[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En el actual y convulso panorama político que atraviesa el país, la Fiscal de la Nación, respaldada por más de 40 congresistas, se ve envuelta en una situación sumamente crítica. Una minuciosa investigación liderada por una fiscal ha arrojado indicios razonables que apuntan a la posible participación de la titular de la Fiscalía en una presunta organización criminal. Con base en las primeras investigaciones, esta red delictiva habría operado con el objetivo de garantizar la impunidad de los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a la Junta Nacional de Justicia.
Ante el descubrimiento de estas actividades ilícitas, los presuntos integrantes de la organización criminal han adoptado la estrategia de «morir matando». Movilizando todos los recursos a su disposición, están llevando a cabo maniobras legales y políticas para evitar su inminente caída y la de los congresistas vinculados. En un giro sorprendente, la Fiscal de la Nación, en horas de la madrugada del lunes 4 de diciembre, firmó la resolución que destituyó a Marita Barreto de su cargo como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, fiscal que venía investigando a sus asesores desde hace tiempo. Simultáneamente, acusó a la presidenta de la república, al primer ministro y a tres ministros de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, así como de lesiones graves en perjuicio de Sebastián Murillo y otros ciudadanos. A estas acciones se suma la moción presentada por algunos congresistas, que busca someter a una investigación sumaría a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por “falta grave”.
Estas medidas buscan desviar la atención pública de las acusaciones iniciales, generando confusión y pretendiendo desgastar la capacidad de respuesta de aquellos que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, tienen la potestad de investigar y sancionar a la Fiscal de la Nación. En este complicado juego político, la expresión «morir matando» resume la intensidad de las acciones emprendidas por la presunta organización criminal para preservar su poder y evitar las repercusiones legales de sus acciones; y de la disposición a emplear cualquier recurso que se encuentre a su alcance.
En este escenario político convulso, las revelaciones actuales no hacen sino reafirmar una triste realidad que se repite: la venta de votos en el Congreso, la obstrucción de investigaciones fiscales y la perpetración de actos de corrupción son prácticas que persisten. Estas acciones, impulsadas por intereses particulares y de grupo, dejan al descubierto la falta de integridad y la miseria moral de aquellos que las ejecutan.
La democracia se basa en la idea de que el poder debe emanar del pueblo y que los representantes electos deben actuar en el interés del bien común. La venta de votos es una práctica que socava aún más la legitimidad del Congreso. Cuando los congresistas venden sus votos, están traicionando la confianza que les ha depositado el pueblo. La obstrucción de investigaciones fiscales es otra práctica que atenta contra la democracia. Cuando se obstaculizan las investigaciones fiscales, están impidiendo que se haga justicia y que se sancione a los responsables de actos de corrupción. La perpetración de actos de corrupción es una violación de la ley y de los valores democráticos.
Finalmente, esta coyuntura crítica podría convertirse en un punto de inflexión para un resurgimiento democrático, donde la integridad y la ética recuperen su lugar central en la conducción del país, en la administración de justicia y en la política.
