Pero ella logró lo imposible. Con imperturbable tenacidad y altruismo logra liberar poco a poco a sus hijastros de las garras de las instituciones y traerlos a vivir consigo en condiciones domiciliarias relativamente estrechas. A pesar de que ya los nazis no estaban en el poder y había un gobierno democrático en Alemania, la estigmatización de sus hijastros continuaba. A los dos menores, dos mellizos de 15 años que serían los últimos en ser liberados, simplemente no los regresará al manicomio de Klingenmünster después de sus “vacaciones navideñas” . El personal médico protestaría y elaboraría un nuevo dictamen más devastador que los anteriores. Ludwina ignoró todos las reclamaciones escritas y los solicitudes de dinero para cubrir costos de la institución y de vestimenta durante los últimos años. Las reclamaciones dejan de llegar después de mayo de 1952 y ahí termina el asunto.
«Mi madre nunca hubiera hecho aspavientos de su actitud: seguía un canon de valores claros y quería que las cosas volvieran a su lugar. Era una fuerte moral interior la que le movía a escribir petición tras petición, siempre en nombre de mi padre, pero invariablemente es su letra», declara Alfons Ludwig Ims a Die Rheinpfalz, quien, sin dorar la píldora, ha relatado con gran empatía la dolorosa historia de su estigmatizada familia y de sus siete medio hermanos, excluidos de toda educación escolar. A partir de los siete hermanos se ha formado una familia con 40 nietos, 54 bisnietos y 17 tataranietos, con lo cual no puede decir que le falten sobrinos y sobrinas.
¿Final feliz? En cierto sentido, sí. Pero, por otra parte, no todos los familiares de Alfons han estado de acuerdo con que cuente de manera pública la historia familiar. Pues todo lo padecido ha dejado huellas profundas, y hay quienes aún se sienten avergonzados de provenir de una familia que fue declarada “asocial”.
Esta misma historia se repite bajo otras modalidades en otras latitudes. Las fuerzas antidemocráticas y totalitarias necesitan estigmatizar a otros por razones populistas y para mantenerse en el poder. Sucede en la Nicaragua de Ortega, el cual les ha arrebatado la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses, convirtiéndolos en apátridas y presuntos asociales. Ocurre en El Salvador de Bukele, que declara irreformables y terroristas a todos aquellos a los que ha metido presos, la mayoría pandilleros pero también muchos inocentes. Y ocurre en el Perú, donde se les niega toda forma de inserción social a quienes han cumplido sus condenas de terrorismo, o simplemente se terruquea a poblaciones y etnias enteras —sobre todo de provincias— que nunca participaron de la insania terrorista, y se les niega el derecho a la autodeterminación, a la educación, a la salud, a un trabajo digno, a la ciudadanía en todo su significado.
