Democracia

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fueron parte esencial de las iniciativas de reforma planteadas por la comisión Tuesta, pero se suspendieron en las últimas elecciones por la pandemia. Hoy deben ser asumidas como filtro obligatorio ante la avalancha de partidos que se está inscribiendo.

Los propios partidos del statu quo no las quieren, claro, prefieren seguir manteniendo el esquema de que los candidatos presidenciales y las listas parlamentarias se decidan prácticamente a dedo, por los “dueños” de los partidos. Así, se diluye la posibilidad de generar una situación que les convendría a ellos mismos, ya que las PASO no tienen otro propósito que reforzar a los partidos políticos, piedra angular de una democracia más funcional que la que tenemos.

Si este mecanismo, que se aplica con éxito en varias democracias del mundo y de la región, se aplicase en el Perú, influiría en gran medida para que un poder integrado por partidos, como es el Congreso, recupere algo de la legitimidad y representatividad que en nuestro país ha venido perdiendo paulatinamente (cada Parlamento es más desacreditado que el anterior), hasta llegar a los límites actuales, con un poder del Estado con aprobación que apenas llega al 6%, según algunas encuestas.

Los partidos políticos son una parte fundamental de la democracia. Son las organizaciones que canalizan las demandas de los ciudadanos y las llevan a las instituciones gubernamentales. Sin partidos políticos, la democracia sería una mera formalidad, sin capacidad de representar los intereses de la mayoría.

Los partidos políticos no son perfectos, y a menudo se ven envueltos en luchas de poder y corrupción. Sin embargo, son una parte esencial de la democracia, y su función es básica para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

Los partidos políticos son los pulmones de la democracia. Sin ellos, la democracia sería una máquina sin combustible, incapaz de funcionar. Ellos son los encargados de llevar el oxígeno de la participación ciudadana a las instituciones gubernamentales, y de asegurar que éstas funcionen en beneficio de la mayoría.

Hay que recuperar la legitimidad del establishment democrático en el país. Lo que hoy sucede no es solo culpa del gobierno de Boluarte. Es parte de un proceso histórico de paulatino deterioro, que, si no hacemos algo para remediarlo, irá de mal en peor, alentando la posibilidad de aventuras autoritarias y radicales.

La del estribo: agenda obligada de la cartelera teatral acudir al Teatro de Lucía a espectar Hasta que la muerte nos separe, con la dirección del gran Alberto Isola y las actuaciones de Sandra Bernasconi, Javier Valdés, Roberto Ruiz, Airam Galliani, Antonella Gallart y Sol Nacarino. Va hasta el 21 de agosto y las entradas se venden en Joinnus.

 

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Por supuesto, la intimidación no va a surtir efecto. Ya bastante curtidos en
lides mayores son los periodistas de IDL-Reporteros, pero ello no es óbice
para no solidarizarse con su quehacer, reconocerle el valor democrático y
profiláctico que cumplen, y, en consecuencia, su aporte a la construcción de
una democracia más sólida, más aún en momentos como en los actuales
donde la precariedad institucional avanza a pasos agigantados.

La democracia se juega en la sociedad civil, sobre todo cuando la clase
política claudica de sus obligaciones al respecto. La labor de la prensa crítica y
seria es un factor de apuntalamiento de las instituciones democráticas, y
debe ser respetada en sus fueros de acción sin ninguna cortapisa, como no
sean los límites legales propios que le corresponden A ver si lo entienden en
el Ejecutivo y en el Congreso, poderes que últimamente se han dedicado con
esmero digno de mejor causa, a diseñar proyectos y acciones que la mellan.

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Más allá de ese análisis, el libro -dentro de un panorama general de las democracias latinoamericanas- presenta los avances y estancamientos en la que se encuentran la democracia y lo liberal. Al respecto, Vergara propone una mirada republicana, que se sitúa por sobre las premisas presentadas anteriormente, en la que se haga necesario plantear análisis sobre la República desde el punto de vista del gobierno, de los ciudadanos y de la sociedad.

Y es a través de estos planteamientos de análisis que se puede apreciar el malestar permanente en el que se encuentra América Latina.

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El artículo 116 de esta ley nos dice que el resultado en las primarias partidarias debe ordenarse por voto y sexo pero con alternancia. Para facilitar la comprensión de este teorema, si Patricia obtiene 100 votos, Roxana 80 votos y Juan 50 votos, el orden no será exclusivamente por los votos obtenidos sino que primero irá Patricia por mayor votación, pero por alternancia, Juan que sacó menos votos que Roxana, irá en segundo lugar. ¿Es esto constitucional? ¿Es justo?

Ya el colmo de la dictadura de la paridad forzada sucedió en las últimas elecciones chilenas para definir el nuevo Consejo Constitucional, donde el candidato Juan Sutil obtuvo 13.8 % en su circunscripción pero tuvo que ceder su lugar a Ivonne Mangelsdorff, cuyo 1.7% le bastó, para alcanzar una curul ya que en Chile es obligatorio que este Consejo Constitucional sea, arbitrariamente paritario.

No sé cómo tome la Sra. Mangelsdorff que fue su sexo y no sus propuestas, la que la llevó a este consejo, pero espero que la mayoría de las mujeres sienta al menos incomodidad, al ver que se impone una paridad no por capacidad sino por una cuota.

La democracia no está hecha para poner arbitrariamente cuotas que limitan el derecho de unos bajo el pretexto de otorgárselos a otros. Vivir en democracia es ejercer nuestra libertad sin violar la del prójimo, es brindar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para que puedan decidir su camino, sus amores, su trabajo, su credo y su pensamiento.

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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Tomar aeropuertos responde a una lógica militar desestabilizadora que no puede ser permitida por las fuerzas del orden democráticas. El Movadef, las mafias ilegales, y los secuaces del preso de Barbadillo no pueden marcar la agenda nacional con su lógica violentista y golpista. La democracia está en pleno derecho de defenderse y si en ese proceso (por eso es un orden democrático), se cometen excesos pues deberán ser sancionados, pero el lamentable número de muertos no nos debe hacer olvidar que acá estamos frente a una responsabilidad mayor de parte de los autores intelectuales de la asonada, que están buscando escalar el conflicto para provocar el colapso de la sucesión constitucional bien trazada por la institucionalidad democrática que supo resistir y salir indemne del golpe perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, quien hoy dirige, qué duda cabe, la turbamulta delictiva organizada en diversos puntos del país.

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Dina Boluarte tiene que ser muy enérgica y a la vez serena respecto de lo que se viene. No es broma. No es una protesta social normal. Hay una lógica desestabilizadora y política detrás de la ciudadanía que, más allá del pliego de reclamos, se suma a la protesta porque acumula décadas de resentimiento frente a las políticas públicas del Estado peruano.

Hay que desactivar con inteligencia política el nuevo golpe que el castillismo y sus cómplices en la izquierda quieren perpetrar contra la democracia. Porque esta es una protesta golpista y antidemocrática, por más razones sociológicas que, en muchos casos, pueda haber detrás.

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Y digo transitorias porque la crisis que tenemos de nuestro aparato político es estructural. Pululan por nuestra “clase” política novatos que buscan del ejercicio gubernamental el enriquecimiento fácil sin lealtad alguna y con agendas individuales más que de partidos. Con ese esquema, que viene desde los años noventa, es que el Perú ha ido trabajando políticamente. 

Hasta el 2017 había cierto consenso de no abrir la caja de pandora de la vacancia, pero después de la renuncia de PPK y las posteriores vacancias de Vizcarra y Pedro Castillo, el Perú ha entrado en una espiral de crisis continua que lo único que generará, si es que no se toma las medidas pertinentes, es la pulverización de la política en general. Llevamos, con aciertos y errores, 22 años de democracia. Un régimen político joven que necesita afianzarse a pesar de políticos inexpertos y novatos. 

Volvamos a pensar en los grandes pactos necesarios para darle un nuevo reimpulso al régimen democrático. Es lo que necesitamos. La opinión pública, en ese objetivo, juega un rol protagónico.

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Insisto, asimismo, en que los partidos políticos deben tener una narrativa que trascienda la plaza pública. Para ello, es imprescindible su participación mediática a través de programas que conecten el internet con la televisión. En estos tiempos, política y medios no pueden ir por separado o que estos últimos sean sustitutos partidarios.

Así, entre otras medidas, se puede reconstruir la legitimidad y confianza de las instituciones políticas en nuestra joven democracia.

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