Fueron vanas las ilusiones del premier Gustavo Adrianzén respecto de que la cumbre APEC podría haber logrado que la aprobación de la presidenta Boluarte mejorase un poco. Dos encuestas hechas con posterioridad (IEP y CPI) revelan que o sigue bajando o está estancada en los bajísimos niveles que mostraba antes del evento internacional.
En otras circunstancias, con otro gobierno, el impacto del foro internacional, con la presencia de mandatarios de las principales potencias del mundo y el logro de importantes acuerdos en beneficio del país, sí hubiera redundado en un rebote estadístico a favor del régimen, pero el desprestigio y descrédito del gobierno actual es de tal envergadura que ni eso la ha ayudado a mejorar sus indicadores de popularidad.
Según la medición del IEP, El 76% indica que la situación económica es peor que hace un año. Ocho de cada 10 encuestados creen que la situación política es peor que hace doce meses (pasa del 71 al 80%). Y lo más preocupante es la seguridad: el 90% cree que es peor que en 2023. Y como cereza del postre, la sensación de que la corrupción se ha incrementado llega al 82%.
Si le sumamos el inicio sangriento del régimen (eso le va a pesar políticamente y también penalmente a la mandataria) y la ausencia absoluta de políticas públicas (vemos ahora último el mamarracho llamado Ley MAPE para resolver el tema de la minería informal), y la constatación de que no hay una sola entidad pública que haya mejorado sus niveles de actuación y de provisión de servicios (pasaportes, brevetes, DNI, etc,), se entenderá perfectamente el grado refractario del gobierno para una mejoría ante el parecer de la ciudadanía.
No hay remedio para este gobierno. Ni cambios de gabinete, ni anuncios grandilocuentes, como la inauguración del megapuerto de Chancay, ni eventos superlativos (como la cumbre APEC), ni discursos reiterados, harán que la aprobación del régimen aumente. Y lo peor es que al gobierno eso no le importa. Y se nota.
Boluarte confía en que la conjunción de intereses con la coalición mafiosa del Congreso la sostendrá en el poder a toda costa y eso es lo único que le interesa. Qué desolador que nuestros dos bicentenarios (2021 por la proclama de San Martín) y 2024 (por la batalla de Ayacucho) nos hayan tocado en suerte gobernantes como Pedro Castillo y Dina Boluarte, incapaces de entender el profundo significado republicano de las fechas.