Un reciente informe de Amnistía Internacional y el CMP Flora Tristán, titulado: “Las Mujeres que nos faltan” realizado en el marco de la Campaña Búscalas, vuelve a colocar en la agenda pública la preocupación por las mujeres desaparecidas. El estudio evidencia no sólo datos alarmantes, sino además testimonios de familiares que coinciden en visibilizar la indolencia de las autoridades frente a las denuncias y procesos de investigación que no cumplen con los estándares de la debida diligencia.
Entre los datos más impactantes tenemos que en el 2020 se registraron 18461 desapariciones, de estas el 63% corresponde a mujeres y el 62% fueron niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años. Llama la atención la falta de información desagregada por edad y sexo para el 2021, por lo que es necesario fortalecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas – RENIPED, que es parte del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas que incluye, además, el Portal de Personas Desaparecidas y la Línea 114 (línea de atención telefónica).
El mencionado informe intenta visibilizar la peligrosa relación que existe entre las desapariciones de mujeres y la violencia de género. En cerca del 25% de los casos de feminicidios las víctimas fueron reportadas como desaparecidas. Del mismo modo, se alerta del vínculo que existe entre este crimen y otros como la violencia sexual y la trata de mujeres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009 a partir de la sentencia del Caso Campo Algodonero, estableció que los Estados tienen un “deber de debida diligencia estricta” frente a los casos de mujeres desaparecidas. Esto significa que las autoridades conociendo el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres por el contexto de discriminación de género, tienen la obligación actuar de forma efectiva y rápida, ordenando medidas oportunas para dar con el paradero de la víctima, presumiendo que la persona se encuentra con vida y privada de su libertad, por lo que las medidas tomadas en las primeras horas son fundamentales.
Lamentablemente, los testimonios de los familiares y la experiencia del litigio de los casos reflejan que el Estado no cumple con su obligación de debida diligencia estricta; todo lo contrario, se encuentran serias deficiencias en su accionar lo que pone en riesgo la vida de las mujeres a la vez que expone a las familias a episodios de dolor, impotencia e indignación. La mayoría de ellas no se sienten acompañadas por el Estado, resienten la falta absoluta de empatía con sus casos, llegan a sentirse humilladas y abandonadas por un sistema que no responde a sus denuncias y a una búsqueda que – finalmente – tienen que emprender por su cuenta.
Urgen cambios para hacer frente a esta problemática, entre ellos un protocolo específico de actuación para los casos de desaparición de mujeres, la sensibilización de las autoridades (especialmente PNP y Fiscalía) y el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda. Complementariamente a ello, se necesita establecer la desaparición de mujeres como una modalidad de violencia de género, promoviendo así su visibilización y políticas públicas integrales para hacer frente a este crimen. “Las mujeres que nos faltan” ¡Búscalas! es un grito para frenar la indiferencia, no dejemos de escucharlo.
