Carlos Sosa, testigo en la mira

Ha llegado a Lima escapando de amenazas de muerte. Hace responsable de lo que le ocurra al fiscal supremo Luis Carlos Arce, miembro del pleno del JNE con tres investigaciones preliminares abiertas. Él es su principal acusador.

El policía en retiro Carlos Sosa ha llegado a Lima huyendo de presuntas amenazas de muerte en Ucayali. Él asegura que “los autores intelectuales y únicos responsables de todo atentado, amedrentamiento y reglaje” en su contra son el fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova y sus hermanos: el juez superior Wilder Arce y el exfiscal Nelton Arce. Dice también que la familia que conforman estos tres personajes controla, desde hace años, el Poder Judicial de su región.

Luis Carlos Arce es miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el 2016, en representación de la junta de fiscales supremos. Hoy, a cuatro meses de las elecciones, este organismo electoral tiene una agenda recargada: debe resolver con premura los cuestionamientos a la inscripción de candidaturas presidenciales y congresales. Arce es uno de los cuatro votos con los que se tomarán decisiones trascendentales para el futuro del país: quiénes pueden postular para gobernarlo y quiénes no.

Pero el más conocido de los Arce carga con varios procesos a cuestas. La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió en enero del 2020 dos investigaciones preliminares, una por presunto enriquecimiento ilícito y la otra por presunto tráfico de influencias. En marzo pasado, la fiscal suprema Bersabeth Revilla inició una tercera investigación por otro supuesto tráfico de influencias. Los tres expedientes tienen como base denuncias presentadas por Carlos Sosa. 

Para Renzo Carlos, el abogado de Wilder Arce, Sosa “miente de forma grave […], e inventa por haber sido sentenciado por difamación” en una de las dos querellas que los hermanos le interpusieron.

Acusados o acosados

“Estoy en Lima por mi seguridad, por un seguimiento, un acoso, y la integridad física mía y de mi familia”, dice Sosa, quien asegura que vive amenazado desde que hizo sus primeras denuncias públicas contra los hermanos Arce en Ucayali. Todos son oriundos de ese departamento.

Las presuntas represalias, asegura el policía en retiro, se iniciaron en el 2016. Ese año comenzó a acusar a los Arce por supuestamente proteger a alcaldes locales que enfrentaban cargos por corrupción o procesos de vacancia. Para Alexander Gonzales, el abogado de Luis Carlos Arce, la amenaza de muerte que les atribuye Sosa “es absurda y categóricamente falsa”. En diálogo con Sudaca, Gonzales dijo que su defendido no ha sido notificado oficialmente de estos cargos.

“Carlos Sosa se está extralimitando, pues ya no recurre a las autoridades sino a medios de comunicación a modo de auxilio. No tiene respeto a la legalidad y hace aseveraciones de tal calibre olvidando que debe tener elementos de prueba”, alega el abogado. Pero Sosa asegura tener pruebas.

En octubre del 2020, el ex reo del penal de Pucallpa Manuel Pozo afirmó que, cuando estuvo preso en el 2017, otro interno le pidió que “llame al señor Sosa [desde la cárcel], que lo extorsione, que lo amedrente, que le coaccione, que le intimide a él y a toda su familia”. Hizo esta declaración, como testigo de parte, en una audiencia virtual sobre la querella que Wilder Arce entabló contra Sosa por difamación.

Manuel Pozo, ya en libertad, aseguró también que Fredy Moreno, el presidiario que lo quiso contratar, “se conectaba con una persona del exterior por celular, ordenando unos trabajitos para amedrentar o para atentar contra la vida del señor Carlos Sosa. En dichas conversaciones, en dichos diálogos, hablaba y mencionaba de un tal, de unos hermanos Arce”. Moreno fue asesinado tras salir de la cárcel.

El abogado de Wilder Arce alega que la presentación de ese testigo “fue sorpresiva” y que “es un dicho de una persona que no tiene cómo probar [lo que dice]”. Asegura también que Carlos Sosa “da manotazos de ahogado” y que “solo busca mediatizar los procesos porque sabe que los va a perder”.

En paralelo a la querella en proceso de Wilder Arce, su hermano Luis Carlos ya le ganó a Sosa una denuncia por calumnia. Esta ha sido confirmada en segunda instancia. Sosa, sin embargo, ha apelado el fallo al considerarlo parte de un hostigamiento judicial: “primero, la jueza que me condena aceptó como pruebas documentos que eran copias simples y sin legalizar; segundo, era una juez supernumeraria, o sea de aquellas que tienen el cargo a dedo y sin pasar un concurso; tercero, la sala que confirmó la sentencia estaba conformada por magistrados que trabajaron con Luis Arce y, cuarto, esa acusación por difamación es por un caso que hoy investiga la propia fiscal de la Nación”.

La tesis de Sosa es que, al tratarse de una juez supernumeraria, elegida de forma directa por los presidentes de corte sin que medie concursos de mérito, es vulnerable al direccionamiento de sus fallos. En cuanto a la sala donde perdió la querella, Sudaca ha cotejado que los tres vocales que ratificaron la sentencia coincidieron con Luis Carlos Arce en la Corte Superior de Justicia de Lima antes de que este se convirtiera en fiscal. Finalmente, parte de las afirmaciones por las que Sosa ha sido condenado como difamador son elementos tomados por la Fiscalía de la Nación en el caso de presunto tráfico de influencias abierto de forma preliminar contra los hermanos Arce.

Respecto a la declaración del exreo Manuel Pozo, el abogado de Luis Carlos Arce, Alexander Gonzales, dice que “evidentemente no hay asidero legal, ni el respaldo de elementos de prueba que debe tener toda versión, así sea testimonial. Debe estar respaldada por, siquiera, un elemento: cámara de vigilancia, conversaciones, mensajes, llamadas […]. Quizás por eso este señor Sosa recurre a ustedes pero hasta ahora no nos emplaza. Porque seguro sabrá que cuando nosotros tomemos conocimiento de ello vamos a tomar no represalias sino acciones por la vía legal. Evaluaremos una [nueva] querella o denuncia”. 

Los abogados de los dos hermanos Arce dijeron que Sosa tiene otra denuncia por difamación que un alcalde local le acaba de ganar y recordaron que este tiene abierto un caso por presunto tráfico de influencias.

Pero el policía en retiro tiene un contraargumento de fondo: está peleando contra personajes que, según él, controlarían el sistema de justicia de su lugar de residencia. Su versión es que vive un “acoso judicial despiadado” y que ello incluye la fabricación de pruebas en su contra. “La Fiscal de la Nación ha abierto procesos basada en las denuncias que yo he hecho. Ellos responden con querellas, pero querellas que debería ver un Poder Judicial independiente, no el de Ucayali, que ellos manejan”, reclama.

Las investigaciones

Carlos Sosa acaba de recibir una notificación para declarar contra Luis Carlos Arce el próximo 20 de enero. Se trata de la tercera investigación preliminar abierta el año pasado, por presunto tráfico de influencias, con base en indicios provistos por él. La fiscal suprema Bersabeth Revilla es quien lleva el caso.

Según los cargos que Sosa presentó, Luis Carlos Arce tendría injerencia en las salas de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Antes de ser fiscal supremo y miembro del pleno del JNE, él era juez y presidió dicha corte entre los años 2004 y 2006. Su hermano, el juez Wilder Arce, ocupó el mismo cargo entre 2017 y 2018.

Como se mencionó líneas arriba, ese no es el único proceso con el que Sosa ha logrado arremeter legalmente contra los Arce. En enero del 2020, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones preliminares. En la primera están involucrados Luis Carlos Arce, y sus hermanos Wilder y Nelton, por presunto enriquecimiento ilícito. Según los documentos que presentó Sosa, el miembro del pleno del JNE habría comprado, solo en el 2017 y al contado, cinco bienes inmuebles por más de US$170.000. También se han incluido más de 100 registros de compras y ventas de vehículos de los hermanos y sus hijos.

La segunda carpeta, por el presunto delito de tráfico de influencias, implica a Luis Carlos Arce junto a los exconsejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez y Pablo Talavera. Estos son hoy investigados en el caso Cuellos Blancos. Según la acusación de Sosa, todos los antes mencionados habrían concertado para que Wilder Arce fuera nombrado presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali el año 2017.

El abogado del fiscal Luis Carlos Arce negó que las investigaciones abiertas le resten credibilidad a su defendido y consideró que solo se ha seguido el camino normal de todo proceso. “En esos tres expedientes aún no hay ejercicio de la acción penal. Todo proceso inicia con una denuncia, luego se abren las diligencias preliminares, y es ahí donde nos encontramos […]. El doctor Arce está llano a que todas sus investigaciones sean esclarecidas, hemos presentado ingente cantidad de documentos de descargo. En el caso del desbalance patrimonial hemos entregado más de 1.200 páginas de descargo”, asegura.

Para el abogado del otro hermano Arce, Wilder, estos procesos no prosperarán porque ellos tienen “la suficiente documentación para demostrar la inocencia” de sus patrocinados. Según él, “en la investigación de la fiscal de la Nación se demostrará que este señor [Sosa] está mintiendo y seguro se ganaría otra querella después de ello por vulnerar la imagen y la buena reputación de personas que se han ganado a pulso lo que hoy tienen”.

Según fuentes oficiales, los documentos que de los casos que lleva la Fiscalía de la Nación contra Luis Carlos Arce han sido solicitados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En julio del año pasado, esta entidad inició un proceso disciplinario en su contra a raíz de los diálogos que protagonizó con el exjuez César Hinostroza.

Sosa se mantendrá en Lima por el momento. Aunque, dados sus problemas económicos, no sabe por cuánto tiempo podrá sostenerse aquí. “Temo por mi vida y la integridad de mi familia, por eso estoy acá, porque [en Ucayali] no hay seguridad jurídica y menos garantías personales contra mi integridad física”, dijo a Sudaca.

**Ilustración: Manuel Cárdenas.

Si desea recibir noticias de SUDACA haga clic aquí para registrarse a nuestro Newsletter.

Mas artículos del autor:

"La deuda que George Forsyth dejó en La Victoria y que podría costarle S/6 millones al distrito"
"Se aprobó el inicio del primer juicio oral por la concesión del Gasoducto durante el gobierno de Ollanta Humala"
"El procurador anticorrupción del Callao y sus comprometedoras llamadas"