[INFORMES] Santa Anita huele raro desde hace tiempo. No por la basura acumulada en sus esquinas ni por los camiones recolectores que circulan a cualquier hora, sino por el silencio. Un silencio espeso, peligroso, que se instala cuando las instituciones dejan de funcionar y el miedo se convierte en norma. Un silencio que ya mató una vez —cuando asesinaron al teniente alcalde John Valverde— y que amenaza con volver a hacerlo.

Lo que ocurre en este distrito de Lima no es una anécdota política. Es una radiografía de cómo el poder, cuando no encuentra freno, puede pudrirse desde adentro. Y de cómo las redes de influencia económica, violencia y omisión institucional pueden enquistarse en una gestión local sin que nadie las detenga.

A inicios de este año, Ruth Cuno, actual teniente alcaldesa, propuso una moción de vacancia contra el alcalde Olimpio Alegría. El motivo no era menor: desde hace tiempo, varios regidores venían alertando que la empresa recolectora de basura, Industrias Argüelles, seguía operando sin licitación vigente. El contrato, que había vencido, no fue renovado ni sometido a concurso público. En lugar de eso, se mantuvo activo por decisión unilateral del alcalde, en condiciones que nadie explica del todo.

Cuno no solo firmó la moción. Salió a denunciar públicamente. Exigió transparencia, pidió documentos, alertó sobre lo que muchos sospechan: que detrás del contrato de basura hay intereses que exceden la limpieza de calles. Entonces comenzaron las amenazas.

Primero, un desconocido apareció frente a su casa. No fue un mensaje ambiguo. Le dijo que parara con la vacancia. Luego, días después, incendiaron la puerta de su vivienda. En el suelo dejaron balas y una nota con la frase: “Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John”.

John Valverde fue teniente alcalde hasta octubre de 2023. Fue también una voz crítica de la gestión de Alegría. Murió asesinado a balazos mientras manejaba. El crimen, hasta hoy, no tiene responsables. Nadie ha sido imputado. No hay avances visibles en la investigación fiscal. La muerte quedó congelada en el archivo del Ministerio Público, como si fuera un caso más.

El paralelismo entre Valverde y Cuno no necesita mayor esfuerzo interpretativo. Ambos cuestionaron la misma red de poder. Ambos denunciaron lo que muchos prefieren callar. La diferencia es que Cuno aún está viva. Y que la Fiscalía aún está a tiempo. Pero la pregunta que muchos se hacen en Santa Anita es: ¿hasta cuándo?

El Ministerio Público no ha emitido medida alguna de protección hacia Cuno, ni ha activado una investigación formal por tentativa de homicidio o amenaza agravada. Todo lo ocurrido —el incendio, las balas, la nota— sigue sin respuesta. La inacción no solo deja desamparada a una funcionaria electa; le da carta libre a quienes buscan gobernar a través del miedo.

Detrás de la historia hay una estructura conocida. Un servicio municipal de alto costo como el recojo de residuos; un contrato vencido que, en lugar de resolverse por concurso público, se sostiene por decisión política; una empresa privada beneficiada sin justificación técnica aparente; regidores que intentan cuestionar y terminan amenazados; una Fiscalía que no actúa. Y un distrito que, mientras tanto, se hunde en la desconfianza.

Lo que sucede en Santa Anita no es un hecho aislado. En distritos como Villa María del Triunfo, Surquillo o San Juan de Lurigancho, el manejo de los servicios municipales —basura, seguridad, licencias— se ha convertido en terreno fértil para redes clientelares, mafias locales o empresas que sobreviven gracias a favores. La diferencia está en el costo humano. En Santa Anita, ya hubo un muerto. Y ahora hay una mujer que vive con miedo, con la puerta quemada, con la certeza de que nadie la protege.

La Fiscalía, institución clave para frenar estos círculos de violencia y corrupción, ha fallado. Ha tenido la oportunidad de actuar y no lo ha hecho. Ha tenido las pruebas mínimas para iniciar una investigación y no ha movido una sola carpeta. Cada día que pasa sin acción no solo alimenta la impunidad; también normaliza que en el Perú, cuando alguien en el poder se siente incómodo, puede mandar a callar con fuego.

Cuno no es solo una funcionaria. Es el símbolo de una pregunta que todos evitamos responder: ¿cuánto vale la vida de un regidor en el Perú? ¿Cuántas pruebas se necesitan para que una amenaza sea tomada en serio? ¿Qué está esperando la Fiscalía?

El alcalde Alegría sigue en funciones. El contrato con Industrias Argüelles, también. Nadie ha salido a explicar por qué se sostiene un vínculo comercial sin licitación. Nadie ha negado los hechos. El Concejo Municipal está dividido entre quienes temen y quienes se resignan. Y la ciudadanía, que votó por transparencia, hoy asiste a un espectáculo de sombras, donde todo puede pasar y nada se investiga.

Santa Anita está al borde de convertirse en un modelo de lo que no debe pasar. La basura no solo se acumula en las calles. Se acumula en las oficinas que deberían fiscalizar. Se acumula en las carpetas fiscales sin movimiento. Se acumula en la política cuando se llena de miedo. Y mientras eso pasa, el silencio se vuelve costumbre. Y la impunidad, regla.

Lo que está en juego aquí no es solo un contrato irregular ni una vacancia municipal. Lo que se disputa es el sentido mismo de la política local: si sirve para el bien común o para blindar negocios privados; si protege a los que denuncian o los deja solos; si el Estado reacciona antes de que sea demasiado tarde.

En Santa Anita, el tiempo corre. Y cada día que pasa sin justicia es un día más en que los responsables del miedo siguen ganando.