Esta fase del caso tiene como acusados a dos personajes claves: un ex alto funcionario de ProInversión y la representante legal del consorcio que conformó Odebrecht. La exprimera dama Nadine Heredia cumple arresto domiciliario por la presuntamente irregular adjudicación de este proyecto.
Después de cuatro años de desatado el escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú, el Poder Judicial (PJ) acaba de dar luz verde para el inicio del primer juicio por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, durante el gobierno de Ollanta Humala. Esta es la concesión más grande que la empresa brasileña obtuvo en territorio peruano, por US$7.328 millones.
La primera etapa de audiencias involucra a dos personajes considerados por la fiscalía como los puntos ejecutores de lo que habría sido toda una cadena de mando de presunta corrupción. Se trata, por un lado, del expresidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, encargado de seleccionar a la empresa ganadora del gasoducto, y por el otro, de la representante legal del consorcio ganador −conformado por Odebrecht y la española Enagás−, Claudia Hokama.
A Ramírez y Hokama se les imputa presunta colusión agravada y, además, a Ramírez también presunta negociación incompatible. Las penas solicitadas son de 7 y 6 años de cárcel, respectivamente.
Primer gran paso
La acusación del fiscal Abia, presentada el 22 de agosto del 2017, señala que “Ramírez Cadenillas, en su condición de presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, habría concertado con Hokama Kuwae, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano [Odebrecht y Enagas], a efectos de favorecer a su representada, y adjudicarle la buena pro del proyecto” en junio del 2014. Según Abia, como parte de ese direccionamiento, se “descalificó irregularmente al consorcio competidor”.
Tres años después, el 31 de diciembre pasado, el juez Manuel Chuyo emitió la Resolución N° 55 rechazando el pedido de los investigados Ramírez y Hokama por archivar el caso. Según se lee en su documento, que Sudaca ha podido revisar en exclusiva, Chuyo ordenó el inicio del juicio oral. Otro magistrado debe ahora fijar fecha y hora de la primera audiencia.
Con la decisión del Juez Manuel Chuyo de ordenar el inicio del juicio por el caso Gasoducto, queda que otro magistrado disponga la hora y fecha de inicio de audiencias.
El fiscal Abia sigue esta investigación desde el 2014, apenas otorgado el contrato a Odebrecht y Enagás, cuando estaba en curso el gobierno de Ollanta Humala. En declaraciones a Sudaca, Abia sostuvo que, con su decisión, el Poder Judicial “nos está diciendo a todos: aquí hay caso, señores, presuntamente acá hubo corrupción de funcionarios”.
El fiscal explicó que “la mega obra, la más cara de toda la historia, sigue el mismo esquema de corrupción que se ve en otros casos. Hay un tema de verticalidad y un tema de horizontalidad porque hay vasos comunicantes. Ramirez y Hokama habrían sido parte de esos vasos comunicantes”. Ramírez y Hokama, por tal motivo, no habrían actuado solos. Abia enfatizó que “Edgar [Ramírez] Cadenillas tenía a sus jefes en Proinversión llegando al alto nivel del Estado, que era la presidencia, y Hokama, por parte del consorcio, también llegaba hasta el primer nivel de la empresa”.
La punta del iceberg
No hay que perder de vista que el Caso Gasoducto está dividido en otros frentes fiscales, además del despacho del fiscal anticorrupción Abia. Dada su alta investidura como expresidente, el hoy candidato Ollanta Humala está siendo investigado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de “asociación ilícita para delinquir, al haber liderado conjuntamente con su cónyuge Nadine Heredia, la organización instalada en el Poder Ejecutivo” con la finalidad de favorecer a Odebrecht en esta concesión.
Por su lado, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía y, en específico, la fiscal Geovana Mori tiene a su cargo a otros altos funcionarios, empresarios y civiles. Entre ellos está la propia Nadine Heredia, para quien en setiembre pasado logró que se dictara detención domiciliaria por 24 meses. Según el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, los indicios presentados por la fiscal Mori “corroboran la participación directa” de Heredia con los “graves hechos que se le atribuyen”. Los magistrados concluyeron, “a nivel de sospecha fuerte, la existencia de un pacto colusorio y progresivo entre la imputada Heredia Alarcón, Humala Tasso y los funcionarios de Odebrecht para defraudar al Estado, todo ello en el marco de una asociación ilícita” de alta jerarquía y con características de organización criminal.
Así, la decisión del juez Chullo para el inicio del juicio a Ramírez Cadenillas y Hokama “incide también en el desarrollo del caso en el fuero del Equipo Especial Lava Jato y sus investigados”, sostuvo el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. Precisó que, con el inicio del juicio oral, “vamos a iniciar con el tema de fondo, con el núcleo del caso, con los actores que tomaron la decisión abajo para el otorgamiento de la buena pro. Esto es importante, trascendental y repercute en el gran trabajo que está haciendo el equipo especial”.
Los descargos
El abogado de Edgard Ramírez, Jorge Paredes, consideró que la decisión del juez Chuyo tiene “dos puntos bárbaros”. Primero, se preguntó “cómo puede iniciarse un proceso por colusión agravada, que exige un daño al patrimonio Estado, cuando no hay perjuicio patrimonial al ser una obra 100% financiada por quien gana la concesión. En el contrato no hay un sol del Estado”.
Un segundo punto que considera relevante es que no pudo haber colusión con Claudia Hokama debido a que esta no tenía “capacidad de comprometerse por su nivel de poder. ¿Cómo se va a coludir [Ramírez] con alguien que no tiene capacidad de decisión en la empresa”. Para Paredes, “la mayoría de estos casos responden más a presión pública, pero por falta de pruebas se va a caer en el juicio oral”. Enfatizó, incluso, que en el proceso que involucra a Humala y Heredia tampoco ve “pruebas suficientemente claras”. “Peor aún, ahí no hay funcionario público que haya sido corrompido. Es el caso más incompleto”, afirmó.
Sudaca intentó contactarse con la defensa de Hokama, sin éxito.
