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Hemos señalado recientemente que una señal clara del gobierno en favor de la inversión privada sería que saque adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María y que ello podría despertar de su letargo la confianza empresarial y la consecuente inversión.

No será necesario ir a mayores -como implicaría destrabar dos proyectos con enorme carga de conflictividad social-; bastaría con que el Ejecutivo coordine con el Congreso y logre la privatización de ese monstruo burocrático, que se roba los dineros de todos los peruanos, que es Petroperú.

Fitch le acaba de rebajar la calificación crediticia en consonancia con su quiebra fáctica. Apoyo Consultoría ha emitido un informe en el que sugiere cinco medidas concretas: 1.- Regresar temporalmente la empresa al Fonafe para designar al nuevo directorio, eliminar la interferencia política y mejorar el gobierno corporativo. 2.- Condicionar nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas; 3.- Transparentar el Plan de Restructuración realizado por la consultora Arthur D. Little; 4.- No otorgar la operación de nuevos lotes petroleros a Petroperú, en particular el lote X; y 5.- Acelerar la incorporación de capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa al sector privado.

A contramarcha de ello, el presidente del directorio de Petroperú dice que la empresa no tiene que divulgar su plan estratégico (plan de reestructuración), cuando es una obligación de cualquier gobierno corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Petrobrás y Ecopetrol lo tienen a libre disponibilidad en su página web, no hay ni que pedir el favor que lo compartan. ¿Qué se esconde?

Peor: Petroperú promete bajar el precio del combustible si el Estado se allana a sus irracionales pedidos de salvataje. Es pura demagogia. ¿Cómo lo va a hacer, si solo tiene ventas mayoristas -un 30% del mercado- y no maneja sus grifos, quienes solo alquilan el logo?

Es una desgracia que Fujimori, embelesado con su intento de re-reelección, haya abandonado el proceso de privatización de las empresas públicas que empezó la primera mitad de los 90 y que luego detuvo para evitar asperezas y lograr su cometido político. Por culpa de ello, tenemos que soportar la carga infame de Petroperú, Sedapal y Córpac, entre otras. Se anotaría un golazo el gobierno de Dina Boluarte si zanjara esa deuda histórica.

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Conga, Petroperú, Privatización, privatizar, sedapal

“El delincuente tiene que ser declarado como objetivo militar. Además, declarar la tenencia ilegal de armas como terrorismo delictivo. Tercero, los delitos como sicariato, secuestro, extorsión, declararlos como traición a la patria”.

“Leyes más duras, más drásticas (…) Yo sí estoy de acuerdo en que se aplique la pena capital aquí en el país, y si tenemos que salirnos del Pacto de San José, nos salimos pues”.

“La delincuencia criminal ha convertido en un baño de sangre el Perú y esta situación necesita medidas duras, mano dura. Por lo tanto, creo que tenemos que eliminar a aquellos sujetos, lacras que asesinan a peruanos inocentes (…) Que se aplique la pena capital a todos aquellos delincuentes en flagrancia”.

Son algunas de las frases lanzadas en la entrevista que le efectuara este fin de semana Perú21 a Carlos Álvarez, el potencial outsider de la derecha para los comicios del 2026 (de antemano, ya hemos señalado que tiene un potencial electoral muy superior al de sus competidores del mismo espectro ideológico).

Por ello mismo preocupa que Álvarez haga suyo el populismo punitivo, que a nada bueno conduce y no es el mecanismo adecuado para luchar contra el grave problema de inseguridad que el país vive.

Lo que se requiere, y es la llave mágica que muchos países han hallado para disminuir la tasa delincuencial (no es El Salvador, en ese sentido, el mejor ejemplo), es asegurar que el delito sea sancionado efectivamente. Ya existen penas duras en el Perú, pero los delincuentes saben que ni siquiera van a ser capturados o que, si lo son, lo más probable es que sean liberados o sancionados levemente.

Lo que se requiere es una profunda reorganización de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial, preñados de corrupción o intimidados por los criminales, y que, al disminuir la tasa de efectividad en la real sanción de los delincuentes, alientan su proliferación (hemos descendido 20 lugares en el ranking global de la corrupción que realiza Transparencia Internacional).

No hace falta ser autoritario para combatir a las mafias. Se necesita firmeza, eso sí, para combatir a aquellas que se han infiltrado en nuestras instituciones llamadas a combatir el delito. Y para ello no hace falta romper los cánones democráticos, ni construir un Estado policíaco, ni vulnerar el respeto estricto a los derechos humanos.

Siendo, como es, un líder popular, inteligente y bien articulado, Carlos Álvarez está a tiempo de estudiar mejor el tema y proponer soluciones que no constituyan un peligro democrático. Tenemos experiencia como país de que cuanto más indiscriminada fue la lucha antiterrorista, Sendero Luminoso creció y prosperó. Cuando se aplicó la inteligencia y la civilización, fue derrotado. Lo mismo debiera aplicarse a la lucha contra la lacra delincuencial que nos está sometiendo. No necesitamos un Bukele. La DBA no debe tener vela en el entierro de las bandas criminales que asolan el país.

Si el gobierno entrante es, como sería deseable, de centroderecha, será imperativo que obtenga mayoría parlamentaria -por propia cuenta o por coaliciones partidarias– para lograr gobernar con relativa estabilidad y conseguir las metas de enderezar la economía, desbaratar las redes de corrupción que han hecho metástasis en el Estado peruano y combatir la inseguridad ciudadana, los tres grandes desafíos del presente, que lo seguirán siendo el 2026, dada la incompetencia del actual régimen por resolverlos.

Si el 2001 Toledo no se hubiera aliado al Frente Independiente Moralizador, de Fernando Olivera, y el 2006, Alan García a Unidad Nacional de Lourdes Flores y al fujimorismo, obteniendo así mayoría congresal, no se hubieran plasmado los dos gobiernos más exitosos de los últimos lustros (Ollanta Humala logró también mayoría con la concurrencia de Perú Posible, pero, a pesar de no ser el chavista que algunos temían, fue en su gobierno que empezó el desmontaje del modelo económico heredado de los 90, y que tantos frutos ha dado al país, permitiendo décadas de desarrollo y de reducción de la pobreza).

De hecho, quien asuma las riendas del poder el 2026, tendrá que labrar una múltiple coalición partidaria, considerando la perspectiva de que haya una veintena de candidaturas del mismo perfil ideológico, muchas de las cuales colocarán alguna cuota parlamentaria.

Pero bajo los antecedentes funestos de lo que sucedió el 2016, con la cainita actuación política del fujimorismo, socavando al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo ideal sería que quien descollecomo potencial presidente no descuide una tarea esencial: trabajar provincias con ahínco, visitarlas frecuentemente, conformar buenas listas locales, y lograr así una propia bancada congresal lo suficientemente poderosa para no ser víctima luego del chantaje de líderes mezquinos, como lo fue Keiko Fujimori luego de su segunda derrota presidencial (si el fujimorismo apoyó a García el 2006 fue porque Keiko no se presentó; lo hizo Martha Chávez).

Restan poco más de dos años para la realización de los comicios presidenciales del 2026, tiempo suficiente para que las organizaciones que logren inscribirse y postular hagan la tarea política que corresponde y respecto de la cual, la izquierda ya viene corriendo metros por delante.

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elecciones 2026, Keiko

Dos tercios de los peruanos considera que estamos peor que hace un año, según revela la última encuesta del IEP publicada hoy en La República. Por cierto, tanto el Ejecutivo como el Congreso mantienen una altísima desaprobación (82 y 90%, respectivamente).

Esta situación debe cambiar. No se puede gobernar con relativa perspectiva de mediano plazo con tales precariedades ciudadanas. Dina Boluarte tiene que tomar las riendas de su gestión. Alberto Otárola es su mejor aliado en tanto no consiga un mejor reemplazo, pero el Premier es el as del área chica (resuelve conflictos sociales, maneja relación con el Congreso, etc.), no un líder de largo plazo. El 2026 no es su perspectiva sino la semana entrante.

¿Qué acciones puede tomar el gobierno? ¿Cómo romper el nudo gordiano de la desesperanza que cunde en el país? La más rápida y eficaz salida pasa, aparentemente, por la economía. Allí puede radicar una mejora sustantiva inmediata que cambie el ánimo ciudadano.

1.- Sacar al titular del MEF, Álex Contreras. Necesita de alguien que marque la cancha y otorgue confianza absoluta en los inversionistas privados. Sabemos que es ficha de Otárola, pero la presidenta debe empezar a imponerse dentro del Ejecutivo. Si quiere relanzar la economía debe cortar con uno de sus puntos más débiles.

2.- Convocar en el más corto plazo a los principales representantes gremiales de la gran, mediana y pequeña empresa privada, y persuadirlos de la seguridad macroeconómica existente y la perentoria urgencia de restaurar el optimismo en el país, que libere las amarras de la confianza y la inversión privada concomitante.

3.- Comprometerse, con una estrategia que no sea la de tierra arrasada, que tanto parece gustarle al Premier, en sacar adelante proyectos que se han convertido en emblemáticos en el país, como Conga y Tía María, detenidos en su momento por la reacción contraria de las poblaciones aledañas y un pésimo manejo gubernativo respecto de dos proyectos que no solo nos salvarían el año en términos de inversión privada, sino que reestablecerían un conducto normal del flujo capitalista en el Perú.

Hay otros problemas graves en el país, como la inseguridad ciudadana y la corrupción, que también deben ser atendidos, pero hay que saber que son problemas crónicos que no se van a poder resolver rápidamente. Lo más a la mano transita por los linderos de la economía y está al alcance del gobierno efectuar un giro radical al respecto.

La del estribo: estupenda puesta en escena de La doctora, obra de Robert Icke, magistralmente dirigida por Urpi Gibbons, con las sobresalientes actuaciones de Diana Quijano, Magali Bolívar, Augusto Mazzarelli, Gabriela Velásquez, Ebelin Ortiz, entre otros. Va en el Teatro La Plaza hasta el 29 de febrero. Entradas en Joinnus.

Cuando se discute el tema de la corrupción, la pasiva gestión del estado, la toma del congreso por líderes de la economía informal e ilegal, el tema se suele abordar desde los hechos, la evidencia, las cifras:  les vendemos armas fabricadas por el estado peruano a las mafias ecuatorianas,  las negociaciones con la policía y el ministerio del interior son inútiles, una congresista inspirada en Milei está convencida de que debemos reducir nuestros ministerios de 18 a solo 9 para gastar menos 

El problema es que la discusión pocas veces consigue revertir aquello que critica, pues enfrentamos a productores y tozudos defensores de falsa información: por ejemplo, aumentan las cifras de violencia para que la compra de armas crezca y luego puedan comercializarla ilegalmente; o para impedir la fiscalización de las economías criminales nos quieren convencer de que es necesario reducir ministerios por el gasto público, cuando somos uno de los países con menor gasto en América Latina.  

Que nos gobiernen alzando la falsa información como bandera no es tan sólo un problema de cifras o evidencia, es también origen de un profundo problema que afecta directamente la construcción de nuestra subjetividad social. Pues crecer en medio del engaño, poniendo todo el esfuerzo en denunciarlo, y percibir que no se consigue revertir la situación, consume nuestros esfuerzos, agota nuestras esperanzas. Produce un profundo cansancio social que nos deja cruzados de brazos ante la agonía de nuestros partidos políticos y de todo el sistema democrático nacional. 

Como levanta la sospecha de que resulta más sencillo dejarse engañar, empezamos a ver en el otro un potencial mentiroso o un incapaz engañado, de forma que no podemos confiar en ninguno de ellos, sólo en uno mismo. De esa manera las redes sociales funcionan mejor que un partido político. Decido socializar virtualmente con quien me da la razón, sin necesidad de que nuestra presencia y aquello que escondo corra riesgo. El partido político, a diferencia, nos convoca a sesiones, a espacios de diálogo y de debate ideológico, a campañas y elecciones donde delegamos nuestra confianza en los candidatos. Nos hace socializar, conocernos y compartir nuestras diferencias y afinidades. No es que no se tome en cuenta la suspicacia, pues sabemos que se trata de una competencia por tener el poder, el control de un territorio, de sus fondos fiscales y de su población; pero aún aceptando este riesgo, seguimos fieles a las propuestas cómo un nuevo gobierno transformará nuestro entorno y condiciones de vida. 

En cada país hay sin duda candidatos de redes que prefieren manipular la información y engañar y candidatos de partidos que llegan con propuestas y equipos de trabajo dedicados a comprender nuestros conflictos y necesidades. Pero en Perú, pareciera que el copamiento del sistema democrático por parte de los candidatos y gobernantes aliados para engañar y corromper hizo de los partidos políticos espacios de alquiler electoral para conseguir beneficios personales. 

En medio de la desconfianza que alimentan los actuales poderes del estado, donde sus protagonistas están acusados de haber cometido crímenes y delitos, que puesto fin a los partidos y ahora regresa para retomar el control de las universidades ¿dónde podremos sentirnos seguros para debatir modelos de gobierno ante el futuro de inestabilidad climática y territorial del que depende la duración de nuestros recursos? ¿Dónde discutir el futuro de nuestras siguientes generaciones que tendrán que hacerse cargo del mundo nuevo con sus profundos retos que les tocará vivir?

Si en estos tiempos aparece un nuevo partido, el reto de recuperar nuestra confianza será grande, pero sin ella no podremos seguir. 

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confianza politica

[PIE DERECHO]  El remezón capilar a la presidenta Boluarte en Ayacucho, debiera ser un jalón de orejas para los sectores del centro y la derecha, que están viendo anidar y crecer un poderoso sentimiento de frustración y cólera en toda la zona del sur andino respecto no solo del gobierno sino de todo el establishment, sin hacer algo al respecto.

El sur andino (Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho), representa al 19% del electorado nacional. De no variar la situación, lo más probable es que vaya a votar en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (80% a favor de un candidato radical de izquierda). Eso implica al menos el 15% de votación para la izquierda. Sumado al voto andino del centro y norte, más el resto del país, podría permitir que dos candidatos de ese perfil disputen la segunda vuelta.

Hay que tener presente los reales niveles de votación del 2021. Más allá de la contabilidad respecto de los votos emitidos, o, peor aún, de los votos válidos, lo cierto es que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con apenas el 10.77% de los votos respecto de la población electoral, y Keiko Fujimori obtuvo el 7.63%.

Se entenderá que con el potencial voto señalado párrafos arriba, el temor de un resultado propicio a sectores radicales es alto. Cabe señalar, además, que Puno es el centro geopolítico del sur andino y allí Castillo obtuvo casi el 90% de los votos válidos en la segunda vuelta del 2021. Ese respaldo se ha mantenido parcialmente, al extremo de que la mayoría de ciudadanos puneños avaló el golpe de Estado castillista, según encuestas del momento.

El gobierno ha descuidado por completo al sur andino y es patético observar a la primera mandataria tratando de soslayar el rechazo que sufre en esa región, acudiendo poseramente a ellas, con los resultados lamentables conocidos.

Pero más desolador es apreciar a los precandidatos de este espectro ideológico (del centro a la derecha) y a las élites académicas o empresariales identificados con dicha raigambre ideológica, dejando al sur andino políticamente abandonado, creyendo, quizás, que por puro decantamiento, el ánimo anti establishment allí preponderante va a amainar, cuando todo hace suponer que, más bien, va a ahondarse.

[PIE DERECHO]  La decisión del Ejecutivo de promulgar, sin observaciones, la ley aprobada en el Congreso que elimina la obligatoriedad de las elecciones primarias, constituye un grave retroceso en el esfuerzo por democratizar a los partidos, en primer lugar, por mejorar la representación parlamentaria, en segundo lugar, y por establecer filtros que eliminen la proliferación de candidaturas en los próximos comicios, por último.

Encima de ello, de contrabando, la ley consolida el perverso sistema del voto preferencial y eleva a futuro (no afecta a los partidos con inscripción en curso) los requisitos para anotar una agrupación partidaria, exigiendo la friolera de 500 mil firmas para lograrlo (resucitando el tráfico corrupto de firmas para lograr semejante condición).

Resultado más tangible de esta contrarreforma: vamos a tener el 2026 una treintena de partidos, cuyas listas serán designadas a dedo por las cúpulas, y con un infame trasiego de dineros ilegales sosteniendo candidaturas que cainitamente se enfrentarán por conquistar el voto preferencial.

La desgracia democrática que hoy vemos en el Congreso de la República es producto del sistema legal que el susodicho poder del Estado ha decidido perpetuar. Es decir, vamos a tener más de lo mismo en el periodo político que se estrena el 2026. Adiós a la estabilidad política por tantos añorada. Salvo que se produzca un aluvión electoral que involucre a la votación parlamentaria, vamos a tener un Congreso fragmentado, con una alta cuota de transfuguismo y precariedad de los partidos que alcancen un sitio en su seno.

Es una calamidad lo que se avecina. Por lo menos habrá una treintena de partidos de todas las coloraturas y la impronta del fenómeno Castillo (un outsider improvisado apareciendo en el firmamento) hará que nadie dé su brazo a torcer y en el fondo de su alma aspire a reeditar una situación similar a la del 2021, destruyendo así la eventualidad de que se conformen frentes electorales que consoliden una propuesta ideológica.

En esta columna hemos venido luchando por crear un espacio de convicción respecto de la necesidad de que se conforme una gran coalición centroderechista, alejada de una izquierda que no tiene nada que aportar al país en el presente y de una ultraderecha bruta y achorada que tampoco tiene perspectivas de país. Como están dadas las cosas, esa gran coalición parece una quimera que sucumbirá a los egos políticos de todos los candidatos que se sienten presidenciables.

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elecciones primarias, Estabilidad Política, retroceso político, voto preferencial

Escribí hace poco sobre el gran riesgo de que el Perú caiga nuevamente en manos de una izquierda radical, pero esta vez mejor pensada que la improvisada apuesta de Castillo, y además con mayoría parlamentaria, y una lectora me indicó que la verdadera amenaza para el país era la extrema derecha. ¿Lo es realmente?

Una cosa es la derecha conservadora que domina el Congreso y, por ende, marca la pauta política del día a día en su razzia caviar -en lo que coincide con la izquierda cerronista- y otra cosa, muy distinta, es que esa derecha pueda tener réditos electorales y así controlar plenamente el gobierno futuro a definirse el 2026.

No se ve por dónde. Está creciendo esta derecha autoritaria, conservadora y mercantilista -más conocida como la derecha bruta y achorada, por su llanura intelectual y sus modales agresivos-, es verdad, pero no se ve en el horizonte un líder que la conduzca a un eventual triunfo electoral.

Su líder más connotado la está pasando mal en el municipio capitalino. Rafael López Aliaga tiene una alta desaprobación y la suya será una nueva constatación de que el paso por la alcaldía limeña destroza las posibilidades presidenciales (el único ejemplo de un alcalde que luego llegó a la presidencia fue el de Guillermo Billinghurst, quien fue alcalde en 1909 y luego presidente en 1912). Ha sido el caso contrario, el de Luis Bedoya Reyes, Alfonso Barrantes, Ricardo Belmont, Alberto Andrade, Luis Castañeda y Susana Villarán, todos alcaldes y después fallidos candidatos presidenciales.

El triunfo de la extrema derecha en el mundo tendría que pasar por el ensayo de fórmulas populistas. En el Perú, la derecha radical no se atreve a confrontar a los grupos de poder y su única tabla de salvación populista pasaría por alentar la xenofobia, pero hasta en ese tema ya ha perdido la batalla frente a la anticipada y más beligerante conducta antivenezolana de un candidato izquierdista como Antauro Humala, quien se ha declarado xenófobo, “con mucho orgullo”.

El anticaviarismo va creciendo y podría ser una herramienta útil, pero tiene límites para crecer por la debilidad política del adversario elegido. Mal puede servir de cosecha electoral patear a un muerto político, como es la izquierda caviar, que solo mantiene reductos de poder en algunas instituciones fiscales y judiciales (del sector salud y educación ha sido expectorada).

No se ve riesgo inminente de que la extrema derecha siente sus reales en la política peruana. Hay un nicho social conservador muy grande, pero no tiene cabeza política que lo represente a cabalidad (y, en todo caso, la izquierda también anda por esos lares con comodidad).

 

 

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Amenaza política., análisis político, Extrema derecha, izquierda caviar

El influyente diario Financial Times publica una nota en la que revela la preocupación de Washington respecto de la influencia china en la economía peruana y la eventual dependencia geopolítica que ello podría generar de nuestro país hacia la potencia asiática (particularmente por las inversiones eléctricas y el megapuerto de Chancay).

Sobra decir que la Casa Blanca llora sobre la leche derramada. Es por la renuencia inversora de empresas norteamericanas en la región, que China ha logrado el avance que exhibe y tardíamente en los Estados Unidos se están dando cuenta de que en este mundo globalizado, donde ellos empiezan a ser desplazados como la primera potencia mundial, el patio sudamericano es de crucial relevancia para sus intereses. China se ha percatado antes y ha aprovechado el walk over gringo para dar pasos enormes.

Nuestra perspectiva geopolítica no debe nunca descuidar a Washington como norte referencial, pero en términos económicos debemos mantener la política de puertas abiertas que hasta ahora hemos tenido. En ese sentido, importa poco que las inversiones sean chinas, rusas o brasileñas.

Lo que sí debería preocupar, más bien, a las autoridades peruanas es la calidad moral de muchos inversionistas chinos que se están aprovechando de la malla porosa anticorrupción de nuestro país, para reeditar las andanzas brasileñas de la década pasada. Hay empresas chinas abiertamente corruptas que ya empiezan a tener problemas de serias denuncias y el Perú debería estar más alerta para evitar repetir de acá a algunos años megaprocesos judiciales por corrupción a autoridades compradas por yuanes.

La influencia corrupta de las empresas chinas, que están acostumbradas a jugar fuera del reglamento, es algo que sí debería preocupar al gobierno nacional, porque la corrupción en obras públicas termina siempre o en obras mal hechas o en inversiones perfectamente innecesarias, despilfarrándose los recursos, sobre todo de los gobiernos regionales, tan proclives a la corrupción fácil.

En muchas licitaciones o concursos públicos se está repitiendo la figura del caso Lava Jato o del Club de la Construcción, pero bajo el dominio de empresas chinas medianas y hasta grandes que han hallado un país que más que ser un paraíso de las inversiones, es un campo abierto para prácticas corruptas, sin instituciones que la puedan impedir, y con absoluta impunidad por parte de los funcionarios públicos. Ese sí es un peligro geopolítico a tener en cuenta.

 

 

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