No puede soslayarse la catástrofe de la pandemia -que ocasionó 220 mil muertos en el país- en los resultados electorales del 2021. Tampoco en los superlativamente bajos niveles de aprobación del régimen de Dina Boluarte. Y, probablemente, tampoco, en los que registrará al cabo de poco tiempo el gobierno entrante el 2026.
Sufrir un problema grave de salud y descubrir que el Estado no existe para ayudar casi en absoluto es devastador para la sensación de pertenencia comunitaria que toda nación requiere como amalgama de convivencia aceptable.
A los muertos habría que agregarles los millones de afectados, que no murieron, pero que, víctimas del virus, sintieron también la ausencia total del Estado como mecanismo de auxilio, y se entenderá el voto furioso antisistema del 2021, como se deberá entender también el que surgirá sin duda el 2026, porque en materia de salud pública nada ha cambiado para bien en los últimos años.
Y nadie de la clase política se preocupa por el tema. Es absolutamente secundario, soslayando que al día por lo menos 350 mil peruanos acuden a un centro de salud pública a atenderse de alguna dolencia y reciben el trato indigno que tanto EsSalud como el Minsa le brindan a sus pacientes. El sistema de salud pública peruano es una fábrica diaria de ciudadanos antiestablishment y los efectos traumáticos del Covid se prolongan en el tiempo por esa razón.
No ha habido inversión pública en unidades de cuidados intensivos, en provisión de oxígeno, en dotación de medicamentos, mucho menos se ha cortado el nudo gordiano de la corrupción que campea en el sector. Si volviera a acontecer una pandemia, los resultados catastróficos seguramente se repetirían, como si nada hubiéramos aprendido de lo sucedido.
Responsabilidad histórica del desenlace lecorresponde a los gobiernos de la transición post Fujimori que no aprovecharon la bonanza fiscal para invertir en una reforma de la salud pública. Corresponsable el gobierno actual que no tiene entre sus prioridades el tema. Cómplices los políticos con pretensiones presidenciales que no colocan a la salud pública en el sitial de privilegio que le debería corresponder.
