Democracia

[EN EL PUNTO DE MIRA] La semana pasada terminé de leer “Carlos Franco” (Cedep, 2012). Un buen texto en donde se recopilan análisis de varios académicos (que lo conocieron personalmente y de los que lo hicieron a través de su producción intelectual), así como de testimonios de sus amigos de la actividad política por donde transitó Franco

¿Qué se dice de él en la compilación? 1) Incomprendido en su tiempo por la academia, su gran texto “Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina” no tuvo la acogida que se esperaba. Fue la lucha contra el régimen autoritario de Fujimori (contexto en la sale a la luz el libro) la que hizo que no se prestara la debida atención a una genial crítica constructiva que hacía a la democracia. Los intelectuales locales en su momento exigían restablecimiento de la democracia; Franco sin entrar en la coyuntura del momento lo criticaba.

En otras palabras, Franco fue un duro crítico sobre el estudio procedimental de este tipo de régimen político. Señalaba que no se debía pensarla universalmente, sino de manera particular. Para ello, entra en el debate con los intelectuales que comienzan a cuestionar la teoría de la dependencia y el marxismo como enfoques complementarios del enfoque pluralista predominante en la academia de ese entonces.

2) Franco fue un intelectual que participó del gobierno de Velasco apoyando las reformas que hizo en ese entonces. También apoyó las reformas que hizo el primer gobierno de Alan García, participando como asesor externo. Fue un intelectual comprometido con proyectos políticos controvertidos y democratizadores. No solo pensaba, también actuaba. Idea y acción relacionada entre sí para influir en el poder y así efectuar los cambios. El libro en homenaje a este gran intelectual y político también se lo puede encontrar en versión online. Es imprescindible leer sus textos.

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La izquierda es la gran derrotada de la jornada de ayer, bautizada como “La tercera toma de Lima”. No logró movilizar masas suficientes como para hacer tambalear al gobierno y mucho menos para imponer la agenda ideologizada que se le había endosado a la protesta.

En todo el Perú ocurrió lo mismo. Ni por asomo nos acercamos a las protestas de diciembre y enero en cuanto a participación ciudadana. Pocos hechos de violencia y una impecable actuación policial -salvo por algunos aislados excesos- redondearon una faena que redundará en beneficio del gobierno.

Al final, la marcha ha fortalecido al régimen. Ahora puede enarbolar la permisión de protestas con una respuesta democrática, con respeto a las libertades civiles y con resguardo de los derechos humanos. No limpia los sucesos de fines de año, pero le da un barniz diferente a la coloratura autoritaria del régimen.

La dispersión de grupos convocantes, la puesta en escena de una agenda politizada al máximo, la actuación preventiva del régimen (inclusive, se habla de negociaciones fructíferas con la minería informal para que ya no financie la protesta), contribuyeron a que se diluya la convocatoria. Y a ello se suma la ausencia de masas juveniles, desencantadas del régimen, pero que no ven opciones que los activen más allá del grito de que se vaya Dina Boluarte.

El gobierno cometería un gravísimo error, sin embargo, si este relativo triunfo político lo lleva a reafirmarse en más de lo mismo, en esta estabilidad mediocre que nos rige, y no asume la urgencia de modificar radicalmente los términos de su gobierno en materia política, social y económica.

Y, por supuesto, se esperaría que el Congreso ponga las barbas a humedecer y entienda que la impunidad política con la que vienen actuando es el principal causante de la irritación ciudadana y del desgaste del establishment político.

La protesta de por sí, más aún por el tenor democrático y pacífico exhibido esta vez, alza una voz que debe ser escuchada en las alturas del poder. Se esperaría que el 28 de julio Dina Boluarte se dirija al 80% del país que la desaprueba y no al que la aprueba. La jornada del 19 de julio habría logrado algún efecto si ello se produce, y se esperaría que así sea. Hay que respetar al pueblo movilizado, más allá de las agendas politizadas de una izquierda que se quiere reciclar de su descrédito por haber sido comparsa cómplice del nefasto gobierno de Castillo.

 

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Si el gobierno comete este 19 de julio la bestialidad de reeditar la represión asesina de diciembre y enero, habrá puesto el primer peldaño para su inminente caída. Hasta ahora esperamos una disculpa auténtica, sanción política a los responsables y su respectivo procesamiento penal, y esa ausencia explica, entre otras varias razones, la alta desaprobación del régimen, sobre todo en las regiones donde la represión se desató inmisericorde.

Lo que corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho es que las protestas y las marchas se respeten y cautelen. Y si se produjera algún desborde violento, pues proceder a la inmediata captura y detención del vándalo, su pase a la fiscalía y su procesamiento penal respectivo.

No hay pena de muerte por protestar, ni siquiera por bloquear una carretera, cerrar un puente o intentar tomar un aeropuerto. La policía o la fuerza armada solo puede hacer uso de sus armas letales en caso peligre su integridad vital o la de otros ciudadanos.

El problema de fondo es que si el terruqueo ya es moralmente deleznable en la sociedad civil o la clase política, resulta altamente riesgoso si lo asumen los hombres de uniforme, que creen, en muchos casos, que en este tipo de protestas están enfrentando a terroristas encubiertos (lo vimos en declaraciones grabadas a policías durante la incursión en la San Marcos).

Con esta actitud, el gobierno, en lugar de despertar temor en la ciudadanía, la alienta a salir a protestar, porque hay evidente molestia en el país por una gestión mediocre y por un Congreso corrupto y deleznable. La gente está harta y por más que haya una agenda izquierdista que quiera reciclarse con esta marcha, se entiende que a ella se sumen porciones ciudadanas independientes y sin agenda ideologizada.

El Ejecutivo tiene que saber leer la realidad. Y ésta le exige un cambio radical de gestión, no solo política sino también económica e institucional. El país no llega indemne al 2026 si las cosas siguen como están. Fuera de la agenda politizada de los convocantes oficiales de la marcha, la demanda ciudadana de fondo no puede ser soslayada y muchos menos reprimida abusivamente.

 

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Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fueron parte esencial de las iniciativas de reforma planteadas por la comisión Tuesta, pero se suspendieron en las últimas elecciones por la pandemia. Hoy deben ser asumidas como filtro obligatorio ante la avalancha de partidos que se está inscribiendo.

Los propios partidos del statu quo no las quieren, claro, prefieren seguir manteniendo el esquema de que los candidatos presidenciales y las listas parlamentarias se decidan prácticamente a dedo, por los “dueños” de los partidos. Así, se diluye la posibilidad de generar una situación que les convendría a ellos mismos, ya que las PASO no tienen otro propósito que reforzar a los partidos políticos, piedra angular de una democracia más funcional que la que tenemos.

Si este mecanismo, que se aplica con éxito en varias democracias del mundo y de la región, se aplicase en el Perú, influiría en gran medida para que un poder integrado por partidos, como es el Congreso, recupere algo de la legitimidad y representatividad que en nuestro país ha venido perdiendo paulatinamente (cada Parlamento es más desacreditado que el anterior), hasta llegar a los límites actuales, con un poder del Estado con aprobación que apenas llega al 6%, según algunas encuestas.

Los partidos políticos son una parte fundamental de la democracia. Son las organizaciones que canalizan las demandas de los ciudadanos y las llevan a las instituciones gubernamentales. Sin partidos políticos, la democracia sería una mera formalidad, sin capacidad de representar los intereses de la mayoría.

Los partidos políticos no son perfectos, y a menudo se ven envueltos en luchas de poder y corrupción. Sin embargo, son una parte esencial de la democracia, y su función es básica para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

Los partidos políticos son los pulmones de la democracia. Sin ellos, la democracia sería una máquina sin combustible, incapaz de funcionar. Ellos son los encargados de llevar el oxígeno de la participación ciudadana a las instituciones gubernamentales, y de asegurar que éstas funcionen en beneficio de la mayoría.

Hay que recuperar la legitimidad del establishment democrático en el país. Lo que hoy sucede no es solo culpa del gobierno de Boluarte. Es parte de un proceso histórico de paulatino deterioro, que, si no hacemos algo para remediarlo, irá de mal en peor, alentando la posibilidad de aventuras autoritarias y radicales.

La del estribo: agenda obligada de la cartelera teatral acudir al Teatro de Lucía a espectar Hasta que la muerte nos separe, con la dirección del gran Alberto Isola y las actuaciones de Sandra Bernasconi, Javier Valdés, Roberto Ruiz, Airam Galliani, Antonella Gallart y Sol Nacarino. Va hasta el 21 de agosto y las entradas se venden en Joinnus.

 

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Por supuesto, la intimidación no va a surtir efecto. Ya bastante curtidos en
lides mayores son los periodistas de IDL-Reporteros, pero ello no es óbice
para no solidarizarse con su quehacer, reconocerle el valor democrático y
profiláctico que cumplen, y, en consecuencia, su aporte a la construcción de
una democracia más sólida, más aún en momentos como en los actuales
donde la precariedad institucional avanza a pasos agigantados.

La democracia se juega en la sociedad civil, sobre todo cuando la clase
política claudica de sus obligaciones al respecto. La labor de la prensa crítica y
seria es un factor de apuntalamiento de las instituciones democráticas, y
debe ser respetada en sus fueros de acción sin ninguna cortapisa, como no
sean los límites legales propios que le corresponden A ver si lo entienden en
el Ejecutivo y en el Congreso, poderes que últimamente se han dedicado con
esmero digno de mejor causa, a diseñar proyectos y acciones que la mellan.

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Más allá de ese análisis, el libro -dentro de un panorama general de las democracias latinoamericanas- presenta los avances y estancamientos en la que se encuentran la democracia y lo liberal. Al respecto, Vergara propone una mirada republicana, que se sitúa por sobre las premisas presentadas anteriormente, en la que se haga necesario plantear análisis sobre la República desde el punto de vista del gobierno, de los ciudadanos y de la sociedad.

Y es a través de estos planteamientos de análisis que se puede apreciar el malestar permanente en el que se encuentra América Latina.

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Alberto Vergara, América Latina, Congreso de la República, corrupción, Democracia, Martín Vizcarra, Política, Repúblicas defraudadas

El artículo 116 de esta ley nos dice que el resultado en las primarias partidarias debe ordenarse por voto y sexo pero con alternancia. Para facilitar la comprensión de este teorema, si Patricia obtiene 100 votos, Roxana 80 votos y Juan 50 votos, el orden no será exclusivamente por los votos obtenidos sino que primero irá Patricia por mayor votación, pero por alternancia, Juan que sacó menos votos que Roxana, irá en segundo lugar. ¿Es esto constitucional? ¿Es justo?

Ya el colmo de la dictadura de la paridad forzada sucedió en las últimas elecciones chilenas para definir el nuevo Consejo Constitucional, donde el candidato Juan Sutil obtuvo 13.8 % en su circunscripción pero tuvo que ceder su lugar a Ivonne Mangelsdorff, cuyo 1.7% le bastó, para alcanzar una curul ya que en Chile es obligatorio que este Consejo Constitucional sea, arbitrariamente paritario.

No sé cómo tome la Sra. Mangelsdorff que fue su sexo y no sus propuestas, la que la llevó a este consejo, pero espero que la mayoría de las mujeres sienta al menos incomodidad, al ver que se impone una paridad no por capacidad sino por una cuota.

La democracia no está hecha para poner arbitrariamente cuotas que limitan el derecho de unos bajo el pretexto de otorgárselos a otros. Vivir en democracia es ejercer nuestra libertad sin violar la del prójimo, es brindar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para que puedan decidir su camino, sus amores, su trabajo, su credo y su pensamiento.

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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Tomar aeropuertos responde a una lógica militar desestabilizadora que no puede ser permitida por las fuerzas del orden democráticas. El Movadef, las mafias ilegales, y los secuaces del preso de Barbadillo no pueden marcar la agenda nacional con su lógica violentista y golpista. La democracia está en pleno derecho de defenderse y si en ese proceso (por eso es un orden democrático), se cometen excesos pues deberán ser sancionados, pero el lamentable número de muertos no nos debe hacer olvidar que acá estamos frente a una responsabilidad mayor de parte de los autores intelectuales de la asonada, que están buscando escalar el conflicto para provocar el colapso de la sucesión constitucional bien trazada por la institucionalidad democrática que supo resistir y salir indemne del golpe perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, quien hoy dirige, qué duda cabe, la turbamulta delictiva organizada en diversos puntos del país.

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