Democracia

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La hipocresía es un fenómeno complejo que se ha manifestado en la política durante siglos. El término se originó en la Grecia antigua, donde los actores cambiaban sus máscaras y comportamientos para interpretar a diferentes personajes. Con el tiempo, el significado de la palabra «hipocresía» evolucionó para referirse a la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace, especialmente cuando alguien muestra una falsa virtud, moral o sinceridad.

En el ámbito político, la hipocresía puede adoptar muchas formas. Una de las formas más comunes es cuando los políticos hacen promesas que luego no cumplen. Esto puede incluir promesas sobre políticas, reformas o acciones específicas que no se materializan. Esta forma de hipocresía se debe a menudo a limitaciones políticas, financieras o burocráticas que pueden hacer que sea difícil cumplir con todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Otra forma es cuando algunos políticos pueden adoptar un discurso público que difiere significativamente de sus creencias o intenciones reales. Pueden expresar apoyo a ciertas políticas o valores en público mientras actúan de manera contraria en privado. Esto a veces se hace para evitar mayores controversias.

Por ejemplo, luego de las primeras ejecuciones extrajudiciales en diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino. La presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola públicamente saludaron el inicio de las diligencias y expresaron su compromiso de otorgar todas las facilidades para el esclarecimiento oportuno de lo sucedido. Sin embargo, nueve meses después, ambos solicitaron discretamente a la Fiscal de la Nación que se archive la investigación, según informó el semanario ´Hildebrandt en sus trece´ la semana pasada.

De igual modo, en algunas conferencias de prensa o presentaciones públicas, Boluarte responsabilizó de las muertes a los «ponchos rojos» bolivianos, a una avalancha de cinco mil personas y, recientemente, a los propios ciudadanos muertos. Esta retórica pública contrasta con lo declarado ante la Fiscalía, donde señaló que solo tiene «mando» y no «comando». Es decir, ella se exime de responsabilidad alguna y de manera implícita hace responsables a policías y militares.

¿Cuándo el papa Francisco le pregunte sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 49 ejecuciones extrajudiciales, o si tomó en cuenta las palabras de su Nuncio Apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, quien señaló que “ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos actualmente”? ¿Boluarte le responderá que el Perú es un país respetuoso de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, como lo dijo en la ONU?

La hipocresía en la política es un problema serio, que tiene consecuencias negativas para la sociedad. La hipocresía daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y provoca la pérdida de legitimidad de los mismos. Por eso mismo, para nuestra democracia es un costo muy alto seguir manteniendo hipócritas que gobiernan y cínicos y mentirosos que legislan.

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Hay que ejercer presión ciudadana para que el Congreso se allane a disponer la realización de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamadas PASO, antes del proceso electoral del 2026.

Es un método probado para mejorar la calidad de la representación y que sea la ciudadanía y no el dedo digitador del líder partidario o, lo que es peor, el dinero del candidato, el que determine su ubicación en las listas congresales.

Debemos revertir esta pavorosa tendencia al deterioro que muestra el Parlamento, como segundo y a veces primer poder del Estado -como sucede ahora- y no se repita el espectáculo deprimente de la representación actual, llena de congresistas corruptos (Los Niños), mocha sueldos, viajeros irresponsables, causantes de escándalos permanentes, y, sumado a ello, absolutamente improductivos en materia legislativa y fiscalizadora.

No hay forma de darle estabilidad política a un país sin un Congreso moderno, democrático, honesto y eficiente. Ya está probado -lo estamos viviendo ahora en carne propia- que la crisis política surgida de un Ejecutivo y un Parlamento mediocres, por más que no sean izquierdistas o radicales, provoca tal zozobra en el mundo inversor que éste se retrae y disminuye su vocación expansiva. El capitalismo, la economía de mercado, se ralentizan si no hay una institucionalidad política mínimamente decente.

Que sea la ciudadanía activa la que elija a quiénes van a ser los candidatos de una lista congresal no es la varita mágica para que tengamos un mejor Congreso. Tenemos experiencia de sobra de Parlamentos con personajes notables que, sin embargo, contribuyeron a la ruina del país (pensemos, sobre todo, en la década de los 80), pero en las circunstancias actuales asegura un mejor mecanismo, superior al vigente, para lograr cierta elevación del nivel político de sus integrantes, lo que ya es bastante decir.

No basta asegurar una economía de mercado robusta y trazar una política proinversión privada, ágil y expeditiva. Se requiere acompañar el capitalismo de democracia. Y no hay democracia cabal sin una funcional separación de poderes, la misma que, a su vez, no es posible si seguimos viendo el deterioro paulatino del poder Legislativo, cueva de mediocres y corruptos, que en lugar de ser fuente matriz de reformas de largo aliento, se ha convertido en pasillo de lobbies y triquiñuelas ilícitas.

 

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Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.

Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.

Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.

Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.

Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).

Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.

La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.

A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.

Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.

Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.

En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.

Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La transición de un gobierno democrático a uno autoritario es un proceso gradual que puede tomar varios años. Sin embargo, en el caso de Perú, este proceso ha sido significativamente rápido. En solo unos meses, el gobierno de Dina Boluarte y sus aliados han logrado debilitar las instituciones democráticas y concentrar el poder en sus manos.

Así, han debilitado una serie de instituciones mediante la designación de funcionarios leales a su gobierno en puestos clave, como la designación de una abogada afín a Fuerza Popular como Adjunta Constitucional en la Defensoría del Pueblo. O la del nuevo Ministro de Justicia quien, ya a los tres días de su juramentación, es investigado de manera preliminar por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado.

En unos días más, la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia consumará el tránsito a un gobierno autoritario. La instauración de tal gobierno es grave y requiere de una respuesta contundente. La conformación de una coalición política amplia y plural es una manera, quizás la principal, de enfrentarlo.

Esta coalición democrática debe tener como objetivos el juicio y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 49 personas, la defensa de la Junta Nacional de Justicia y el adelanto de elecciones. Una coalición integrada por organizaciones de ciudadanos y ciudadanas; y partidos democráticos como el Partido Morado, Partido por el Buen Gobierno y Primero la Gente por mencionar algunos.

La formación de esta coalición es un desafío, porque requiere que los diferentes actores políticos y sociales involucrados estén dispuestos a trabajar juntos para recuperar la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso si tienen diferencias en sus ideas u objetivos.

Es una oportunidad porque puede contribuir a reconstruir la confianza de los ciudadanos en la política y a sentar las bases para un futuro más democrático para el país. Al unir a personas de diferentes orígenes, una coalición ciudadana puede demostrar que es posible trabajar juntos para lograr un cambio positivo.

En la conformación de una coalición democrática, los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor. Si ellos, superando sus diferencias políticas, programáticas e ideológicas, asumen tal tarea y logran conformarla, se tendrá una oportunidad real de contribuir a la construcción de un Perú más democrático y justo.

Por último, la historia enseña que la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales fue eficaz para derrotar a los dictadores porque permitió unir a los diferentes sectores de la sociedad para luchar por la democracia. Por ejemplo, en Chile y en Argentina, la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales permitió derrotar a los dictadores Pinochet y Videla, respectivamente.

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El horrendo crimen contra el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que apunta claramente a las mafias del narcotráfico (los dedos acusadores que apuntan a Rafael Correa más parecen intentos de aprovechamiento político de la tragedia), pone sobre el tapete la pavorosa infiltración de las mafias ilegales en la política latinoamericana (véase nomás el reciente escándalo que compromete al presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de recibir dineros narcos para su campaña).

El inmenso poder económico alcanzado por el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, la explotación maderera informal, el tráfico de terrenos, las pandillas extorsivas, etc. los conduce inevitablemente a tratar de tener peso político suficiente para garantizar impunidad para sus actividades ilícitas.

Así, han cooptado autoridades locales, policía, fiscales, jueces, parlamentarios y ahora aspiran a hacer lo propio con los mandatarios de turno, bajo la seducción del dinero o la amenaza y el chantaje directo, como ha sido el caso de Villavicencio, periodista de investigación que estuvo asilado en el Perú algunos años.

El lamentable suceso nos trae a la memoria los homicidios de Luis Carlos Galán en 1989 y Luis Donaldo Colosio en 1994, candidatos a la presidencia de Colombia y México, respectivamente, que marcaron la historia política desde fines de siglo hasta la actualidad en sus países.

Lo ocurrido marcará un hito en la política latinoamericana. Es una nueva clarinada de alerta sobre el destino al que los Estados regionales se están conduciendo por la inacción de las democracias para domeñar las mafias que se enseñorean en sus predios, y cuya defección no hace sino alimentar a populistas extremos, como Bukele en El Salvador, quien, a despecho de las formas democráticas, ha acabado con las pandillas que dominaban el territorio salvadoreño y, a pesar de sus devaneos autoritarios, goza por ello de enorme simpatía popular.

En el Perú hace muchas décadas o siglos que no sufrimos de magnicidios semejantes (Balta, Pardo, Sánchez Cerro en los siglos XIX y XX), salvo que incluyamos en ese bolsón a los asesinatos de autoridades perpetrados por el terrorismo, pero la situación de crecimiento de las mafias ilegales torna madura una situación en la que fácilmente algo así podría volver a ocurrir.

Es hora de que la democracia peruana tome plena conciencia del inmenso peligro que comporta la coexistencia tácita con estas mafias. Más temprano que tarde, si no lo han hecho ya, darán el salto a la política y allí sí entraríamos a una etapa tan disfuncional de la democracia que sembraríamos el terreno de cultivo para opciones autoritarias y radicales, que al son de prometer acabar con esas lacras, se zurren en las formas mínimas del Estado de Derecho.

 

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[EN EL PUNTO DE MIRA] La semana pasada terminé de leer “Carlos Franco” (Cedep, 2012). Un buen texto en donde se recopilan análisis de varios académicos (que lo conocieron personalmente y de los que lo hicieron a través de su producción intelectual), así como de testimonios de sus amigos de la actividad política por donde transitó Franco

¿Qué se dice de él en la compilación? 1) Incomprendido en su tiempo por la academia, su gran texto “Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina” no tuvo la acogida que se esperaba. Fue la lucha contra el régimen autoritario de Fujimori (contexto en la sale a la luz el libro) la que hizo que no se prestara la debida atención a una genial crítica constructiva que hacía a la democracia. Los intelectuales locales en su momento exigían restablecimiento de la democracia; Franco sin entrar en la coyuntura del momento lo criticaba.

En otras palabras, Franco fue un duro crítico sobre el estudio procedimental de este tipo de régimen político. Señalaba que no se debía pensarla universalmente, sino de manera particular. Para ello, entra en el debate con los intelectuales que comienzan a cuestionar la teoría de la dependencia y el marxismo como enfoques complementarios del enfoque pluralista predominante en la academia de ese entonces.

2) Franco fue un intelectual que participó del gobierno de Velasco apoyando las reformas que hizo en ese entonces. También apoyó las reformas que hizo el primer gobierno de Alan García, participando como asesor externo. Fue un intelectual comprometido con proyectos políticos controvertidos y democratizadores. No solo pensaba, también actuaba. Idea y acción relacionada entre sí para influir en el poder y así efectuar los cambios. El libro en homenaje a este gran intelectual y político también se lo puede encontrar en versión online. Es imprescindible leer sus textos.

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La izquierda es la gran derrotada de la jornada de ayer, bautizada como “La tercera toma de Lima”. No logró movilizar masas suficientes como para hacer tambalear al gobierno y mucho menos para imponer la agenda ideologizada que se le había endosado a la protesta.

En todo el Perú ocurrió lo mismo. Ni por asomo nos acercamos a las protestas de diciembre y enero en cuanto a participación ciudadana. Pocos hechos de violencia y una impecable actuación policial -salvo por algunos aislados excesos- redondearon una faena que redundará en beneficio del gobierno.

Al final, la marcha ha fortalecido al régimen. Ahora puede enarbolar la permisión de protestas con una respuesta democrática, con respeto a las libertades civiles y con resguardo de los derechos humanos. No limpia los sucesos de fines de año, pero le da un barniz diferente a la coloratura autoritaria del régimen.

La dispersión de grupos convocantes, la puesta en escena de una agenda politizada al máximo, la actuación preventiva del régimen (inclusive, se habla de negociaciones fructíferas con la minería informal para que ya no financie la protesta), contribuyeron a que se diluya la convocatoria. Y a ello se suma la ausencia de masas juveniles, desencantadas del régimen, pero que no ven opciones que los activen más allá del grito de que se vaya Dina Boluarte.

El gobierno cometería un gravísimo error, sin embargo, si este relativo triunfo político lo lleva a reafirmarse en más de lo mismo, en esta estabilidad mediocre que nos rige, y no asume la urgencia de modificar radicalmente los términos de su gobierno en materia política, social y económica.

Y, por supuesto, se esperaría que el Congreso ponga las barbas a humedecer y entienda que la impunidad política con la que vienen actuando es el principal causante de la irritación ciudadana y del desgaste del establishment político.

La protesta de por sí, más aún por el tenor democrático y pacífico exhibido esta vez, alza una voz que debe ser escuchada en las alturas del poder. Se esperaría que el 28 de julio Dina Boluarte se dirija al 80% del país que la desaprueba y no al que la aprueba. La jornada del 19 de julio habría logrado algún efecto si ello se produce, y se esperaría que así sea. Hay que respetar al pueblo movilizado, más allá de las agendas politizadas de una izquierda que se quiere reciclar de su descrédito por haber sido comparsa cómplice del nefasto gobierno de Castillo.

 

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Si el gobierno comete este 19 de julio la bestialidad de reeditar la represión asesina de diciembre y enero, habrá puesto el primer peldaño para su inminente caída. Hasta ahora esperamos una disculpa auténtica, sanción política a los responsables y su respectivo procesamiento penal, y esa ausencia explica, entre otras varias razones, la alta desaprobación del régimen, sobre todo en las regiones donde la represión se desató inmisericorde.

Lo que corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho es que las protestas y las marchas se respeten y cautelen. Y si se produjera algún desborde violento, pues proceder a la inmediata captura y detención del vándalo, su pase a la fiscalía y su procesamiento penal respectivo.

No hay pena de muerte por protestar, ni siquiera por bloquear una carretera, cerrar un puente o intentar tomar un aeropuerto. La policía o la fuerza armada solo puede hacer uso de sus armas letales en caso peligre su integridad vital o la de otros ciudadanos.

El problema de fondo es que si el terruqueo ya es moralmente deleznable en la sociedad civil o la clase política, resulta altamente riesgoso si lo asumen los hombres de uniforme, que creen, en muchos casos, que en este tipo de protestas están enfrentando a terroristas encubiertos (lo vimos en declaraciones grabadas a policías durante la incursión en la San Marcos).

Con esta actitud, el gobierno, en lugar de despertar temor en la ciudadanía, la alienta a salir a protestar, porque hay evidente molestia en el país por una gestión mediocre y por un Congreso corrupto y deleznable. La gente está harta y por más que haya una agenda izquierdista que quiera reciclarse con esta marcha, se entiende que a ella se sumen porciones ciudadanas independientes y sin agenda ideologizada.

El Ejecutivo tiene que saber leer la realidad. Y ésta le exige un cambio radical de gestión, no solo política sino también económica e institucional. El país no llega indemne al 2026 si las cosas siguen como están. Fuera de la agenda politizada de los convocantes oficiales de la marcha, la demanda ciudadana de fondo no puede ser soslayada y muchos menos reprimida abusivamente.

 

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