[OPINIÓN] Anabel Hernández no muestra las pruebas por una razón muy simple: no existen. Lo que ha contado sobre Alan García es una patraña, una mentira con apariencia de investigación.

Hay acusaciones que se construyen con documentos y otras que se construyen con muertos. Esta es de las segundas.

Al presentar Narcocracia, la periodista eligió señalar a Alan García, fallecido en 2019 y, por tanto, imposibilitado de responder, como supuesto participante en una operación mediante la cual armas compradas por el Estado peruano a China habrían terminado en manos del Cártel de Sinaloa.

La acusación es enorme. Las pruebas, ninguna.

La historia tiene todos los ingredientes de un thriller: fusiles chinos, reuniones clandestinas, funcionarios peruanos, “millones y millones de dólares” y hasta un apodo de película: “Caballo Loco”. Falta solamente aquello que transforma una historia en una investigación periodística: la evidencia.

¿Dónde están los documentos? ¿Las transferencias? ¿Las guías de embarque? ¿Los nombres de los funcionarios peruanos involucrados? ¿El número de serie de un solo fusil comprado por el Perú y decomisado luego al Cártel de Sinaloa? Nada de eso ha sido mostrado.

Lo que existe es el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, antiguo narcotraficante convertido en testigo colaborador. La palabra de un delincuente puede iniciar una investigación, pero jamás sustituirla. El periodismo empieza precisamente allí: comprobando lo que la fuente afirma.

No hay contrato que exhibir, ni transferencia que seguir, ni un solo fusil que haya hecho el viaje de Lima a Sinaloa, porque la historia no resiste el contacto con un archivo. Y a la autora no le conviene admitirlo: un libro necesita titulares, y un expresidente muerto vende más en la portada que la palabra de un narcotraficante sin un papel que la respalde.

Hernández escribe desde México, el país que mejor conoce lo que cuesta creerle a un narcotraficante. Si alguien sabe el peligro de convertir esa palabra en verdad periodística, es ella.

Hay además un hecho incómodo para su relato: en 2008, el propio García denunció públicamente los vínculos entre los cárteles mexicanos y los grupos armados que operaban en el Perú. Curioso comportamiento para quien ahora es presentado como proveedor clandestino de aquellos a quienes denunciaba.

Alan García murió hace siete años. No puede confrontar al testigo, exigirle pruebas ni demandar a quien formula la acusación. Esa imposibilidad debería elevar, no disminuir, la exigencia de rigor.

Anabel Hernández ha construido su prestigio exigiendo evidencias al poder. Ahora le corresponde aplicarse la misma regla.

Porque los muertos no hablan.

Los documentos, sí.

Que los muestre.

[OPINIÓN] Salazar Bondy llamó “Arcadia colonial” a una vieja costumbre limeña: inventarnos una ciudad distinta de la que realmente tenemos y, después, creernos el cuento.

Arcadia significa eso: un paraíso imaginario. Un lugar perfecto que nunca existió.

Pero para sostener una Arcadia hace falta algo más: ignorancia. A veces involuntaria; otras, cuidadosamente cultivada. No saber, no preguntar o, peor todavía, no querer saber.

No lo inventó él. Humboldt, de paso por Lima en 1802, notó que la gente vivía la opulencia a espaldas de la inmundicia. San Martín entendió que a los limeños había que ofrecerles títulos para lograr sus objetivos. Bolívar maldecía a una élite que cambiaba de bando según le convenía, y Flora Tristán vio claramente una ciudad que rezaba en público y se tapaba la cara para todo lo demás.

Dos siglos después, la Arcadia tiene candidato.

En octubre de 2022, días después de ser elegido alcalde, Rafael López Aliaga juró en televisión que no renunciaría para postular a Palacio. “Mi palabra vale oro”, dijo. Tres años después, renunció para postular a Palacio. Ganó un escaño en el Senado y también lo despreció antes de recibir sus credenciales, para inscribirse luego como primer regidor de su lista. Su propio partido admite que la maniobra se apoya en un vacío legal. El oro, al parecer, era enchapado.

¿Y la obra? Prometió convertir Lima en potencia mundial. Sacó de la manga 93 vagones y 20 locomotoras viejas de Caltrain, disque gratuitas, hasta que se supo que la municipalidad pagó más de 22 millones de dólares. Hoy esos trenes siguen abandonados en el Parque de la Muralla: sin plan, sin vía, sin fecha y sin vergüenza. Ofreció 12 000 cámaras con inteligencia artificial y 10 000 motos policiales que nunca llegaron. Se fue dejando sin cumplir muchas promesas de su plan de gobierno, mientras la Ramiro Prialé sigue a medias y la Vía Expresa es, en las horas punta, cualquier cosa menos expresa.

Eso sí, algo dejó: una deuda de más de 4 000 millones de soles que pagarán los próximos cuatro alcaldes y que la Fiscalía investiga por presunta colusión y negociación incompatible. Súmele arbitrajes perdidos en París, con Rutas de Lima reclamando entre 339 y 447 millones de dólares. Y un tránsito que convierte cada trayecto en penitencia.

¿Cómo lidera las encuestas alguien así? Con los dos pilares de la Arcadia. La cucufatería: en Lima, quien exhibe rosario y cilicio queda eximido de rendir cuentas. Y la huachafería: votar por el patrón que grita les regala a muchos la ilusión de pertenecer a la casa grande, aunque vivan en el callejón.

Así que, antes de marcar la cédula, mírese al espejo. Pregúntese si sabía lo que acaba de leer o si prefirió no saberlo. Porque para votar por él no hace falta ser un imbécil. Basta con algo más antiguo y más cómodo: vivir en la Arcadia.

[OPINIÓN] Rafael López Aliaga llegó a la Alcaldía apropiándose de la esperanza de una ciudad cansada. Prometió orden, seguridad, autoridad y grandes obras. El resultado está a la vista: Lima permanece atrapada en el caos, los insultos han reemplazado demasiadas veces a la gestión y el invento de los trenes continúa abandonado, sin funcionar y sin señales de que algún día funcionen.

Pero lo más grave no es una obra inconclusa ni una promesa incumplida. Es la sensación, extendida entre buena parte de la población, de que la palabra del este político no vale. López Aliaga recibió una esperanza y terminó destruyéndola.

Por eso preocupa ver ahora a Carlos Álvarez metido en el libreto de esta farsa, designado como responsable-comisionado por el candidato a  “teniente alcalde” para velar por la seguridad ciudadana.

No encuentro otra explicación que la vanidad, y lo digo con sincera pena. Álvarez es demasiado inteligente y talentoso como para no advertir, después de cinco minutos de análisis, que está entrando en un terreno donde muchos ya terminaron quemados, atraídos por el mismo oropel. López Aliaga lleva años repitiendo el número: dice, promete e incumple y después, de ser necesario, encuentra a quién endosarle la culpa del fracaso.

No tengo dudas de que Porky, de salir electo como alcalde bamba- Dios, la Virgen y los Apóstoles no lo quieran-,  esto también terminará mal. Álvarez no recibirá ni la mitad de los recursos ni menos las atribuciones ofrecidas. Y cuando el montaje fracase, será él quien termine señalado. Es el guion conocido: utilizar el prestigio ajeno como propaganda y devolverlo después maltrecho y con la culpa incluida.

Durante más de cuatro décadas, nuestro querido cómico Carlos Álvarez ha imitado con precisión y éxito a presidentes, cantantes, políticos y comentaristas. Nunca le fallaron el gesto, la voz ni el personaje. Pero esta interpretación de agente especial, enlace de inteligencia o “James Bond municipal” al servicio su majestad, El Chancho, corre el riesgo de convertirse en el primer gran fracaso de su carrera: una actuación donde el público, aunque no compre entrada,  será nuevamente víctima del director del espectáculo.

Queda una pequeña luz de esperanza: que reaccione a tiempo, recupere su independencia y recuerde que su prestigio nació del talento, no de la cercanía al poder. Todavía puede abandonar la misión antes de que caiga el telón. Ojala.

[OPINIÓN] Comencemos por lo primero: no le creo a la encuesta de Datum. Hace tiempo aprendí que las encuestas son fotografías que dependen de quién toma la foto y a quién decide enfocar.

Pero supongamos que tiene razón. Supongamos que López Aliaga encabeza hoy la intención de voto con 16%. Entonces el problema no es Datum. El problema somos nosotros.

Porque antes de hablar de obras a medias, trenes inservibles o demandas millonarias, hay un hecho más simple: López Aliaga es un coleccionista de renuncias. Ganó la Alcaldía de Lima y, faltando a su palabra, la abandonó a medio camino para ir tras la presidencia. Perdió, pero sus fervientes seguidores lo premiaron con un escaño de senador al que, siguiendo su costumbre, renunció antes de jurar. Ahora quiere la alcaldía otra vez, tras tratar a cuestionadores, jueces, periodistas y empresarios con la agresividad que ya le conocemos. Ese es el patrón completo: gana, promete, insulta a quien lo cuestiona, y se va… para regresar.

Como la Constitución le prohíbe la reelección inmediata, encontró el truco: inscribirse como primer regidor. Los abogados podrán explicarlo en tres horas. A mí me toma tres segundos: es una trampa. Una maniobra indecente para entrar por la ventana donde la Constitución le cerró la puerta.

Y aun así, 16 de cada 100 limeños ya piensan dárselo otra vez. Hay una larga lista de mejores opciones —Bruce, Allison, Daza, Tejada—: nadie está obligado a votar de nuevo por quien ya le falló.

Y aquí ya no hay solo un problema político. Hay algo más incómodo de decir: Lima, francamente, quedó hecha un desastre: tráfico infernal, inseguridad, desorden, cuentas por pagar y demandas millonarias en una Municipalidad cuya verdadera herencia recién conoceremos.

Negar eso no es discutir política: es negar la evidencia. Y solo puede explicarse por debilidad cognitiva, o por una lealtad que ya dejó de distinguir entre los hechos y la fe.

Si esto ocurre, y Porky sale elegido —Dios no quiera—, no busquemos explicaciones en el JNE, en la Constitución ni en los vacíos legales. La explicación estará completa en ese 16% —y en todo lo que sume después— construido con incautos, ignorantes e idiotas dispuestos a premiar, otra vez, a un coleccionista de renuncias, fracasos y mentiras. Y Lima no heredará el alcalde que necesita: heredará el que sus votantes deciden merecer.

[OPINIÓN] El Barón de Münchhausen cabalgaba balas de cañón y se sacaba a sí mismo de un pantano tirándose de la coleta. Nadie le exigía pruebas: bastaba el aplomo con que mentía. En el Perú tenemos un discípulo aventajado, y no necesita pantanos: le basta un micrófono y una promesa a cinco años.

Rafael López Aliaga, alias Porky, gobernó Lima prometiendo un tranvía en la avenida Universitaria. Quedó en renders. Ofreció un teleférico entre Independencia y San Juan de Lurigancho. Quedó flotando en su imaginación. Anunció un metro subterráneo entre Villa El Salvador y Puente Piedra. Cero kilómetros. Y bautizó todo esto como el camino hacia una Lima potencia mundial, frase que hoy suena a chiste privado entre limeños atrapados en el mismo tráfico de siempre.

La joya de su colección municipal fue el tren Lima-Chosica: lo presentó como una donación generosa de Caltrain, y resultó que la comuna pagó más de 22 millones de dólares por vagones con fallas estructurales certificadas por sus propios informes técnicos. Siguen durmiendo en un parque, acumulando gastos de custodia.

Pero el daño mayor quizás no esté en los trenes, sino en las pistas. Las vías que alguna vez administró Rutas de Lima lucen hoy sucias, saturadas de tráfico pesado, y preocupa que nadie las mantenga, mientras el Perú enfrenta en el CIADI una demanda por más de 2.700 millones de dólares y ya acumula fallos adversos en cortes de Washington. López Aliaga insiste en que el Estado no pagará y que vamos ganando; los tribunales, mientras tanto, dicen otra cosa.

Su palabra de oro tampoco resistió. En octubre del 2022, antes de asumir la alcaldía, juró que no renunciaría al cargo para postular a la presidencia, por el bien del Perú. Tres años después renunció exactamente para eso.

Con ese historial subió al escenario nacional prometiendo arrasar en primera vuelta. La realidad, que no lee comunicados de prensa, lo dejó tercero, a menos de veinte mil votos de la definición, fuera del balotaje. Como todo buen barón, no aceptó el aterrizaje sin pelear: denunció fraude sin pruebas, exigió repetir la elección, amagó con no reconocer resultados. Al final, se rindió ante la aritmética, dejando claro que hay pantanos de los que ni el mejor barón puede salir solo con el relato.

[OPINIÓN] Domingo de Junio. Siete de la mañana. Cielo despejado, sol, mar tranquilo. Miles de personas bajan a la Costa Verde para hacer deporte, ir a la playa o simplemente usar la vía más rápida para cruzar Lima de sur a norte o de norte a sur.

Y entonces te encuentras con el caos y aparecen los imbéciles.

No son corredores ni tampoco son ciclistas. Los hay, y tienen todo el derecho del mundo de hacer deporte. Los imbéciles son quienes desde algún escritorio municipal o policial —cómodos, invisibles, sin rendir cuentas a nadie— autorizan convertir una vía expresa en pista atlética exclusiva para unos cuantos. Casi siempre sin aviso previo. Sin letrero. Sin comunicado. Los autos se acumulan, los conductores no entienden qué pasa, y los policías encogen los hombros.

Atrapados están los miles que usan la Costa Verde como lo que es: una arteria vial. Los que van de Chorrillos a Miraflores, de Barranco a San Isidro, los que no tienen otra ruta más rápida a lo largo del litoral. También los que trabajan allí: mozos, cocineros, instructores de surf, trabajadores de clubes, pescadores artesanales que ese día encuentran el acceso bloqueado por conos y uniformes. Para ellos no es una molestia. Es un día de trabajo perdido. Y los deportistas habituales —los que corren solos, a diario, sin pertenecer a ninguna federación— también se quedan afuera. Miles. No cientos: miles.

Desde el 1 de enero de 2026, esto ha ocurrido doce veces. Dos veces por mes. Siempre en fin de semana. Siempre cuando más gente necesita la vía. Doce veces con la misma impunidad de la primera.

La Constitución es clara: el artículo 2, inciso 11, garantiza el libre tránsito salvo restricciones expresamente previstas por ley, debidamente justificadas y proporcionales. ¿Quién evaluó la proporcionalidad de cerrar la Costa Verde doce veces en seis meses? ¿Qué funcionario? ¿Con qué firma al pie?

¿Y dónde están los clubes, los concesionarios, los restaurantes, los pescadores? ¿Dónde las acciones de amparo, las denuncias, los recursos legales? Tan responsable es quien firma la autorización como quien observa el abuso y calla.

En resumen: un grupo de imbéciles cierra una vía pública sin criterio, sin aviso y sin consecuencias. Perjudican a miles de usuarios, trabajadores, familias y negocios que tienen derechos perfectamente reconocidos por la Constitución. Los primeros responsables son quienes firman las autorizaciones. Los segundos —y no menos culpables— son quienes pudiendo actuar no hacen absolutamente nada: los dirigentes de clubes, los concesionarios, los gremios de pescadores, los empresarios afectados. Su silencio es también una forma de complicidad.

 La Costa Verde es una vía pública. No la cancha privada de nadie.

Nota del autor: Pido disculpas por el uso de la palabra «imbéciles». La mantengo porque es la única que describe con precisión  a quienes, teniendo responsabilidad sobre una vía pública, actúan como si no existiera nadie más.

 

[OPINIÓN] Permítanme presentarles dos especies fascinantes de la fauna política peruana. No habitan en la selva ni en los Andes. Su hábitat natural está entre Miraflores, San Isidro, Barranco y algunos rincones bien regados de Surco. Son hijos de papá. Y poseen una extraordinaria capacidad para perjudicar al país desde la comodidad de su superioridad moral o de su parrilla dominical.

El Cojudigno es ese personaje que en 2021 decidió que votar por Pedro Castillo —o facilitarle el camino— era una elegante forma de protesta. Una postura ética. Un gesto de dignidad. Una demostración de conciencia social sin necesidad de abandonar el aire acondicionado.

El resultado ya lo conocemos: años de desgobierno, improvisación elevada a política de Estado, la sensatez por los suelos y la inseguridad por las nubes.

Pero el Cojudigno no ha revisado nada. Revisar equivaldría a admitir un error. Y admitir un error destruiría el único patrimonio intelectual que le queda: la estupidez sostenida por una supuesta superioridad moral. Así que sigue ahí, en sus redes sociales, con su foto de perfil artística y una cita de algún filósofo que nunca leyó, explicando por qué tenía razón entonces y por qué también la tiene ahora.

¿De dónde sale este espécimen?

De una combinación letal: padres que confundieron el amor con la ausencia de consecuencias y colegios trilingües —de a mil dólares por cabeza— donde la cultura woke llegó mucho antes que la historia del Perú.

El resultado es un joven bien alimentado, bien vestido, con la tarjeta de crédito de papá en el bolsillo, que encuentra virtudes en José Domingo Pérez y coherencia en Antauro Humala. Una persona capaz de ver inteligencia en un psicópata sin atenuantes y liderazgo en un drogadicto confeso y asesino de policías.

Pero si el Cojudigno es peligroso por lo que hace, el Ausente lo es por lo que deja de hacer.

Solo en Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco, alrededor de 300,000 electores decidieron no votar. Seamos justos: una parte tenía razones reales. Enfermedad, emergencia familiar, viaje impostergable. A ellos, todo respeto.

Pero una porción considerable simplemente se quedó en casa.

Porque había parrilla.

Porque hacía frío.

Porque «todos son iguales».

Porque «igual ya ganó».

Porque «mi voto no cambia nada».

Porque el sacrificio de caminar unas cuadras hasta su mesa electoral parecía una exigencia incompatible con el relajo dominical.

Si apenas una parte significativa de esos ausentes hubiera acudido a votar —siguiendo la tendencia natural de sus propios distritos: 70% Keiko, 30% Sánchez— estaríamos hablando de más de 200,000 votos adicionales para Fuerza Popular. Suficientes para transformar una elección ajustada en una diferencia cómoda que el Perú necesita.

La ironía es que el Ausente también pagará las consecuencias si Roberto Sánchez llegara al poder. El dólar no pregunta si usted votó antes de subir. La inversión no distingue entre responsables e indiferentes. Y la inseguridad tampoco solicita el certificado de sufragio antes de tocar la puerta.

Gracias a Dios —y a pesar de ambos— el Perú parece demostrar más sentido común del que sus peores ciudadanos merecen.

Pero que quede registrado.

Cuando llegue el momento de celebrar o de pagar la cuenta, habrá que preguntarle al Cojudigno por la nobleza de sus convicciones. Y al Ausente, simplemente, cómo estuvo la parrilla aquel domingo. 

 

[OPINIÓN] El 30 de octubre de 1938, Orson Welles tomó el micrófono de la CBS y anunció, con voz de locutor de emergencia, que los marcianos habían aterrizado en Nueva Jersey. No era verdad. Era ficción radiofónica. Pero el pánico fue absolutamente real: la gente salió a la calle, algunos lloraron, otros huyeron en automóvil sin destino claro. El poder de una ficción bien contada puede mover multitudes.

Esta columna es un ejercicio parecido. Con una diferencia esencial: los invasores de esta historia no vienen de Marte. No tienen tentáculos. Tienen credencial del JNE. No aterrizaron en Nueva Jersey. Aterrizaron en Lima, a las cinco de la tarde del domingo 7 de junio, cuando la boca de urna confirmó lo que muchos temían y pocos quisieron creer a tiempo: ganó Roberto Sánchez.

Esta vez, no era ficción.

Domingo siete. En el Perú profundo, ese que todavía cree en presagios y en el mal de ojo, el domingo siete es el día en que todo se tuerce. El bus se va, el contrato se cae, la leche se derrama. Pues bien: la Ley de Murphy acaba de aplicarse al país entero. Y tiene nombre completo: Roberto Sánchez Palomino, rodeado de cincuenta joyas —por mencionar solo dos: José Domingo Pérez de ministro de Justicia y Antauro Humala con despacho propio y seguridad del Estado a su servicio. .

Lo que viene no es un mal gobierno. Es el descenso ordenado al desastre. El Banco Central de Reserva —una de las pocas joyas reales que le quedaba al Perú en América Latina— empieza a recibir «señales» del nuevo poder. Los economistas del entorno hablan de «soberanía monetaria». Traducción: el dinero de todos, administrado por todos ellos. La inversión minera frena. No porque haya una ley todavía, sino porque el capital huele el ambiente antes que los periodistas. Los servicios se deterioran, la inseguridad crece, la informalidad se expande y un grupo de avispados pseudo comunistas en el poder se enriquece con la velocidad y la impunidad que solo dan los primeros meses de gobierno. Maduro lo hizo. La Kirchner lo hizo. Evo lo hizo. Todos usaron la misma partitura: estatizar, controlar, repartir entre amigos, criminalizar al que protesta. El Perú está a punto de estrenar esa ópera. Con elenco nacional.

Miles de  jóvenes peruanos estudian fuera. El lunes 8 de junio decidirán, en silencio, que no hay para qué volver.

Y los grandes responsables —hay que decirlo con todas sus letras— son una generación de jóvenes que confundieron el hartazgo con criterio político. Criados frente a un celular, mal educados por diez años de ministros de medio pelo que desfilaron desde la era de PPK hasta hoy sin pena, sin gloria y sin currículo funcional, estos rebeldes de cartón votaron en contra de alguien sin saber a favor de quién. Votaron contra Keiko. Algunos viciaron la cédula convencidos de que eso es «un mensaje político». El mensaje lo recibió Sánchez, con aplausos.

Son los mismos que egresan de universidades privadas de dudosa acreditación —producto directo de esa década de ineptos al frente del sector educativo— con título en mano y sin empleo formal a la vista, terminarán vendiendo chocolates en el Metropolitano o haciendo delivery en bicicleta. No es sarcasmo: es la foto de un  país real. Y en lugar de preguntarse por qué, prefirieron apagar el cerebro, encender el TikTok y votar con el dedo pulgar. El mismo con el que dan like.

Pero el domingo siete tiene dos filos. Y aquí va la apuesta de esta columna: ojalá que este domingo siete le salga exactamente al revés a quienes quieren destruir el país, y al revés también a quienes no tienen la menor conciencia de lo que están haciendo. Ojalá la Ley de Murphy decida, por una santa vez, tomarse el día libre. Ojalá el Perú amanezca el lunes 8 de junio con una presidenta electa llamada Keiko Fujimori. Y que el 28 de julio de 2026 jure ante un país que todavía tiene futuro. Eso es posible. Depende, como siempre, de los que sí piensan antes de votar y de Dios, que como todos sabemos, ¡es peruano! 🇵🇪

RikAhrdo   ·   Lima, víspera del 7 de junio de 2026

* Ejercicio de ficción especulativa de escenario. No describe hechos ocurridos.

[OPINIÓN] El Mundial era, antes que nada, una competencia para definir al mejor del mundo. Punto. Durante años bastaban dieciséis selecciones: las mejores. Cada cuatro años, y después de una ardua clasificación que duraba más de dos, se juntaban en un país, jugaban entre sí y salía un campeón de verdad. No un sobreviviente de una maratón televisiva patrocinada por aerolíneas, casas de apuestas y bebidas energéticas.

El de 2026 tendrá cuarenta y ocho selecciones. En tres países. Con Haití, Curazao, Nueva Zelanda y, siguiendo la lógica, pronto Andorra, las Islas Reunión y algún archipiélago del Pacífico Sur con menos habitantes que jugadores convocados. Todavía no clasifican, pero calma: ya encontrarán un cupo humanitario.

Uruguay 1930 tuvo trece selecciones y quedó en la historia. De 1934 a 1978 fueron dieciséis. Ahí estaban Pele Eusébio, Beckenbauer, los Charlton, y Cruyffny. España 82 subió a veinticuatro y ya hubo críticas. Francia 98 llegó a treinta y dos, formato que todavía conservaba cierta dignidad competitiva. Pero la FIFA descubrió que más partidos equivalen a más televisión, y más televisión equivale a más dinero. El fútbol quedó como excusa; el negocio pasó a ser el protagonista.

Porque, sinceramente, ¿alguien quiere ver Haití contra Argentina? No es desprecio a Haití, que bastante tiene encima. Es simple sentido común: eso no es un partido, es un trámite migratorio con pelota. Lo mismo con Irán contra Estados Unidos, vendido como “duelo geopolítico”, para terminar en noventa minutos donde todos rezan para que nadie lance nada más peligroso que un córner.

Y Nueva Zelanda… bueno. Clasifica desde una confederación donde la competencia real suele ser contra islas que usan el fútbol como actividad recreativa entre semana

El campeón saldrá de donde siempre sale: Brasil, Argentina, Francia, Alemania o España. Eso no cambia con cuarenta y ocho equipos. Lo único que cambia es el tamaño del decorado, la cantidad de vuelos internacionales y el agotamiento de jugadores que llegarán fundidos a las fases decisivas después de recorrer medio continente.

El resto será relleno: grupos extraños, partidos previsibles y primeras fases donde ya sabemos quién gana antes de que el árbitro revise el VAR.

Y encima no estará Italia. Cuatro títulos mundiales. Parte esencial de la historia del fútbol. Una mesa elegante sin vino ni postre. Pero en su lugar aparece Curazao. La FIFA ya no distingue entre patrimonio y relleno mientras ambos vendan derechos de televisión.

En fin. Este año quizá me dedique al hockey sobre hielo. Al menos ahí todavía se disfruta el para qué sirve clasificar.

 

P.D.

y siempre con el perdón de algunos amigos quienes creen que este Mundial no es una payasada… y que probablemente también votaron por Porky. Buon Giorno 🇮🇪

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