En la penumbra del poder florece un pecado capital: la avaricia. No se trata solo de un apetito desmedido por la riqueza o el control, sino de una perversión del poder que corrompe y degrada. Este vicio se hace aún más evidente cuando observamos con detenimiento las acciones de quienes detentan el poder, como el caso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien no solo ejerce su autoridad, sino que también exhibe su posición con un ostentoso despliegue de riqueza. Boluarte no se limita a uno o dos lujosos relojes Rolex, sino que se enorgullece de portar hasta cuatro de estos símbolos de opulencia en su muñeca. Este extravagante derroche de recursos contrasta brutalmente con la realidad de nuestro país, donde muchos ciudadanos luchan a diario por satisfacer sus necesidades básicas.
Este despliegue de riqueza desmedida, mientras gran parte de la población se debate en la pobreza, es un ejemplo flagrante de la desconexión y falta de empatía de ciertos líderes políticos con las necesidades del país. Más que un mero símbolo de estatus, estos relojes Rolex representan la perversión del poder, donde se privilegia el lujo personal sobre el bienestar colectivo. Esta situación ejemplifica cómo el poder puede distorsionar los valores fundamentales, convirtiendo la función pública en un medio para la gratificación personal en lugar de un servicio dedicado al bienestar y el bien común de la sociedad.
El abuso de poder y la ostentación desmedida minan la confianza en las instituciones democráticas y en el liderazgo. Mientras la presidenta Boluarte se regodea en su opulencia, miles de ciudadanos luchan contra la adversidad, enfrentando la falta de acceso a servicios básicos, educación de calidad, atención médica oportuna y adecuada y seguridad. Esta profunda desigualdad entre los privilegios de unos pocos y las dificultades de muchos es un recordatorio contundente de la urgente necesidad de un cambio.
Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún queda espacio para la esperanza. La lucha contra la avaricia del poder no es una batalla perdida. Requiere de la participación activa de la sociedad civil, de los partidos políticos que se precian de democráticos, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de la transparencia en todas las esferas del gobierno. Solo mediante un compromiso colectivo con la justicia, la solidaridad y la equidad podremos construir un futuro donde el poder sea un instrumento para el bien común, y no una herramienta de enriquecimiento personal a expensas del sufrimiento de muchos.
