El rubro textil también pasó las de Caín el día de ayer. Las fábricas de TopiTop, por ejemplo, estuvieron desiertas. Ni qué decir de sus 27 tiendas ubicadas en la capital. “Son más de 3.000 trabajadores en las tres fábricas de Lima. Nosotros producimos 50.000 prendas al día. Imagínese. Lo más crítico para nosotros es el incumplimiento con los clientes del exterior y la mala imagen de inestabilidad del país”, asegura Gustavo López, gerente general de la división industrial de esta compañía.
Lo más complicado, asegura, es tener que explicarle los vaivenes políticos a sus clientes extranjeros. “Tratamos de no entrar mucho en detalle. Darles esperanza de que esto se va a resolver. Si esto se extiende, será complicado no sólo para los textiles, sino para todos los exportadores. En los próximos días empezarán las dudas de si seguir [invirtiendo] en un país con tanto conflicto político”, se lamenta López.
En Gamarra cerraron los ingresos al emporio comercial incluso desde el lunes por temor a saqueos. Foto: Twitter.
“Detenernos un día significa una pérdida de S/20 millones”, señala con preocupación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. El inopinado anuncio del presidente Pedro Castillo decretando la inmovilización para Lima y Callao afectó la jornada laboral de las más de 100.000 familias que tienen a alguien trabajando en el emporio, y encima en pleno periodo de producción para la campaña otoño-invierno.
Saldaña advierte que en Gamarra no permanecerán sumisos ante otra decisión similar por parte del Ejecutivo. “Los empresarios de Gamarra no vamos a aceptar más medidas restrictivas que no son legítimas y que no tienen el mayor sustento. Somos respetuosos de las normas y las autoridades, pero no podemos permitir abusos”, remarca la empresaria.
DEL JOCKEY A LAS MALVINAS
A la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), la medida del gobierno también le generó un millonario dolor de cabeza. “Un día perdido representa el 12% de la venta semanal. Estamos perdiendo S/70 millones en ventas”, afirma Juan José Calle, presidente de esta asociación que incluye 50 centros comerciales, como el Jockey Plaza y Plaza Norte.
Para Calle, decretar un toque de queda en estos momentos es un absurdo. “Nosotros generamos 180.000 empleos a nivel nacional e impedir que trabajen en una zona como Lima, en un momento donde la economía familiar es golpeada por todos los efectos que conocemos, es contraproducente”, señala.
Centros comerciales como Plaza Norte lucieron cerrados con rejas ante el desconcierto de la gente que pasaba por la zona. Foto: La República.
A las grandes galerías ubicadas en la capital, donde convive el comercio formal con el informal, la decisión del jefe de Estado también les pasó factura. César Vásquez, por ejemplo, es secretario de imagen institucional del Frente Empresarial Las Malvinas. “[El centro comercial] Las Malvinas genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta”, señala. Las restricciones del martes, asegura, representan pérdidas de entre S/30 y S/35 millones.
“Es una medida espantosa. Es el colmo clausurar Lima por un día. La gente está buscando recuperar su economía, pero el gobierno no deja de generar inestabilidad. Justo ahora, que todo ha subido, se les priva de trabajar”, sostiene Juan Infante, director de la Escuela Fábrica de Empresarios.
El empresario también señala que la incertidumbre de este tipo de medidas no sólo influye en los inversionistas. “Los consumidores actúan de manera prudente, reprimen su gasto. Eso, que pasa en las familias, también ocurre en las empresas: se contrata e invierte menos. Eso genera escasez de productos. Es una espiral fatídica”, comenta. Una espiral en la que el gobierno del lápiz se enroló solo. Y que, en total, podría costarnos S/1500 millones del PBI por un día.
En su carta, Anafocat señala que sus agremiados no representan la informalidad ni son insolventes. En Sudaca no dudamos que en el país existan asociaciones que cumplan con todas sus obligaciones. Pero también es una realidad, como puede comprobar cualquier ciudadano, que son varias las que han perdido su licencia de funcionamiento. Van 14, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y casi todas por problemas de solvencia económica o faltas administrativas que van en contra de su propio reglamento. Otras cuatro figuran con resolución de caducidad.
Finalmente, respecto a las versiones incluidas de corredores de seguros citados en el informe, debemos precisar que estas corresponden a las opiniones personales de representantes de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Estas declaraciones fueron buscadas como parte del ejercicio periodístico de tener opiniones informadas de personas que conozcan el sector de seguros vehiculares nacionales.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. Hoy nuestro episodio número 330.
Luego de la publicación, el pasado 11 de febrero, del reportaje “Presidenta bamba”, el apoderado judicial de la Universidad San Marcos, Abelardo Rojas, envió una carta notarial para reclamar por supuestos “comentarios inexactos”. Sudaca cumple con publicarla en su totalidad, pero antes aclara que no hay contenido «inexacto» ni nada que rectificar. Aquí respondemos a las observaciones.
En primer lugar, en la carta se menciona que “de lo que se ha tratado es solo de la tramitación de una recomposición de miembros del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y nada más, sin que haya existido dolo de ningún tipo”. Lo que Rojas omite es que se intentó realizar esta tramitación ante los Registros Públicos con documentos falsos y sobre una asamblea que carece de testigos.
Increíblemente, Rojas adjunta el acta donde supuestamente se acredita que el 4 de agosto de 2021 se llevó a cabo una asamblea en la que participaron 22 rectores; entre ellos, Jerí Ramón. Este documento fue, precisamente, desmentido en la nota con una serie de testimonios. Sudaca consultó con varios rectores que negaron haber asistido a dicha asamblea y pudo revisar los chats grupales donde muestran su total sorpresa, dado que nunca fueron informados de la reunión porque esta nunca existió.
En segundo lugar, sobre la carta de Roberto Supo, exvicepresidente de la ANUPP, el apoderado judicial de la San Marcos menciona que resulta “poco creíble la versión de que él firmó y no sabía lo que firmaba […] lo cual se puede inferir que es falso debido a que estamos hablando de un exrector”. En el informe consignamos la carta de Supo tal cual él la presentó a los otros rectores miembros de la ANUPP. Aquí cuenta cómo Abelardo Rojas lo hizo firmar con engaños los documentos que acreditaban la veracidad de la asamblea inexistente y que la rectora Jerí Ramón lo llamó para convencerlo de que firme. Sudaca se comunicó con Jerí Ramón y el mismo Abelardo Rojas varias veces por llamadas y mensajes, en los cuales se preguntó por el contenido de la carta de Roberto Supo. Nunca obtuvimos respuesta.
Tercero, en ninguna parte del informe se menciona que Jerí Ramón o Abelardo Rojas hayan firmado documento alguno. Así que no hay nada que aclarar al respecto.
El apoderado judicial de la San Marcos también afirma que lo que se produjo fue “un error involuntario entre las fechas consignadas de dichos documentos”. ¿Qué significa eso? ¿Que la reunión sí se llevó a cabo? ¿En qué fecha? El rector de la UNI, que es la universidad donde supuestamente se realizó la asamblea, dijo que no tenía conocimiento de que haya habido actividad alguna. Edith Luis Vasquez, exrectora de la Universidad Daniel Alcides Carrión que aparece en la lista, desmiente también que haya asistido “ni el 4 de agosto ni otro día”. Los demás asistentes consultados por este medio también negaron haber participado de reunión alguna, independientemente de la fecha.
Cuarto, el apoderado judicial de la San Marcos resalta nuevamente que no se pudo regularizar el trámite de recomposición porque el nombre de Roberto Supo no estaba inscrito en los Registros Públicos. Sudaca explicó este punto en la nota.
Por último, Abelardo Rojas menciona que Roberto Supo firmó una declaración jurada en donde se “certifica y da fe” de la validez de la reunión. Este dato ya fue mencionado en el informe “Presidenta bamba”, no es información nueva. Lo que parece grave -volvemos a recalcarlo- es que se omita el hecho de que la asamblea en realidad no se realizó, a decir de las autoridades que debieron estar presentes y no estuvieron. A pesar de eso, se ingresaron documentos a la Sunarp haciendo creer lo contrario.
Por todo lo expresado, nos reafirmamos en que no hay ningún “comentario inexacto” que merezca rectificación alguna.
¿Quién le propuso formar parte del nuevo Gabinete?
El mismo presidente Pedro Castillo. En reuniones que tuvo con diversas organizaciones políticas, él pidió que le hagan conocer cuadros que tengan preparación política y en gestión pública para que ayuden al gobierno a salir adelante.
¿La bancada de Somos Perú lo acercó al gobierno?
No fue la bancada. El presidente no tiene comunicación con la bancada de Somos Perú. Él ha tenido reuniones, en diciembre, con presidentes de organizaciones políticas. Creo que el hecho de pedir cuadros que puedan ayudar en la gobernanza del país es un gesto democrático del presidente.
¿Ha tenido acaso experiencia en el sector Cultura?
He tenido formación política y he sido regidor en la Municipalidad de Pueblo Libre, donde estaba el Museo de Historia y Antropología del Perú, el cual trabajaba directamente con el municipio. Al ser regidor y gerente en diversas municipalidades, hay áreas relacionadas al deporte y a la educación, y uno no puede estar desvinculado. Uno no necesita tener el título de ministro con una especialidad en esa cartera para poder asumir el cargo. Me siento en la condición de poder guiar cualquier ministerio que puedan encargarme.
En las últimas semanas, la gestión de la exministra Gisela Ortiz en el Ministerio de Cultura fue criticada por sectores de extrema derecha y fujimoristas por el reconocimiento al Ojo que Llora como patrimonio cultural. Se le pidió, incluso, que retire esta distinción. ¿Usted tomará alguna medida al respecto?
Todos los peruanos necesitamos tener un espacio y un recuerdo en la memoria. Para poder hablar del tema hay que estudiarlo bien. El Ojo que Llora es un monumento que fue parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este monumento reconoce a nuestros policías y militares fallecidos, pero también a las víctimas de la represión. Existe una ley que estipula que ningún terrorista puede estar registrado y este monumento ha sido reconocido por la Unesco. Nadie tiene que escandalizarse. No hay que estigmatizarlo y debemos darle el valor que corresponde a la historia de nuestro país. Si tengo que responder por ello, lo haré.
Cuando Héctor Valer llegó a la PCM se empezaron a conocer graves casos de violencia familiar. ¿Usted le dijo algo al entonces primer ministro?
No, porque todo fue muy rápido. Normalmente, cuando a una persona se le imputa un hecho, lo que tiene que hacer es defenderse. Nosotros no podemos estar defendiendo los hechos que se le imputan a alguien del Gabinete.
¿Condicionó su presencia en el Gabinete a la continuidad de Valer como premier?
No tengo por qué condicionar. La confianza me la da el presidente de la República. Mi trabajo y lealtad se los debo a él. No tengo que condicionarlos con otras situaciones. Mientras me dé la confianza y libertad para desarrollar la cartera que me ha dado, yo gustoso de trabajar con todas las fuerzas del caso. No podría atreverme a ponerle un condicionamiento.
¿No le resultaba, al menos, incómodo ser parte de un Gabinete encabezado por una persona con una denuncia tan grave como la de violencia familiar?
Creo que cada ministro responde por su cartera con su trabajo. No puedo responder por nadie más. Estoy encaminado a poder desarrollar lo que corresponda a mi cartera con el conocimiento con el que estoy preparado y avanzar hasta donde el presidente me dé la confianza.
El sábado pasado, el expremier Héctor Valer señaló que el Congreso iba a gastar su bala de plata si no le daba la confianza a su Gabinete y que lo siguiente podría ser la disolución del Legislativo. ¿Lo considera una medida razonable?
El presidente nos pidió ser un Gabinete de ingenieros de la democracia. No quiere un Gabinete de confrontación. Nosotros vamos a trabajar democráticamente. Si el Congreso nos recibe, seguiremos trabajando porque así lo quiere el Perú. Pero, si no es así, estaremos ante un Congreso que no deja trabajar al Ejecutivo. Del presidente y los ministros hay la plena voluntad de acercarnos al diálogo y consenso. Nada de imposiciones ni choques o balas de plata. Ojalá el Congreso pueda tener esa misma actitud.
En las últimas horas se ha conocido que los congresistas incluso se reúnen fuera del Parlamento para discutir sobre la vacancia, ¿cree que existirá voluntad para dialogar?
Cualquier tipo de situación que quiera atentar contra un presidente que ha sido elegido para gobernar cinco años es una intención golpista y es un delito. Hay que poner paños fríos y saber rescatar este tipo de situaciones. El Gabinete es democrático y vamos a responder cualquier tipo de agravio con trabajo y haciéndole saber al país quién está del lado de la democracia y quién no.
Algunos exministros, como Pedro Francke y Avelino Guillén, han manifestado las dificultades que afrontaban para poder dialogar con el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo trabajará el sector Cultura con un mandatario que no escucha a sus ministros?
Eso te lo puedo desmentir. Una vez que le escribo al presidente para reunirnos, él me convoca y voy a Palacio de Gobierno. Lamento que otros ministros salgan a manifestar que no había apertura con el presidente, porque lo hacen cuando ya salieron de las carteras. Creo que esto tiene una parte política que se debe analizar bien. El presidente ha sido claro al señalar que hubo mucha gente a la que le dio confianza y han terminado traicionándolo. No puedes esperar a salir de un cargo para patear el tablero. Creo que eso no es correcto desde el punto de vista profesional.
¿Qué intereses podrían tener los ministros al contar las dificultades de trabajar con Pedro Castillo?
Algunos ministros entramos a trabajar con convicción y otros entran a desarrollar su propia política. Creo que estos ministros entraron a trabajar para beneficio propio y tener un capital político. Eso no está bien. No concibo cómo puedes dejar una cartera y luego salir a criticar todo cuando has tenido la oportunidad de hacerlo estando ahí. Han trabajado pensando en tener capital político propio.
Cuando asumió el cargo, empezaron a difundirse tuits suyos con comentarios racistas y sugiriendo que la izquierda no debería existir. ¿Por qué optó por cerrar su cuenta y no dar una explicación?
La cerré porque estaban descontextualizando mis interacciones y retrocediendo muchos años atrás en la historia de mi vida. De racista no tengo absolutamente nada. Soy un ser humano humilde y sencillo que respeta a todas las personas por igual. Se metieron a un tuit donde un periodista chileno ofendía a un colega peruano. Lo que yo quise hacer fue generarle empatía y le puse un primer hilo diciendo qué pasaría si a ellos los trataran de la siguiente manera y entonces le hago un segundo hilo donde le pongo un contexto que luego editan y descontextualizan. Pero nadie habla que fue una respuesta defendiendo a un peruano. Lo que a mí no me van a pedir es que deje de defender a un peruano cuando lo ofenden. La vida me enseña a que debo hacerlo de mejor manera. Esos mensajes no me representan. Esa era una interacción que hasta han editado para agregarle palabras. Pero si ese es el costo que tengo que pagar por servirle al país, estoy dispuesto a pagarlo.
¿Cuáles son las palabras que supuestamente le agregaron?
Son palabras irrepetibles. Lo que pasa es que han tomado captura de pantalla y es fácil editarla. Creo que han tenido que retroceder hasta 2014. Si alguien se ha sentido ofendido, pido las disculpas del caso.
Pero también hay tuits sobre política en los que dice: “La izquierda no debería existir. La izquierda se acaba cuando se termina el dinero ajeno”. ¿Sigue pensando de esa manera?
La política de izquierda ha aportado muchísimo en el mundo. No existiría derecha si no existiese izquierda. La izquierda ha tenido muchos logros y conquistas. Ese es un tema que descontextualiza en todo sentido. No es una posición que yo tengo. Yo interactuó. Hubo una periodista que pregunta cuáles son las principales frases o posiciones de determinadas líneas políticas y esa frase yo la menciono citando a Margaret Thatcher. Pero le quitan la cita y lo ponen como si fuese mía. Si uno googlea, va a saber quién es el autor. Son declaraciones que terminan descontextualizando.
Menciona que los tuits fueron sacados de contexto, pero el tuit al que contestó de esa forma es de la periodista Mabel Huertas y decía “Cada vez que muere alguien en una protesta, la izquierda y derecha se lanzan dardos. ¿Qué tal si buscamos la verdad? No. Eso es más complicado”.
La verdad, no recuerdo bien el contexto. Estamos hablando de muchos años atrás. Uno va avanzando y evolucionando. Creo que hay que marcar una línea de acá hacia adelante. No están hablando con el Alejandro Salas de 2013, sino con el peruano que ha sido convocado para trabajar por su país en 2022.
Tiempo atrás también criticó a Verónika Mendoza por proponer una segunda reforma agraria y ahora forma parte de un gobierno que tiene esta reforma como una de sus principales banderas. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión?
Uno evoluciona cuando escucha personas que te lo explican de otra manera. Una primera reforma agraria estuvo ligada a la expropiación y ahora el presidente Castillo ha dicho que no le va a expropiar nada a nadie y que su reforma va guiada a darle trabajo y desarrollo humano a los agricultores. Cuando a uno se lo explican de esa manera, es imposible estar en desacuerdo.
¿Se considera de izquierda o derecha?
No puedo responder por ideología, porque soy un servidor del Estado que ha juramentado por el Perú. No estoy trabajando con ningún tipo de ideología.
¿Qué le ha dicho el presidente que espera del Ministerio de Cultura?
He encontrado un ministerio de cultura con un 5% de avance de ejecución de presupuesto. Vamos a entrar a marzo y no puede ser que solo exista ese porcentaje. El presidente ha sido muy claro al decir que todas las semanas analiza el trabajo y desempeño de cada uno de sus ministros. Obviamente, la ejecución de una cartera presupuestal es sumamente importante. He encontrado a profesionales muy valiosos, pero faltan gestores públicos. El Ministerio de Cultura es una entidad pública y tiene que saber gestionarse. Lo que él [el presidente] espera es que se desarrollen y ejecuten todos los proyectos con velocidad y legalidad. Respeto a los críticos, pero me doy cuenta que no saben de gestión pública.
¿Existe algún punto específico que el presidente le haya pedido trabajar en su ministerio?
Hay dos puntos específicos que ha encomendado y los estamos ejecutando. Primero, las familias de nuestros pueblos originarios donde muchos le tienen rechazo a la vacuna y no han querido vacunarse. Hemos tenido que convocar a profesionales de estas lenguas originarias para concientizar a estas familias. Se ha avanzado y estamos con alrededor de 800.000 personas hablantes de lenguas originarias que han sido vacunadas con un trabajo que se coordinó con el Ministerio de Salud. Otro aspecto que nos encargó fue que la cultura sea inclusiva. El día de ayer en Cieneguilla hemos mostrado lo que es el recorrido de una zona arqueológica inclusiva para nuestros invidentes que son más de 160.000 en nuestro país. También tenemos que orientarnos para que Machu Picchu sea inclusivo. [El presidente] no quiere ministros de escritorio, sino que estén en el campo recorriendo el país.
Luego de la publicación, el pasado 5 de febrero, del artículo “Una dudosa contratación en la UNI”, el empresario Carlos Anchate, gerente general de Seidor Technologies Perú, nos envió la siguiente carta que reproducimos en su totalidad.
Consideramos, sin embargo, que no existe motivo alguno para rectificarnos respecto al contenido del informe en cuestión. Sobre los señalamientos tenemos que manifestar lo siguiente:
Seidor dice que Sudaca sugiere que la empresa ha realizado conductas antiéticas al colocar en la bajada: “Luego de extrañas movidas en el proceso de selección, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha escogido a Seidor para que supervise…”. Habría que precisar al respecto que quien realizó el proceso es la UNI. Y a eso nos referimos a lo largo del informe. En ningún momento afirmamos que Seidor -como empresa concursante- ejecutó alguna de las irregularidades que se señalan, simplemente que fueron los beneficiarios de las mismas.
Por otro lado, también afirman que Sudaca desconoce el proceso en su totalidad, debido a que no nos comunicamos con Seidor para tener precisiones al respecto.
De manera categórica lo rechazamos. Sudaca recibió respuestas -vía correo electrónico- de Francisco Ñato, gerente de la línea eLearning de la empresa. Además de eso, llamamos en más de cinco oportunidades al número de la empresa registrado en el Osce. Y no conformes con ello, hicimos lo mismo con Mayra Díaz, Key Account Manager de Seidor, que nunca atendió nuestras llamadas y mensajes de WhatsApp.
También dicen que es un error indicar que la UNMSM utilizó el sistema Smowl -de Seidor- en su examen de admisión que acabó con denuncias de plagio. Esto porque también utilizaron otras plataformas como Google Meet.
Sin duda, esto es cierto. Pero la afirmación de que en el examen de admisión cuestionado se utilizó el sistema Smowl no deja de ser verdadera. Además, como acotamos en la nota, nos basamos, entre otras cosas, en un comunicado oficial de la universidad donde se hace alusión directa y exclusiva al servicio Smowl. “Se tuvo la participación del representante de la empresa del sistema Smowl, quien explicó las modalidades de detección e identificación de alguna irregularidad que tenga indicios de hechos ilícitos o delitos”, dice el documento.
Es correcto, por lo tanto, que la compañía que nos escribe fue parte de todo este caótico proceso de admisión.
Seidor también señala que no se les solicitó descargo alguno sobre las “quejas” que describen los alumnos citados en el informe (acusaciones de plagio y requisitos del sistema difíciles de lograr). Sobre este punto, hay dos cosas que Sudaca quiere precisar.
Primero, que sí se preguntó al señor Ñato lo siguiente: “¿Consideran que las acusaciones de plagio en ese proceso pudieron ser evitadas con su sistema de seguridad o qué fue lo que falló?”. A lo cual respondió literalmente que su sistema no falló en ningún momento. De ello, se entiende que cualquier acusación es descartada por Seidor. Dicha frase y descargo están consignadas dentro del informe.
Segundo, hay que precisar que la razón de buscar voces de estudiantes sanmarquinos que postularon en el proceso de admisión cuestionado fue, antes que nada, para conocer de primera mano lo que verdaderamente ocurrió en ese examen. Ese fue el caso especialmente de las citas de Esteban Godofredo y Alejandra Vela, quienes tuvieron una pésima experiencia por diferentes motivos. La carta que nos envía Seidor dice que este programa nunca falló. Esa versión está consignada en el texto.
En otra parte de la carta la empresa dice que “si se hubiera conversado con ambas partes” se tendría un panorama más claro de la situación, en referencia a ellos y a la UNI. Nuevamente, rechazamos tal afirmación. La versión d. la UNI también está consignada en la nota.
Más adelante mencionan que les parece tendencioso y negativo decir que el proceso de concurso público y adjudicación simplificada fueron “extraños”. Al respecto tenemos que recalcar que hay cuestiones –sobre todo, el cambio en los valores referenciales entre ambas etapas– que no lograron ser explicadas satisfactoriamente por la propia universidad cuando Sudaca le pidió explicaciones.
Y, otra vez, no hay frase en todo el informe que atribuya responsabilidad directa en las irregularidades a la empresa, solo a la UNI. Una lectura de dicha sección demuestra claramente que lo se hace es describir cómo la universidad llegó a otorgar la buena pro a Seidor para la supervisión de sus exámenes remotos. Se indican tanto las irregularidades, como las subsanaciones que se dieron sobre la marcha.
Para finalizar, quisiéramos señalar que el pasado 8 de febrero la misma UNI ha revelado mediante un comunicado que el proceso de contratación queda suspendido a raíz, precisamente, de las sospechas que ha generado. Además informaron que han alertado a la Contraloría para que investigue al respecto.
La salida de Antauro es inminente por el sencillo hecho que nuestro mismo ordenamiento jurídico así lo establece. El mayor Antauro tiene una sentencia de diecinueve años y ha cumplido diecisiete. Tiene dos años y seis meses de sustentados beneficios penitenciarios y, guste o no, eso significa que tiene un exceso carcelario.
¿Algún representante del gobierno de Pedro Castillo ha intentado acercarse al Partido Etnocacerista en las últimas semanas?
Sería mentir si dijera que sí. El mayor Antauro tiene un proceso y una sentencia de la cual se derivan ciertas estrategias políticas y legales que él puede usar. Tiene dos procesos: uno a través del Poder Judicial y otro en el INPE. En este último, sabemos que tiene los beneficios penitenciarios. Al mayor se le sentenció a veinticinco años y después se le redujo a diecinueve. Ha hecho diecisiete años y, sumando los dos años y medio de estudios y labores, cumpliría diecinueve años y medio. Esto significa que hay un exceso de carcelería. Lo que sí quiero rescatar es que parece que el presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, a partir de estos días, están tratando el caso del mayor como cualquier ciudadano que tiene obligaciones y deberes pero también derechos.
¿Cuál era el trato que recibía antes?
Estaba la señora Susana Silva con sus antecedentes y las gestiones que viene realizando en el INPE, que no han sido las correctas. En el caso del mayor, fue Susana Silva la que lo cambia a un régimen que no le correspondía. Tampoco quiero tocar el tema que al mayor le dio Covid dos veces y no le sacaron nunca una tomografía, mientras que a otros internos sí. Aparentemente, ahora se le está tratando al mayor como un ciudadano común.
¿Se les había comunicado que iban a destituir a Susana Silva de su cargo al frente del INPE?
No teníamos información sobre la posible salida de la ciudadana Susana Silva, pero sería injusto presumir que su salida se da por algún beneficio a Antauro y no por la corroborada pésima gestión que realizó a nivel nacional con los distintos institutos penitenciarios.
¿Ustedes se reunieron con Pedro Castillo durante la campaña presidencial?
Cuando empezó la segunda vuelta, tuve una reunión con el presidente en la que pudimos intercambiar puntos de vista. Por su línea política y la de Perú Libre, les estábamos brindando cualquier apoyo sin ninguna condición a cambio. Él, como patriota que es, nos comentó que sí estaba pensado la libertad para el mayor Antauro Humala y lo tenía en agenda.
¿Se volvieron a reunir cuando Pedro Castillo ya había asumido la presidencia?
No. Hemos hablado por intermediarios, pero no nos hemos vuelto a reunir de manera presencial.
¿Quiénes han sido los intermediarios?
Sería mejor dejarlos en el anonimato. En este momento delicado, donde han salido estas informaciones, es mejor mantenerlo en reserva por el momento.
¿Virgilio Acuña ha sido intermediario entre el gobierno de Castillo y el Partido Etnocacerista?
No podría corroborar si ha sido intermediario con el presidente respecto a ese tema ya que no estuve presente en dichas reuniones, pero considero que toda aquella persona que comparta nuestro sentir y nuestro deseo de la pronta liberación del mayor Antauro Humala es bienvenida a sumarse a su militancia.
¿Qué opina Antauro Humala del momento que vive la política peruana?
Estamos en un momento muy polarizado donde, definitivamente, no se está tomando en cuenta los intereses de los hermanos de provincias. Parece que, otra vez, queremos pensar que Lima sigue controlando el Perú. El mayor Antauro Humala siente que hay una gran oportunidad para llevar a cabo la verdadera revolución. A título personal, creo que se debería formar un trípode patriótico donde puedan trabajar unidos, para el tema de la descentralización e industrialización, el presidente Pedro Castillo, el doctor Vladimir Cerrón y el mayor Antauro Humala.
¿Han podido conversar con Vladimir Cerrón sobre esta revolución?
No he tenido la suerte de conversar con el doctor Cerrón, pero me imagino que ellos, en su momento, habrán conversado. Si no me equivoco, el doctor Cerrón ha podido dialogar, tiempo atrás, con el mayor Antauro.
¿Eso fue antes o durante la campaña?
Antes de la campaña
¿Para llevar a cabo esta revolución haría falta cerrar el Congreso?
Me gustaría saber qué ha hecho el Congreso estos seis meses además de obstruir cualquier cambio que se quería hacer desde el Ejecutivo. Considero que un Congreso obstruccionista que no se pone a trabajar ni genera proyectos de leyes, no tiene sentido que esté ahí. No veo ninguna diferencia entre que lo cierren o no.
Durante la campaña, ¿hubo un acercamiento entre Rafael López Aliaga y Antauro Humala? ¿Fue real el encuentro entre el entonces candidato presidencial de Renovación Popular y personas uniformadas a nombre del Partido Etnocacerista?
No eran etnocaceristas. Eran personas uniformadas que se hacían pasar por etnocaceritas.
Si llega a ocurrir la vacancia presidencial, ¿su agrupación se manifestaría de alguna forma en respaldo al presidente Castillo?
Sería un acto democrático de nuestra militancia y no porque el presidente sea Pedro Castillo Terrones, sino porque nosotros tenemos que respetar la decisión del pueblo peruano si decimos que es soberano. Quieran o no, al presidente lo ha escogido una mayoría y tiene que cumplir sus cinco años de mandato. Si la militancia tiene que respaldar, será una decisión consensuada de la militancia bajo la instrucción de nuestro líder el mayor Antauro, pero considero que sí habría un respaldo. Porque es inaudito que tengamos un presidente que simboliza lo que es el pueblo, no se le permita trabajar y se le quiera sacar del gobierno.
¿En qué consistió el apoyo de su agrupación a la campaña de Castillo?
Por parte de la militancia acordamos cambiar las bases para que sean de Perú Libre. Además, también apoyamos a cierto equipo de avanzada en ciertos viajes que se realizaron.
¿La designación de Héctor Valer, quien inicialmente era congresista de Renovación Popular no le hace pensar que el presidente se ha desviado de su objetivo de representar al pueblo?
Eso demuestra los pininos políticos del señor López Aliaga. Mientras muchos piensan que la organización política de Perú Libre se va a dividir, es todo lo contrario. La ultraderecha, la oposición está cada vez más diluida y desfortalecida.
El presidente Castillo fue muy criticado esta semana por decir que no estaba preparado para ser presidente. ¿Usted está preparado para ser alcalde de Lima?
Primero, el presidente en su humildad ha señalado eso. Yo considero que soy un buen vecino y, como tal, me considero idóneo y preparado para asumir el reto. Soy un hombre con una trayectoria política amplia. Considero que la Municipalidad de Lima necesita un liderazgo importante.
¿Se siente identificado con el ideario de Perú Libre?
Obviamente tengo simpatía por el ideario. Incluso fui parte del congreso que votó por este ideario, al igual que muchos compañeros que hoy discrepan de él pero votaron a favor. Soy un hombre de izquierda, socialista.
La derecha considera a Lima como el bastión de la oposición, ¿cómo afrontará la campaña en un sector tan hostil?
Eso es lo que dicen las encuestas, las que decían que el profesor Castillo no iba a pasar ni la valla. No les creímos a las encuestas cuando decían eso y no les pensamos creer ahora.
¿No cree en las encuestas que ubican a Rafael López Aliaga en primer lugar?
Seguramente es así porque es lo único que las encuestadoras le ponen en el tapete a la gente. A la gente nadie le ha propuesto mi candidatura todavía y en muchos lugares no me conocen. Ellos [las encuestadoras] están tratando de direccionar el voto hacía los mismos de siempre. Hablamos siempre de renovación política, pero siempre que sale un nombre nuevo nadie le quiere abrir la puerta.
Tiene registradas visitas a Palacio de Gobierno y tengo entendido que es profesor del hijo mayor del presidente Castillo. ¿Se considera cercano al presidente?
He sido parte del comando de campaña y viajé con él durante la primera vuelta. Y sí, podríamos decir que somos cercanos. Le he dado algunas clases a su hijo porque he sido profesor en academias.
Fue el encargado de comunicaciones durante la campaña de Pedro Castillo, ¿qué opinión tiene de las recientes entrevistas que dio el mandatario?
El presidente tiene su manera de expresarse y se le respeta.
Como militante, ¿está de acuerdo con que el presidente se limite a decir que el pueblo debe decidir y no brinde una opinión propia?
Todo mundo es dueño de sus silencios.
Usted ha conducido un programa en Radio Latina llamado “Palabra de maestro” y actualmente conduce los espacios “Yuri Castro Presenta” en Sumac TV y “Plaza Libre” en Nacional TV. Un informe de RPP los incluyó como los medios de militantes que promueven temas del gobierno. ¿Estos programas eran financiados por el partido?
No. Estos programas fueron espacios que, por un tema de rating, nos cedió Radio Latina al sufrir la pérdida de uno de sus conductores. Nos cedió el horario y nosotros éramos un programa con muchísimo rating y eso le interesaba a la radio.
¿La consigna era hacer un programa favorable a Pedro Castillo?
Era sumamente favorable [se refiere a ‘Palabra de maestro’, transmitido durante la campaña electoral]. El programa lo inauguramos con el profesor Pedro Castillo .
¿Entonces era un programa partidario?
No, porque no era del partido. Era un programa de campaña, si lo quieres mencionar de alguna manera. Así como el señor Belmont tuvo su programa en otra radio y los que tenían la posibilidad económica alquilaban sus programas, los que no teníamos dependíamos del préstamo de las frecuencias.
Si me dice que era un programa de campaña, ¿era respaldado por alguien que financiaba la campaña de Pedro Castillo o al partido?
No, no digas cosas que no he dicho. Lo que he dicho es que ese espacio lo cedió voluntariamente Radio Latina para hablar con el profesor Castillo y por eso se llamaba “Palabra de Maestro”. No era un programa ni financiado por el profesor ni por el partido ni por mí.
Usted formó parte del equipo de Ricardo Belmont en las últimas elecciones municipales, cuya candidatura fue muy criticada por su postura contra los inmigrantes venezolanos. ¿Considera que la inmigración es un problema para Lima?
Creo que todos lo hemos visto. Cuando tienes una casa con una cantidad determinada de habitaciones, esa casa tiene un límite para una vida adecuada y, si le metes más gente, los baños colapsan. Si tienes una ciudad planificada, aunque Lima nunca lo fue, si aumentas la cantidad de gente vas a generar mayor necesidad de servicios que antes tampoco eran suficientes. En esa época los hospitales ya estaban colapsados. Si le sumas más gente, va a estar más colapsado. Es lógica pura.
¿Cuál sería su propuesta para los problemas del transporte en Lima?
Lastimosamente, el tema ya no lo ve la Municipalidad de Lima sino la ATU. Entonces, la autoridad autónoma lo que tiene que hacer es coordinar y sentarse con el alcalde de Lima para lograr una política general. El alcalde tiene que ser un líder de la ciudadanía y tiene que sentarse con todas las autoridades necesarias para darle un buen servicio al ciudadano.
¿En Perú libre han abordado el tema seguridad ciudadana para Lima?
Sí. Va a pasar por tres aristas fundamentales. Lo que va a proponer la municipalidad, lo que podemos concertar con el Ministerio del Interior y lo que podamos acordar con la participación ciudadana. Tenemos que estar unidos para solucionar el problema de la seguridad.
¿No sería necesaria una reforma de las fuerzas del orden antes de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, como se pretende?
El tema va a pasar por el acuerdo que lleguen ellos [los de las Fuerzas Armadas] con el Ministerio del Interior y el gobierno central. La municipalidad tendrá que coordinar de acuerdo a lo que se presente.
¿Pero como precandidato no tiene una opinión al respecto?
El alcalde de Lima tendrá que ejecutar en base a lo que haya. Si las Fuerzas Armadas participan, las integraremos dentro del plan.
¿Estaría dispuesto a convocar a otras izquierdas para que lo apoyen en las elecciones municipales?
Llegado el momento, si gano las elecciones internas en mi partido, claro que sí. Las puertas siempre van a estar abiertas y no solamente para la gente de izquierda. El profesor Castillo no solo ha ganado por la gente de izquierda, sino también por la gente de bien cansada del fujimontesinismo y el fujiaprismo. Hay mucha gente que no es de izquierda, pero es de bien y quiere trabajar por el país. Por qué no abrirles la puerta a todos.
Pero hay personas de la agrupación de Verónika Mendoza, como es el caso de Pedro Francke, que han colaborado con el gobierno de Pedro Castillo y han sido duramente criticados por Perú Libre. ¿Usted los convocaría?
Claro. Yo nunca he tenido ningún problema con Nuevo Perú ni con Verónika Mendoza.
Esta última semana anunció que se convocaba a una manifestación por el derrame de petróleo, ¿cuáles son las exigencias que presentan?
El día 31 estamos convocando a una marcha nacional. Van a venir delegaciones de distintos puntos del país para manifestar nuestro rechazo a este ecocidio realizado por la empresa Repsol sobre el que vamos descubriendo por cuentagotas la información. El actuar de esta empresa es lamentable. La manifestación no solo busca condenar a esta empresa, sino que se replanteen los contratos para que esto no vuelva a suceder y vamos a continuar con la plataforma de una nueva Constitución.
Como precandidato para la alcaldía de Lima, ¿cuál debe ser el rol del alcalde en esta situación?
En realidad, el alcalde de Lima es el líder de la población limeña y hay distritos que están siendo afectados. Debería estar junto al equipo de trabajo para mitigar este daño, porque la empresa no está haciendo mucho y el Estado se está encargando de todo.
Según una investigación de Caretas, usted es cercano a Arturo Cárdenas, contra quien se dictó 36 meses de prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro. ¿Considera que esto es injusto?
No tengo esa información. Yo solo puedo decir que Arturo Cárdenas ha sido secretario de organización nacional del partido y yo, como militante, he tenido la misma cercanía a él que cualquier otra persona que milita en el partido. No somos amigos, no conozco su casa. Si habremos almorzado alguna vez será por un tema netamente partidario. No soy cercano. Para ser cercano tiene que ser mi amigo. ¿Cuál sería mi cercanía con él? Por ideología política, seguramente que sí. No conozco el caso a la perfección ni he leído el expediente. Creo que todavía sigue en investigación. Hay que dejar que la justicia haga las investigaciones.
¿Vladimir Cerrón y Perú Libre son perseguidos políticos?
En el caso del doctor Vladimir, sí considero que ha habido una sentencia judicial arbitraria. Soy conocedor del derecho y he leído la sentencia en segunda instancia en la cual el doctor Carvo Castro, quien era presidente de la sala de la región Junín en la cual se dio la sentencia, señala que no había las razones necesarias o suficientes para poderlo condenar.
¿Cómo habría una persecución política, si gobierna el partido que dirige Cerrón?
El tema es que los periodistas malinterpretan el término persecución política. Creen que porque el presidente es de izquierda la persecución política acaba. Señores, la persecución política pasa por un tema netamente ideológico y nadie en su sano juicio me va a decir que el presidente Castillo maneja el Poder Judicial. Hay persecución por un tema político e ideológico, no por quien esté sentado en Palacio de Gobierno. Como se ha dicho en varias ocasiones, el profesor Pedro Castillo tendrá el gobierno, pero todavía no tiene el poder.
“¡Avancen, carajo!”, gritó el hombre después de lanzar un disparo al aire con un arma de largo alcance. Estaba montado en la tolva de una camioneta de la empresa RVR Agro, dueña del fundo Luzmila, en Ica. Al frente tenía a un centenar de obreros agrícolas que habían bloqueado una trocha de ingreso a la finca como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan.
El hombre de pelo canoso fue identificado por el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica (Frentagri) como Carlos Manuel Villacorta Pineda, el gerente de RVR Agro. Así lo dice a Sudaca Julio Carbajal, presidente de ese gremio. Y los datos del empresario en el Reniec no lo dejan mentir.
En los videos se observa que, mientras los trabajadores desarmados pedían a Villacorta no disparar, el hombre seguía amenazándolos con su arma. “Sin armamento, por favor. Nosotros no somos animales”, gritó una de las mujeres que grabó el hecho. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está investigando, pero todavía no emite informe sobre lo sucedido.
Carlos Villacorta Pinedo, identificado como el hombre que salió a amedrentar a los trabajadores con un arma.
LAS DEMANDAS
Según un reporte policial al que Sudaca accedió, las protestas empezaron la mañana del lunes 17. Fue el mismo Villacorta Pineda quien llamó a la comisaría local para pedir apoyo. Pero cuando los efectivos policiales se acercaron, a las 8:30 am, la entrada del fundo Luzmila estaba bloqueada con cables, palos y cilindros.
Quienes impedían el paso eran alrededor de 100 trabajadores que reclamaban -entre otros- por la “alimentación de baja calidad que reciben”. Los obreros también denunciaron que los obligan a realizar labores de limpieza sin recibir pago alguno. En los videos se puede escuchar a uno de los manifestantes explicándole a la Policía que los tenían “una hora, dos horas ahí atrapados, limpiando, y no nos pagan nada”.
Marco Vacilo López, extrabajador de la empresa agrícola y sindicalista del Frentagri, cuenta a Sudaca que, cuando él estuvo en Luzmila hace dos años, la comida era “como para chancho” y ni siquiera les daban agua.
Otras demandas de los obreros son que les aumenten el pago por cada jaba de uva que completan y mayor salubridad en los baños. La precariedad de las condiciones laborales que deben aguantar los trabajadores en la compañía de Villacorta ya había sido registrada por inspectores de Sunafil en años anteriores, como veremos más adelante.
Aquel lunes 17, luego de un diálogo con los manifestantes, los efectivos lograron que se les permitiera el ingreso. Dice el documento de la Policía que se dirigieron al área de recursos humanos, y tuvieron una reunión con representantes de los trabajadores y de la empresa. Ambas partes, según los agentes, llegaron a un acuerdo “mediante un diálogo calmado”.
Carlos Villacorta Rath (34), hijo del dueño. Estuvo en la hacienda al momento de las amenazas.
Sin embargo, de la amenaza que quedó grabada en varios videos, los cuales se viralizaron en redes sociales, no se dejó constancia en el reporte policial. “¡Los que no quieren trabajar, se pueden ir por la puerta!”, repetía Carlos Villacorta Pinedo, escopeta en mano. Además, en uno de los videos se ve que, al costado del gerente de RVR Agro, otro hombre de polo negro también porta un arma.
De acuerdo al presidente del Frentagri. Julio Carbajal, ese segundo hombre sería familiar de Villacorta. Los apoderados de la empresa agrícola son Carlos Villacorta Rath y Rosa Villacorta Rath, hijos de Villacorta Pinedo. El primero es, según el acta policial, gerente de planta en el fundo Luzmila.
Carbajal detalla que los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana. Según el parte policial, los agentes se retiraron al menos una hora y media después. ¿Por qué omitieron las amenazas del dueño del fundo? Pedimos insistentemente una entrevista con el jefe policial de Ica, el General Adolfo Valverde Arcos, pero el área de prensa de la institución no quiso que le hagamos preguntas.
Russell Nina, secretario de juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), considera que el parte policial “es inconsistente porque es evidente que hay diferentes tomas, en diferentes ángulos, de que los dueños del fundo estaban con armas de largo alcance. Es cuestionable que la policía no haya consignado dentro del acta policial ese incidente”.
El parte policial de los hechos omite las amenazas del pistolero.
HISTORIAL DE ABUSOS Y DEUDAS
La reciente actuación de Villacorta Pinedo no debería sorprender. De acuerdo a varios partes policiales que Sudaca revisó, el sujeto tiene un arsenal de armas, entre pistolas y escopetas. Del 2013 al 2017, por ejemplo, denunció la pérdida de seis licencias para portar estas. Todas se perdieron, coincidentemente, cuando Villacorta se encontraba “transitando en la calle”. Además, el 2014 denunció que le robaron dos escopetas.
El descuidado empresario tampoco es muy diligente con sus cuentas. Y es que Wet Field EIRL, otra de sus empresas, ha registrado deudas en cobranza coactiva con el Tesoro público que suman S/297.414, correspondientes al 2003 y 2007, de acuerdo a la Sunat.
Sudaca se comunicó con Villacorta Pinedo para preguntarle por su versión, pero este solo se limitó a decir “que la policía ya está haciendo las investigaciones” y luego colgó la llamada. Le dejamos un cuestionario de preguntas por mensajes de WhatsApp, pero al cierre de este informe no respondió.
Lo que sí se evidencia en el registro policial es la parsimonia de la Sunafil. Los efectivos se comunicaron con esta entidad solicitando su presencia en el lugar, pero hasta las 11:30 am, dice el documento de la PNP, los fiscalizadores no habían llegado al fundo.
Esta no es la primera vez que la empresa de Villacorta es acusada de maltrato laboral. En agosto del año pasado, alertados por la denuncia de un obrero, inspectores de Sunafil se hicieron pasar como trabajadores para ingresar a Luzmila. En esa ocasión, pudieron comprobar que no se cumplían los protocolos para prevenir los contagios de Covid-19 y que se ponía en riesgo la vida de los trabajadores.
La deuda registrada en la Sunat de otra de las empresas de Villacorta: S/297.414.
La inspección concluyó con la paralización de las actividades dentro del fundo, porque se constató que se ponía “en riesgo grave e inminente la vida de once trabajadores agrarios, quienes pudieron sufrir accidentes o incluso perder la vida, mientras desarrollaban sus labores cotidianas”. Ejemplo de ello es que los obreros “podían quedar atrapados en la faja del equipo de la compresora” o hasta “perder la vida por ahogamiento”.
Otro de los abusos que observaron es que se le pedía a los empleados que se retiren si no cumplían las metas fijadas, pero no se les daba movilidad para que regresen a Ica. Incluso, les retenían sus documentos hasta la hora de salida. “Si te pedían que te vayas, tenías que ir caminando 30 o 40 minutos hasta la Panamericana y recién ahí tomabas un colectivo hasta el centro”, explica a Sudaca el extrabajador Marco Vacilo, que estuvo por aquellas fechas en el fundo.
También se evidenció la falta de un comedor. “[Los inspectores] comprobaron que la empresa no tiene acondicionado un comedor, pues [los obreros] ingieren sus alimentos en el campo, de forma inadecuada”, se lee en la nota de prensa de la Sunafil.
La superintendencia ya había puesto una multa de S/30.052 a la empresa en marzo de aquel 2021. En los últimos dos años, el fundo Luzmila fue fiscalizado 25 veces, según información de la Sunafil. De este total, siete inspecciones concluyeron con sendas actas de infracción y 12 en informes. “Un acta de infracción es lo que da inicio a un posterior procedimiento sancionador donde eventualmente se aplica una multa, es un indicio de que se han detectado infracciones”, explica a Sudaca Christian Sánchez, exministro de Trabajo.
Consultamos con el área de prensa de la Sunafil sobre las multas y sanciones contra el fundo Luzmila, pero hasta el cierre de este informe no respondieron. Luego de que los videos de Villacorta con su arma se hicieran virales, emitieron una nota de prensa. Allí informan que están fiscalizando al fundo Luzmila por “presunta vulneración a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.
Lo que se está inspeccionando son las “condiciones de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos, equipos de protección personal, registro de trabajadores en la planilla, incumplimiento de jornadas y horarios de trabajo”. Hasta el momento no se ha emitido un informe sobre los resultados de dicha inspección.
#Alerta trabajadores del Fundo Luzmila de la agroexportadora RVR Agro, ubicada en la región Ica, nos envían este video donde, al parecer, el dueño estaría utilizando una metralleta para amedrentarlos. Estamos enviando oficio al @MininterPeru y a @AvelinoJauregui de forma urgente. pic.twitter.com/Y9XWC77Wdm
Diversos gremios e instituciones ya se han pronunciado rechazando los actos de violencia, abuso y amedrentamiento de parte de RVR Agro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica pidió que estas acciones sean investigadas por las autoridades y recalcó que el fundo Luzmila no es parte de las 28 empresas agroexportadoras afiliadas a la Cámara.
“Todas estas empresas son miembros del Comité de Derechos Humanos, donde son unos convencidos de que la única manera en que se puede solucionar los problemas entre el trabajador y el empleador es mediante una mesa de diálogo”, explica Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara.
El miércoles 19 la ministra de trabajo Betssy Chávez y el superintendente de Sunafil, Jesús Baldeón, se reunieron con los representantes del Frentagri y la CTP. Una de las medidas que adoptaron fue que el Ministerio del Interior realice una inspección adecuada. También se pidieron más inspectores de Sunafil.
“Si es que el Ejecutivo no actúa de manera objetiva, nosotros como CTP [coordinadora sindical a la que está afiliado Frentagri] vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía con todas las evidencias [se refiere a los videos], porque tampoco podemos permitir que un empresario actúe de esa manera en pleno siglo XXI”, concluye Russell Nina, secretario de juventudes de la CTP. Y es cierto: el gamonalismo tendría que haberse erradicado hace 50 años.
