Democracia

[REFLEXIONEMOS PERÚ]  Saludos estimados lectores, es grato nuevamente escribir para inaugurar el año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.

El 2023 fue el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Lamentablemente, seguimos luchando por la paz y en vez de avanzar, vamos en retroceso como el cangrejo. Este año, nos toca celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Muy pocos, por no decir, nadie, conoce el motivo anual.  El propósito de estos lemas es trabajar durante todo el año la importancia que tuvieron dichos acontecimientos históricos para nuestra identidad peruana. Sin duda, bastante debilitada y dañada.

Saber el futuro siempre ha despertado la curiosidad de los humanos. Y es que, el hecho de conocer qué nos depara el destino implica comprender cómo cambiaríamos y a qué desafíos y oportunidades podríamos enfrentarnos.

La conquista española del Perú

La conquista española del Perú, operada a partir de 1532, va a significar en buena cuenta, un proceso de invasión y copia. Este proceso provocó en las poblaciones más oriundas un schok cultural. Toda ruptura de la tradición o las creencias a nuevos valores, en muchos casos impuestos, por la falta de educación en todos los niveles, trae conflicto. Cambios, luchas.

Definitivamente sabemos que nuestros pobladores andinos no aceptaron la nueva situación que se estaba gestando. La resistencia y la reacción ante lo nuevo, era el tono del contexto.

Los españoles trajeron la cultura de occidente, la religión cristiana – católica, las Iglesias, entre otras cosas. La conquista del Perú significó todo un cambio ideológico, entre ello, la educación. Desde la época del incanato, vinculada a las clases más privilegiadas. Entre 1777 y 1820, etapa plenamente colonial, el desarrollo de algunos cambios en el pensamiento colectivo, impulsados por la Ilustración europea comenzaban a sentirse. Las mejores muestras las vemos con el nacimiento del Mercurio Peruano (1791 – 1795), primer periódico bisemanal, publicado en Lima y difundido ampliamente en Hispanoamérica. Este periódico podría considerarse como la primera fuente o el medio que protagonizó los sentimientos patrióticos de nuestra Independencia, influyendo en el pensamiento de los criollos coloniales, los peruanos de aquella época.

La Independencia

Todos recordamos el 28 de julio de 1821 como el día en que nos “liberamos” del Virreinato y nos convertimos en República. Pero, ¿esto fue así? Para Raúl Chanamé, en su libro “La república inconclusa”, fue un simple sueño ideal de los liberales peruanos de la independencia. Esto debido a que, al no contar con ciudadanos, concluye que esta proclamación de la libertad careció de protagonistas. “Para ser ciudadano – en el concepto decimonónico – se debía ser criollo; para ser elector, tener renta; para ser sufragante, ser alfabeto”. [1]

La República se inauguró con el primer congreso constituyente en 1822. Este congreso fue la primera institución política elegida democráticamente en el Perú. Ojo que, el voto de la mujer y de los esclavos, recién se dio en 1955 durante el gobierno de Manuel Odría. Y ojo de nuevo, estas mujeres debían ser alfabetizadas.  Los indios fueron la tropa de lucha por esa ansiada libertad de la independencia. Pero a pesar de su lucha, no fueron liberados, ya que los indios no votaban al ser analfabetos.

¿De qué libertad democrática estamos hablando?

Primero: Cómo podemos hablar de verdadera democracia sin cultura electoral. Segundo: Cómo podemos celebrar la independencia si la libertad no ha sido ejercida verdaderamente, ya que la historia del Perú nos ha demostrado que la opresión, el abuso, la ignorancia, y la corrupción escandalosa de hoy, nos evidencia esclavitud y pobreza mental. Al hoy. Tercero:  De qué libertad estamos hablando si los indicadores de pobreza se han disparado junto al nivel de analfabetismo.

Lo cierto es que la República del Perú fue un acto fallido y desleal con los mismos peruanos.

El propio Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui Noguera, fue un héroe indígena que dio su vida para liberarnos en lucha sangrienta contra la corona española del Perú. Encabezó la mayor rebelión contra el abuso y la opresión hacia los “cholos” como le llaman algunos limeños clasistas que gozan de los privilegios y herencias.

Hoy vivimos los mismos problemas, en épocas más modernas. Existe Constitución, leyes, pero no hay igualdad ni respeto hacia las personas, ni hacia las mujeres. La forma de gobierno que inició la Independencia de nuestro Perú trajo anarquías, desgobiernos, exclusión, marginaciones, y abusos.

La desfigurada y anhelada igualdad en el Perú tomó cuerpo recién en 1978 que le otorgaba el derecho a votar, a los peruanos no analfabetos. Quienes, por primera vez en la historia, en 1980, votaron. Si no hubiera sido por el caudillo Ramón Castilla, que buscó integrar al indio y al esclavo en la comunidad política, estos quedaban marginados.

Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2021, el 5.2% de la población enfrenta esta situación. Huánuco encabeza la lista de regiones con mayor analfabetismo con un 14.6%, seguido por Apurímac 10.9%, Cajamarca 10,7%, Cusco 9.6% y Ayacucho 9.4%. Si a estos datos le sumamos el contexto de la Pandemia, 1.3 millones de peruanos de 15 a más años reportaron no saber ni leer ni escribir. Los llamamos NINIS. Una generación de jóvenes y mujeres – muchas de ellas, de área rural- votarán en las siguientes elecciones, siendo analfabetos.

¿Somos conscientes del nivel de frustración -que se vive en el Perú- de esta parte de la ciudadanía que no pertenece a las clases altas?

Creo que no, porque la Historia del Perú nos la han contado de modo sesgada y sin apelar a la reflexión del problema de fondo que afecta a nuestra calidad de democracia que tenemos. Creo que no, porque las clases, abusos, y marginaciones, se fortalecen también en familias que no educan en valores y principios y dejan que los maltratos machistas queden impunes. Creo que no, porque la mujer todavía no es respetada ni considerada como se merece. Creo que no, porque la indiferencia del ser humano al prójimo es consecuencia de su falta de Dios en la vida.

Tengamos presente que sin valores humanos y principios de vida que reflejan nuestra moral y ética con el prójimo, solo seguiremos construyendo una democracia ilusoria de naipes. No existe verdadera caridad al prójimo, sin considerar que el otro es criatura divina, como yo, reflejo de Dios. Nadie ama al prójimo por el mero prójimo. Si lo ama por sí mismo es egoísmo. Pero si amamos al prójimo por la compasión divina que existe en nosotros, estamos amando con un corazón como el de Dios. Los fundamentos de los valores se encarnan en el reflejo de la personalidad y los sentimientos nobles, desde esa luz divina que habita en el interior, cuando se cultiva mediante la fe.

Sin educación en todos los niveles, tampoco habrá ni democracia, ni desarrollo.

Los peruanos que menos han tenido y más marginados se encuentran, ¡esperando a gritos!, De las oportunidades que las personas ciertamente más preparada que ellos, sientan al menos un poco de compasión, tras esa historia de nuestro Perú sufrido.

Para que la libertad viva, debe venir de la mano de la verdad. Y esta, de la justicia. No hay justicia verdadera si no es en la equidad del bien que todos merecen. Y con ello, no me refiero a bienes materiales, están los bienes de la mente, del espíritu, del corazón, de la educación. Los bienes de la calidad de vida, los bienes del saber sus derechos y deberes, el bien del trabajo, el bien de la salud y de una calidad de vida digna, como ser humano que todos somos.

Para recuperar la confianza hay que cumplir con las promesas. Para hacer política de verdad, hay que hacer el Bien al Otro.

[1] Chanamé Orbe, Raúl. La República Inconclusa. Séptima edición. 2023. Pág. 5.

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Democracia, Desarrollo, Equidad social, independencia, valores

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante el 2023, la deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo fue notoria. Tanto la presidenta Boluarte como los congresistas han perdido el respaldo y la aceptación de la población, lo que lleva a una falta de confianza en su capacidad para gobernar y legislar de manera justa y efectiva. Esta pérdida de legitimidad se relaciona con varios factores, como la ausencia o debilidad de los partidos políticos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, la recesión económica, la corrupción, entre otros más.

En cuanto al poder ejecutivo, la falta de un partido político propio fue un gran obstáculo para la gestión de la presidenta Boluarte. Sin un respaldo orgánico, Boluarte tuvo que depender de los partidos políticos presentes en el legislativo. Esto la llevó a establecer relaciones estrechas con aquellos partidos, los cuales, guiados por sus propios y particulares intereses, colocaban sus temas en la agenda legislativa sin mayor objeción del ejecutivo. Las relaciones con los mismos debilitaron la autoridad de Boluarte. Al depender de ellos para aprobar sus leyes, Boluarte se vio obligada a ceder a sus demandas. Esto le dio a los partidos políticos un gran poder sobre el gobierno, lo que erosionó la autoridad presidencial.

Además, la ausencia de un partido propio y la necesidad de negociar constantemente para obtener apoyo dificultaron el diseño e implementación de políticas a largo plazo. Por eso mismo, la atención presidencial se centró más en mantener alianzas políticas inmediatas que en la planificación estratégica a largo plazo.

En relación con el poder legislativo, una de las causas de su pérdida de legitimidad fueron los escándalos de corrupción en los cuales se vieron envueltos muchos congresistas, como en el caso de “Los Niños”. Gracias al “operativo Valkiria”, se cuenta con indicios razonables de que la presunta organización criminal, liderada por la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ofrecido impunidad a los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo ha tenido un impacto negativo en el país. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es más difícil para ellos tomar decisiones y alcanzar consensos. Esto puede conducir a una gestión pública lenta e ineficaz. Asimismo, pierden la confianza en la democracia en general. Esto puede conducir a un aumento de la polarización política y de la desilusión con la democracia. De igual modo, es más probable que surjan movimientos populistas o autoritarios que puedan amenazar la democracia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del legislativo, así como sus efectos negativos en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática, requiere medidas como el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, ni el ejecutivo ni el legislativo tienen incentivos para implementar estas medidas, pues consideran que el país ha logrado estabilidad al finalizar el 2023, tal como afirmó el premier Otárola.

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[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] La semana pasada circuló el pronunciamiento de un colectivo denominado Coalición Ciudadana. Entre tantos manifiestos que circulan últimamente en nuestro medio, este ha llamado la atención y ha suscitado reacciones, algunas de ellas críticas destempladas, otras comedidas en el lenguaje, pero bastante duras en los reparos que le plantean.

El pronunciamiento llama a la unidad de las organizaciones y colectivos democráticos de la sociedad. La meta es revertir la captura de las instituciones del Estado por poderes subalternos, así como promocionar el crecimiento del país a través de un Estado honesto y técnico, que aliente el desarrollo de sectores claves como la salud, la educación y la infraestructura. El documento contiene también llamamientos a la justicia social, la lucha contra la pobreza, contra la violencia de género, entre otras.

Se ha dicho que el pronunciamiento de Coalición Ciudadana reúne una serie de lugares comunes y que las metas que propone son por todos compartidas. Respecto de estas dos premisas anteriores voy a suscribir la primera, pero no la segunda. En efecto, quién no quiere un Estado moderno que a través de sus servicios promueva el desarrollo del país en alianza, por supuesto, con el sector privado. La pregunta que queda en el tablero es qué sector de la política ha hecho realmente suyas estas metas tan obvias y que, en el Perú, desgraciadamente, no son más que una utopía.

Si nos detenemos a observar la actuación de las fuerzas políticas en el Congreso, nos quedamos absolutamente vacíos, salvo uno que otro esfuerzo individual. Está claro que las agrupaciones que se sitúan a la derecha del espectro están más preocupadas por cooptar las instituciones del Estado, y no es necesario que te chanten el manido sambenito de “caviar” -otro lugar común– para constatarlo: salta a la vista. Todo el Perú se ha dado cuenta y el Ejecutivo, deslegitimado desde las lamentables muertes de hace un año, no ha logrado, ni parece interesarle mucho tampoco, erigirse en ese poder que establezca el balance y el equilibrio que constituyen los pilares más importantes de cualquier democracia.

Hay otro aspecto relevante del llamado de Coalición Ciudadana que se les ha pasado a sus críticos. El pronunciamiento impulsa el diálogo, el intercambio, buscar las coincidencias mínimas para la constitución de un centro político democrático que abarque derechas e izquierdas, siempre y cuando se mantengan dentro de los contrapesos republicanos y constitucionales. En tal sentido, la presencia de la historiadora del periodo republicano, Carmen Mc Evoy, en la plataforma, es la que mejor garantiza la búsqueda de un lugar común democrático. El mismo efecto genera la presencia en la plataforma del rector de la UNI, Dr. Alfonso López Chau, cuyas ideas, que sintetizan diversas visiones del Perú, apuntan en la misma dirección. En efecto, hablamos de un lugar común para todos los que creemos que la deliberación democrática es aún posible cuando arrecian los extremos de derecha, de la izquierda marxista y del progresismo radical.

Este no es un objetivo menor pues el debate político lo venimos perdiendo hace años. Hoy prevalece el griterío histérico de los extremismos, y este es un fenómeno global. La democracia está contra las cuerdas, se bate en retirada y nuestros derechos, conquistados en siglos de desarrollo constitucional, son cuestionados cuando no trasgredidos con total impunidad por tirios y troyanos. Volver a situarnos dentro de los límites de los derechos fundamentales, de la democracia y de sus instituciones resulta pues un lugar común fundamental, que de tan común parece que lo damos por sentado cuando en realidad se esfuma entre nuestras manos sin que siquiera tomemos nota de una tragedia cívica cuyas consecuencias ya estamos pagando y pagarán aún más las próximas generaciones si no hacemos algo al respecto.

Otra crítica a la nueva plataforma política es la presencia en ella de Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Quienes vemos la política desde fuera, hemos notado claramente que, en estas duras circunstancias políticas y sociales, algunos partidos de larga data han preferido sumarse a las consignas de las fuerzas que apuestan por el copamiento institucional, antes que convertirse en bastiones de la defensa de la democracia. Así las cosas, Pérez y Guevara buscan una nueva trinchera para luchar por los principios que siempre han defendido. ¿Debemos impugnarlos por ello?

El pronunciamiento, y la conferencia de prensa que Coalición Ciudadana le han ofrecido al país constituyen una suma de lugares comunes. Pero se trata de los lugares comunes con los cuáles el Perú podría combatir la corrupción, desarrollar y modernizar el Estado, y extender la justicia social entre todos sus ciudadanos. Suerte en el empeño.

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Coalicion Ciudadana, Democracia, Estado Tecnico, Justicia Social

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El cambio de votos por impunidad es una práctica política cuestionable que implica problemas éticos y legales. Esta práctica plantea dos problemas. En primer lugar, el cambio de votos por impunidad puede considerarse un acto de corrupción. Los congresistas que cambian sus votos a cambio de impunidad están utilizando su posición para obtener beneficios personales, como la impunidad, a expensas del interés público. Esto compromete la integridad del sistema político y socava los principios de la representación política.

Los congresistas, al utilizar su posición para obtener impunidad, están abusando de la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. En lugar de representar los intereses de la sociedad, están utilizando su influencia para protegerse a sí mismos.

En lugar de actuar como representantes del pueblo, están priorizando sus intereses personales sobre las necesidades y deseos de quienes los eligieron. Esta situación socava la confianza en el sistema político, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y la legitimidad de la democracia.

En segundo lugar, el cambio de votos por impunidad viola principios éticos fundamentales que deben regir la conducta de los congresistas. La ética política implica el comportamiento moral y responsable de los representantes electos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, los congresistas tienen la responsabilidad ética de actuar en beneficio de la sociedad que representan.

Al cambiar sus votos para obtener impunidad, los congresistas están desviándose de esta responsabilidad. La ética política exige transparencia y honestidad en el ejercicio del poder. Cuando los congresistas negocian impunidad a cambio de votos, están socavando la confianza pública y minando la transparencia que debería caracterizar el proceso legislativo.

La ética política también está vinculada a la integridad personal de los representantes electos. Cambiar votos por impunidad puede implicar una falta de integridad, ya que los congresistas están comprometiendo sus principios éticos en aras de beneficios personales.

Finalmente, el cambio de votos por impunidad es perjudicial para la democracia. La violación de la ética política no solo compromete la integridad de los congresistas, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema democrático. Fomentar la ética en la política es esencial para preservar la integridad de las instituciones democráticas y garantizar que los representantes electos actúen en beneficio de la sociedad en su conjunto.

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[PIE DERECHO]  Sin primarias abiertas, con elección por delegados (cúpulas), con voto preferencial, eliminación de multas, subida de vallas para nuevos partidos y movimientos regionales (5% de adherentes de cada circunscripción electoral), el Congreso se ha tirado abajo lo que de bueno tenía la reforma política establecida en el país, que, a pesar de sus bemoles, aportaba visos de mejoramiento respecto del statu quo previo.

Ahora se ha consagrado una oligarquía partidaria, con todos sus defectos precedentes, permitiendo que se consoliden los vicios que han llevado a la destrucción del sistema de partidos y el consecuente debilitamiento de la democracia. La reforma planteaba bajar la valla para el ingreso, pero filtraba su número con las PASO. Ahora es cancha abierta para que todos los actuales se queden tranquilos mientras se cierra la puerta de ingreso para los nuevos.

El problema es que ya hay como 25 partidos inscritos y eliminados los filtros que podían reducirlos, nos asomaremos a un escenario electoral sumamente fragmentado. Acabo de estar en Chile en un viaje relámpago de inmersión en su realidad social, política y empresarial, y allí se ha acuñado un término para definir la nueva realidad política chilena, que de albergar dos o tres agrupaciones fuertes hoy contiene alrededor de 20 agrupaciones en el Congreso sureño: se habla allí de la “peruanización de la política chilena”.

El Congreso peruano actual se ha convertido en un Atila de la democracia. Es verdad que el Perú no ha gozado, casi nunca en su historia, de una democracia impoluta, siempre hemos tenido una institucionalidad democrática precaria, politizada, maleable, pero la coalición derechista en el Congreso, a la que se suma entusiasta el cerronismo, está degradando a niveles pocas veces visto el espíritu democrático que se esperaría, primero, para que los dos años y medio que le restan a Boluarte se desenvuelvan con ciertos márgenes de salida de la crisis política y, segundo, para que las próximas elecciones se desenvuelvan en el marco de una relativa normalidad.

A eso, lamentablemente, no nos conducimos. Se ahondará la crisis política y las consecuencias de ello serán palpables y se agravarán: desconfianza empresarial, cero inversión, crisis económica y mayor pobreza. Un deterioro social, político y económico generalizado. La estabilidad mediocre que este gobierno ha construido, en todo su esplendor.

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[PIE DERECHO] Un Congreso con 7% de aprobación, es decir, absolutamente sin legitimidad representativa, pretende, al amparo de la circunstancialidad de contar con los votos para hacerlo, aprobar una andanada de despropósitos en los plenos que efectuará desde hoy hasta el viernes.

Desde la probable destitución arbitraria de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pasando por la eliminación de las PASO, el debilitamiento de la colaboración eficaz, de la extinción de dominio, la creación de una comisión para “reformar” el sistema interamericano de derechos humanos, la suspensión del financiamiento del Perú a la OEA, el bachillerato automático hasta el 2024, hasta brindarle una segunda oportunidad a universidades no licenciadas.

Una lista de insensateces que solo se explican por el regocijo del poder que siente la coalición derechista del Congreso, en algunos casos con el apoyo de la bancada de Perú Libre, que no solo dañará aún más el nivel de descrédito que adolece el Legislativo, sino que ejercerá un impacto tremendo en las posibilidades electorales de, justamente, la derecha en general (aún la no congresal), dada la identificación popular de que nos gobierna una alianza derechista entre el Ejecutivo y el Congreso, dos poderes del Estado con un inmenso rechazo ciudadano.

El Congreso se esmera en construir el escenario político propicio para que sea la izquierda, que debería pagar las consecuencias de su inefable apoyo al desgraciado gobierno de Pedro Castillo, y que hoy, gracias a cosas como las que citamos en esta columna, aprovechan las circunstancia para presentarse como virginal alternativa política.

No hay conciencia, al parecer, en el Parlamento, del inmenso bolsón antiestablishment que se está larvando y que amenaza con hacer volar por los aires el statu quo, y la relativa normalidad política, económica y social que hemos vivido los últimos 25 años. Es un Congreso cuasi inimputable que le hace mucho daño al país y, sobre todo, a las perspectivas futuras de la república democrática.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En el actual y convulso panorama político que atraviesa el país, la Fiscal de la Nación, respaldada por más de 40 congresistas, se ve envuelta en una situación sumamente crítica. Una minuciosa investigación liderada por una fiscal ha arrojado indicios razonables que apuntan a la posible participación de la titular de la Fiscalía en una presunta organización criminal. Con base en las primeras investigaciones, esta red delictiva habría operado con el objetivo de garantizar la impunidad de los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a la Junta Nacional de Justicia.

Ante el descubrimiento de estas actividades ilícitas, los presuntos integrantes de la organización criminal han adoptado la estrategia de «morir matando». Movilizando todos los recursos a su disposición, están llevando a cabo maniobras legales y políticas para evitar su inminente caída y la de los congresistas vinculados. En un giro sorprendente, la Fiscal de la Nación, en horas de la madrugada del lunes 4 de diciembre, firmó la resolución que destituyó a Marita Barreto de su cargo como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, fiscal que venía investigando a sus asesores desde hace tiempo. Simultáneamente, acusó a la presidenta de la república, al primer ministro y a tres ministros de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, así como de lesiones graves en perjuicio de Sebastián Murillo y otros ciudadanos. A estas acciones se suma la moción presentada por algunos congresistas, que busca someter a una investigación sumaría a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por “falta grave”.

Estas medidas buscan desviar la atención pública de las acusaciones iniciales, generando confusión y pretendiendo desgastar la capacidad de respuesta de aquellos que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, tienen la potestad de investigar y sancionar a la Fiscal de la Nación. En este complicado juego político, la expresión «morir matando» resume la intensidad de las acciones emprendidas por la presunta organización criminal para preservar su poder y evitar las repercusiones legales de sus acciones; y de la disposición a emplear cualquier recurso que se encuentre a su alcance.

En este escenario político convulso, las revelaciones actuales no hacen sino reafirmar una triste realidad que se repite: la venta de votos en el Congreso, la obstrucción de investigaciones fiscales y la perpetración de actos de corrupción son prácticas que persisten. Estas acciones, impulsadas por intereses particulares y de grupo, dejan al descubierto la falta de integridad y la miseria moral de aquellos que las ejecutan.

La democracia se basa en la idea de que el poder debe emanar del pueblo y que los representantes electos deben actuar en el interés del bien común. La venta de votos es una práctica que socava aún más la legitimidad del Congreso. Cuando los congresistas venden sus votos, están traicionando la confianza que les ha depositado el pueblo. La obstrucción de investigaciones fiscales es otra práctica que atenta contra la democracia. Cuando se obstaculizan las investigaciones fiscales, están impidiendo que se haga justicia y que se sancione a los responsables de actos de corrupción. La perpetración de actos de corrupción es una violación de la ley y de los valores democráticos.

Finalmente, esta coyuntura crítica podría convertirse en un punto de inflexión para un resurgimiento democrático, donde la integridad y la ética recuperen su lugar central en la conducción del país, en la administración de justicia y en la política.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La política nacional está plagada de políticos que mienten, manipulan y abusan de su poder para beneficio propio. Este drama de deshonestidad, manipulación y abuso de poder tiene cinco protagonistas:

La presidenta: una líder que miente sin descaro sistemáticamente para preservar su poder.

El primer ministro: un aprendiz de maestro de las artes de la manipulación y la prestidigitación que oculta pruebas para protegerse.

El congreso: una institución que se regodea en las gollerías del poder y traiciona de manera reiterada el mandato ciudadano.

Las máximas instancias judiciales: un pilar fundamental del estado de derecho que se ve amenazado.

Los ciudadanos y ciudadanas: cansados, atemorizados, hartos, desorganizados, pero…

Acto I: La presidente y sus mentiras descaradas

La presidenta, investida con la responsabilidad de liderar una nación, se desdibuja ante la audiencia. Atrás quedan las promesas electorales reemplazadas por mentiras descaradas destinadas a preservar el poder a cualquier costo. La confianza de los ciudadanos y ciudadanas, esencial para la estabilidad de cualquier democracia, se desvanece en el humo de las falsedades tejidas por una presidenta que, parafraseando a su primer ministro, tiene “comando, pero no mando”.

Acto II: El ministro y el ocultamiento de pruebas

En el oscuro trasfondo de esta trama, un primer ministro se erige como un aprendiz de maestro de las artes de la manipulación y de la prestidigitación. Dispone el ocultamiento de pruebas que podrían poner al descubierto sus tejes y manejes reñidos con el buen uso de los recursos públicos. La transparencia, lema y práctica olvidada, es sustituido por una cortina de secretos diseñada para protegerlo.

Acto III: El Congreso y las gollerías del poder

En el Congreso, la moralidad se desvanece ante la voracidad y procacidad de quienes detentan el poder legislativo. Aprovechan y maximizan todas las gollerías que les permite su privilegiada posición, se enriquecen sin rubor alguno y consolidan sus particularísimos intereses. La traición al mandato ciudadano se convierte en moneda corriente en esta grotesca representación de la democracia.

Acto IV: El ataque a las máximas instancias judiciales

El clímax de este drama se desata con un ataque directo de los congresistas a las máximas instancias judiciales, pilar fundamental del estado de derecho cuyos cimientos se resquebrajan mientras se intenta socavar la independencia judicial. La justicia se ve amenazada por la influencia corruptora de quienes buscan proteger sus intereses particulares ajenos al bienestar común.

Epílogo:

¡Ciudadanos y ciudadanas hay muchísimo que hacer…! Pero, ¿por dónde empezar?

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en curso, es una muestra más de que los congresistas pueden hacer lo que les plazca. Es como si con ello demostraran que son capaces de cualquier cosa para proteger y garantizar sus intereses personales y de grupo. Intereses que no se condicen con el bien común, sino todo lo contrario. Son intereses mezquinos, particulares e ilegítimos. Esa demostración de poder es obscena. Su intención no solo es la de copar la JNJ, elegir a las máximas autoridades electorales del país sino, sobre todo, proteger y garantizar impunidad a sus jefes y jefas.

A los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular, entre otros más, no les importa que la JNJ sea un órgano fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción; y que su independencia garantiza la imparcialidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. La destitución de sus integrantes es un acto serísimo de autoritarismo y arbitrariedad.

Ebrios de poder, olvidan que la democracia se sustenta en la independencia de poderes, que es importante para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando el poder está concentrado en una sola persona, grupo o coalición, es más probable que se abuse de ese poder. Actúan de forma arrogante, prepotente y abusiva, legislando a su favor, contratando a amigos y familiares de sus parejas sentimentales, viajando al extranjero con pasajes pagados por empresarios y “mochando” sueldos al personal a su servicio, por citar algunas de sus tropelías. Muchos se dirán «quien puede, puede”.

Una presidenta demócrata condenaría la destitución de los miembros de la JNJ como un ataque a la democracia y exigiría al Congreso que reconsidere su decisión. Además, apoyaría a las organizaciones de la sociedad civil en su lucha por la defensa del Estado de Derecho. Dina Boluarte, como no lo es, declaró que su gobierno respetará el resultado del proceso sumario llevado a cabo por el Congreso.

La destitución de los miembros de la JNJ, un acto de autoritarismo y arbitrariedad, es un golpe a la democracia. La denuncia nacional e internacional y la movilización y protesta ciudadana, como únicas herramientas para defender la democracia, son esenciales para enfrentar el golpe a la democracia. Además de la consolidación de una plataforma democrática que convoque y organice no solo a las organizaciones de la sociedad civil limeña sino también a las de las regiones, y a los partidos políticos democráticos como, por ejemplo, el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente.

 

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