[INFORMES] Según consta en las actas judiciales del proceso, el 1 de diciembre de 2016 se habría realizado una asamblea en la Comunidad Campesina de Quipan, ubicada en la provincia de Canta, región Lima. En dicha reunión —identificada como Asamblea N.º 16— se habría acordado la venta de 10,000 hectáreas de tierras comunales a favor de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, por un valor total de 600,000 soles.

El acuerdo incluía no solo la transferencia del terreno, sino también la otorgación de poderes especiales al entonces presidente de la comunidad, Abel Cruz Mosquera Ortiz, para que pudiera proceder con la firma de la escritura pública ante notario y formalizar el proceso de venta.

Los días siguientes, según el expediente judicial, fueron clave para convertir el acta comunal en un documento de valor legal. El 10 de diciembre de 2016, Cruz Mosquera se presentó ante el notario Luis Manuel Gómez Verastegui, en Lima, donde presentó el acta de la Asamblea N.º 16 y juró su autenticidad, tanto en los nombres como en las firmas consignadas.

Posteriormente, el 12 de diciembre, llevó dicha acta legalizada hasta la Notaría de Claudio Fredy Galván Gutiérrez, con sede en la provincia de Canta, para realizar la minuta de compraventa e independización del terreno comunal. Finalmente, la operación fue elevada a escritura pública y se inscribió en SUNARP, donde el predio fue registrado bajo los códigos P18022861 y P18029956 a nombre de la empresa adquiriente.

El circuito estaba completo: asamblea, declaración jurada, legalización notarial, escritura pública e inscripción en Registros Públicos. Sin embargo, el mismo proceso que permitió formalizar la venta es el que hoy es objeto de cuestionamiento judicial.

Según la acusación fiscal, existe evidencia de que la asamblea del 1 de diciembre nunca se realizó en los términos indicados, o al menos no con la participación que se consigna en el acta presentada. De los 40 comuneros que aparecen como asistentes —con nombre, DNI y firma— 37 de ellos declararon formalmente que no asistieron ni firmaron el acta en cuestión. De los tres restantes, uno ha fallecido y los otros dos no pudieron ser ubicados.

En esa línea, el Ministerio Público sostiene que el acta presentada tendría contenido falso, y que fue utilizada para dar apariencia de legalidad a una venta que no contaba con respaldo comunitario real. Este documento habría sido clave para permitir la inscripción de la transferencia en SUNARP y consolidar la titularidad a favor de la empresa privada.

Uno de los elementos que complica la evaluación de los hechos es la pérdida del libro de actas que contiene el documento original de la Asamblea N.º 16. Según declaró el propio Abel Cruz Mosquera, el libro fue extraviado el 19 de diciembre de 2016, cuando olvidó su maletín en un taxi mientras se trasladaba por Lima. La denuncia de la pérdida fue registrada en la comisaría de la PNP-Unificada, bajo el número 8509134, pero el expediente judicial señala que no se aportaron pruebas materiales que confirmen dicha versión.

Este hecho es central, ya que la inexistencia del libro impidió la realización de una pericia técnica sobre la autenticidad del acta original. Sin el documento matriz, solo se pudo trabajar con copias legalizadas, lo cual limita el alcance de cualquier prueba científica sobre firmas, tintas o alteraciones.

La tesis de la defensa: error humano, no falsedad

La defensa legal de Abel Cruz ha sostenido durante el proceso que no hubo intención delictiva ni falsedad material. En su declaración instructiva, el acusado señaló que el acta fue redactada conforme a los acuerdos reales de la comunidad y que el libro fue perdido por descuido. Asegura además que no falsificó firmas ni manipuló contenidos, y que todas las gestiones fueron realizadas dentro del marco legal, cumpliendo con los pasos notariales y registrales requeridos.

También sostiene que el acto de venta respondió a una necesidad de la comunidad: obtener recursos para cubrir una deuda con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, que databa de gestiones anteriores. El pago de 18,300 soles por ese concepto aparece mencionado en el expediente como una de las razones que motivaron la operación.

Lo que dice el expediente: acciones “coherentes y cronológicas”

En varias secciones, el expediente señala que la secuencia de acciones tomadas por el acusado fue “lógica, racional y razonable”, si se observa en conjunto. Es decir, que si bien existen dudas sobre la veracidad del acta y la pérdida del libro, las actuaciones posteriores —presentación de documentos, formalización notarial, inscripción registral— se realizaron de manera coherente y sin interrupciones visibles.

No obstante, se señala también que los comprobantes de legalización se obtuvieron en notarías distintas, y que el notario Galván solo recibió una copia del acta legalizada, no el documento original. Esta situación, según el documento judicial, puede haber influido en la validez sustantiva del proceso, más allá de su formalidad.

Este caso pone en evidencia un problema estructural: la fragilidad institucional en la que operan muchas comunidades campesinas del Perú. La tenencia colectiva, el manejo de libros oficiales, la validación de asambleas y la relación con notarios o registros públicos no siempre cuentan con salvaguardas adecuadas. La brecha entre la legalidad formal y la legitimidad comunitaria se amplía cuando no hay acceso a información, acompañamiento legal o mecanismos de fiscalización interna.

En este contexto, las decisiones tomadas por una dirigencia pueden adquirir fuerza legal sin que la mayoría de comuneros las respalden. La falta de protocolos claros para validar la autenticidad de actas, firmas o quórums hace que comunidades enteras puedan verse afectadas por decisiones administrativas o notariales difíciles de revertir.

El terreno en disputa: 10 mil hectáreas y la importancia de la memoria comunal

En el fondo del conflicto se encuentran 10,000 hectáreas de tierra comunal, espacio de valor ecológico, productivo y cultural. Si bien el precio pactado de 600,000 soles representa una suma significativa, también deja preguntas abiertas sobre el aval de la comunidad, el destino de los fondos y la transparencia en su administración posterior.

La pérdida del libro de actas —pieza clave del proceso— deja un vacío no solo legal, sino también simbólico: es en esos registros donde la memoria institucional de una comunidad se conserva. Cuando desaparecen, también lo hace la capacidad colectiva de rendir cuentas y ejercer control sobre decisiones pasadas.

Hasta la fecha de elaboración de este informe, el caso sigue siendo objeto de evaluación en sede judicial. Las acusaciones fiscales incluyen presunta falsedad ideológica en documento público, aunque la defensa ha insistido en que no existen pruebas concluyentes de manipulación. La resolución definitiva aún está pendiente.

[INFORMES] Durante varios meses, el entorno de Chandía fue objeto de señalamientos por temas que iban más allá de decisiones administrativas. Estaban en juego cuestiones graves: una denuncia por violencia familiar aún en proceso, un caso de presunta colusión en el uso de recursos públicos durante su anterior gestión en la misma institución, y tensiones internas ligadas a reclamos por censura y presiones a contenidos informativos.

Pese a todo ello, las autoridades optaron por el silencio. No hubo auditorías públicas ni investigaciones anunciadas. Tampoco explicaciones a los ciudadanos sobre la idoneidad o permanencia de una funcionaria en un cargo tan sensible como la dirección de la televisión y radio estatales. Lo que existió, más bien, fue una defensa institucional centrada en la “esfera personal” de la exfuncionaria, como si no existiera un vínculo directo entre ética pública y gestión.

Un canal público sin brújula clara

La crisis del IRTP no se limita a nombres. Desde hace años, la televisión estatal arrastra el problema estructural de su uso político, sin una política comunicacional clara ni garantías suficientes de independencia editorial. La salida de Chandía —sin una evaluación clara de su gestión ni mención alguna a los procesos abiertos en su contra— parece profundizar ese vacío.

A lo largo de su administración, hubo señales de alarma: cambios súbitos en la programación, decisiones editoriales controvertidas, y una progresiva pérdida de confianza por parte de sus propios equipos periodísticos. Algunas voces internas advirtieron sobre restricciones en coberturas noticiosas y el debilitamiento de espacios informativos autónomos. Todo esto sin que se activaran mecanismos internos de supervisión o canales transparentes de queja y control.

Relevo sin agenda pública

Tras la renuncia, la dirección del IRTP fue encargada a Rossella Giulianna Leiblinger Carrasco, funcionaria del Ministerio de Cultura. Más allá de su hoja de vida técnica, no se ha detallado cuál será su mandato al frente del canal: si será solo una encargatura temporal o parte de una reorganización más profunda. Tampoco se ha informado si su designación forma parte de una política de reformas o si responde únicamente a la necesidad de cubrir la vacancia.

En la práctica, la sensación es de improvisación. No se ha abierto una convocatoria pública ni se ha discutido la necesidad de revisar los mecanismos con los que se elige a quienes ocupan cargos directivos en medios públicos. Y mientras tanto, el IRTP sigue siendo administrado sin rendir cuentas claras sobre su papel en un contexto nacional de fragmentación, desinformación y creciente desconfianza ciudadana.

Un problema político, no solo administrativo

La televisión pública no es un espacio cualquiera. Es un servicio que, bien gestionado, puede ofrecer contenidos con valor educativo, cultural e informativo para amplios sectores del país. Pero cuando se vuelve rehén del cálculo político o se maneja sin transparencia, pierde su sentido democrático.

La renuncia de Ninoska Chandía puede cerrar un capítulo, pero no resuelve las dudas que lo acompañaron. ¿Por qué se mantuvo tanto tiempo a una funcionaria bajo cuestionamientos? ¿Qué medidas se tomaron frente a las denuncias que surgieron durante su gestión? ¿Quién responde por los posibles daños institucionales?

En vez de respuestas, el Estado eligió el camino del silencio. Un silencio que, lejos de proteger la institucionalidad, la debilita.

Nombramiento interino, pero sin política clara

En reemplazo de Chandía, la dirección del IRTP fue encargada a Rossella Giulianna Leiblinger Carrasco, funcionaria del Ministerio de Cultura. Su designación, también oficializada mediante resolución suprema, no ha sido acompañada de un anuncio político más amplio. No se ha explicado si se trata de una solución temporal o si existe una intención de reorganizar la gestión del canal público.

Tampoco se ha presentado una agenda para recuperar la confianza institucional ni una hoja de ruta para fortalecer los principios editoriales, la transparencia interna o la vocación de servicio público que debe regir en un medio estatal. A falta de información, todo indica que el relevo responde más a una necesidad de contención que a una propuesta de reforma.

Esto se enmarca en una situación recurrente: la televisión pública en el Perú carece de una estructura que garantice su autonomía. La jefatura del IRTP sigue siendo un cargo de libre designación política, sin filtros técnicos ni evaluación ciudadana. En la práctica, esto abre la puerta a nombramientos motivados por cercanías políticas antes que por méritos o trayectorias vinculadas al fortalecimiento de la comunicación pública.

Silencios que comprometen al Estado

La televisión pública cumple un rol crucial en países democráticos: no solo transmite contenidos educativos y culturales, sino que también debe garantizar acceso plural, cobertura descentralizada, y periodismo con independencia editorial. Por eso, las decisiones sobre su dirección deben ser tratadas con máxima transparencia.

Pero en este caso, las omisiones del Estado han sido sistemáticas. Ni se explicó por qué se mantuvo a Chandía en el cargo a pesar de las denuncias, ni se detallaron los procedimientos que llevaron a aceptar su renuncia. No se anunció ninguna investigación posterior sobre su gestión, ni se adoptaron compromisos institucionales para revisar lo ocurrido. El mensaje fue claro: se prefiere pasar la página antes que enfrentar el conflicto de fondo.

Este manejo opaco erosiona aún más la confianza pública. Cuando el Estado evade deliberadamente los temas incómodos, cuando elige callar ante posibles faltas éticas o legales de sus propios funcionarios, está reforzando una lógica de impunidad funcional. En lugar de corregir, se tapa. En lugar de prevenir, se improvisa.

Una oportunidad perdida para transformar

La crisis que envolvió al IRTP pudo haber sido una oportunidad para replantear el papel de los medios públicos en el país. Se pudo impulsar una reforma en los procesos de designación, establecer estándares editoriales más firmes, y construir canales de participación ciudadana en la gestión del canal.

Pero hasta ahora no hay indicios de que eso ocurra. La nueva dirección ha asumido sin rendición de cuentas ni cambio de visión. La institucionalidad del IRTP permanece frágil, sin blindajes contra los vaivenes del poder político. Y la ciudadanía sigue sin una televisión pública plenamente confiable.

La salida de Ninoska Chandía no puede interpretarse como un cierre satisfactorio, sino como una decisión apurada y poco transparente que elude asumir responsabilidades. En contextos de crisis democrática, los medios estatales deberían ser espacios ejemplares. Hoy, en cambio, siguen siendo tratados como oficinas más del aparato político.