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George Forsyth, candidato a la presidencia por Victoria Nacional
“Hay una diferenciación entre hurto y robo. Y el hurto no es penado, es una falta”

Contexto: Debate en programa Sin Medias Tintas

Fecha de la declaración: 14 de marzo del 2021

Fuente:

[31:07 – 31:12]

ENGAÑOSO


Durante una entrevista televisiva, el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, comentó que en un hipotético gobierno suyo, se enfocaría en agravar las sanciones hacia los delitos relacionados a la inseguridad ciudadana, y como ejemplo de uno de los panoramas que buscaría reformar, dijo lo siguiente: “El hurto no es penado, es una falta”. Luego de revisar los antecedentes normativos y jurídicos, Ama Llulla concluye que esto es engañoso.

 

La declaración precisa del candidato figura en la siguiente transcripción:

“En seguridad tenemos mucho que hacer. Tú tienes claro que hoy la vida de un peruano vale un celular. ¿Por qué? Porque ahora hay una diferenciación entre hurto y robo. Y el hurto no es penado, es una falta”.  

 

Ahora bien, contrario a lo dicho por Goerge Forsyth, tanto el hurto como el robo se encuentran penados en el Código Penal peruano, contemplados en el capítulo de los delitos contra el patrimonio, y se sancionan con pena privativa de la libertad.

 

En primer lugar, el hurto simple se refiere a la sustracción de un bien inmueble, total o parcialmente ajeno, sin que exista alguna afectación o amenaza hacia las víctimas. La pena puede ser de entre uno y tres años de prisión.

 

Mientras que el hurto agravado —que se sanciona con entre tres y seis años de pena privativa de la libertad— se tipifica cuando esta sustracción se realizó durante la noche; a través de la destrucción de obstáculos preexistentes; en el marco de un incendio, inundación, o situación de emergencia; o se haya producido con la participación de dos o más personas.

 

Otras condiciones que pueden llevar a alguien a ser sancionado con hasta ocho años de pena privativa de la libertad por hurto agravado son que el delito se haya realizado en un inmueble deshabitado, en el marco de una organización dedicada al hurto, si los bienes sustraídos afectan el patrimonio cultural de la Nación o si el hecho coloca a las víctimas en grave afectación económica, entre otras circunstancias.

 

Por otra parte, el delito de robo se configura cuando una persona se apodera ilegalmente de un bien usando violencia o amenazas contra la víctima. En estas situaciones, la pena se sitúa entre tres y ocho años de privación de la libertad. Cuando el delito se cometió en un inmueble habitado, o durante la noche, a mano armada o con la participación de más de una persona, la sanción puede ser de entre doce y veinte años de prisión. Así también, si es que el robo se produjo en espacios del transporte público o en terminales terrestres o marítimos.

Para esta verificación, el abogado penalista Ricardo Elías Puelles, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico, confirmó a Ama Llulla que no existe una normativa que haya modificado la tipificación del delito de hurto en el Código Penal.

 

Siguen siendo delito tanto el hurto como el robo. La diferencia entre uno y otro es que en el robo, la sustracción implica además violencia o amenaza. Por eso es que se castiga con una pena mayor que la sola sustracción”, indicó.

El hurto, es decir la sustracción de un bien sin violencia, solo podría ser considerado como una falta cuando el valor económico es menor a una remuneración mínima vital, como lo estipula el Artículo N°444 del Código Penal, en el apartado sobre las faltas cometidas contra el patrimonio. De no ser ese el caso, el hurto es perseguido como un delito más, y puede ser tipificado como simple o agravado.

 

Además, el hecho de que la pena máxima de un hurto simple sea hasta tres años de pena privativa de la libertad, no imposibilita al juez a dar una prisión efectiva, según explicó el abogado Elías Puelles. “Un juez puede argumentar y decir las razones por las cuales se motivaría un encarcelamiento efectivo. Hasta los cuatro años es parte de las facultades del juez [decidir] si es que lo mandan a la cárcel o lo dejan en una libertad suspendida”, precisó.

 

En el contexto al que hacía referencia el candidato Forsyth, como el robo de un celular, donde incluso enfatizó que este equivalía a la vida de un ciudadano, el penalista ratificó que el despojo de bienes que impliquen violencia para los ciudadanos es siempre considerado delito, sin importar el valor económico de lo sustraído. “El robo es siempre un delito, porque allí lo que se protege es la vida de la persona, no solo el patrimonio”, sentenció.

“Si estaba en un bus o en la calle y me sacaron [el celular] sin que me diera cuenta, es un hurto. Pero si es que me amenazan o me golpean, y se llevan mi celular, es un robo”, explicó Elías.

Por su parte, Stefano Corzo, investigador en temas de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), también descartó que la declaración de Forsyth tenga sustento. “El Código Penal sigue contemplando los tipos penales de hurto y robo como delitos. Ahora, el hurto —cuando la cantidad robada es menor a la remuneración vital (930 soles)— es considerado una falta. Pero eso no significa que cualquier tipo de hurto sea una falta. Prueba de ello es que la Policía sigue llevando su registro de denuncias considerando ambos tipos como delitos”, enfatizó.

 

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú reportada al IDL en el marco de pedidos de acceso a la información, en 2020 se produjeron cerca de 100 mil denuncias por delitos contra el patrimonio en Lima, entre las que se cuentan 40 mil robos, 50 mil hurtos y 2500 estafas.

“Los delitos más cometidos en el 2020 han sido delitos contra el patrimonio (robo y hurto), que son los tipos de delitos más comunes en el Perú. Por lo general, siempre rondan alrededor del 20 % de la cantidad total de delitos cometidos”, agregó Corzo.

 

Ama Llulla envió comunicaciones a George Forsyth por medio de su equipo de prensa, sus redes sociales y las de su partido, con el fin de solicitar sus descargos en torno a su declaración. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

En función a lo expuesto, Ama Llulla concluye que la afirmación del candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, acerca de que el hurto no es un delito penado, sino solo una falta, es engañosa.


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Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular

“Ama Quella, Ama Sua, Ama Llulla son los postulados sabios del Imperio [de los incas]”

Fuente:

[2:12:10 – 2:12:17]

Contexto: Debate electoral del Diario El Comercio

Fecha de la declaración: martes 9 de marzo del 2021

FALSO

Durante el cierre de su participación en el debate electoral organizado por el diario El Comercio, el candidato presidencial Yonhy Lescano, del partido Acción Popular, se refirió a los principios éticos bajo los que dirigiría un eventual gobierno suyo. En ese contexto, afirmó lo siguiente: “Ama Quella, Ama Sua, Ama Llulla son los postulados sabios del Imperio [de los incas]”. Luego de revisar antecedentes sobre el tema, la red Ama Llulla concluye que esa afirmación es falsa.

 

En principio, las tres frases a las que se refirió Lescano están en quechua, la lengua originaria más hablada del Perú, y durante mucho tiempo se difundió como un trílogo que definía la moral del tiempo de los incas. Las frases específicas tienen esta traducción:

  • Ama Quella: no seas ocioso.
  • Ama Sua: no robarás.
  • Ama Llulla: no mentirás.

 

Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada desde hace varios años, pues no existe evidencia de que dichos postulados hayan sido establecidos como tal durante el Imperio de los incas (1438 – 1532). Por el contrario, diversos investigadores han precisado que se trata de una versión surgida en épocas posteriores.

 

Consultado para esta verificación, Raúl Asensio, historiador e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), precisó que no hay registro bibliográfico que evidencie que dicho trílogo provenga de los días del Tahuantinsuyo. Esto debido a que la primera mención de la que se tiene conocimiento hasta la fecha fue consignada en el libro “Memorias del general Miller al servicio de la república del Perú”, publicado en Londres en 1829 (siglo XIX). Es decir, por lo menos 290 años después del fin del incanato. En noviembre del 2020, una reedición del libro fue presentada por el Proyecto Especial Bicentenario en la Feria Internacional del Libro de Lima.

 

No hay nada previo: ni en las crónicas de los conquistadores ni tampoco en toda la literatura quechua del siglo XVII y XVIII”, indicó Asensio.

 

Por su parte, el arqueólogo Sergio Saez, director del podcast especializado en historia andina “Más de 200”, detalló que, por ejemplo, no hay mención de dichas ‘leyes’ en las crónicas de los españoles Pedro Cieza de León o Pedro Pizarro; tampoco en las publicaciones de cronistas como Felipe Guamán Poma de Ayala o Juan de Santa Cruz Pachacuti.

 

Respecto al libro, Guillermo Miller fue un militar británico que participó de la gesta de la independencia en batallas como las de Junín y Ayacucho. El contenido de la publicación, redactado por su hermano John Miller en base a sus escritos y memorias, está situado en un lapso de tiempo entre 1817 y 1825, desde su desembarco en Buenos Aires hasta su retorno a Inglaterra.

 

En la página 417 de la reedición publicada para el Bicentenario, con referencia al sistema educativo, moral y jurídico de los antiguos peruanos, se lee lo siguiente:

 

“Tres concisos preceptos formaban la base de todo el sistema [jurídico y moral incaico]: Ama sua – Ama quella – Ama llulla. No hurtarás, no mentirás, no estarás ocioso. Sobre estos tres principios cardinales estaba fundado el código de sus leyes civiles; el cual abrazaba el todo de las necesidades y relaciones de la sociedad civil […]”. 

 

Esta referencia bibliográfica está consignada en el estudio “Sobre el carácter espurio de la trilogía moral incaica”, escrito por el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Los especialistas consultados coincidieron en señalar que la investigación es una de las más completas y documentadas en la materia.

 

Allí, Cerrón Palomino explica que “de basarnos exclusivamente en la documentación colonial relativa al incario, no podemos sino concluir con ellos que tales máximas [la supuesta trilogía moral incaica] brillan por su ausencia en las fuentes escritas de la época, sean estas tempranas o incluso tardías”. Y agrega lo siguiente: “Si no hay registro documental, lo más probable es que estemos ante un breviario moralizante de carácter apócrifo y de procedencia desconocida, por lo que conviene preguntarse sobre la antigüedad y procedencia del mismo”.

 

Cerrón Palomino postula la hipótesis de que Guillermo Miller “se habría limitado a registrar algo que circulaba en boca de los patriotas, como un cliché que sintetizara, en tres postulados sencillos como categóricos, toda la historia idílica y romántica a la vez del Imperio incaico”.

 

Por su parte, el historiador Raúl Asensio, en base a la evidencia disponible, agregó que es poco probable que los tres preceptos hayan sido una completa invención de Miller. “Él desarrolló buena parte de su carrera en Cusco, y es probable que haya recogido [este trílogo] de una suerte de fermento local, en el cual estas ideas venían circulando, aunque quizá de una manera no tan estructurada. Pero, definitivamente, no viene del Tahuantinsuyo”.

 

En su estudio, Cerrón Palomino incluye otras tres referencias bibliográficas sobre estos supuestos preceptos, todas situadas en años posteriores a la de Miller. La dos primeras se basan en la investigación previamente realizada por el historiador y catedrático sanmarquino Carlos Araníbar (1928 – 2016), experto en fuentes históricas coloniales y en historiografía peruana.

 

Estas pesquisas fueron referidas brevemente en el artículo “Una novela histórica de Tord”, publicado por Araníbar en el volumen 34 de la revista Hueso Húmero (1999):

 

“Fue [Cesare] Cantú el inventor de la manida fórmula de las tres prohibiciones andinas ‘no robar, no mentir, no ser ocioso’. Esta terna fue absolutamente desconocida por toda la crónica colonial. Pasada en 1878 al idioma quechua por un fantaseador de calibre, el cuzqueño Pacheco Zegarra, se alzó la frase desde entonces al rango espurio de socorrida clave social y resumen apodíctico de la moral incaica: ama sua, ama llulla, ama quella”. 

 

Cesare Cantú fue un historiador italiano autor de la enciclopédica “Historia Universal”, que empezó a publicar por tomos en 1838 (en castellano, en 1856). Es decir, casi una década después que las memorias de Miller.

 

En el estudio de Cerrón Palomino se incluye esta cita literal de Cantú sobre la moral incaica (p. 667): “se reducía a tres prohibiciones: no robar, no estar ociosos, y no mentir; estaban persuadidos [los antiguos peruanos] de que las desgracias públicas y privadas nacían de las culpas […]”.

 

Por otro lado, el traductor cusqueño al que se refirió Carlos Araníbar en su artículo de Hueso Húmero fue Gabino Pacheco Zegarra, famoso por haber traducido el drama quechua “Ollantay” al francés (1878). En el texto introductorio de esa edición del drama ollantino —publicada medio siglo después que las memorias de Miller—, Pacheco hace la siguiente referencia a la moral de los incas: “[…] en el simple saludo que se daban los indígenas, se puede constatar este espíritu de avanzada moral: Ama suwa, ama llulla, ama killa. No robes, no mientas, no seas ocioso, dice la persona que saluda, y la otra le responde: Hinallataj kanpas: Del mismo modo tú también”. 

 

Finalmente, la tercera referencia que consignó Cerrón Palomino en su investigación es la del libro “Cusco y Lima: un viaje a la antigua capital del Perú y una visita a la capital y las provincias del Perú moderno”, escrito por el historiador brtánico Clements R. Markham y publicado en 1856, en base a un viaje a territorio peruano que comenzó en 1852. Es decir, dos décadas después que las memorias de Miller.

 

En la página 201 de la edición consultada por Cerrón Palomino, Markham clasificó en cinco “mandamientos” las “muchas virtudes sociales” de los antiguos cusqueños:

 

  • Ama quellanquichu: no seas ocioso
  • Ama llullanquichu: no seas mentiroso
  • Ama suanquichu: no seas ladrón
  • Ama huachocchucanqui: no cometas adulterio
  • Ama huañu chinquichu: no matarás

 

Todas estas referencias, como ya se indicó, están situadas en publicaciones hechas más de dos siglos después del fin del incanato.

 

Un asunto lingüístico

 

El arqueólogo Sergio Saez explicó a la red Ama Llulla que lo escrito por Markham “nos da otra pista sobre el carácter espurio de estas supuestas leyes, porque las corrige: Ama sua, Ama llulla y Ama quella están mal escritos en quechua. Él era un conocedor del quechua, estudioso de las lenguas indígenas”, indicó.

 

Esta postura es compartida por el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, quien calificó de ‘sintaxis quebrada’ a la construcción gramatical del trílogo tal como lo conocemos ahora. “[…] los preceptos quechuas fueron elaborados por alguien que no tenía un dominio pleno de la lengua”, escribió. “Los apotegmas ama suwa, ama llulla y ama qilla, si bien entendibles como expresiones sincopadas, resultan gramaticalmente incorrectos, como cuando en castellano quisiéramos decir ‘no ladrón’, ‘no mentiroso’, ‘no ocioso’”.

 

Consultado para esta verificación, el literato Américo Mendoza Mori, profesor de quechua y castellano en la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), confirmó que la construcción gramatical de las tres frases “no es normativa”, debido a que no sigue el patrón de reglas del uso cotidiano del quechua.

 

Mendoza Mori señala que el quechua es una lengua que aglutina elementos para su comprensión. En principio, indicó que los verbos en infinitivo terminan en ‘y’. Es decir, que en quechua el verbo ‘hablar’ se dice ‘rimay’. Por otro lado, el especialista agregó que el ‘Ama’ se utiliza con carácter prohibitivo, agregando el sufijo ‘-chu’ para englobar el enunciado.

 

“Cuando se usa el prohibitivo ‘Ama’, se termina con el sufijo ‘-chu’. Entonces, si alguien quiere decir ‘no hables’, podríamos decir ‘Ama rimaychu’. Por otro lado, si te ordenara que mientas te diría ‘llullay’, mientras que el prohibitivo sería ‘Ama llullaychu’, no mentir”. 

 

Mendoza Mori aclaró que el hecho de no seguir la normativa no desvirtúa el alcance y valor del trílogo, a pesar de que no haya evidencia de su origen en el Tahuantinsuyo. En ese sentido, explicó que en el lenguaje hay expresiones que no son necesariamente normativas, pero que son adoptadas por la población con el paso de los años.

 

“Algo que no es normativo, eventualmente, debido a su exposición mediática o uso popular, es validado por los mismos habitantes. Es verdad que estas frases no siguen la normativa, pero han tenido la suficiente validación por el uso de los hablantes del quechua”, destacó el literato.

 

Al respecto, el historiador Asensio señaló que, actualmente, el trílogo “forma parte de un conjunto de ideas que está muy arraigado en la población”. El especialista del IEP explicó que dicho arraigo tiene como elemento clave el movimiento indigenista de inicios del siglo XX, en Cusco, que interiorizó los preceptos de Ama Quella, Ama Sua y Ama Llulla. “A partir de ese momento estas tres ideas comienzan a popularizarse”, indicó Asensio.

 

De hecho, la vigencia y popularidad de la trilogía es tal que en el 2015 fue reconocida por las Naciones Unidas como un conjunto de normas para una gestión pública eficiente. La decisión se tomó luego de las gestiones hechas por el gobierno de Bolivia mediante su representante en la entidad, Sacha Llorenti. Los tres principios, por cierto, están incluidos en el artículo 8 en la Constitución Política de ese país desde el 2009.

 

La red Ama Llulla trató de comunicarse con el candidato Lescano para obtener precisiones sobre el sustento de su declaración, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

 

En resumen, hasta la fecha no existen documentos que certifiquen que los tres preceptos motivo de esta verificación hayan sido establecidos como norma durante el incanato. Diversos estudios coinciden en que el registro más antiguo se remonta al año 1829, más de dos siglos después de la caída del Imperio inca. Si bien la expresión ha adquirido un carácter popular y moral —validada por el uso de la población de Perú en general, y especialmente en los Andes—, no es correcto decir que se trata de postulados, preceptos o leyes del Imperio de los incas.

 

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación del Yonhy Lescano, acerca de que la trilogía Ama Quella, Ama Sua, Ama Llulla fue postulada en el Imperio incaico, es falsa.


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Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento Andino por Avanza País 

«En Estados Unidos se están vendiendo las vacunas en las farmacias». 

Contexto: Entrevista en Mírame cuando te hablo.

Fecha de declaración: 2 de marzo del 2021

Fuente:

[38:37-38:39]

FALSO


Durante una entrevista difundida en Youtube, Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento Andino por el partido Avanza País, criticó que el sector privado no pueda adquirir y aplicar las vacunas contra la Covid-19. En ese sentido, para sostener su postura, dijo: «En Estados Unidos se están vendiendo las vacunas en las farmacias». Tras revisar reportes médicos oficiales y consultar con médicos que residen en dicho país, la red Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

Juan Carlos Ramírez fue viceministro de Energía y Minas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y ahora postula con el número 1 en la lista del Parlamento Andino por el partido Avanza País. Sus declaraciones figuran en la siguiente transcripción:

“El mismo embajador ruso dice que tienen las vacunas disponibles. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ponernos, o el Estado, una vez más, a ponerse de barrera? Cuando lo lógico es que todo el que pueda traer vacunas… Mira, en Estados Unidos están vendiendo las vacunas en las farmacias”. 

Sin embargo, esto no es correcto.

Según un reporte actualizado hasta febrero del 2021 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Estados Unidos, las vacunas contra la Covid-19 que se aplican en las farmacias de ese país son “gratuitas para todos”.

Cabe precisar que esto forma parte del llamado Programa federal de farmacias minoristas para la vacunación contra COVID-19, que tiene el fin de “expandir el acceso equitativo a las vacunas” en su población. De acuerdo con los CDC, se trata de una asociación público-privada entre el gobierno federal, los estados y 21 farmacias y redes de farmacias independientes en ese país.

De hecho, en un comunicado oficial de prensa de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden anunció en su momento el inicio de este programa para el pasado 11 de febrero del 2021, y agregó que el objetivo era “administrar 100 millones de inyecciones en 100 días y ampliar el acceso a las vacunas a más estadounidenses en las próximas semanas”.

En un reporte a inicios de este mes, los CDC detallan que el mecanismo del programa consiste en que el gobierno federal entrega las vacunas a las farmacias para que estas las apliquen “sin costo alguno” a grupos prioritarios y vulnerables a la enfermedad.

Las farmacias se encargan de emitir una factura al seguro público o privado del paciente por el servicio de administración de las vacunas. Esto no significa que las vacunas sean directamente comercializadas.

Para las personas sin seguro médico, la tarifa por ese servicio será reembolsada por el Fondo de Ayuda para Proveedores de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que procede del gobierno de EE.UU. “Nadie recibirá una factura por una vacuna Covid-19”, agrega la autoridad sanitaria.

Los CDC advierten que, por ahora, el suministro de vacunas es limitado, por lo que “es posible que muchas farmacias no tengan vacunas”. También sostienen que las farmacias son más accesibles debido a que la mayoría de los estadounidenses vive a menos de cinco millas de una farmacia. A largo plazo, el programa  plantea incluir a 40,000 farmacias de EE.UU.

GRATUITO. Las farmacias en Estados Unidos no venden las vacunas contra la Covid-19. La tarifa se deriva al seguro privado o público por la vacunación al paciente.  

La red Ama Llulla se comunicó con el médico oncólogo peruano Jesús Anampa, investigador clínico del Albert Einstein College of Medicine en Estados Unidos, quien confirmó que las farmacias no venden vacunas, y que el Estado evalúa y verifica que la infraestructura de los establecimientos sea adecuada para la inoculación. “Las farmacias ayudan al Estado a administrar las vacunas. La intención es que el privado cumpla las mismas guías de vacunación”, agregó Anampa.

Por ejemplo, desde noviembre del 2020, el programa de vacunación del Estado de Virginia anunció que proporcionaría servicios de vacunación críticos para la población estadounidense con “la vacuna administrada en tiendas minoristas sin costo para los destinatarios”.

De otro lado, el 5 de febrero del 2021, en la página oficial sobre la Covid-19 del estado de Utah se precisa que «nadie recibirá una factura por la vacuna contra la Covid-19». En este mensaje se anuncia que 29 farmacias de las empresas Smith ‘s/Kroger y 18 farmacias de Walmart fueron seleccionadas para recibir las dosis iniciales debido a que cuentan con sedes en todo el territorio de Utah, un factor que facilita el acceso de las vacunas para sus habitantes.

“Las farmacias utilizan examinadores de elegibilidad para determinar si alguien es elegible para la vacunación contra la Covid-19 de acuerdo con los criterios de elegibilidad de Utah”, se lee en una versión en español difundida en esa página oficial.

El doctor Jesús Anampa precisó que si bien cada estado plantea distintos criterios de elegibilidad para que una persona acceda a la vacuna, todos cumplen un mismo patrón. Generalmente, estos grupos pertenecen al personal de salud, trabajadores esenciales y adultos mayores, de acuerdo con lo establecido por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) de los CDC. Las farmacias usan esos parámetros al momento de aplicar las vacunas.

Esta situación se repite en los centros comerciales autorizados para participar en el programa de vacunación.

Por ejemplo, en la página de Walmart figura un apartado donde se especifica que el gobierno federal proporciona el antígeno gratuitamente. “La tarifa de Walmart para administrar la vacuna se facturará al seguro privado o al gobierno federal”, se indica en el sitio.

A una consulta para esta verificación, el candidato al Parlamento Andino Juan Carlos Ramírez, del partido Avanza País, se rectificó de su versión inicial. “Lo que pasa es que también he hecho llamadas a la gente que está en Estados Unidos, y hay algunos que me decían: me están cobrando por inyectarme. Para mí eso es un costo, pero hay algunas que, efectivamente, lo están haciendo gratuitamente, inclusive poner la inyección”, agregó.

Al consultarle sobre la imprecisión de su declaración, afirmó: “la verdad es que, a veces te hacen hablar rápido, y las precisiones llegarían a extenderse”.

El candidato Ramírez envió a la red AmaLlulla -vía la red de mensajería WhatsApp- reportes de noticias sobre la comercialización de las vacunas por parte de los privados en otros países. No obstante, en la declaración objeto de esta verificación Ramírez se refirió de manera específica a la supuesta venta de vacunas contra la Covid-19 en las farmacias de Estados Unidos.

La microbióloga Liliana Salazar, quien reside en el estado de California, agregó que la administración de vacunas a través de las farmacias es una práctica habitual para combatir otras enfermedades, como la influenza.

En función a lo expuesto, la red AmaLlulla concluye que la afirmación de Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento Andino por el partido Avanza País, acerca de que las farmacias están vendiendo las vacunas contra la Covid-19 en Estados Unidos, es falsa.

 

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Rafael Santos, candidato presidencial por Perú Patria Segura 

“[La vacuna peruana] es un desparasitario’’

Fuente: https://youtu.be/XsX0FL_xoPw [27:08 – 27:11]

Contexto: Entrevista para la Red de Comunicación Regional

Fecha de la declaración: sábado 27 de febrero

FALSO


Durante una entrevista, el candidato presidencial Rafael Santos, del partido Perú Patria Segura, se refirió a las acciones inmediatas que tomaría durante un eventual gobierno suyo. En ese contexto, señaló la urgencia de conseguir las vacunas para inmunizar a la población contra la Covid-19, y afirmó lo siguiente: “[La vacuna peruana] es un desparasitario”. Luego de consultar con médicos especialistas, la red Ama Llulla concluye que esa afirmación es falsa.

 

Las declaraciones del candidato se encuentran en la siguiente transcripción, extraída de la entrevista que brindó el sábado 27 de febrero:

 

“Vamos a homologar la vacuna peruana, apoyando la investigación. Al doctor Manolo Fernández y a la [Universidad Peruana] Cayetano Heredia les vamos a dar los recursos que ellos requieran para poder poner inmediatamente a disposición de la población ese producto, que, si bien es cierto, no es una vacuna, sino es un desparasitario, es un producto que ayuda al cuerpo a resistir mejor el virus del Covid”. 

 

Ver: [27:52 – 28:20]

 

En principio, cabe recordar que la Covid-19 es una enfermedad infecciosa provocada por el SARS-CoV-2, un tipo de virus —perteneciente a la familia de los coronavirus— descubierto en Wuhan, China. La enfermedad no es consecuencia de ningún parásito. Este último es un organismo distinto, caracterizado por sobrevivir sobre o dentro de un huésped, alimentándose de este.

 

Por otro lado, el objetivo de cualquier vacuna es “generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos en el organismo”, según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

En el caso particular de las vacunas contra la Covid-19, la OMS especifica que “todas están diseñadas para enseñar al sistema inmunitario del organismo a reconocer y bloquear de manera segura el virus causante de la Covid-19”. De acuerdo al documento oficial de la entidad que recoge todas las vacunas en desarrollo, actualizado al 2 de marzo del 2021, hay 182 proyectos de vacunas en fase pre clínica y 76 en fase clínica.

 

Ahora bien, la red Ama Llulla conversó con cuatro médicos especialistas para consultar si las vacunas contra la Covid-19, tanto las que están en uso como las que se vienen desarrollando, podrían considerarse como antiparasitarias. Todos coincidieron en señalar que no. 

 

Edward Mezones-Holguín, epidemiólogo e investigador, indicó que no es correcto referirse a las vacunas contra la Covid-19 como “antiparasitarias”, debido a que estas se concentran en preparar al organismo para que genere inmunidad frente al virus SARS-CoV-2. “La vacuna [contra la Covid-19] no es un antiparasitario, porque no actúa sobre el tratamiento de parásitos, sino que actúa para prevenir una enfermedad viral”, enfatizó.

 

Por su parte, César Ugarte, epidemiólogo e investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, agregó que las vacunas y los antiparasitarios “son cosas diferentes”: “La vacuna prepara tu cuerpo para [que genere] una respuesta frente a potenciales infecciones, el antiparasitario combate una infección”, puntualizó.

 

En ese sentido, el infectólogo Carlos Medina, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explicó que un antiparasitario “es un medicamento que mata o detiene a un parásito, es un tratamiento. La vacuna es un medicamento para prevenir la infección, no para tratarla”.

 

En la misma línea se pronunció el epidemiólogo César Cárcamo, miembro del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud (Minsa). Él ratificó que ninguna de las vacunas contra la Covid-19 puede calificarse como antiparasitaria.

 

Cárcamo precisó que existen vacunas que actúan contra parásitos como el Plasmodium falciparum, responsable de la malaria. Sin embargo, tres de los especialistas consultados indicaron que dicha vacuna aún no se usa de forma masiva. De hecho, en el Informe Anual sobre la Malaria 2020, de la OMS, se indica (p. 112) que recién a finales del 2021 la entidad revisará los datos de varios proyectos pilotos y de diversos estudios hechos desde el 2015, para considerar “la conveniencia de un uso más amplio de esta vacuna”.

 

Por otro lado, los especialistas pusieron como ejemplo de un medicamento antiparasitario a la ivermectina, pero resaltaron que hasta la fecha no existe evidencia científica que respalde su uso profiláctico frente a la Covid-19. De hecho, en una verificación de finales del 2020, OjoPúblico explicó por qué los efectos de la ivermectina no pueden ser comparados con el principio preventivo de una vacuna contra la Covid-19.

 

En cuanto a la aplicación de este medicamento antiparasitario para el tratamiento de la enfermedad, el estudio clínico “Efecto de la ivermectina sobre el tiempo hasta la resolución de los síntomas en adultos con Covid-19 leve”, publicado en la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association (JAMA) el jueves 4 de marzo, demostró que la ivermectina no disminuyó el número de días en el que un grupo de pacientes presentó síntomas de la Covid-19.

 

La investigación se basó en un estudio doble ciego, en el que se monitoreó a un grupo de pacientes que recibió ivermectina frente a otro al que se le administró un placebo. “El tiempo transcurrido hasta la resolución de los síntomas en los pacientes asignados a la ivermectina frente al placebo no fue significativamente diferente”, concluyó el estudio.

 

La vacuna peruana

 

Ama Llulla se comunicó con el área encargada de prensa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) para conocer el estado actual en el desarrollo del proyecto de la denominada ‘vacuna peruana’. Desde allí confirmaron que la universidad ha venido desarrollando tres proyectos de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en colaboración con el laboratorio Farvet:

 

  1. Vacuna a base de proteínas recombinantes.
  2. Vacuna con base de vector bacteria (Salmonella modificada).
  3. Vacuna con base vector viral (Newcastle).

 

El primer proyecto tenía como líder a la UPCH y como colaborador a Farvet. Sin embargo, a pesar de los resultados preliminares favorables, se decidió dejarlo de lado debido a que era “una vacuna muy compleja y costosa de hacer”, según explicó en febrero pasado Carlos Zamudio, director de Investigación, Ciencia y Tecnología de la UPCH.

 

Actualmente, el foco está puesto en el tercer proyecto, que tiene como líder a Farvet y solo como colaboradora a la UPCH, precisó la institución educativa a la red Ama Llulla por medio de un comunicado.

 

Las vacunas con base en vector viral utilizan el gen de una proteína patógena (en este caso, la proteína ‘Spike’ del SARS-CoV-2) y lo insertan en un virus diferente. Este virus inocuo sirve como ‘plataforma’ o ‘vector’ para liberar la proteína dentro del organismo y desencadenar una respuesta inmune. En el caso del proyecto de Farvet, el virus empleado como vector es el de Newcastle, que afecta a las aves.

 

César Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), durante su presentación en la Comisión Especial Covid-19 del Congreso el pasado martes 23 de febrero, aclaró que aún está pendiente que Farvet publique el informe técnico sobre los resultados de los ensayos preclínicos hechos en animales, para que sean revisados por pares. Aún no se han hecho ni están autorizados los ensayos clínicos en humanos.

 

La red Ama Llulla se comunicó con el candidato presidencial Rafael Santos para solicitarle precisiones sobre el sustento de su afirmación. Durante el primer tramo de la conversación telefónica, aseguró que se había referido a promover tanto la ivermectina como el proyecto de vacuna contra la Covid-19 que trabaja el Laboratorio Farvet en colaboración con la UPCH.

 

A continuación, sin embargo, agregó: “Lo que pasa es que hay una a la que llaman coloquialmente la ‘vacuna peruana’, que es la ivermectina. Esa es a la que me estaba refiriendo. La ivermectina es un profiláctico, es un desparasitario”.

 

Ama Llulla le indicó dos puntos clave: 1) que la UPCH no viene trabajando ningún proyecto de ivermectina junto con Farvet; 2) que en base a lo explicado por cuatro especialistas y la información oficial de la OMS, una vacuna que ataca a un virus como el SARS-CoV-2 no puede ser considerada como antiparasitaria.

 

“Bueno, no, me he equivocado, entonces […] Se me ha entendido mal en ese sentido. Estábamos hablando de la ivermectina y de la vacuna peruana, y obviamente la vacuna peruana tiene otro tratamiento”, reconoció el candidato de Perú Patria Segura.

 

En resumen, ni las vacunas en uso ni las que se vienen desarrollando contra la Covid-19 pueden ser consideradas como antiparasitarias, debido a que atacan al virus causante de la enfermedad, el SARS-CoV-2. Entre ellas figura el proyecto de vacuna peruana liderado por Farvet. Además, según lo señalado por tres epidemiólogos y un infectólogo, las función preventiva de una vacuna es distinta a los efectos de un medicamento antiparasitario, por lo que no se pueden comparar.

 

En base a lo explicado, la red Ama Llulla concluye que la declaración del candidato presidencial Rafael Santos, acerca de que la vacuna peruana es un desparasitario, es falsa.

 

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Red Ama Llulla

Ama Llulla

Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de Renovación Popular

“La vacuna de Sinopharm no tiene certificación en ninguna parte del mundo”
Contexto: Entrevista en RPP
Fecha de la declaración: 3 de marzo del 2021.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=fdeOswudnzo&feature=youtu.be&t=699
[11:54-12:11]

FALSO

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, fue cuestionado en una entrevista sobre la viabilidad de su propuesta de comercializar la vacuna rusa Sputnik-V, debido a que el uso de dicho medicamento no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias. Como respuesta, aseguró que una de las vacunas que ya se aplican en el Perú se encuentra en la misma situación: “La vacuna de Sinopharm no tiene certificación en ninguna parte del mundo”. Luego de revisar información oficial, Ama Llulla concluye que esto es falso.

 

La declaración precisa del candidato López Aliaga figura en la siguiente transcripción:

RPP: No tiene ninguna certificación [la vacuna rusa Sputnik-V], Digemid tendría que autorizarla. Estamos diciendo hechos, ¿no?

Rafael López Aliaga: Sí, pero los hechos de la vacuna Sinopharm, hechos también [sic]. No tiene certificación en ninguna parte del mundo. Hechos también, ¿no?

RPP: No, hay una certificación acá de Digemid como vacuna de emergencia [para Sinopharm].

Rafael López Aliaga: No, le hablo del mundo. El mundo no aprueba la vacuna de Sinopharm. 

Contrario a lo mencionado por el candidato López Aliaga, el uso de emergencia de la vacuna elaborada por el laboratorio de Sinopharm, cuyo nombre científico es BBIBP-CorV, ha sido autorizado en 16 países de todo el mundo, además de Perú.

 

Según una revisión de la red Ama Llulla, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue uno de los primeros países en aprobar de manera excepcional la administración de esta vacuna, el 14 de septiembre del 2020. Inicialmente fue habilitada solo para el personal médico y funcionarios del gobierno, y tres meses después, el 9 de diciembre, las autoridades de ese país aprobaron su uso masivo para la población mayor de 18 años. Esto ocurrió luego de que concluya la tercera fase de los ensayos clínicos.

A los pocos días, el 13 de diciembre, Bahrein, donde también se realizaron ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio Sinopharm, aprobó el uso de emergencia de la misma. Mientras que el 30 de diciembre del 2020, la Administración Nacional de Productos Médicos de China aprobó la “comercialización condicional” de la vacuna BBIBP-CorV, quedando así habilitado su uso masivo en el país oriental.

 

Durante el 2021, Egipto fue el primer país en otorgar la autorización de esta vacuna el 3 de enero. En declaraciones a la prensa, la ministra de Salud de dicho país indicó que la vacuna china fue elegida por un comité que incluía a representantes de los servicios médicos de las fuerzas armadas, el Ministerio de Educación Superior, la Autoridad de Medicamentos de Egipto (EDA, por sus siglas inglés) y representantes de la Organización Mundial de la Salud.

 

En Serbia, las vacunas de Sinopharm arribaron el 16 de enero y dos días después obtuvieron la aprobación de emergencia de la Agencia de Medicamentos y Dispositivos Médicos de dicha nación. “La agencia y sus empleados evaluaron la documentación necesaria y la evidencia científica de una manera altamente profesional y minuciosa de acuerdo con todos los estándares de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, lo que confirmó la calidad, eficiencia y sobre todo la seguridad de la vacuna china”, explicaron por entonces las autoridades sanitarias serbias.

A finales de enero, Hungría se convirtió en el primer país perteneciente a la Unión Europea en autorizar el uso de la vacuna de Sinopharm, luego de que fuera aprobada por su Instituto Nacional de Farmacia y Nutrición.

 

La plataforma Covid19-VaccineTracker, desarrollada por el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela de Población y Salud Global de la Universidad McGill de Montreal (Canadá), reporta que 16 países en el mundo aprobaron el uso de la vacuna de Sinopharm.

 

Entre los países que cita se encuentran Bahrein, Camboya, China, Egipto, Guyana, Hungría, Iraq, Jordania, Morocco, Nepal, Pakistán, Perú, Serbia, Senegal, Seychelles y los Emiratos Árabes Unidos.


Así también, el Rastreador de Vacunas de la Covid-19, elaborado por el diario estadounidense The New York Times, indica que la vacuna de Sinopharm ha sido autorizada en 16 países, según la información actualizada hasta el 5 de marzo. Estos son Camboya, Egipto, Guyana, Hungría, Iraq, Jordania, Nepal, Pakistán, Perú, entre otros.

 

La actualización de The New York Times difiere de la anterior plataforma al no considerar el territorio de Seychelles, archipiélago formado por más de cien islas del continente de África. El diario estadounidense sí incluye a Argentina y Venezuela, los cuales han certificado esta vacuna durante febrero del 2021.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina autorizó la aplicación de esta vacuna para personas de hasta 60 años a través de la Resolución 688/2021, publicada oficialmente el 21 de febrero.

 

Captura: The New York Times. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) posee también un procedimiento que evalúa la seguridad y eficacia de vacunas y terapias de emergencia, que han sido desarrolladas para atender emergencias sanitarias, como las pandemias. 

 

Al respecto, según el Listado de Uso de Emergencia (EUL, por sus siglas en inglés) para las vacunas de la Covid-19 de la OMS, la vacuna de Sinopharm se encuentra actualmente bajo examinación, luego de haber superado las cuatro fases de evaluación anteriores, donde se analizó el balance entre el riesgo y los beneficios de esta forma de inmunización.

Se tiene previsto que la OMS emita un pronunciamiento final en los primeros días de marzo. A la fecha, las vacunas de Pfizer y dos versiones de las elaboradas por la dupla AstraZeneca/Oxford ya culminaron el proceso y forman parte de esta lista de medicamentos de emergencia contra la Covid-19.

En el caso de la vacuna Sputnik-V, esta se encuentra en una fase previa para ingresar a la lista de emergencia de la OMS. Según los datos oficiales, aún se encuentra en la etapa de evaluación clínica y no hay una fecha aproximada para que finalice el proceso.

 

Captura: Organización Mundial de la Salud.

Cabe recordar que la vacuna de Sinopharm pertenece al tipo de vacunas inactivadas, la cual utiliza tecnología tradicional, donde el patógeno es desactivado a través de su tratamiento con químicos. Este tipo de inmunización ha sido utilizado ampliamente en las vacunas contra la polio o la gripe. En el caso de la vacuna BBIBP-CorV se requiere de la aplicación de dos dosis, en el lapso de 21 días, para generar la respuesta inmune.

 

Consultado para esta verificación, el médico José Luis Aguilar, Jefe Servicio de Inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, confirmó que la vacuna del laboratorio Sinopharm está siendo ampliamente usada en otros países. “No es la única en Perú, para nada. No hay ningún problema, es un excelente producto”, comentó en torno a las declaraciones de López Aliaga.

 

Respecto al motivo por el que aún no han sido publicados los resultados de la fase tres de los ensayos, dijo que estos experimentos aún no han sido terminados en todos los países. “Perú está por entregar sus resultados, y apenas termine debe hacer un análisis estadístico. Aún deben recolectar la información de todos los países para la publicación final, pero los datos preliminares han sido entregados”, agregó.

 

Ama Llulla se contactó con el equipo de prensa de Rafael López Aliaga para pedirle precisiones sobre su afirmación, aunque no hubo respuesta. A la vez, se alertó al candidato y a su partido sobre la realización de esta verificación a través de la red social Twitter, sin embargo, al cierre de edición, los descargos solicitados no fueron remitidos por ningún representante de la agrupación política.

 

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación del candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, acerca de que la vacuna de Sinopharm no tiene certificación y no ha sido aprobada en ninguna parte del mundo, es falsa.

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Ama Llulla

George Forsyth, candidato a la presidencia por Victoria Nacional

“[Según la FDA] no hay contagios [de Covid-19] en los restaurantes”

Contexto: Entrevista en Cara a Cara

Fuente:

 Pauta: [12:00 – 12:17]

Fecha de declaración: 23 de febrero


Durante una entrevista para un medio local, George Forsyth, candidato a la presidencia por el partido Victoria Nacional, criticó el impacto de la cuarentena en el rubro gastronómico y argumentó a favor de la reapertura de los restaurantes. En ese contexto, afirmó lo siguiente: “[Según la FDA] no hay contagios [de Covid-19] en los restaurantes”. Luego de  revisar estudios científicos e información publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), además de consultar con especialistas, la red Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

 

La declaración del candidato Forsyth figura en la siguiente transcripción, extraída de la entrevista que tuvo en el programa Cara a Cara el pasado martes 23 de febrero.

 

“La cuarentena es importante, pero hay ciertos sectores que no podemos olvidar. La gastronomía no da para más. Se están perdiendo cientos de miles de puestos de trabajo. […] La FDA en Estados Unidos incluso ha dicho que no, que no hay contagios [de Covid-19] en los restaurantes”.

 

Ver: [12:00 – 12:17]

 

En principio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus SARS-CoV-2 se propaga mediante partículas líquidas emitidas por la persona infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. Las personas se contagian de la Covid-19 cuando el virus entra por la boca, la nariz o los ojos, algo que puede ocurrir con mayor probabilidad si tienen contacto directo o cercano con un infectado.

 

La OMS también señala que en los espacios interiores, sobre todo aquellos con ventilación deficientes, son entornos donde el virus de la Covid-19 se propaga con “mayor facilidad”. El riesgo de propagación es mayor en lugares congestionados, confinados y cerrados, donde ocurre contacto cercano, detalla la entidad.

 

Consultado para esta verificación, el médico Carlos Medina, infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explicó los riesgos de contagio en determinados espacios, como los salones de los restaurantes.

 

“En locales como los restaurantes, donde tienes que sacarte la mascarilla para comer; o en lugares pequeños y cerrados, se rompen con tres de las medidas básicas para prevenir el contagio: distanciamiento, ventilación y uso de mascarillas. […] Por estas razones los restaurantes pueden ser focos de contagio”, aseveró.

 

Respecto al protocolo de funcionamiento de estos locales, el infectólogo agregó: “Para que el funcionamiento [de restaurantes] sea menos riesgoso, primero deben estar bien ventilados, con puertas o ventanas grandes que garanticen el flujo adecuado de aire. Las mesas deben estar distanciadas. Muchos locales son pequeños y es complejo que cumplan estas medidas. […]. Lamentablemente, no se puede aperturar sin incrementar los contagios”, señaló Medina.

 

Por otro lado, el estudio publicado en noviembre del 2020 por la revista Nature, “Los modelos de red de movilidad de COVID-19 explican las inequidades e informan la reapertura”, y elaborado por la Universidad Stanford y la Universidad Northwestern, pronosticó que la reapertura total de los restaurantes tendría un riesgo “particularmente alto”.

 

En base a un ejercicio de simulación, el informe destacó que los restaurantes, cafés, gimnasios y otros lugares cerrados de alta concurrencia fueron, posiblemente, los culpables de 8 de cada 10 contagios en los primeros meses de pandemia en ciudades de los Estados Unidos como Chicago. Esto debido a que, según comenta el estudio, estos puntos de interés “tendían a tener densidades de visitas más altas y/o los visitantes permanecían allí más tiempo”. Para la investigación se utilizó información de los teléfonos móviles de 98 millones de personas, mapeando los movimientos por hora en las áreas metropolitanas más grandes del país norteamericano.

 

En noviembre del año pasado, la revista Journal Korean Medical Science, revisada por pares científicos, publicó el artículo “Evidencia de transmisión por gotículas a larga distancia de SARS-CoV-2 por flujo de aire directo en un restaurante en Corea”, elaborado por la Academia Coreana de Ciencias Médicas. El informe analizó un caso real de contagios de Covid-19 en un restaurante. Se comprobó que dos comensales se contagiaron de Covid-19 debido al flujo de aire interior del local. Esto a pesar de estar sentados a cuatro y seis metros de distancia, respectivamente, de una persona con la enfermedad.

 

El informe concluyó que la transmisión a través de gotículas “puede ocurrir a distancias mayores de dos metros cuando se combina con flujo de aire”.

 

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) publicaron el artículo “Exposiciones comunitarias y de contacto cercano asociadas con COVID-19 entre adultos sintomáticos mayores de 18 años en once centros de atención médica para pacientes ambulatorios”. Allí se comparó el comportamiento de 297 personas adultas asintomáticas con Covid-19 y 507 personas adultas no contagiadas, llamados “participantes de control”. Según los datos, del grupo infectado, el 40.9% afirmó haber asistido a un restaurante alguna vez durante las dos semanas previas a la enfermedad. Del grupo no infectado, el 27.7% declaró haber asistido a restaurantes.

 

Si bien esta información no permite saber con seguridad cuántos contagios se dieron específicamente en los restaurantes, es posible reconocer cierta tendencia a contraer la enfermedad. A diferencia de otras actividades, como ir de compras o a un centro de trabajo, el grupo de contagiados tenía “más probabilidades de haber informado haber cenado en un restaurante en las 2 semanas anteriores al inicio de la enfermedad que los participantes de control”, señala el informe.

 

Los CDC también publicaron consideraciones para los operadores de restaurantes y bares. En dicha publicación se afirma que hay menor riesgo de contagio cuando los restaurantes funcionan solo por delivery y recojo. Además, señala que incluso cuando se trata de espacios al aire libre, y guardando la distancia recomendada, el riesgo es mayor. En ambientes interiores, aunque se respeten los dos metros de distancia, el riesgo de contagio es aún más alto, indica el CDC.

 

Lo que dice la FDA

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) es la agencia encargada de garantizar “la inocuidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos humanos y veterinarios, los productos biológicos y los dispositivos médicos”. A su vez, también supervisa el suministro de alimentos, cosméticos y productos radioactivos en el país norteamericano. Aunque la agencia tiene control sobre los alimentos, esta entidad no regula los restaurantes, labor que recae en los gobiernos estatales y locales.

A pesar de esto, la FDA también divulga información sobre los protocolos que pueden aplicarse para restaurantes y negocios similares. En ese sentido, recomienda protocolos de cuidado e higiene para los trabajadores, el local, el manejo de los alimentos y el uso de los insumos de la cocina. Sin embargo, la organización no ha señalado de manera oficial que los restaurantes no sean centros de infección. Incluso, recomienda leer información de los CDC, los cuales, como ya se ha indicado, han evidenciado que existe un mayor riesgo de contagio en estos establecimientos.

 

Al respecto, el infectólogo Carlos Medina comentó a la red Ama Llulla que no hay informes específicos de la FDA en los que se investigue la presencia de contagios por Covid-19 en restaurantes. “La FDA no ha sacado informes de este tipo porque son muy específicos. Lo que da son recomendaciones generales que se adaptan acorde al país y contexto”, enfatizó.

 

Ahora bien, lo que la FDA comunicó recientemente es que, de acuerdo con la evidencia actual, el riesgo de contagio a través de comida o los envases que se usan para transportarla es altamente improbable. Esto se debe a que la cantidad de partículas virales que podrían ser recogidas de una de estas superficies es mínima, haciendo casi imposible el contagio a través de las vías respiratorias.

 

En la publicación se cita un informe de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas en Alimentos (ICMSF, según sus cifras en inglés), una organización no gubernamental de alcance global, observadora del Códex Alimentarius, el conjunto de normas sobre alimentación elaboradas por el sistema de las Naciones Unidas. El documento de la ICMSF indica lo siguiente: “no existe evidencia documentada que demuestre que la comida es una fuente significativa y/o un vehículo de transmisión de SARS-CoV-2”.

 

Sin embargo, esta información no se refiere a los contagios en los restaurantes, en los que el riesgo aumenta debido a la cercanía en el espacio de las personas, el retiro de las mascarillas durante la ingesta de alimentos o la insuficiente ventilación del ambiente.

 

Ama Llulla se comunicó con el partido Victoria Nacional para solicitar precisiones sobre la afirmación del candidato George Forsyth. Sin embargo, hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

 

En resumen, la FDA no ha emitido un comunicado afirmando que los restaurantes no son lugares de transmisión del coronavirus y, por el contrario, diversos artículos científicos y publicaciones de entidades oficiales señalan que los restaurantes son lugares con alta incidencia de contagios de la Covid-19.

 

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación del candidato a la presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth, acerca de que la FDA ha descartado los contagios con Covid-19 en restaurantes es falsa.

 

*Este chequeo es un aporte de Mathías Panizo y Angie Quintana, verificadores voluntarios de la Red Ama Llulla.

 

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Ama Llulla

Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País

Perú es el único país donde el monopolio de la entrega de vacunas lo tiene el Estado

Fuente:

 [1:08 – 1:22]

Fecha de la declaración: 21 de febrero del 2021

FALSO

Durante una entrevista televisiva, Hernando de Soto, candidato a la presidencia  de la República por el partido Avanza País, defendió la propuesta de que el sector privado pueda distribuir las vacunas contra la COVID-19. En ese contexto, afirmó que «[Perú] es el único país [donde] el monopolio [de la entrega de vacunas para el COVID-19 lo tiene] el Estado».  Tras consultar con especialistas y revisar los planes de vacunación de otros países de la región, la red Ama Llulla concluye que esta versión es falsa.

La frase específica de Hernando de Soto figura en la siguiente transcripción:

“Esto es un caso [Vacunagate] en el cual hay un país que le ha dado el monopolio de las vacunas , el monopolio de la solución, al Estado. Es el único país que yo sé,  que tienen solamente el monopolio el Estado, hasta China tiene dos sistemas: el privado y el estatal”.

En principio, el plan de vacunación establecido por el Ministerio de Salud (Minsa), señala que “el Minsa, en el marco de sus competencias y en cumplimiento de la normatividad vigente, realizará la adquisición, distribución y administración de la vacuna contra el COVID-19”. Las dosis que llegan al país se distribuyen por fases que agrupan a las personas más susceptibles al virus, en primer término.

En países vecinos, se han aplicado similares estrategias, donde el Estado es el único encargado de la vacunación de la población.

En Argentina, el Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 establece que «la vacuna será provista por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo definida, independientemente de la cobertura sanitaria y la nacionalidad».

Según el documento, los grupos priorizados son el personal de salud, fuerzas armadas, docentes, personal penitenciario, funcionarios públicos, mayores de 60 años y quienes posean factores de riesgo.

Los privados no distribuyen la vacuna en ese país.

En Ecuador tampoco se permite que los privados comercialicen la vacuna. Durante una entrevista, realizada el 23 de febrero del 2021, el presidente Lenin Moreno señaló que era posible dar la autorización a empresas privadas y municipios para que importen vacunas y las distribuyan, pero solo de forma gratuita. Solamente las empresas que quieran inmunizar a sus trabajadores podrían hacerlo, mas no se permitiría el lucro.

El biólogo molecular David Salomón, exdirector de  la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador, confirmó a Ama Llulla que la vacuna solo se distribuye a través del Estado. “En Ecuador la distribución de la vacuna está a cargo del Estado. Hay ciudades como Quito y Guayaquil que han pedido importar la vacuna para distribuirla en sus territorios, pero es un tema que se está discutiendo”.

En Colombia, su Plan Nacional de Vacunación establece que “el Ministerio de Salud y Protección Social será la única entidad encargada de importar las vacunas contra el COVID-19 que se apliquen en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación”.

Mientras que en Venezuela, a la fecha la distribución se encuentra en manos del gobierno, si bien el presidente Nicolás Maduro pidió a la Comisión Presidencial para la Prevención y el Control del COVID-19 evaluar la posibilidad de la distribución de vacunas por parte de privados.

Además de estos cuatro países vecinos, donde la distribución de la vacuna la realiza únicamente el Estado, también hay casos notorios como el de Reino Unido, que inició una agresiva campaña de vacunación a cargo del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés).

En un brochure oficial dirigido a explicar el proceso al público se incluye el tema de manera específica a través de la siguiente pregunta:

¿Puedo pagar para recibir la vacuna contra la COVID-19 en un centro privado o en una farmacia?

No. La vacuna de la COVID-19 es una vacuna gratuita que solo se ofrece a través del NHS a determinados grupos incluidos en el programa.

El Reino Unido prioriza la inoculación de personal sanitario y de primera línea, así como a mayores de 60 años y quienes son clínicamente vulnerables a la enfermedad. Según el monitor de vacunación del gobierno del Reino Unido, al 18 de febrero del 2021, habían vacunado a más de 16 millones de habitantes.

Cabe precisar que a la fecha existen en el Perú hasta nueve proyectos de ley que proponen autorizar que las empresas privadas participen en la importación y venta de la vacuna. Congresistas de Acción Popular presentaron seis propuestas, mientras que el Frepap, Podemos Perú y Alianza para el Progreso presentaron una iniciativa por bancada.

La red Ama Llulla se comunicó con Carlos Neuhaus, exintegrante del Comando Vacuna, quien asesora al gobierno en la adquisición de estos insumos. Señaló que los laboratorios en su mayoría, están realizando las negociaciones con los gobiernos.

Para esta verificación se estableció contacto con el área de prensa del partido Avanza País, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta de su candidato a la presidencia.

En función de lo revisado, la red Ama Llulla concluye que la afirmación del candidato Hernando De Soto acerca de que el Perú es el único país en que el Estado mantiene el monopolio de la entrega de vacunas contra la Covid-19 es falsa.

 

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Ama Llulla

Joaquín Rey, candidato al Congreso de Victoria Nacional
“El plan de gobierno de Victoria Nacional [plantea el aborto en casos de violación]”

Contexto: Debate electoral en Caretas
Fecha de la declaración: 23 de febrero del 2021
Fuente:

[34:39-34:50]

Durante un debate electoral, el candidato al Congreso Joaquín Rey, del partido Victoria Nacional, fue consultado sobre su posición hacia la despenalización del aborto. En ese marco, el aspirante al Parlamento dijo: “El plan de gobierno de Victoria Nacional [plantea el aborto en casos de violación]”. Luego de consultar información oficial de la agrupación política, Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

La respuesta específica del candidato figura en la siguiente transcripción:

Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, por supuesto, en casos de violación, eso es lo que plantea el plan de gobierno de Victoria Nacional, esa es mi postura también. Y creo que es un debate que tenemos que dar con mucha información. […] Mi postura iría por ese lado, en casos de violación, sin la menor duda, y esa es la postura del partido también”. 

Ama Llulla revisó el Plan de Gobierno que el partido Victoria Nacional presentó oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y, contrario a lo afirmado por el candidato Rey, en ningún acápite del documento se hace mención a la despenalización del aborto bajo alguna causal. El documento tampoco propone alternativas al aborto para las mujeres, niñas o adolescentes que vivan un embarazo no deseado y deseen interrumpirlo.

En el eje que desarrolla las propuestas para enfrentar la violencia hacia las mujeres, el documento hace una sola mención a la violencia sexual, anunciando lo siguiente: “Se introducirán las más severas sanciones para casos de violación y transgresión de las libertades sexuales de niños, niñas, adolescentes y mujeres”. La agrupación no brinda más detalles en todo el documento sobre cómo lograría este objetivo.

 

Adicionalmente, la propuesta educativa en un eventual gobierno de Victoria Nacional, indica de manera general que producirán bienestar estudiantil previniendo el embarazo adolescente y combatiendo el pandillaje, la drogadicción y la violencia sexual de docentes contra menores de edad”.

Consultado para esta verificación, el candidato Joaquín Rey reconoció que la despenalización del aborto en casos de violación sexual no está presente en el plan de gobierno de su partido, como inicialmente afirmó.

No obstante, argumentó que, si bien la propuesta no se encuentra de manera explícita en este documento, la posición del candidato presidencial y del partido son favorables a la interrupción del embarazo únicamente en estos casos. “No hay un documento interno que lo diga explícitamente. No está considerado explícitamente en el plan de gobierno, pero esa es la posición del candidato presidencial”, comentó.

 

Esta acotación tampoco es del todo precisa.

 

Por ejemplo, a inicios de febrero del 2021, George Forsyth respondió un Test de Orientaciones Políticas, Económicas y Sociales de la revista Caretas, donde debía posicionarse entre la prohibición total del aborto o su legalización por toda causal. El candidato eligió el criterio más restrictivo, suscribiendo que “el aborto es ir contra la vida humana y el respeto a la persona. El Estado debe garantizar el alumbramiento, la crianza y el desarrollo de la nueva vida”.

 

En una escala del 1 al 10, en la que 1 era la posición más conservadora y 10 la más democrática, el candidato Forsyth escogió la opción 1.

Al consultarle sobre esto, Rey insistió en que su candidato presidencial se ha manifestado recientemente a favor de la despenalización del aborto por esta causal, y para sustentarlo nos remitió una entrevista reciente donde Forsyth se pronuncia al respecto:

George Forsyth:“El aborto solo en casos de violación. Obviamente cuando está en peligro la madre. Debemos proteger a ese niño o niña peruano, el Estado los debe proteger. 

Atv Noticias: ¿Qué ocurre con una niña, como hemos reportado casos?

George Forsyth: En ese caso ya es opción de ellos de revisar el aborto por simplemente el tema de violacion y si la madre está en peligro. 

 

Por otro lado, el 2 de febrero del 2020, el presidente del partido Victoria Nacional, John Fernández De Paredes Silva, quien también preside el Comité Nacional de Política de la agrupación, manifestó su postura en contra de la despenalización del aborto, incluso en casos de violación, durante una entrevista dada al diario El Comercio.

Al ser consultado sobre las declaraciones del presidente de su partido, Rey comentó que Jhon Fernández daba su opinión personal, no obstante, “la posición de la candidatura presidencial y de los candidatos al Congreso, es que de manera general no estamos por la despenalización del aborto en todos los casos, sino solo por violación”, precisó.

 

Ama Llulla pudo comunicarse con Jhon Fernández, presidente de Victoria Nacional, quien ratificó que la postura institucional del partido que postula a George Forsyth a la presidencia de la República es contraria a cualquier tipo de aborto.

Fernández enfatizó que sus declaraciones no responden a una opinión personal, sino a los lineamientos de la agrupación. “Perdón, pero los partidos son organizaciones. Y se trata de fortalecer a los partidos, porque los partidos son los que entran junto con los candidatos a gobernar”, añadió.

 

El dirigente de Victoria Nacional recordó que si bien los planes de gobierno son responsabilidad de los candidatos presidenciales, la mayoría de “los candidatos al Congreso [de Victoria Nacional] está de acuerdo con el ideario y los principios doctrinales del partido”, los cuales rechazan el aborto bajo cualquier circunstancia.

 

¿Cuál es la posición de otros partidos?

Ama Llulla revisó los planes de gobierno de los cinco candidatos a la presidencia de la República que encabezan la intención de votos en las principales encuestadoras, para identificar su postura en torno a la interrupción legal del embarazo.

 

Según las encuestadoras IPSOS, CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión) y Datum los candidatos con mayor intención de voto son George Forsyth, Yonhy Lescano, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Daniel Urresti. El Instituto de Estudios Peruano (IEP), incluye entre los cinco primeros a Hernando de Soto, del partido Avanza País.

El plan de gobierno de Acción Popular no incluye ninguna referencia a la despenalización del aborto, así como tampoco hacia los embarazados producidos por violencia sexual. En su apartado sobre la delincuencia común, esta agrupación propone la castración química como una “pena accesoria” a la pena carcelaria para los delitos de violación sexual.

 

Fuerza Popular tampoco hace referencia a la violencia sexual su plan de gobierno, ni identifica la problemática de las mujeres que resultan embarazadas a causa de esta situación.

 

El partido Juntos por el Perú sí propone la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, además de habilitar protocolos para la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años.

 

Podemos Perú, partido que lleva como candidato a la presidencia al exministro Daniel Urresti, no incluye como problemática la violencia sexual o los embarazos en adolescentes y niñas, ni manifesta una postura hacia el aborto en casos de violación. Y lo mismo ocurre con la agrupación Avanza País, liderada por el economista Hernando de Soto.

 

Cabe indicar que actualmente se encuentra pendiente de debate en el Congreso el Proyecto de Ley N°387/2016 que propone la despenalización del aborto cuando los embarazos fueron causados por una violación. La iniciativa legal fue ingresada al Congreso en octubre del 2016, y posteriormente derivada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Constitución y Reglamento para su discusión. A la fecha, la propuesta no ha sido debatida, a pesar de que, en 2016, el entonces congresista Marco Arana solicitó oficialmente al parlamento la priorización de la iniciativa legal.

 

En resumen, no es cierto que el plan de Victoria Nacional incluya la propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación sexual, y la figura tampoco está contemplada en algún documento oficial del partido. Por otro lado, el candidato presidencial George Forsyth ha tenido declaraciones contradictorias en distintos medios sobre el tema, y el propio presidente del partido señala que la postura institucional es contraria al aborto en cualquier circunstancia.

 

Tras lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación de candidato al Congreso Joaquín Rey, del partido Victoria Nacional, acerca de que su partido incluye como parte de su plan de gobierno la despenalización del aborto en casos de violación sexual, es falsa.


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Durante su participación en el debate electoral organizado por la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), George Forsyth, candidato a la presidencia por el partido Victoria Nacional, propuso la construcción de reservorios y conexiones de agua potable a nivel nacional dentro del marco de políticas sociales durante un eventual gobierno suyo. En ese contexto, afirmó lo siguiente: “Siete millones de peruanos no tienen agua potable ni desagüe”. Luego de revisar información oficial sobre la cobertura de estos servicios, la red Ama Llulla concluye que esa afirmación es engañosa.

 

En principio, cabe precisar que los servicios de agua potable y alcantarillado (desagüe) son distintos, y que los niveles de acceso de la población varían entre sí.

 

El agua potable es la que se utiliza para fines domésticos e higiene personal, así como para beber y cocinar, según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realiza mediciones periódicas de la cobertura de este servicio. Para calcularla, se utiliza como indicador la conexión a la red pública de agua.

 

Consultada para esta verificación, Lily Ku, Comisionada de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, detalló que la red pública está compuesta por tres fuentes: i) conexiones de agua que llegan hasta dentro de la vivienda, ii) conexiones que no llegan hasta la vivienda pero están dentro de la edificación, y iii) piletas públicas fuera de la edificación pero conectadas a la red (también conocidas como pilones públicos).

 

Por otro lado, según los informes periódicos del INEI, las personas que no tienen acceso a la red pública de agua son aquellas que se abastecen mediante camiones cisterna —cuya salubridad no siempre está garantizada—, pozos, ríos, acequias o manantiales.

 

Respecto a estas fuentes de suministro, Lily Ku indicó que “el agua de una fuente natural no garantiza que pueda consumirse directamente. Tiene que pasar por varios procesos [de calidad sanitaria] antes que llegue a la población”.

 

El informe técnico “Condiciones de vida en el Perú”, publicado por el INEI en diciembre del 2020, recoge las cifras más actualizadas sobre cobertura de agua en el ámbito nacional. El  documento indica que un 90,3% de la población tuvo acceso al agua proveniente de la red pública durante el año móvil entre octubre del 2019 y septiembre del 2020. Tomando en cuenta que la población de Perú asciende a 32 millones, dicho porcentaje equivale a un estimado de 28 millones de personas.

 

El 9,7% restante, equivalente a 3 millones de personas, no tuvo acceso a la red pública de agua, según el informe.

 

Sin embargo, estos datos fueron presentados de forma preliminar.

 

MEDICIÓN. Entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, 28 millones de personas tuvieron acceso al servicio de agua a través de la red pública en el ámbito nacional.

 

Para cotejarlos, Ama Llulla solicitó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento —encargado de ejecutar las políticas de urbanismo en todo el país— una cifra precisa y actualizada sobre el déficit en la cobertura de agua potable en el ámbito nacional. Mediante una comunicación oficial a través de su área de prensa, la institución precisó que “actualmente son 3,2 millones de personas a nivel nacional las que no cuentan con el servicio de agua potable en sus hogares”. Asimismo, indicó que la cifra corresponde a las personas que no tienen conexión a la red pública de agua.

 

En cuanto al desagüe, el INEI mide los niveles de acceso a este servicio mediante el indicador de ‘alcantarillado por la red pública’. Este consiste en tener conexiones de desagüe dentro de la vivienda o fuera de ella, pero dentro de la edificación donde está ubicada.

 

La especialista Lily Ku, de la Defensoría del Pueblo, agregó que tener acceso al servicio de alcantarillado implica tener un sistema digno para la eliminación de excretas, con infraestructura adecuada para el bombeo de las aguas servidas. Por el contrario, se considera que una persona no tiene acceso a esta red de alcantarillado cuando utiliza sistemas como el pozo ciego o negro, el pozo séptico, la letrina, el río, la acequia o el canal para eliminar excretas.

 

De acuerdo con el informe técnico del INEI publicado en diciembre del año pasado, entre octubre del 2019 y septiembre del 2020 un 82,3% tuvo acceso a la red pública de alcantarillado. El porcentaje equivale a un estimado de 26 millones de personas, lo que indica que alrededor de 7 millones de personas no tuvieron acceso a la red.

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento precisó que actualmente son 7,4 millones quienes no cuentan con el servicio de desagüe”. Esta cantidad corresponde a quienes no tienen acceso a la red pública de alcantarillado, indicó la comunicación del ministerio enviada tras una consulta para esta verificación.

 

Ama Llulla se comunicó con el partido Victoria Nacional para solicitar precisiones sobre la afirmación del candidato George Forsyth. Una representante de prensa envió vía WhatsApp dos capturas de pantalla del boletín “Perú: formas de acceso al agua y saneamiento básico”, publicado por el INEI en diciembre del 2018.

Una de las capturas es de la portada del informe. La otra es de un texto bajo el subtítulo “Población con acceso a agua potable”. Allí se indica literalmente lo siguiente:

 

“Al año móvil noviembre 2017 – octubre 2018, el 90,2% de la población accedió a agua mediante red pública (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del edificio, y pilón de uso público). Al formularse la pregunta sobre la potabilidad del agua, el 68,1% (21 millones 822 mil 497 personas), informó que el agua que consume es potable, mientras que el 22,1% informó consumir agua no potable, el cual representa 7 millones 75 mil 797 personas”. 

 

Sin embargo, cabe precisar que esta información forma parte del capítulo 3 del boletín, titulado “Agua potable por red pública según declaración del informante”. A manera de introducción, se aclara lo siguiente: “Las respuestas son opiniones directas del informante ya que no se somete a ninguna prueba de calidad para determinar la potabilidad del agua”.

 

A continuación, en la página 20 del documento se agrega: “Son evaluaciones subjetivas, ya que los usuarios no utilizan criterios técnicos, ni instrumentos especializados para distinguir dichas características en el agua que reciben en sus viviendas”.

 

Al respecto, la Comisionada Lily Ku indicó que, si bien dicha información es importante, el método no es la manera “correcta ni exacta” para recoger información sobre la potabilidad del agua. “Si alguien te puede decir con exactitud si el agua es potable o no es la autoridad de salud. Es la que tiene que verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad microbiológicos y sanitarios del agua”, agregó.

 

Ahora bien, dicho índice de percepción sobre la calidad del servicio solo incluye a quienes tienen acceso a la red pública, y no a quienes están fuera y son considerados población sin acceso al agua potable por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por otro lado, la referencia enviada por el equipo de Forsyth tampoco consigna detalles sobre la falta de acceso al desagüe, indicador al que se refirió el candidato en su declaración.

 

Se le solicitó al equipo de prensa de Victoria Nacional precisiones sobre este último dato, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

 

En resumen, la cifra que dio George Forsyth se basó en un dato consignado en un informe de finales del 2018 que recoge la percepción sobre la potabilidad del agua de las personas con acceso a la red pública, pero que no es un indicador preciso sobre el déficit de cobertura de este servicio.

 

La cifra correcta de personas que no tienen acceso al agua potable, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ―con base en datos del INEI― es de 3,2 millones.

 

Por otro lado, de acuerdo con el informe técnico del INEI publicado en diciembre del año pasado, alrededor de 7 millones de personas no tuvieron acceso a la red de alcantarillado.

 

En función a lo revisado, la red Ama Llulla concluye que la afirmación de George Forsyth se basa en un dato sacado de contexto y en una cifra parcialmente cierta, y por lo tanto es engañosa.

 

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