NoMásRetrocesos

La reciente medida adoptada por el Congreso del Perú, que prohíbe el uso de minifaldas para las trabajadoras, es una clara manifestación del control social sobre el cuerpo de las mujeres y una muestra de cómo aún se perpetúan normas patriarcales bajo la fachada de «formalidad». 

Lo que podría parecer una simple normativa de vestimenta es, en realidad, una forma de discriminación directa y una herramienta más para restringir las libertades; condicionando y determinando no solo cómo deben vestirse las mujeres sino también como deben comportarse en los espacios de poder y toma de decisiones.

El Congreso, el segundo poder del Estado, se ha convertido en el principal perpetuador de estereotipos, reafirmando que las mujeres deben mantener conductas basadas en un moralismo patriarcal que solo favorece a los agresores. 

En una sociedad en donde la violencia de género contra las mujeres y niñas es drama diario, este tipo de medidas solo fortalece la impunidad de los agresores y coloca como “provocadoras” a las mujeres que libremente deciden su forma de vestir. Así se valida la violencia sexual en el espacio público y se perpetúa la tolerancia a este flagelo social. 

El retroceso al que nos están llevando las actuales autoridades es gravísimo. Cuando pensábamos que el Congreso no podía caer más bajo surge el escándalo de la supuesta red de explotación sexual, las autoridades deciden limitar la vestimenta de las mujeres y se destapan escándalos de violencia sexual protagonizados por los mismos congresistas. 

Evidentemente estamos ante un Congreso, cuyos representantes son la expresión de una cultura patriarcal y machista que prevalece en nuestro país, la cual vulnera diariamente la vida de miles de personas. 

Las mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a sentirse seguras en el espacio privado y público. Es decir, en los diferentes ámbitos en donde se desarrollan.

El control sobre las elecciones de vestimenta esta intrínsecamente ligado a la histórica objetivización de los cuerpos, la sumisión a cánones hegemónicos de belleza y el “moralismo patriarcal y religioso” que se expresa además en la censura de contenidos que plantean una crítica a este modelo de exclusiones. Aunque ese es otro tema no puede dejar de mencionarse, ya que todo se encuentra relacionado. 

Volviendo a esta absurda y retrógrada medida que solo sirve para perpetuar estereotipos y la discriminación directa a las mujeres; su crítica es indispensable. No es un tema menor, estamos asistiendo a un retroceso de décadas en materia de igualdad. Lo que esta norma regular es la libertad individual de las mujeres, devolviéndonos a tiempos que pensamos ya estaban superados. El control, la vigilancia y la reculpabilización en su máxima expresión. 

Un feminicida justifica su crimen diciendo que “la mato porque lo dejó por otro”, los congresistas con esta medida dicen “las mujeres provocan los ataques sexuales”, exculpando así a los agresores. En el modelo patriarcal, punto de apoyo de la violencia de género, son las mujeres las culpables de lo que les pasa: ya sea por cómo estaban vestidas, si fueron o no a las fiestas, si salieron tarde o no, si tomaron alcohol o no. 

Cuánta razón y vigencia tiene la letra de la agrupación feminista “Las tesis”, quienes han graficado esta realidad al decir: 

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo
es la violencia que no ves (…) Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”

El camino hacia la igualdad de género pasa por promover autonomía, respetar libertades y ciudadanías. No por limitar libertades y culpar eternamente a las mujeres. La violencia sexual es un delito y el culpable siempre es el agresor. El Congreso, no entiende eso. Caer más bajo se puede. 

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El último mensaje presidencial de Dina Boluarte, no solo fue groseramente largo, sino vacío de real contenido.

 Uno de los hechos más saltantes es que inicio el mismo de espalda a la realidad, colocándose como la “salvadora” del país, y, culpando al anterior gobierno de todos los males que nos aquejan.

Boluarte, parece olvidar que ella fue parte del gobierno que critica. Y en realidad, todos los actores políticos, de todas las canteras, tienen su cuota de responsabilidad en la crisis política que arrastramos hace años. 

De otro lado, con una actitud indignante ignoró la demanda de justicia por los asesinatos cometidos al inicio de su gobierno, a pesar que en las calles de Lima miles de personas protestaban buscando un cambio democrático y un alto a la impunidad. Incluyendo familiares de las víctimas.

La presidenta trato de afirmarse como una “demócrata”, cuando sabemos que es en este gobierno en dónde se han dado los mayores retrocesos en materia de gobernabilidad democrática. Se ha vulnerado, por ejemplo, el principio de separación de poderes. La alianza corrupta entre el Legislativo y el Ejecutivo lo demuestra.

Por lo tanto, iniciar un mensaje presidencial con estas afirmaciones es parte del descaro político, ya histórico en nuestro país.

En materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación los anuncios fueron casi inexistentes. Un país fuertemente golpeado por la violencia sexual hacia las mujeres, niñas y niños ameritaba un compromiso real del gobierno, anuncios contundentes en la lucha contra este flagelo social que afecta la vida de nuestra niñez.

Sino hubo un anuncio real en esta materia, mucho menos en la lucha contra otras formas de violencia de género. Queda claro que las políticas públicas orientadas a atender problemas sociales estructurales no son priorizadas por el gobierno actual.

El anuncio de fusión entre Ministerios, preocupa por la insistencia en debilitar los sectores que se hacen cargo de las políticas sociales como es el MIDIS Y EL MIMP.

No se esperaba gran cosa del mensaje presidencial, mucho menos de un gobierno violador de derechos humanos, pero el descaro con el cual se invisibiliza la realidad es angustiante.

Esperemos otros tiempos se puedan aperturar.

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