Este caso se extiende a la alcaldía de Santa Anita, después de un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece, que sigue siendo un escenario de tensión y violencia, donde amenazas y asesinatos parecen estar vinculados al negocio de la recolección de basura. Un año y medio después del asesinato del teniente alcalde John Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Ruth Cuno Chura, la actual teniente alcaldesa, quien podría asumir el cargo si se concreta la vacancia del alcalde Olimpio Alegría.
Cuno fue víctima de una amenaza verbal mientras regresaba a casa. Un desconocido le gritó desde un vehículo, advirtiéndole que cesara con sus acciones relacionadas con la vacancia del alcalde. La regidora, quien no denunció la amenaza, pensó que el incidente no tendría mayores repercusiones. Sin embargo, seis días después, la situación empeoró.
A la medianoche, un grupo de personas prendió fuego en la puerta de su casa, dejando un sobre con tres balas y una nota que le advertía: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John». Cuno, visiblemente afectada, explicó que el móvil de las amenazas está relacionado con el proceso de vacancia que enfrenta el alcalde, quien es señalado por presuntas irregularidades en su gestión, especialmente por la contratación de su exasesor de campaña en el municipio.
A pesar de no saber quién está detrás de estas amenazas, Cuno está convencida de que todo está vinculado a la disputa por el negocio de la recolección de residuos en el distrito. En la investigación sobre el asesinato de Valverde, que aún no ha logrado esclarecerse, se apunta a la existencia de una mafia relacionada con este negocio, que opera en varios distritos de Lima.
La empresa encargada de la recolección de basura en Santa Anita, Industrias Argüelles, de quien hemos hablado en diferentes informes de Sudaca, ha sido señalada como un punto clave en este entramado de intereses. El contrato de la empresa vence este año, y los regidores de la municipalidad, entre ellos Cuno, habían solicitado su rescisión. Sin embargo, el alcalde se negó a revisar estos contratos, lo que generó fricciones con su propio concejo municipal.
Vecinos de Santa Anita, que pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, sostienen que las amenazas contra Cuno están vinculadas a la negativa de la gestión municipal a ceder a los intereses de las mafias que controlan el negocio de la basura.
El caso se complica aún más con las denuncias de corrupción dentro del concejo. Limber Bustamante, impulsor del proceso de vacancia contra el alcalde, reveló que recibió amenazas directas de parte de un desconocido que le advirtió sobre las consecuencias de continuar con la solicitud. En respuesta, el alcalde defiende su gestión, argumentando que no cometió ninguna irregularidad al contratar a su exasesor.
En el contexto de Santa Anita, la violencia no es un hecho aislado. En abril del año pasado, el líder de la banda «Los Gallegos de Santa» fue detenido por su vinculación con el sicariato y el tráfico de terrenos, además de extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas. La regidora Jacqueline Beatriz Barzola, también involucrada en el caso, está actualmente detenida por presuntos vínculos con esta banda.
Ruth Cuno, por su parte, insiste en que su lucha no es contra el alcalde, sino por hacer cumplir la ley, a pesar de las amenazas constantes. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», concluye la regidora, quien continúa desempeñando su labor en medio de un clima de violencia y corrupción que sacude la alcaldía de Santa Anita.
Santiago Guardamino, un defensor de los derechos territoriales en la comunidad de Quipán, fue asesinado el 20 de marzo de 2024, justo horas antes de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Su trabajo se centraba en denunciar irregularidades relacionadas con la empresa Industrias Argüelles, que está implicada en la apropiación fraudulenta de 10,000 hectáreas de tierras comunales. Este acto delictivo habría involucrado falsificación de documentos y sobornos a funcionarios públicos.
Guardamino había recibido amenazas en varias ocasiones, especialmente por su activismo en contra de la empresa, que se sospecha opera en complicidad con altos funcionarios. Su asesinato, considerado premeditado, ha dejado a su familia —una viuda y dos hijos— en busca de justicia, mientras las investigaciones continúan.
El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, ha iniciado una investigación preliminar sobre presuntos delitos relacionados con el manejo de residuos sólidos en el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la comunidad campesina de Quispán, e involucra a varios funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima).
Los funcionarios, incluidos Nancy Chauca y Elizabeth Ochoa, son acusados de actuar en contubernio para desviar el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se alega que el Gobierno Regional de Lima emitió una resolución administrativa sin la debida competencia, afectando la correcta tramitación del EIA.
La Fiscalía ha comenzado a recolectar pruebas y documentos, y se investiga la posible comisión de delitos por incumplimiento de normativas ambientales y el otorgamiento ilegal de derechos, que podrían acarrear sanciones penales para los involucrados. Este caso resalta la necesidad de transparencia y legalidad en la gestión ambiental y la importancia de proteger el medio ambiente en el desarrollo sostenible del país.
