, cuatro veces más alta que a Toledo, García o Humala en las mismas circunstancias. El doble que Kuczynski. Todo ello a pesar de no contar con una bancada parlamentaria propia ni con un partido político que lo defienda. Lo dijeron también las encuestas de Ipsos Perú antes de la vacancia: 78% de desaprobación a retirar a Vizcarra del cargo.
Es sorprendente –desde la teoría y la historia– que un Congreso con una amplia desaprobación haya podido vacar a un presidente con índices tan altos de popularidad, comenta el analista político Félix Puémape. De hecho, es uno de los presidentes más aprobados de América Latina, según un recuento elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). A meses del fin de su gobierno, estuvo a la par de los presidentes de Argentina, México y Uruguay, y muy por encima de Brasil, Colombia, Chile o Ecuador.
Desde el inicio de su gobierno, y a diferencia de su predecesor Kuczynski, Vizcarra logró llegar a la gente con el discurso anticorrupción, en un universo dominado por el escándalo Lava Jato y con un mensaje dirigido a entender los reclamos populares y prometer satisfacerlos. Pero de ahí se derivan varias preguntas: ¿es el discurso anticorrupción lo único que explica su alta popularidad? ¿No se hubiera caído, entonces, tras revelarse presuntos sobornos en los mismos términos que se han revelado para sus adversarios políticos?
La relevancia de la corrupción en el escenario peruano es frágil. Si bien los ciudadanos la ven como un problema, una etiqueta negativa, no constituye la línea de fondo al momento de valorar a un político. “Las encuestas nos dicen que, en realidad, a la gente le importa más tener buenos servicios, buena economía personal y ver el trabajo realizado”, dice la investigadora Patricia Zárate, encargada del Barómetro en el Perú. El desencanto con la decisión de la vacancia no es, por tanto, un apoyo al discurso de Vizcarra, sino un descrédito natural por la figura del Congreso, el lugar donde más percibe la gente que no se toman decisiones en beneficio de los intereses de todos.
Las conclusiones del Barómetro incluyen una noción clara de que las personas no perciben tan cercana ni tan palpable la gran corrupción. Por ejemplo, para Zárate, la gente odia al Congreso no por corrupto, sino “porque [los congresistas] no hacen nada y ganan mucho dinero”. Lo de la corrupción es, apenas, un aliciente. En ese sentido, el sistema democrático está en deuda con la ciudadanía por la ineficiencia, más que por permitir el robo. En sencillo: solo los goles, así sean con la mano, ganan los partidos.
El ‘Fenómeno Vizcarra’ también se explica con la elección de su estrategia para gobernar. No tuvo una bancada llena de políticos sin capacidad de ejecución –los congresistas impopulares–, sino que gobernó con el apoyo de los gobiernos regionales y locales, de los militares y, por supuesto, de la ciudadanía. Formar un partido para que sea como el resto y no tuviera representación era una inversión que prefirió ignorar. “Para Martín, vale más tener el control sobre las personas que trabajar en equipo, menos con una figura como los congresistas con los que hay que dialogar”, comenta César Caro, ex asesor de Vizcarra en su gestión regional.
Para Vizcarra, era mucho más rentable (y práctico) en términos de imagen personal aliarse con figuras ejecutivas y dependientes del presupuesto público. Para qué meterse a negociaciones con el Congreso sí, según el Barómetro al 2019, la mitad de la población no apoya a la democracia y no se interesa por esa forma de hacer política. De hecho, Perú comparte los últimos lugares de la tabla en la región en estos indicadores, junto con democracias igual de frágiles como Bolivia, Guatemala y Honduras.
El surgimiento de liderazgos como los de Vizcarra se gesta en esas bipolaridades. En la desaprobación hacia un sistema que, por décadas, falla en entregar valores tangibles. Pero incluso así, para Zárate, ni siquiera puede hablarse de un apoyo masivo y tangible a un presidente como Vizcarra, por más popular que sea en las encuestas. “En la dirección que sea, la ciudadanía está desconectada de la representación que debería recibir de los políticos”, sentencia Zárate.
Hasta aquí, la lógica del ‘Fenómeno Vizcarra’ mandaría lo siguiente: para ser mayoritariamente aprobado como presidente hace falta oponerse férreamente a quienes nunca van a poder entregar resultados tangibles -los congresistas- y aliarse con quienes sí. La lucha contra la corrupción es una bandera útil (a nadie le gusta la corrupción), pero más retórica que práctica. Al final, lo que importa para ser querido es hacer cosas. ¿Vizcarra cumple con ese perfil?
En la pequeña región sureña de Moquegua hay una obra que carga con serios cuestionamientos por corrupción pero, al mismo tiempo, es también sinónimo de ineficiencia. Su trascendencia radica en que a Moquegua, con apenas 200 mil habitantes, le hace falta el agua. Sus ríos están secos por once meses cada año.
En 2013 Vizcarra, ingeniero de profesión y entonces gobernador regional, prometió a los moqueguanos un proyecto no tan complejo y barato a escala nacional, pero de gran simbolismo para la comunidad: trasladar el agua de este a oeste, entre las zonas altas y lluviosas, hasta la costa de Ilo. Una tubería larga de 60 kilómetros recorrería arenales por dentro de la tierra, con una capacidad de 900 litros de agua por segundo, hacia un reservorio que luego la distribuiría a 36 parcelas por otros 15 kilómetros, para generar agricultura en lo que siempre fue un desierto. Un milagro.
Pero el ingeniero no pudo dar nacimiento a su obra maestra. La gestión regional sucesora dio conformidad a la obra sin probarla, y colapsó meses después al tratar de hacerla operativa. El consorcio que hizo la obra, Obrainsa-Astaldi, deslinda hasta hoy el problema al gobierno regional. A la fecha, ya se han invertido cuatro más extras y más de 50 millones de soles -y contando- para tratar de hacerla andar.
Según todas las fuentes locales consultadas por Sudaca en Moquegua, entre periodistas, miembros del gobierno regional y ex trabajadores de Vizcarra, Lomas de Ilo era su obra más emblemática. La otra puramente suya, el hospital regional, tomó ocho años en terminarse y aún tiene cuestionamientos. El expresidente parece no tener nada más que mostrar en cuatro años de gobernador regional y otros tantos a la cabeza del Poder Ejecutivo. “Fue una gran decepción que no hiciera nada por su región”, señala César Caro, que acompañó al gobernador durante toda la gestión regional y lo siguió incluso hasta Palacio de Gobierno cuando fue vicepresidente.
A nivel nacional, le ocurrió algo similar. La gran oportunidad que tuvo PPK de demostrar su valía ante la población, con Vizcarra como vicepresidente y ministro de Transportes, fue la crisis de El Niño Costero. El Congreso opositor dejó que se destinaran miles de millones en recursos para reconstruir el norte y otras principales ciudades afectadas. “Pero el gobierno, conformado por líderes técnicos incapaces de gestionar a nivel regional lo que hiciera falta, no pudo conectar con las demandas de la ciudadanía”, recuerda Santiago Mariani, profesor de ciencias sociales y políticas de la Universidad del Pacífico.
A Vizcarra se le presentó un escenario similar en el 2020. Tras batallar por más de un año contra el Congreso opositor, logró disolverlo. Ya sin una oposición clara, la pandemia del COVID-19 parecía un momento ideal para conectar con la gente. Pero hizo todo lo contrario. Mariani propone dos grandes fallas. Primero, seis mil millones de soles invertidos en empresas grandes a través de Reactiva Perú y siete millones de personas desempleadas sin capacidad de reacción del Estado. Segundo, a pesar de que el discurso inicial fue que estábamos preparados para una pandemia por los éxitos macroeconómicos de años anteriores, el exceso de muertes del Perú ha superado los 60 mil.
Entonces, si Vizcarra tampoco ‘hace obra’, tampoco ejecuta, ¿cómo se explica su alta aprobación? El ‘Fenómeno Vizcarra’ ha mostrado que, en el escenario político actual, es más rentable oponerse a quienes no entregan resultados concretos que entregarlos uno mismo. La imagen de un político, pese a ser un mal gestor, puede tranquilamente construirse si el enemigo de turno es efectivamente peor. Y los congresos que le ha tocado enfrentar a Vizcarra han cumplido con esa premisa. Nuevamente: no por corruptos, sino por inútiles.
Manuel Merino asume un gobierno que él mismo cataloga de transición. Aún así, su gobierno trae la incertidumbre típica de un accionar de bloqueo. Para Mariani, el hecho de que un poder del Estado haya decidido bloquear a otro es motivo suficiente para dudar sobre su proceder democrático. Y es que cuando hay dos poderes que fueron elegidos por la ciudadanía, que uno asuma la disolución del otro no puede interpretarse como una necesidad del pueblo.
Pero lo cierto es que ambos poderes se bloquearon mutuamente en un lapso histórico tan breve como un año. El golpe final, sin embargo, no es contra ellos. Lo más perjudicado es la representación social de la política, la institucionalidad de los partidos y la confianza en los procesos electorales. El golpe es hacia esa ciudadanía que en el 2019 nos convirtió, ante el Barómetro, en el país sudamericano con mayor tolerancia al cierre de un Congreso y a los golpes militares.
Hoy, miles de peruanos marchan en contra del Congreso y del nuevo gobierno, y no necesariamente a favor del ‘Fenómeno Vizcarra’. Un fenómeno gaseoso y sin sustancia, explicado netamente por oposición. La personificación de una paradoja vacía. En cambio, aunque parezca contraintuitivo, las marchas no son extrañas en el Perú. Nuevamente, el Barómetro da al país el segundo lugar de la región en cuanto al uso y aparición de manifestaciones sociales, solo detrás de Bolivia.
“Me retiro a mis labores de ingeniero y a revisar temas con mi abogado”, dice a los medios Vizcarra, el día siguiente a la vacancia. Se despide como un personaje que no encuentra mayores elementos para continuar en la lucha política. Deslegitimado en su bandera anticorrupción, desnudado en el fuero de su núcleo más cercano e incapaz de demostrar con cifras, obras u otros los logros de una administración de gobierno que se ha desvanecido de un día al otro. Así de endeble, como si nunca hubiera existido.
El Congreso traspuso la línea y se encargó de engrosar la historia nacional de la infamia, al haber aprobado arbitrariamente la vacancia del presidente Vizcarra.
No había razón alguna, ni legal ni política, que justificase semejante despropósito. Los delitos de los que se le acusa a Vizcarra son graves y verosímiles, pero no han sido probados penalmente y en tanto eso no ocurriese, el primer mandatario era inocente y su proceso judicial debía seguir su curso. Fuera de la incapacidad física o psíquica, la única otra razón por la que debería procederse a una vacancia presidencial es que al mandatario se le pruebe un delito fehacientemente: si hubiese aparecido, por ejemplo, un video de Vizcarra recibiendo una coima, pues no quedaba otro camino decente que no sea sacarlo a empellones del Palacio.
Pero tal como fue planteado el proceso era claramente una jugarreta política liderada por ciertas mafias empresariales y aventureros políticos quienes, aprovechando grises constitucionales, solo han buscado obtener beneficios con la vacancia, sea a través de impunidad judicial o despliegue de poder para su posterior disfrute. Ya lo veremos en los primeros pasos del nuevo gobierno.
El país atraviesa una tormenta perfecta de crisis simultáneas. Económica, por la profunda recesión derivada de la cuarentena obligatoria de la que aún no salimos plenamente; sanitaria, por la persistencia de un virus frente al cual aún no hay vacuna ni tratamiento eficaz; social, por el incremento espantoso de la delincuencia y la conflictividad regional; y política, por el desmadre ocasionado por la corrupción; a todo ello le sumamos ahora una crisis adicional, vacando al Presidente y generando una línea de sucesión mostrenca que llevará a un ambicioso expresidente del Congreso a sentarse en la plaza de Armas dispuesto a armar un gabinete de última hora, signado por una serie de transacciones menudas, y seguramente ansioso de populismo para remontar su ilegitimidad de origen. La pronta celebración del bicentenario debería habernos planteado la exigencia de estabilizar al país, no de arrojarlo a las fauces de la zozobra. Un Congreso surgido precisamente del colapso del establishment debiera haber fungido por ello como dique tranquilizador, no como un elemento incendiario sobre las brasas aun ardientes de la crisis precedente. Nuestra clase política nos demuestra una vez más, fatigando el cansancio, que nunca está a la altura de las circunstancias.
En el 2019, el gobierno de Martín Vizcarra cuadruplicó el presupuesto de apertura de Pasto Grande y, con ello, dotó a Lomas de Ilo de inusuales S/ 22 millones. Poco tiempo después, la mitad de aquel monto fue girado al consorcio Obrainsa-Astaldi para el pago de laudos arbitrales. Hoy, un aspirante a colaborador eficaz acusa al presidente de haber recibido S/1 millón en coimas de ambas compañías. Lomas de Ilo, la obra ‘estrella’ de Vizcarra cuando fue gobernador regional, sigue inoperativa.
Para los moqueguanos, Pasto Grande es tan emblemático como Machu Picchu. Pero el enorme proyecto de irrigación, que lleva agua a más de 7 mil hectáreas de ese pequeño departamento, tiene un problema. Su problema se llama Lomas de Ilo. Gestionada en el 2013 por el entonces gobernador, Martín Vizcarra, y construida por el consorcio italoperuano Obrainsa-Astaldi, la ampliación ‘Lomas de Ilo’ debía canalizar el agua de Pasto Grande hacia las tierras de la zona costera de Moquegua en el 2014. Todavía no lo ha hecho, porque colapsó en la primera prueba.
Pero, increíblemente, ese no es meollo del asunto. Una edificación inútil, mal construida y vinculada a presuntos sobornos ya no resulta extraña en el Perú. Lomas de Ilo sería apenas un renglón perdido en la larga lista de obras vinculadas a corrupción si no fuera por ese apellido: Vizcarra. Su principal impulsor hasta hoy. Desde que asumió como presidente, el gobierno central ha aumentado los recursos para el proyecto de infraestructura más mimado de su gestión regional. Aquel por el cual hoy un aspirante a colaborador eficaz lo acusa de corrupción. ¿Por qué? Sudaca viajó hasta Moquegua para encontrar la respuesta.
El 2019 fue el primer año en el que el gabinete de Vizcarra pudo armar el proyecto de presupuesto público y decidir en qué se gastaría el dinero del Estado. Eso se vio claramente reflejado en las partidas destinadas a Moquegua. Luego de tres años sin presupuesto de apertura, Lomas de Ilo abrió el 2019 con uno inusualmente alto: S/22 millones. La cifra es más extraña aún si se observan los montos que esa obra había ejecutado en el 2018: apenas S/3,7 millones, conseguidos sobre la marcha. ¿Por qué necesitaría siete veces más dinero una edificación que todavía no puede empezar a operar?
Hasta el cierre de este informe, el Ministerio de Economía (MEF) no respondió a esa pregunta, alcanzada por Sudaca desde Moquegua.
La partida de Lomas de Ilo fue, a su vez, parte de los más de S/ 61 millones que recibió todo el proyecto Pasto Grande para el 2019, la gran mayoría provenientes del gobierno central. Una cifra que cuadriplicó su presupuesto del año previo y que las autoridades regionales de ese entonces aseguran no haber solicitado. Se trata, de hecho, de la asignación presupuestal más alta en los 16 años que el GORE Moquegua ha administrado el proyecto.
“Recibimos S/ 61 millones de parte del MEF a pesar que nosotros habíamos considerado menos para Pasto Grande. Ellos no especificaron en qué actividades usar ese dinero, por lo que consultamos si podíamos moverlo a otras partidas donde hubieran servido más. La sectorista del MEF me dijo que la Directora General de Presupuesto Público [entonces, María Antonieta Alva] había destinado ese presupuesto específicamente a Pasto Grande, que el dinero tenía nombre propio [el del proyecto] y que no se podía dar a ninguna otra unidad ejecutora”, dice William Pineda exjefe de planeamiento y presupuesto del GORE Moquegua.
Pasto Grande tiene un presupuesto que solo aumenta significativamente cuando se va a realizar una nueva obra. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2009, se triplicó para la construcción de la conducción Jaguay Rinconada. Algo parecido ocurrió entre el 2013 y 2015 para levantar las fallidas Lomas de Ilo. Pero en el 2019 y el 2020 Pasto Grande no tiene especificada ninguna obra nueva en particular. Ricardo Tapia, ingeniero agrónomo con más de 40 años trabajando en actividades vinculadas al proyecto, asegura que ya no hay obras de gran envergadura contempladas para inversión. Solo proyectos pequeños.
¿Qué ocurrió, entonces, con la inusual cantidad de dinero que entró a Lomas de Ilo, a través de Pasto Grande? Parte importante terminó siendo girada al consorcio Obrainsa-Astaldi, conformado por dos empresas que, según un aspirante a colaborador eficaz, habrían pagado S/1 millón en coimas a Vizcarra para adjudicarse aquella obra.
Para entender mejor ese giro de dinero hace falta irse unos años para atrás. Durante su gestión como gerente general de Pasto Grande, entre el 2017 y el 2018, el ingeniero Johan Vilchez intentó que el GORE de Moquegua no pague los cerca de S/ 11 millones en arbitrajes que dicho consorcio les había ganado en el 2016. Todos derivados de la construcción de las Lomas de Ilo. Así lo demuestra un informe que Vílchez presentó a la Contraloría, en el que solicita una inspección detallada de la obra para evaluar “los contratos hechos con empresas investigadas” y las “tamañas deficiencias en el proceso constructivo”.
En su informe, Vilchez también detalla que al menos cinco de los siete arbitrajes perdidos serían, en realidad, responsabilidad de la empresa contratada para elaborar el expediente técnico y para supervisar la obra: ATA, del exministro de Agricultura José Hernández. De hecho, entre el 2015 y el 2018, Pasto Grande judicializó los laudos y buscó reducir el importe total a pagar. No tuvo éxito. Así, una obra que se licitó en S/80 millones, que costó finalmente S/ 92 millones y que está inoperativa, terminó -además- debiéndole al consorcio constructor un saldo adicional por arbitrajes perdidos.
“Como nos denegaron la nulidad de los arbitrajes y la Contraloría no respondía, intentamos levantar inspecciones para abrir laudos arbitrales [de nuestro lado] que superen el monto que habíamos perdido. Pero para eso se necesita presupuesto, la partida de Lomas de Ilo no tenía dinero asignado [en el 2018] y se nos acabó el tiempo de pedir transferencias”, señala Vilchez. En el 2018, el ingeniero se reunió con Vizcarra para pedirle un presupuesto mayor para Pasto Grande. Le dijo, asegura, que necesitaba apenas S/14 millones. Vizcarra no atendió su solicitud.
“Reunión de julio del 2018 entre el ingeniero Johan Vílchez, entonces gerente de Pasto Grande, y el presidente Vizcarra. Acompañan personajes del círculo moqueguano”
La intención del presidente, según Vílchez, era que Pasto Grande pasase a ser administrado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Algo improbable dada la importancia del proyecto para la región. “Es como si a Cusco le quitaran Machu Picchu para que lo administre otro”, dice el ingeniero Tapia. Recién cuando quedó claro que eso no ocurriría, llegó el grueso aumento presupuestal. Los modestos S/14 millones pedidos por Vílchez fueron cuadruplicados. Pero el ingeniero, que era reacio a pagar los arbitrajes perdidos, ya no estaría para administrarlos.
Pese a haber hecho caso omiso al pedido de ampliación presupuestal de Vílchez en el 2018, apenas el Poder Judicial emitió sentencias negando los argumentos presentados por Pasto Grande, en julio de ese año, el MEF corrió a agendar el presupuesto sobredimensionado del proyecto para el 2019, que terminó en el pago de los laudos a Obrainsa-Astaldi. Según fuentes de esta entidad, el proyecto de ley de presupuesto del año por venir se cierra, a más tardar, entre julio y agosto. Abogados especialistas en arbitrajes explicaron a Sudaca que, si bien por norma un fallo arbitral debe ser ejecutado inmediatamente, en la práctica es muy extraño que el Estado tramite estos pagos con tanta premura. De hecho, normalmente una empresa que busca cobrar un laudo al sector público debe esperar algunos años.
En enero del 2019, el GORE Moquegua fue asumido por el profesor Zenón Cuevas, y Vilchez fue reemplazado. Según periodistas regionales, Vizcarra apoyó abiertamente a Cuevas en su primer intento por llegar a la gobernación de Moquegua, en el 2014. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso el año pasado, Cuevas lo celebró con un evento en la Plaza de Armas de su ciudad. Ambos, en el 2008, fueron líderes vitales del llamado ‘Moqueguazo’.
A los pocos meses de la gestión Cuevas, en agosto, David Espinoza, nuevo gerente general de Pasto Grande, le dijo al medio regional Telesur Expresión que ahora sí estaba previsto el pago de los arbitrajes ganados por Obrainsa-Astaldi. Al ser consultado sobre de dónde había presupuesto para pagarlos, Espinoza declaró que había llegado dinero del MEF con la indicación explícita de que sea destinado a eso. En conversación con Sudaca, Espinoza aseguró que en su declaración se referió a indicaciones establecidas en documentos heredados de la gestión anterior.
Ese mismo agosto, Pasto Grande devengó casi S/ 11 millones en favor del consorcio Obrainsa-Astaldi para atender el pago de los arbitrajes. El dinero salió de la partida de Lomas de Ilo llamada “Ampliación de línea de conducción de sistemas de riego”, con función agropecuaria. Apenas un mes después, en septiembre, hubo escándalo en Moquegua: se publicaron audios del entonces gerente del GORE, Alberto Jiménez, en los que instaba al gerente de asesoría legal de Pasto Grande, Wilfredo Zapata, a que firme y publique la resolución de pago de los laudos. Todo bajo la excusa de aumentar el nivel de ejecución del proyecto.
Jiménez fue cesado de su cargo tras el barullo político, pero el dinero, en varios cheques, finalmente fue girado.
Desde hace dos meses hay un nuevo hombre fuerte en Pasto Grande. Se llama Agapito Mamani. Hasta el cierre de esta nota, él optó por no brindar las declaraciones solicitadas por Sudaca. El actual gerente del proyecto de irrigación había dicho en una entrevista al diario Prensa Regional que su prioridad será “las Lomas de Ilo”. Mamani fue gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en el GORE Moquegua durante los cuatro años de la gestión de Vizcarra. Luego se ha desempeñado como parte de la mesa de diálogo para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente al proyecto Quellaveco, durante la presidencia de Vizcarra. “Mamani es parte del personal de confianza del presidente”, asegura una fuente que ha sido muy cercana al mandatario durante casi una década.
A la designación de Agapito Mamani la acompaña la de Edmer Trujillo, el amigo de Vizcarra que -pese a sus interminables críticas por su labor al frente de dos ministerios- sigue rondándolo en distintos puestos de la administración pública. Trujillo ha sido contratado por el Ministerio de Agricultura para realizar una asesoría en el desarrollo de Lomas de Ilo, y en setiembre fue destacado a Moquegua con un contrato de servicios por S/ 30 mil. Así, las conexiones de Vizcarra en Pasto Grande, el proyecto que lo obsesiona desde que lo presidió cuando tenía 26 años, a finales de los ochenta, son cada vez más fuertes.
Desde el inusual aumento de presupuesto en el 2019 hasta hoy, alrededor de S/60 millones han sido designados a actividades relacionadas con Lomas de Ilo, un proyecto entregado hace tres años pero que no está operando. Además del pago de los laudos arbitrales a Obrainsa-Astaldi, se ha usado dinero para el saneamiento físico legal, infraestructura extra por la duplicación de parcelas en el área de distribución de la irrigación, los rescates arqueológicos en los terrenos vendidos, que no se contemplaron como parte del proyecto inicial y que ya llevan extrayendo más de 150 momias del subsuelo de Ilo (con una inversión de más de S/15 millones), entre otros.
Según información del consejero regional Luis Miguel Caya, para el 2021 se habría separado ya una partida presupuestal de más de S/ 50 millones de soles a ser invertidos en Pasto Grande. De estos, se volverían a considerar altos recursos para Lomas de Ilo. En otras palabras, además del especial interés por pagar los laudos arbitrales, el gobierno de Vizcarra parece francamente convencido de que puede arreglar el desastre que dejó cuando estuvo en el GORE.
Pero aquí una sorpresa: el dinero para pagar los arbitrajes llegó del MEF para Pasto Grande, y fue devengado y girado en favor de Obrainsa-Astaldi, pero estas compañías aún no pueden cobrarlo. ¿Por qué? El 20 de enero de este año, Wilfredo Zapata, el exgerente de asesoría legal de Pasto Grande, elaboró un informe en el que asegura que no procede el cobro porque el consorcio no tiene los mismos representantes legales que cuando solicitó los arbitrajes. En su informe, Zapata le dice a Obrainsa y Astaldi que pidan el dinero por la vía judicial. Mientras, la plata ha sido depositada en una cuenta intangible a la espera de ser cobrada.
El argumento de Zapata carece de sustento legal, pero él parece ser el único funcionario con interés en frenar (o demorar) el desembolso a una empresa investigada por el caso Club de la Construcción. Hoy ha pasado a ser asesor legal de todo el GORE Moquegua. “Lo que debe hacer la empresa es enviar el caso a un juez que certifique la validez de los representantes legales, para que se cumpla el pago de las deudas”, comenta el abogado experto en arbitrajes, Carlos Valderrama.
Pero antes de acudir a la justicia, Obrainsa-Astaldi recurrió el 30 de julio pasado al Minagri. En una carta expedida ese día, dirigida al titular del despacho, José Luis Montenegro, el consorcio le expone todos los argumentos por los cuales asegura que debe cobrar el dinero. El ministro Montenegro reenvió el pedido al gobernador Cuevas el 19 de agosto. El consorcio ha decidido presionar al GORE a través del Ejecutivo.
Mientras, Zapata ha dejado Pasto Grande, hoy copado por personajes cercanos al presidente. El dinero de los laudos arbitrales -que según los exfuncionarios entrevistados por Sudaca fue específicamente destinado para eso por indicación del MEF- ya ha sido girado. Revertir su desembolso, demorado por Zapata, es teóricamente imposible. Lomas de Ilo, con crecientes montos de asignación presupuestal, sigue paralizada. Una nueva moción de vacancia, por el presunto pago de coimas al presidente, ha sido admitida en el Congreso. Y los agricultores del valle de Ilo -los que realmente deberían importar- siguen preguntándose por qué la prometida ampliación de la frontera agrícola de su región sigue postergándose.
