Las primeras designaciones del ministro Carlos Malaver incluyen a un cuestionado juez aprista involucrado en el recordado caso de la Megacomisión y un ingeniero ambiental a cargo de las políticas de seguridad ciudadana.
La semana pasada, Carlos Alberto Malaver Odias se convirtió en el nuevo titular del Ministerio del Interior. Sobre los hombros de este oficial general en situación de retiro ha caído la compleja tarea de devolverle a los peruanos la tranquilidad que perdieron hace muchos meses producto de una incontrolable ola de delincuencia.
Sin embargo, los primeros movimientos en el Ministerio del Interior bajo su gestión empiezan a generar dudas con respecto al rumbo que tomará dicho ministerio e invitan a preguntarse si la llegada de este nuevo ministro puede representar la continuidad de los errores que se vieron durante el paso de Juan José Santiváñez por este cargo.
Sudaca ha revisado algunas de las primeras designaciones que se han realizado desde que Malaver Odias llegó al despacho ministerial y ha encontrado casos de personajes que estarán ingresando al Ministerio del Interior con un historial que llama la atención.
EL JUEZ APRISTA
El viernes 16 de mayo, apenas dos días después de iniciar sus labores como ministro del Interior, Carlos Malaver Odias tomó la decisión de desginar a Jesús Manuel Soller Rodríguez como presidente del Tribunal de Disciplina Policial. Este órgano, según explica en la propia página web del Mininter, “resuelve en segunda y definitiva instancia los procedimientos administrativos disciplinarios por la comisión de infracciones muy graves”.
Inicialmente, esta designación no había llamado la atención. Sin embargo, al revisar el historial de Soller Rodríguez se puede encontrar que estuvo involucrado en uno de los casos más cuestionados de la política peruana. Hace más de una década, Soller tuvo un papel protagónico en el caso de la Megacomisión que investigó al segundo gobierno de Alan García.
Por aquella época, García Pérez había recurrido a diversos recursos legales contra la Megacomisión y los informes que lo vinculaban con los varios casos escandalosos, como el de los narcoindultos. Pero es escándalo fue mayor cuando se descubrió que uno de los magistrados encargados de resolver estos recursos tenía una cercanía innegable con la agrupación política del exmandatario.
El personaje en cuestión era Jesús Manuel Soller Rodríguez. Según diversas investigaciones periodísticas que se dieron a conocer por aquellos años, Soller Rodríguez no sólo era cercano a García Pérez sino que, en 1970, se había inscrito como militante del Apra y existían numerosos registros que comprobaban esta cercanía.
La proximidad entre el juez Soller y los apristas no sólo se limitaba a él. Sus tres hermanos y su esposa también estaban inscritos como militantes de este partido político. La siguiente imagen corresponde a Adán Filomeno Soller Rodríguez, uno de los hermanos del juez Jesús Manuel Soller Rodríguez, y se puede observar que se trataba de in militante inscrito y, al igual que él, también existen estos registros de sus otros dos hermanos, Segundo Filomeno Soller Rodríguez y Luis Felipe Soller Rodríguez, así como de su esposa Anita del Pilar Seminario Saravia.
Aunque Wilber Medina, abogado de García Pérez, negaba por aquel entonces estos vínculos entre el magistrado y los apristas, Ideeleradio dio a conocer que el expresidente también había sido padrino de la promoción del doctorado en Derecho que Soller Rodríguez llevó a cabo en la Universidad San Martín de Porres. Además, en marzo de 1990, García Pérez había nombrado a Soller Rodríguez como juez de primera instancia del 18° Juzgado Civil de Lima.
Pero pese a todos estos antecedentes que coparon las principales portadas de diarios y noticieros años atrás, durante sus primeras horas en el cargo, el nuevo ministro del Interior consideró que Soller Rodríguez era la persona idónea para designar como presidente del Tribunal de Disciplina Policial.
¿ERA LA MEJOR OPCIÓN?
Otra de estas extrañas designaciones se produjo este último martes. En la resolución ministerial a la que accedió Sudaca se pudo ver que Carlos Malaver eligió a un nuevo director de la Dirección de Ejecución de Políticas de Seguridad Ciudadana, un cargo que por el contexto que atraviesa el país resulta de suma importancia.
Por ello ha resultado más sorprendente encontrar que Eduardo Rubira Acosta, la persona seleccionada por el ministro Malaver, no es precisamente un experto en este rubro. Sudaca revisó su historial y pudo encontrar que Rubira Acosta no cuenta con experiencia en este sector sino que se trata de un ingeniero ambiental.
A esto se le suma que en el antecedente más reciente de Rubira Acosta fue como gerente de estudios de inversión para Essalud, un puesto y un sector que poco o nada tienen que ver con las políticas de seguridad ciudadana.
LA YAPA
Pero esto no es lo único que ha ocurrido en el Ministerio del Interior en los primero días de Carlos Malaver Odias como ministro. El mismo 14 de mayo, cuando Malaver iniciaba sus funciones, se dio a conocer una resolución que declaraba procedente la solicitud de defensa y asesoría legal que presentó Juan José Santiváñez. En otras palabras, el dinero para la defensa del exministro del Interior, el cual se encuentra investigado por un presunto tráfico de influencias, saldrá del erario público.
Además, en otra de esas sospechosas casualidades, la Secretaría General del Ministerio del Interior, la cual se encarga de declarar procedente estas solicitudes de defensa legal, ahora estará en manos de Erick Fernando Caso Giraldo, quien hasta hace poco ocupó el cargo de asesor de Juan José Santiváñez.
El caótico presente que afronta el Perú en términos de seguridad demandaba cambios drásticos en este sector y una hoja de ruta clara. Sin embargo, estas primeras decisiones y designaciones no parecen cumplir con las expectativas que la mayoría de peruanos demandan del Ministerio del Interior.
