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Recién el Congreso de la República ha atentado seriamente contra la independencia de la SUNEDU, una de las pocas instituciones bien hechas en un medio caracterizado por la precariedad institucional. Toda vez que el Estado no puede garantizar, a través de sus propias universidades, valgan excepciones, una educación de calidad a la mayoría de sus jóvenes ciudadanos, harían bien el Gobierno y el Congreso en tomar conciencia de esta nueva situación, y posibilidad, surgida de la pandemia, para protegerla y promoverla. Así, el establecimiento de una cuota preestablecida de cupos de educación remota en las carreras que ofrecen los centros de educación superior, destinada prioritariamente a jóvenes de los distritos del interior del país debería establecerse y reglamentarse como parte de un programa a la vez educativo y de inclusión social.

En un país con tantas limitaciones, reconocer e impulsar las oportunidades que la propia ciudadanía encuentra en los recovecos de un sistema que ofrece tan pocas, parece una obligación impostergable. Hagámosla realidad.

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