[PIE DERECHO] El 27 de marzo de este año Sudaca publicó un informe donde revelaba que el fiscal encargado de la Tercera Fiscalía Corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramos, había redactado un acta fiscal, elevada a la secretaría general del Ministerio Público, en la que daba cuenta de presiones indebidas de los fiscales Andy Rodríguez y Max Castro para archivar un caso contra el sentenciado Walter Ríos, cabecilla de Los Cuellos Blancos.
A renglón seguido, Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas.
Al respecto, se han pronunciado IPYS, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo de la Prensa, condenando un hecho escandaloso y que podría estar afectando en estos momentos a otros colegas de prensa, inadvertidamente, porque se hace bajo la ladina figura de “investigación reservada”.
La Junta Nacional de Justicia debería actuar de oficio en este caso y proceder a evaluar la conducta procesal de los fiscales mencionados, quienes siguen en funciones, y son un peligro para la normalidad jurídica de cualquier democracia que se precie de serlo.
No es posible que se violente el derecho a la intimidad, en función del abuso de poder de un par de fiscales denunciados por haber cometido irregularidades en un proceso como el de Los Cuellos Blancos, teñido de sombras, como ha denunciado Sudaca en reiteradas ocasiones.
Nos reafirmamos en que el Ministerio Público, en general, necesita ser acotado en sus prerrogativas legales, puesto que, en manos de fiscales inescrupulosos, se convierte en una chaira que no se arredra en violentar la libertad de prensa con tal de lograr sus turbios propósitos.
