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Fueron vanas las ilusiones del premier Gustavo Adrianzén respecto de que la cumbre APEC podría haber logrado que la aprobación de la presidenta Boluarte mejorase un poco. Dos encuestas hechas con posterioridad (IEP y CPI) revelan que o sigue bajando o está estancada en los bajísimos niveles que mostraba antes del evento internacional.

En otras circunstancias, con otro gobierno, el impacto del foro internacional, con la presencia de mandatarios de las principales potencias del mundo y el logro de importantes acuerdos en beneficio del país, sí hubiera redundado en un rebote estadístico a favor del régimen, pero el desprestigio y descrédito del gobierno actual es de tal envergadura que ni eso la ha ayudado a mejorar sus indicadores de popularidad.

Según la medición del IEP, El 76% indica que la situación económica es peor que hace un año. Ocho de cada 10 encuestados creen que la situación política es peor que hace doce meses (pasa del 71 al 80%). Y lo más preocupante es la seguridad: el 90% cree que es peor que en 2023. Y como cereza del postre, la sensación de que la corrupción se ha incrementado llega al 82%.

Si le sumamos el inicio sangriento del régimen (eso le va a pesar políticamente y también penalmente a la mandataria) y la ausencia absoluta de políticas públicas (vemos ahora último el mamarracho llamado Ley MAPE para resolver el tema de la minería informal), y la constatación de que no hay una sola entidad pública que haya mejorado sus niveles de actuación y de provisión de servicios (pasaportes, brevetes, DNI, etc,), se entenderá perfectamente el grado refractario del gobierno para una mejoría ante el parecer de la ciudadanía.

No hay remedio para este gobierno. Ni cambios de gabinete, ni anuncios grandilocuentes, como la inauguración del megapuerto de Chancay, ni eventos superlativos (como la cumbre APEC), ni discursos reiterados, harán que la aprobación del régimen aumente. Y lo peor es que al gobierno eso no le importa. Y se nota.

Boluarte confía en que la conjunción de intereses con la coalición mafiosa del Congreso la sostendrá en el poder a toda costa y eso es lo único que le interesa. Qué desolador que nuestros dos bicentenarios (2021 por la proclama de San Martín) y 2024 (por la batalla de Ayacucho) nos hayan tocado en suerte gobernantes como Pedro Castillo y Dina Boluarte, incapaces de entender el profundo significado republicano de las fechas.

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La percepción que transmitió la presidenta Boluarte en su reaparición ante los medios de prensa, fue la de una persona soberbia, altanera, sobradora y, sobre todo, evasora de la verdad.

Boluarte, ese es el principal resumen de lo acontecido, no es consciente de la enorme responsabilidad que conlleva conducir las riendas de un país al borde de la ingobernabilidad por culpa del desborde delincuencial.

Para ella, su altísima desaprobación es producto de la mala prensa que tiene, que solo la critica y cuestiona en lugar de ensalzar los sonoros triunfos (¿?) que ha logrado.

El problema político que se desprende de este perfil psicológico de la primera mandataria, es que la lleva a ser refractaria al cambio y, por el contrario, a reafirmarse en lo que viene haciendo, creyendo que está bien hecho. En otras palabras, nada o casi nada va cambiar de acá a julio del 2026, si dura hasta entonces el régimen.

Boluarte se precia del crecimiento económico, cuando no es ese un logro suyo, sino de la resiliencia del inversor privado, producto de la estabilidad macroeconómica que el BCR ha logrado asentar a pesar de la crisis política.

En materia de seguridad ciudadana resalta avances que nadie de la población percibe (hoy justamente hay un paro de transportistas por este hecho) y, más bien, hizo gala de una gran xenofobia hacia los venezolanos, creyendo quizás que eso le da a dar algún rédito político, cuando todos los expertos coinciden en que la naturaleza del problema de la delincuencia no nace ni se asienta en la migración masiva de compatriotas venezolanos.

El problema es que no tenemos gobierno, sino solo uno de utilería, tan débil que depende de su alianza con un Congreso que también muestra tasas de desaprobación superiores al 90%.

Deberíamos crecer a 5 o 6%, no lo vamos a hacer. Debería haber un comando unificado contra la delincuencia encabezado por la presidenta, no lo va a haber, porque a Boluarte le importa poco resolver ese problema. Debería haber una lucha frontal contra la corrupción de los gobiernos regionales y municipales, no la va a haber porque Dina Boluarte les regala el dinero a cambio de su apoyo sin que le interese el destino de las generosas partidas presupuestales que dispone. En suma, estamos fregados hasta que venga un nuevo gobierno que ojalá no nos lleve a un disparadero mayor.

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