[INFORME] José Enrique Jerí Oré fue elegido presidente del Congreso de la República para el periodo legislativo 2025-2026 en una jornada parlamentaria marcada por la tensión política, la búsqueda de consensos y las expectativas sobre la transición hacia la bicameralidad. La elección se realizó el sábado 27 de julio y la lista que encabezó obtuvo 79 votos a favor frente a los 40 que alcanzó el congresista José Cueto, de Renovación Popular. El nuevo titular del Legislativo llega al cargo en medio de cuestionamientos por investigaciones fiscales y denuncias públicas, pero con un respaldo amplio de diversas bancadas.

Tras su elección, Jerí brindó un discurso que fue interpretado como un intento por desmarcarse de la confrontación que ha caracterizado al Parlamento en los últimos años y buscar una relación más estable con el Ejecutivo y la ciudadanía. “Somos conscientes del descrédito en el que se encuentra el Congreso ante la opinión pública, por ello nuestro deber será revalorar la política con base en el trabajo honesto y de cara al pueblo”, declaró desde el estrado principal del hemiciclo. Prometió una Mesa Directiva imparcial y neutral, que no actuará como “una oficina más del Ejecutivo, ni un frente de oposición sistemática”, sino como un poder autónomo que hará respetar su independencia.

Uno de los ejes de su mensaje fue la necesidad de que el Congreso recupere la conexión con la ciudadanía. “Hay que volver a escuchar a la población, salir del encierro burocrático y tomar decisiones que reflejen las verdaderas necesidades del país”, expresó. Jerí señaló que su gestión buscará acercar el Parlamento a la gente mediante iniciativas de escucha activa, descentralización del trabajo legislativo y rendición de cuentas periódica. Asimismo, afirmó que se priorizarán proyectos de ley que tengan impacto social y que no respondan a intereses particulares o cálculos partidarios.

Otro de los momentos centrales de su intervención fue la referencia a la transición institucional que representa este periodo. Jerí recordó que esta será la última legislatura en el marco del sistema unicameral y que a partir del 2026 se implementará el Congreso bicameral, tal como lo establece la reciente reforma constitucional aprobada por el propio Legislativo. “Estamos ante un momento histórico. No solo culminamos una etapa, sino que sentamos las bases para una nueva arquitectura legislativa. La responsabilidad de hacer que esta transición sea ordenada, funcional y útil para el país recae en todos nosotros”, sostuvo.

El presidente del Congreso también abordó el tema de la fiscalización, indicando que este rol no se abandonará ni se debilitará. Aseguró que su Mesa Directiva garantizará que las comisiones de control trabajen con total libertad y que se continuará citando a ministros y altos funcionarios cuando sea necesario, sin caer en el obstruccionismo. “El Congreso no debe abdicar a su función de control. La lucha contra la corrupción comienza desde nuestras propias instituciones”, dijo, al tiempo que llamó a sus colegas a actuar con coherencia y transparencia.

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el 28 de julio, Jerí brindó un mensaje institucional en el que reiteró su compromiso con la estabilidad política y el diálogo entre poderes. “Hoy más que nunca debemos generar consensos. El país no puede seguir atrapado en disputas estériles. La gente exige soluciones, no peleas”, manifestó. En esa línea, saludó algunos anuncios realizados por la presidenta Dina Boluarte durante su Mensaje a la Nación, especialmente en el plano social, como el aumento de presupuesto para programas de alimentación y asistencia a poblaciones vulnerables. Sin embargo, fue crítico con la falta de propuestas concretas en materia de seguridad ciudadana y señaló que el Congreso estará vigilante para que el Ejecutivo cumpla con las metas trazadas.

El congresista de Somos Perú también aprovechó su intervención para hacer un llamado a la unidad entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Afirmó que más allá de las diferencias ideológicas, existe un interés común en recuperar la credibilidad del Congreso y fortalecer el sistema democrático. Para ello, invitó a los voceros de todas las bancadas a instalar un “espacio de diálogo permanente” con la Mesa Directiva y promover una agenda legislativa compartida que incluya reformas institucionales pendientes, reactivación económica y medidas de protección social.

La elección de Jerí no ha estado exenta de polémicas. En los días previos a su designación como candidato a la presidencia del Congreso, diversos medios difundieron información sobre denuncias en su contra por presunta violación sexual ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo en Canta. La investigación está a cargo de la Fiscalía y se encuentra en etapa preliminar, aunque ya se han dictado medidas de protección para la supuesta víctima. A ello se suman cuestionamientos por un aumento sustancial en su patrimonio declarado entre 2021 y 2024, así como señalamientos por presuntos cobros indebidos a alcaldes a cambio de partidas presupuestales. Pese a ello, su lista recibió el respaldo de fuerzas clave como Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario, consolidando una mayoría sólida para asumir el control de la Mesa Directiva.

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, Jerí evitó referirse a estos cuestionamientos de manera directa, aunque indicó que siempre colaborará con la justicia y que su prioridad es “trabajar por el país desde el Congreso con responsabilidad y sin distracciones”. En los próximos días, se espera que anuncie los lineamientos de su gestión, así como los nombres de los presidentes de comisiones ordinarias, lo cual dará una idea más clara de los equilibrios internos y las prioridades legislativas de este nuevo periodo.

La presidencia de Jerí Oré se inicia en un momento particularmente sensible para la política peruana. Con una ciudadanía cansada de la confrontación y la inestabilidad, y con los ojos puestos en el proceso electoral del 2026, el Congreso tiene por delante la difícil tarea de reconstruir su imagen institucional y demostrar que puede cumplir su rol sin caer en excesos ni en el descrédito. El mensaje del nuevo titular del Legislativo apunta a una gestión más dialogante y enfocada en resultados, pero su éxito dependerá no solo de sus palabras, sino de su capacidad para articular consensos, responder a las demandas sociales y enfrentar con transparencia las controversias que lo rodean.

[INFORME] El anuncio hecho por la presidenta Dina Boluarte durante el Mensaje a la Nación del 28 de julio de 2025, al declarar la recuperación del río Rímac como proyecto de interés nacional y convocar a una licitación internacional, no surgió de la nada. Este nuevo impulso se apoya en años de planificación previa que, hasta ahora, no habían logrado concretarse en acciones visibles. La idea de recuperar integralmente el río hablador —uno de los principales afluentes de la ciudad de Lima— ha estado presente en distintos gobiernos, pero pocas veces con voluntad política suficiente para llevarse a cabo.

Uno de los antecedentes más sólidos es el Plan Maestro para la Restauración del río Rímac, promovido en 2015 por la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Este documento técnico definía lineamientos precisos: mejorar la calidad del agua, reducir riesgos de desbordes y huaycos, rehabilitar las riberas, promover usos sostenibles y proteger la infraestructura hídrica crítica de la cuenca, como las plantas de tratamiento y las centrales hidroeléctricas. A lo largo de varios años, dicho plan fue actualizado y reactivado con el objetivo de integrarse a otras estrategias urbanas, pero fue perdiendo protagonismo conforme cambiaban los gobiernos.

Paralelamente, el Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac —inserto dentro del Plan Maestro del Centro Histórico al 2035— proponía reconectar el río con la ciudad, a través de un corredor ecológico de aproximadamente 170 hectáreas que combinaba espacios públicos, ciclovías, defensas ribereñas, plazas, zonas de uso mixto, restauración ambiental y valorización del patrimonio histórico. La idea era devolver al Rímac un rol urbano relevante, transformándolo de una fuente de contaminación y abandono en un eje de desarrollo urbano sostenible.

El mensaje presidencial de Boluarte parece recoger el espíritu de ambos esfuerzos. Al declarar el proyecto como de interés nacional, se abre la posibilidad de asignar recursos públicos, convocar a inversionistas extranjeros y convertir lo planeado en obras concretas. En el discurso, la presidenta prometió que la intervención permitirá abrir espacios de recreación, fomentar el turismo, atraer inversión hotelera y gastronómica, y dinamizar la economía del centro histórico. La convocatoria a una licitación internacional es, en teoría, un primer paso firme para iniciar la ejecución.

Sin embargo, el anuncio también debe ser mirado con prudencia y análisis crítico. En el pasado, otras iniciativas similares fueron desactivadas o reemplazadas. Un ejemplo claro es el caso del Proyecto Río Verde, cancelado durante la gestión de Luis Castañeda para redirigir los fondos a la construcción del bypass de 28 de Julio. Esa decisión no solo eliminó una oportunidad de recuperar la ribera del río, sino que también dejó sin solución efectiva a comunidades afectadas, como la población shipiba de Cantagallo. Muchas de esas familias siguen esperando una reubicación digna y definitiva.

Más allá del entusiasmo político que puede generar un anuncio de esta magnitud, lo cierto es que aún no se han presentado cronogramas concretos, presupuestos estimados ni mecanismos de articulación entre los distintos sectores involucrados. El Plan Maestro del Rímac contempla más de 50 intervenciones específicas, muchas de ellas de alta complejidad técnica. Llevarlo a la práctica requiere una coordinación interinstitucional sostenida, voluntad de continuar con el proceso más allá de un solo gobierno y una estrategia clara de sostenibilidad.

Además, se necesita garantizar la participación ciudadana en todas las etapas del proyecto. No se puede repetir la lógica de decisiones unilaterales o de obras impuestas desde arriba. El río Rímac atraviesa distritos muy diversos —desde zonas industriales hasta barrios históricos y comunidades vulnerables— y cualquier intervención real debe considerar sus necesidades, sus riesgos y su historia.

El hecho de que Boluarte haya elegido este proyecto como uno de los anuncios principales de su mensaje en Fiestas Patrias sugiere una intención de dejar un legado visible antes de cerrar su gobierno. En un contexto de aprobación ciudadana muy baja y con un Congreso fragmentado, este tipo de anuncios también tienen una carga simbólica: mostrar gestión, planificación y visión de largo plazo. Pero lo cierto es que ya han pasado varios años desde que el país cuenta con un plan técnico completo y viable. El desafío no es diseñarlo, sino ejecutarlo.

El río Rímac ha sido durante décadas el reflejo de las contradicciones de Lima: vital y contaminado, visible pero olvidado, presente en la memoria urbana pero ausente en las decisiones de política pública. Recuperarlo no es solo una cuestión ambiental o estética, sino un acto de justicia histórica, de reparación urbana y de apuesta por una ciudad más vivible y equilibrada. El mensaje de Boluarte puede ser un punto de inflexión. Pero como tantas veces ha ocurrido en la historia del urbanismo limeño, todo dependerá de si las palabras se convierten en obras y de si el Estado logra superar su mayor obstáculo: la discontinuidad.

[INFORME] Este lunes 29 de julio, la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar volverá a tomar el centro de atención en la capital con motivo del 204 aniversario de la independencia del Perú. La ceremonia, organizada por el Ministerio de Defensa, se llevará a cabo en la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre las avenidas 28 de Julio y Javier Prado. Se espera la participación de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, delegaciones civiles y escolares, además de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Como ya es tradición, el evento será encabezado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada por miembros de su gabinete y altos mandos militares. El desfile arrancará a partir de las 9:00 a.m. y se prevé que se extienda hasta el mediodía. A lo largo de la avenida se han instalado tribunas y zonas especiales de seguridad que albergarán a más de 18 mil personas, entre asistentes e invitados.

Pero mientras el país se alista para presenciar uno de los actos más representativos del calendario patrio, los vecinos de Jesús María, Breña, Pueblo Libre y zonas aledañas ya sienten los efectos colaterales de esta celebración. Desde el 15 de julio, las vías auxiliares de la avenida Brasil han sido cerradas parcialmente para permitir el armado de estructuras, torres de vigilancia, pantallas y graderías. El cierre total de la avenida se ejecutará desde las 00:00 horas del lunes 29 de julio, y se mantendrá hasta la tarde, una vez culminadas las labores de desmontaje y limpieza.

La Municipalidad de Lima ha anunciado un plan de desvíos que permitirá a los vehículos circular por rutas alternas. En dirección norte a sur, los conductores deberán tomar avenidas como Alfonso Ugarte, Venezuela, Tingo María, San Martín, Sucre e Independencia. En sentido contrario, las rutas sugeridas incluyen Salaverry, Ejército, Washington y Uruguay. Sin embargo, en la práctica, el flujo vehicular ya ha comenzado a resentirse.

En los últimos días, se han registrado serios embotellamientos en varias de estas vías alternas, especialmente en horas punta. Conductores que transitan por la zona han señalado que el tráfico ha empeorado y que, en algunos tramos, el avance es de apenas una cuadra cada diez o quince minutos. “Esto pasa todos los años, pero esta vez ni siquiera han señalizado bien. Uno se entera del cierre cuando ya está atrapado en el tráfico”, comentó Manuel Villalobos, taxista de Jesús María.

Los vecinos también han expresado su malestar. Algunos aseguran que no han recibido información clara ni con la anticipación suficiente para reorganizar su movilidad. “Yo tengo que llevar a mi mamá a su tratamiento médico el lunes temprano, pero con la avenida cerrada y los desvíos, no sé cómo vamos a llegar. No todos pueden caminar diez cuadras para cruzar”, dijo Rosa Fernández, residente de la cuadra 20 de Brasil.

El impacto también alcanza al comercio local. Tiendas, panaderías, farmacias y pequeños negocios han reportado una baja en sus ventas en las últimas dos semanas. Varios proveedores han tenido que cambiar sus horarios de reparto o evitar del todo ingresar a la zona. “La gente no pasa como antes, y muchos se van por otras avenidas. A nosotros sí nos afecta”, señaló la encargada de una bodega en Pueblo Libre.

Desde la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también se ha informado que varias rutas de transporte público modificarán su recorrido durante el 29 de julio. El corredor morado (ruta 404) y el servicio AeroDirecto Sur desviarán su trayecto por avenidas como Bolívar, Sucre, Salaverry y Paseo de la República, afectando a cientos de usuarios que deberán buscar paraderos alternos. La ATU ha pedido a los pasajeros planificar con anticipación sus desplazamientos y tomar previsiones ante el cierre completo de la vía.

A pesar de las críticas, desde el municipio y el Ejecutivo defienden la organización del desfile como un acto simbólico que fortalece la identidad nacional. “Entendemos las molestias, pero este evento tiene un valor institucional muy importante. Hay un despliegue técnico y logístico enorme para que se desarrolle con orden y seguridad”, indicó Arnaldo Armas, gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, especialistas en gestión urbana han advertido que la ciudad no puede seguir repitiendo el mismo esquema todos los años sin mejoras reales en planificación. “No se trata de impedir la Parada Militar, sino de asumirla con responsabilidad urbana. Si sabemos que habrá un cierre prolongado, entonces hay que informar mejor, coordinar con el transporte público, señalizar con tiempo y evitar improvisaciones”, afirmó Luis Carpio, urbanista consultado por medios locales.

El desfile del 29 de julio será transmitido en vivo por los principales canales de televisión y contará con una importante cobertura mediática. Para muchos, será una oportunidad para celebrar la historia del país y reconocer la labor de las Fuerzas Armadas. Pero para otros, será también una nueva jornada de rutas cerradas, embotellamientos interminables y una ciudad colapsada por falta de previsión.

Lo cierto es que la Gran Parada Militar se ha convertido no solo en un símbolo patrio, sino en una prueba de fuego para la capacidad de organización de las autoridades locales. Si este año no se toman medidas efectivas para mitigar el impacto urbano del evento, difícilmente cambiará la percepción de que, más que una fiesta nacional, se trata de una molestia anual que Lima simplemente debe aguantar.

La fórmula ganadora estuvo respaldada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular y el propio grupo de Jerí, una coalición que unió a bancadas tradicionalmente enfrentadas, consolidando una mayoría capaz de controlar la conducción parlamentaria. Junto al nuevo presidente del Legislativo fueron elegidos Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) como primer vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre) como segundo vicepresidente e Ilich López (Acción Popular) como tercer vicepresidente.

La elección no estuvo exenta de críticas. José Jerí enfrenta una denuncia por presunta violación sexual, una investigación por enriquecimiento ilícito y cuestionamientos por haber cobrado sesiones sin sustento cuando presidía la Comisión de Presupuesto. Pese a ello, la Comisión de Ética del Congreso decidió no abrir una investigación preliminar en su contra, lo que fue interpretado por diversos sectores como un acto de blindaje. Esta decisión fue tomada con el apoyo de congresistas de las mismas bancadas que hoy integran la Mesa Directiva.

El triunfo de Jerí se produjo sin que su lista presentara una propuesta legislativa clara o un discurso de fondo sobre el futuro del Parlamento. La elección se centró en la negociación de respaldos internos más que en compromisos frente a la ciudadanía. En contraste, la lista encabezada por Cueto, respaldada por Honor y Democracia y Podemos Perú, había prometido una gestión sin “blindajes” y con énfasis en el control político y la reforma de la bicameralidad, pero no logró los votos suficientes.

La nueva Mesa inicia funciones en un contexto de profunda desconfianza hacia el Congreso. Con una desaprobación sostenida en las encuestas, la ciudadanía reclama una conducción más ética, transparente y conectada con sus demandas. Sin embargo, la elección del sábado fue leída por analistas y medios como una señal de continuidad, más que de cambio. Se renovaron los nombres, pero no necesariamente las prácticas.

El Congreso comienza una nueva legislatura con el reto de recuperar su legitimidad. La elección de Jerí y su equipo, lejos de calmar las aguas, plantea más preguntas que respuestas. En un Parlamento que ha perdido credibilidad, esta nueva conducción deberá demostrar que está dispuesta a gobernar más allá de las cuotas partidarias y los acuerdos de conveniencia. Si no lo hace, corre el riesgo de profundizar aún más el distanciamiento entre la representación política y la ciudadanía.

[INFORME] La Municipalidad Metropolitana de Lima firmó un acuerdo con Caltrain para recibir, sin costo, una flota ferroviaria que ya había sido retirada del servicio en Estados Unidos. A la fecha, han llegado 43 coches y 11 locomotoras, y estaba prevista una segunda entrega. Sin embargo, a fines de mayo de 2025, la empresa notificó que tres vagones y una locomotora no serían enviadas por presentar fallas irremediables. La Municipalidad formalizó la reducción sin mayores explicaciones y actualizó el valor de la donación, restando casi cinco millones de dólares a la cifra inicial.

Pero más allá del recorte, lo que más ha llamado la atención son los cuestionamientos técnicos. Un informe de la Contraloría advirtió discrepancias en los documentos de mantenimiento: mientras los registros de Caltrain indican que algunos vagones no reciben overhaul desde el año 2002, la MML asegura que estos trabajos se hicieron en 2020. Esta contradicción es grave, ya que pone en duda el estado real de las unidades que se planean poner a circular en una de las rutas más transitadas de Lima.

Durante una inspección en la estación Monserrate, la Contraloría también verificó que las locomotoras no fueron encendidas ni sometidas a pruebas básicas, lo que impidió determinar si están operativas. El propio vicecontralor Marco Argandoña confirmó que la documentación entregada es insuficiente y que el equipo de control realizará una nueva revisión más exhaustiva en el puerto del Callao.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha sido firme al afirmar que este tren no puede operar. Según el ministro César Sandoval, no se ha presentado ningún estudio técnico, ni se ha acondicionado la vía para el servicio de pasajeros. “No hay doble vía, no hay señalización, no hay sistema de seguridad. No se puede permitir una marcha blanca en esas condiciones. Sería jugar con la vida de los ciudadanos”, declaró recientemente.

El alcalde López Aliaga ha respondido con dureza. En diversos medios ha acusado al MTC de boicotear el proyecto y de querer “robarse” las piezas del tren. Incluso envió una carta a la presidenta Dina Boluarte solicitando la destitución del ministro. Por su parte, Sandoval ha anunciado una demanda por calumnia, argumentando que el alcalde está mintiendo deliberadamente para victimizarse políticamente.

En medio del enfrentamiento, la Municipalidad se retiró momentáneamente de la mesa técnica conformada con el MTC, la Contraloría, la ATU y otros entes, aunque días después accedió a reincorporarse. La tensión, sin embargo, no ha bajado.

Para el ingeniero en transporte y exasesor del MTC, Luis Quispe Candia, “el problema no es solo si los trenes están operativos o no. Es que no hay una planificación real. No puedes anunciar un servicio de pasajeros en una vía que no está diseñada para eso, y con equipos que no tienen garantía técnica. Este proyecto está siendo manejado de manera improvisada y con claros fines políticos”.

Además de los aspectos técnicos, también hay cuestionamientos sobre el valor declarado de la donación. La SUNAT detectó que la Municipalidad de Lima registró los bienes por más de 822 millones de soles, una cifra 16 veces superior a su valor real en el mercado, lo que ha generado sospechas de inflación patrimonial con fines contables o de imagen.

A estas alturas, el tren Lima–Chosica parece más una promesa propagandística que un proyecto de transporte viable. Los vagones siguen almacenados, los estudios siguen pendientes y la ciudad continúa atrapada en su caos habitual. La ciudadanía, expectante, observa cómo una iniciativa que pudo tener potencial, hoy está empantanada entre la falta de transparencia, la carencia de planificación y un enfrentamiento político que ha desplazado por completo el interés público.

[INFORME] Más de dos años después del cierre formal del relleno sanitario “El Zapallal”, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo, nuevas supervisiones revelan una grave situación de deterioro ambiental. De acuerdo con la Resolución N° 00010-2025-OEFA/DSIS, emitida en abril de este año, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha exigido la elaboración urgente de un Plan de Cierre integral, tras detectar severas deficiencias en la infraestructura y gestión de residuos en el área.

La resolución detalla que las tres celdas de disposición final —dos para residuos municipales y una para residuos de establecimientos de salud— operaron durante décadas bajo instrumentos de gestión ambiental fragmentados o inexistentes. En el caso de la celda construida en la quebrada N° 2, habilitada en 2021, ni siquiera cuenta con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado, pese a haber estado en operación activa hasta febrero de 2023.

Lo más alarmante es que, a la fecha, los lixiviados siguen generándose, acumulándose y siendo recirculados sin tratamiento adecuado. Esta práctica, verificada en enero de 2025 durante una inspección de OEFA, se realiza con camiones cisterna que transportan líquidos altamente contaminantes desde pozas de almacenamiento hasta la parte superior de las celdas, con el fin de reinyectarlos. Este proceso no solo incumple las normas mínimas de cierre, sino que representa un riesgo inminente para el subsuelo y los acuíferos que alimentan la cuenca del río Chillón.

Según los técnicos de OEFA, las plataformas carecen de sistemas impermeabilizantes en la base —geomembranas o capas de arcilla— y los lixiviados se infiltran directamente al terreno. A esto se suma que el suelo sobre el que se asienta el relleno no actúa como barrera geológica natural, por lo que los contaminantes pueden estar llegando ya al acuífero del valle de Chillón, fuente de agua subterránea para varios distritos del norte de Lima.

La resolución también pone en evidencia que las operaciones de cierre técnico nunca comenzaron formalmente, y que el manejo actual es insuficiente y desarticulado. Las acciones observadas —como la quema de gases o la arborización en zonas específicas— no forman parte de un plan integral, y en muchos casos, ni siquiera fueron contempladas en los PAMA o EIA aprobados previamente.

El OEFA ha determinado que las operaciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima —actual responsable del sitio, tras el fin de la concesión con Innova Ambiental— no cumplen con los estándares mínimos definidos por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por esta razón, ha ordenado como única medida obligatoria la presentación de un Plan de Cierre completo, que incluya el diseño de cobertura final, control de gases, tratamiento de lixiviados, monitoreo ambiental, medidas post-cierre y, de ser posible, el proyecto de uso del área.

El documento también revela que la vida útil del relleno fue ampliamente sobrepasada, y que en los últimos años de operación se llegó a recibir más del doble de residuos de lo permitido. Para 2021, por ejemplo, se recibieron hasta 4100 toneladas diarias, cuando el límite aprobado era de 1727. Esta sobrecarga aceleró el deterioro de la infraestructura y generó un colapso operativo que se mantiene hasta hoy.

Uno de los puntos más críticos del informe técnico es la existencia de afloramientos visibles de lixiviados por los taludes de las celdas, canales erosionados por escurrimientos ácidos y un deficiente sistema de captación y conducción de aguas residuales. La falta de cobertura final ha facilitado la generación continua de biogás y el riesgo de incendios o explosiones.

En palabras del informe, “las condiciones actuales evidencian que los impactos ambientales negativos difieren sustancialmente de los previstos en los instrumentos ambientales aprobados”. Esto ha motivado a OEFA a dejar sin efecto los requerimientos anteriores y consolidarlos en una sola obligación prioritaria: el cierre ordenado y completo de la unidad fiscalizable.

El caso de El Zapallal es un ejemplo de cómo las brechas regulatorias, la fragmentación institucional y la falta de fiscalización efectiva pueden convertir una infraestructura diseñada para proteger la salud pública en un foco de contaminación regional. A pesar de las advertencias acumuladas desde 2020, las autoridades locales y el Ministerio del Ambiente han permitido que el pasivo ambiental se agrave.

Ahora, con el tiempo en contra y la salud ambiental del valle de Chillón en juego, la responsabilidad recae sobre la Municipalidad Metropolitana de Lima, que deberá demostrar si está en condiciones técnicas y políticas para remediar una crisis que heredó, pero que no puede seguir postergando.

[INFORME] Durante la ceremonia de lanzamiento de la ruta turística “Caminos del Papa León XIV”, realizada simultáneamente en Chiclayo, Trujillo, Piura y el Callao, la presidenta Dina Boluarte protagonizó un momento incómodo. En pleno acto, anunció la incorporación de la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, al itinerario, aparentemente ignorando que ya formaba parte del diseño oficial. Fue la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien corrigió discretamente a la mandataria durante el discurso: “Está en la ruta, me dice la ministra”, dijo Boluarte, visiblemente sorprendida.

La ruta, presentada como un recorrido espiritual e histórico por los lugares donde el nuevo papa —el cardenal Robert Prevost, ahora León XIV— desarrolló casi cuatro décadas de labor pastoral en el norte del país, incluye entre 35 y 38 atractivos turísticos en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Piura y el Callao, y en una próxima fase, Apurímac. El proyecto compromete una inversión de aproximadamente 540 millones de soles, destinados a la restauración de iglesias, museos, señalética y mejoras de accesos. También contempla la participación de gobiernos regionales, locales, la Iglesia Católica, PromPerú y el sector privado.

El sustento técnico del proyecto cuenta con mesas intersectoriales formadas en mayo en diversas ciudades del norte, donde se identificaron rutas integrales que incluyen templos, conventos, playas y centros arqueológicos.

Sin embargo, el traspié al anunciar la supuesta inclusión de Santa Cruz, cuando la provincia ya estaba contemplada, fue captado por los medios. El hecho fue rápidamente reconocido como un “papelón presidencial” y suscitó críticas en redes sociales que denunciaron la improvisación y la falta de dominio sobre el proyecto.

Consultadas por este medio, dos fuentes anónimas con experiencia en turismo y gestión pública coincidieron en que el incidente refleja una falta de rigor técnico alarmante. Una indicó que: “Este tipo de errores transmite una desconexión entre el mensaje político y la información técnica fundamental, lo cual puede minar la credibilidad del proyecto ante las autoridades locales y las comunidades».

La segunda aportó una reflexión sobre comunicación institucional: “Los anuncios presidenciales deben estar alineados con la planificación oficial. Cuando no ocurre, se genera desconfianza y se debilita la imagen del gobierno”.

Las declaraciones se suman al llamado a mejorar la articulación entre el aparato político y los equipos técnicos, que nuevamente sale a la luz debido a un detalle “básico” omitido durante un evento de gran relevancia mediática.

A pesar del error, durante el evento la ministra León resaltó la conciencia interregional del plan, subrayando que la ruta constituye “un camino espiritual” que “rehabilita la memoria, la fe y la esperanza de un pueblo” y fomentará empleo en múltiples sectores. En tanto, la jefa de Estado calificó la iniciativa como “un homenaje al papa peruano” y anticipó la futura inclusión de Apurímac, región donde también sirvió Prevost.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna rectificación oficial ni comunicado aclarando el traspié, pero el episodio deja en evidencia la necesidad de estandarizar discursos y priorizar la precisión ante eventos institucionales. En un contexto donde la población exige solidez y coherencia en la gestión pública, incluso lapsus menores pueden convertirse en símbolos de desorden y falta de preparación.

[INFORMES] Según consta en las actas judiciales del proceso, el 1 de diciembre de 2016 se habría realizado una asamblea en la Comunidad Campesina de Quipan, ubicada en la provincia de Canta, región Lima. En dicha reunión —identificada como Asamblea N.º 16— se habría acordado la venta de 10,000 hectáreas de tierras comunales a favor de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, por un valor total de 600,000 soles.

El acuerdo incluía no solo la transferencia del terreno, sino también la otorgación de poderes especiales al entonces presidente de la comunidad, Abel Cruz Mosquera Ortiz, para que pudiera proceder con la firma de la escritura pública ante notario y formalizar el proceso de venta.

Los días siguientes, según el expediente judicial, fueron clave para convertir el acta comunal en un documento de valor legal. El 10 de diciembre de 2016, Cruz Mosquera se presentó ante el notario Luis Manuel Gómez Verastegui, en Lima, donde presentó el acta de la Asamblea N.º 16 y juró su autenticidad, tanto en los nombres como en las firmas consignadas.

Posteriormente, el 12 de diciembre, llevó dicha acta legalizada hasta la Notaría de Claudio Fredy Galván Gutiérrez, con sede en la provincia de Canta, para realizar la minuta de compraventa e independización del terreno comunal. Finalmente, la operación fue elevada a escritura pública y se inscribió en SUNARP, donde el predio fue registrado bajo los códigos P18022861 y P18029956 a nombre de la empresa adquiriente.

El circuito estaba completo: asamblea, declaración jurada, legalización notarial, escritura pública e inscripción en Registros Públicos. Sin embargo, el mismo proceso que permitió formalizar la venta es el que hoy es objeto de cuestionamiento judicial.

Según la acusación fiscal, existe evidencia de que la asamblea del 1 de diciembre nunca se realizó en los términos indicados, o al menos no con la participación que se consigna en el acta presentada. De los 40 comuneros que aparecen como asistentes —con nombre, DNI y firma— 37 de ellos declararon formalmente que no asistieron ni firmaron el acta en cuestión. De los tres restantes, uno ha fallecido y los otros dos no pudieron ser ubicados.

En esa línea, el Ministerio Público sostiene que el acta presentada tendría contenido falso, y que fue utilizada para dar apariencia de legalidad a una venta que no contaba con respaldo comunitario real. Este documento habría sido clave para permitir la inscripción de la transferencia en SUNARP y consolidar la titularidad a favor de la empresa privada.

Uno de los elementos que complica la evaluación de los hechos es la pérdida del libro de actas que contiene el documento original de la Asamblea N.º 16. Según declaró el propio Abel Cruz Mosquera, el libro fue extraviado el 19 de diciembre de 2016, cuando olvidó su maletín en un taxi mientras se trasladaba por Lima. La denuncia de la pérdida fue registrada en la comisaría de la PNP-Unificada, bajo el número 8509134, pero el expediente judicial señala que no se aportaron pruebas materiales que confirmen dicha versión.

Este hecho es central, ya que la inexistencia del libro impidió la realización de una pericia técnica sobre la autenticidad del acta original. Sin el documento matriz, solo se pudo trabajar con copias legalizadas, lo cual limita el alcance de cualquier prueba científica sobre firmas, tintas o alteraciones.

La tesis de la defensa: error humano, no falsedad

La defensa legal de Abel Cruz ha sostenido durante el proceso que no hubo intención delictiva ni falsedad material. En su declaración instructiva, el acusado señaló que el acta fue redactada conforme a los acuerdos reales de la comunidad y que el libro fue perdido por descuido. Asegura además que no falsificó firmas ni manipuló contenidos, y que todas las gestiones fueron realizadas dentro del marco legal, cumpliendo con los pasos notariales y registrales requeridos.

También sostiene que el acto de venta respondió a una necesidad de la comunidad: obtener recursos para cubrir una deuda con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, que databa de gestiones anteriores. El pago de 18,300 soles por ese concepto aparece mencionado en el expediente como una de las razones que motivaron la operación.

Lo que dice el expediente: acciones “coherentes y cronológicas”

En varias secciones, el expediente señala que la secuencia de acciones tomadas por el acusado fue “lógica, racional y razonable”, si se observa en conjunto. Es decir, que si bien existen dudas sobre la veracidad del acta y la pérdida del libro, las actuaciones posteriores —presentación de documentos, formalización notarial, inscripción registral— se realizaron de manera coherente y sin interrupciones visibles.

No obstante, se señala también que los comprobantes de legalización se obtuvieron en notarías distintas, y que el notario Galván solo recibió una copia del acta legalizada, no el documento original. Esta situación, según el documento judicial, puede haber influido en la validez sustantiva del proceso, más allá de su formalidad.

Este caso pone en evidencia un problema estructural: la fragilidad institucional en la que operan muchas comunidades campesinas del Perú. La tenencia colectiva, el manejo de libros oficiales, la validación de asambleas y la relación con notarios o registros públicos no siempre cuentan con salvaguardas adecuadas. La brecha entre la legalidad formal y la legitimidad comunitaria se amplía cuando no hay acceso a información, acompañamiento legal o mecanismos de fiscalización interna.

En este contexto, las decisiones tomadas por una dirigencia pueden adquirir fuerza legal sin que la mayoría de comuneros las respalden. La falta de protocolos claros para validar la autenticidad de actas, firmas o quórums hace que comunidades enteras puedan verse afectadas por decisiones administrativas o notariales difíciles de revertir.

El terreno en disputa: 10 mil hectáreas y la importancia de la memoria comunal

En el fondo del conflicto se encuentran 10,000 hectáreas de tierra comunal, espacio de valor ecológico, productivo y cultural. Si bien el precio pactado de 600,000 soles representa una suma significativa, también deja preguntas abiertas sobre el aval de la comunidad, el destino de los fondos y la transparencia en su administración posterior.

La pérdida del libro de actas —pieza clave del proceso— deja un vacío no solo legal, sino también simbólico: es en esos registros donde la memoria institucional de una comunidad se conserva. Cuando desaparecen, también lo hace la capacidad colectiva de rendir cuentas y ejercer control sobre decisiones pasadas.

Hasta la fecha de elaboración de este informe, el caso sigue siendo objeto de evaluación en sede judicial. Las acusaciones fiscales incluyen presunta falsedad ideológica en documento público, aunque la defensa ha insistido en que no existen pruebas concluyentes de manipulación. La resolución definitiva aún está pendiente.

[INFORMES] Santa Anita huele raro desde hace tiempo. No por la basura acumulada en sus esquinas ni por los camiones recolectores que circulan a cualquier hora, sino por el silencio. Un silencio espeso, peligroso, que se instala cuando las instituciones dejan de funcionar y el miedo se convierte en norma. Un silencio que ya mató una vez —cuando asesinaron al teniente alcalde John Valverde— y que amenaza con volver a hacerlo.

Lo que ocurre en este distrito de Lima no es una anécdota política. Es una radiografía de cómo el poder, cuando no encuentra freno, puede pudrirse desde adentro. Y de cómo las redes de influencia económica, violencia y omisión institucional pueden enquistarse en una gestión local sin que nadie las detenga.

A inicios de este año, Ruth Cuno, actual teniente alcaldesa, propuso una moción de vacancia contra el alcalde Olimpio Alegría. El motivo no era menor: desde hace tiempo, varios regidores venían alertando que la empresa recolectora de basura, Industrias Argüelles, seguía operando sin licitación vigente. El contrato, que había vencido, no fue renovado ni sometido a concurso público. En lugar de eso, se mantuvo activo por decisión unilateral del alcalde, en condiciones que nadie explica del todo.

Cuno no solo firmó la moción. Salió a denunciar públicamente. Exigió transparencia, pidió documentos, alertó sobre lo que muchos sospechan: que detrás del contrato de basura hay intereses que exceden la limpieza de calles. Entonces comenzaron las amenazas.

Primero, un desconocido apareció frente a su casa. No fue un mensaje ambiguo. Le dijo que parara con la vacancia. Luego, días después, incendiaron la puerta de su vivienda. En el suelo dejaron balas y una nota con la frase: “Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John”.

John Valverde fue teniente alcalde hasta octubre de 2023. Fue también una voz crítica de la gestión de Alegría. Murió asesinado a balazos mientras manejaba. El crimen, hasta hoy, no tiene responsables. Nadie ha sido imputado. No hay avances visibles en la investigación fiscal. La muerte quedó congelada en el archivo del Ministerio Público, como si fuera un caso más.

El paralelismo entre Valverde y Cuno no necesita mayor esfuerzo interpretativo. Ambos cuestionaron la misma red de poder. Ambos denunciaron lo que muchos prefieren callar. La diferencia es que Cuno aún está viva. Y que la Fiscalía aún está a tiempo. Pero la pregunta que muchos se hacen en Santa Anita es: ¿hasta cuándo?

El Ministerio Público no ha emitido medida alguna de protección hacia Cuno, ni ha activado una investigación formal por tentativa de homicidio o amenaza agravada. Todo lo ocurrido —el incendio, las balas, la nota— sigue sin respuesta. La inacción no solo deja desamparada a una funcionaria electa; le da carta libre a quienes buscan gobernar a través del miedo.

Detrás de la historia hay una estructura conocida. Un servicio municipal de alto costo como el recojo de residuos; un contrato vencido que, en lugar de resolverse por concurso público, se sostiene por decisión política; una empresa privada beneficiada sin justificación técnica aparente; regidores que intentan cuestionar y terminan amenazados; una Fiscalía que no actúa. Y un distrito que, mientras tanto, se hunde en la desconfianza.

Lo que sucede en Santa Anita no es un hecho aislado. En distritos como Villa María del Triunfo, Surquillo o San Juan de Lurigancho, el manejo de los servicios municipales —basura, seguridad, licencias— se ha convertido en terreno fértil para redes clientelares, mafias locales o empresas que sobreviven gracias a favores. La diferencia está en el costo humano. En Santa Anita, ya hubo un muerto. Y ahora hay una mujer que vive con miedo, con la puerta quemada, con la certeza de que nadie la protege.

La Fiscalía, institución clave para frenar estos círculos de violencia y corrupción, ha fallado. Ha tenido la oportunidad de actuar y no lo ha hecho. Ha tenido las pruebas mínimas para iniciar una investigación y no ha movido una sola carpeta. Cada día que pasa sin acción no solo alimenta la impunidad; también normaliza que en el Perú, cuando alguien en el poder se siente incómodo, puede mandar a callar con fuego.

Cuno no es solo una funcionaria. Es el símbolo de una pregunta que todos evitamos responder: ¿cuánto vale la vida de un regidor en el Perú? ¿Cuántas pruebas se necesitan para que una amenaza sea tomada en serio? ¿Qué está esperando la Fiscalía?

El alcalde Alegría sigue en funciones. El contrato con Industrias Argüelles, también. Nadie ha salido a explicar por qué se sostiene un vínculo comercial sin licitación. Nadie ha negado los hechos. El Concejo Municipal está dividido entre quienes temen y quienes se resignan. Y la ciudadanía, que votó por transparencia, hoy asiste a un espectáculo de sombras, donde todo puede pasar y nada se investiga.

Santa Anita está al borde de convertirse en un modelo de lo que no debe pasar. La basura no solo se acumula en las calles. Se acumula en las oficinas que deberían fiscalizar. Se acumula en las carpetas fiscales sin movimiento. Se acumula en la política cuando se llena de miedo. Y mientras eso pasa, el silencio se vuelve costumbre. Y la impunidad, regla.

Lo que está en juego aquí no es solo un contrato irregular ni una vacancia municipal. Lo que se disputa es el sentido mismo de la política local: si sirve para el bien común o para blindar negocios privados; si protege a los que denuncian o los deja solos; si el Estado reacciona antes de que sea demasiado tarde.

En Santa Anita, el tiempo corre. Y cada día que pasa sin justicia es un día más en que los responsables del miedo siguen ganando.