A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía no ha tomado acciones concretas para esclarecer las amenazas contra Ruth Cuno ni el asesinato de John Valverde. Este vacío institucional deja en evidencia la ineficacia del sistema judicial para responder a la creciente violencia política y la infiltración de organizaciones criminales en la gestión municipal.
Un elemento clave en este entramado es la empresa Industrias Argüelles, encargada del servicio de recolección de residuos en Santa Anita. Su contrato vence este año y varios regidores, incluida Cuno, han solicitado su rescisión debido a presuntas irregularidades. No obstante, el alcalde Olimpio Alegría se ha negado a revisar dichos contratos, lo que ha generado una fuerte fractura dentro del concejo municipal.
Asimismo, Limber Bustamante, impulsor de la vacancia de Alegría, ha denunciado amenazas similares, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de coerción sistemática contra quienes intentan alterar el status quo en la municipalidad. En este contexto, el alcalde ha defendido su gestión, argumentando que no existe ilegalidad en la contratación de su exasesor de campaña dentro de la administración pública.
Este caso se inscribe en un escenario de creciente tensión dentro de la alcaldía de Santa Anita, donde las amenazas y atentados parecen estar directamente ligados a los intereses que giran en torno a la gestión de residuos sólidos. A un año y medio del asesinato de Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Cuno, quien asumiría el cargo si se concreta la vacancia de Alegría.
El hostigamiento en su contra se intensificó en las últimas semanas. Primero, un desconocido le advirtió desde un vehículo que detuviera sus acciones en favor de la vacancia. Luego, seis días después, en la medianoche, sujetos no identificados prendieron fuego en la puerta de su vivienda y dejaron un sobre con tres balas, acompañado de un mensaje amenazante: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John».
Cuno sostiene que las amenazas están directamente vinculadas a la disputa por el control del servicio de recolección de basura en el distrito. En paralelo, la investigación sobre el asesinato de Valverde sigue sin avances significativos, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de una red mafiosa con conexiones en múltiples distritos de Lima.
Un patrón de violencia e impunidad
El caso de Santa Anita no es un hecho aislado. La violencia vinculada al control de recursos municipales y ambientales se replica en otras jurisdicciones. Un ejemplo es el asesinato de Santiago Guardamino, defensor de derechos territoriales en la comunidad de Quipán, quien fue ultimado horas antes de testificar ante el Ministerio Público. Guardamino denunciaba la apropiación ilegal de tierras comunales por parte de Industrias Argüelles, a través de la falsificación de documentos y el soborno a funcionarios públicos.
Aunque el Ministerio Público inició una investigación preliminar sobre presuntos delitos ambientales y corrupción en el manejo de residuos sólidos, las acciones tomadas hasta el momento no han dado resultados tangibles. La impunidad con la que operan estas redes refleja un problema estructural dentro del sistema judicial y la falta de voluntad política para erradicar la corrupción en el manejo de los servicios públicos.
Mientras tanto, Ruth Cuno continúa con su labor, a pesar del riesgo que implica desafiar intereses enquistados en la gestión municipal. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias, porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», sentencia.
El caso de Santa Anita ilustra con crudeza cómo el negocio de la basura en Lima no solo es una fuente de corrupción, sino también de violencia y muerte. Sin una respuesta efectiva de las autoridades, la impunidad seguirá siendo el mayor aliado de estas mafias.
