El último domingo, Sudaca contó todos los detalles del caso de presunto tráfico de influencias en el que está involucrado el congresista de Perú Libre Edgar Tello. La fiscal de la Nación lo ha puesto en la mira por una serie de conversaciones y una nota de inteligencia policial que revelarían favores al empresario Miguel Ángel Salinas, detenido en enero por hurtar millones de soles de entidades públicas.
Pero un personaje clave en esta trama, del que queda mucho por contar, es Wilfredo Alayo Jiménez. Se trata de un excandidato al Congreso por Unión por el Perú, y también exmilitante del APRA y Cambio Radical (movimiento político liderado por José Barba Caballero). La Fiscalía le atribuye a Alayo conversaciones con Salinas en las que este le pide ayuda para destrabar una licitación en San Juan de Lurigancho.
Los mensajes muestran que, para tal fin, Alayo habría fungido de intermediario entre Salinas y Tello. El congresista de Perú Libre, sin embargo, no quiso respondernos sobre ese personaje en particular. ¿Por qué intenta ocultar su vínculo con Alayo? Todo indica que las respuestas a esta pregunta serán cruciales en la investigación fiscal.
Sobre Alayo ya hemos dicho que tiene una sentencia por negociación incompatible del 2017 y que visitó, junto a Tello, al actual ministro de Educación, Rosendo Serna, el 4 y 6 de enero. El 24 de noviembre del año pasado, además, ambos se reunieron con el entonces presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, de acuerdo a los registros.
Pero hay más incursiones a entidades públicas, un viaje a la selva y hasta un abogado en común que evidencian una relación innegable entre el congresista de Perú Libre y un personaje que siempre tuvo problemas con la justicia. Y es que, además de la condena del 2017, Alayo figura como “sentenciado” en un proceso de usurpación del 2002, según registros del Ministerio Público. También ha sido acusado de agresiones y amenazas, y tiene un proceso por falsificación de documentos a la espera de juicio.
¿Qué hace un hombre con esos pergaminos rondando a un padre de la patria? La fiscal de la Nación podría tener la respuesta en algunos meses.
ACOMPAÑANTE EN LA SOMBRA
El 19 de enero, Wilfredo Alayo visitó junto a Tello y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, el despacho del director ejecutivo del Programa Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda. A la cita asistieron otros funcionarios del municipio.
Alayo señala que él nunca estuvo en la reunión y que solo lo registraron en la puerta. Fue, dice, para hacerle servicio de taxi al congresista de Perú Libre. Pero una de las hipótesis en el caso de tráfico de influencias seguido contra Tello es, precisamente, que el empresario Miguel Ángel Salinas lo buscó -con Alayo como nexo- para que lo contacte con el alcalde de SJL.
El domingo pasado, el dominical Punto Final reveló imágenes en las que Alayo acompañaba al congresista Tello a varias de sus actividades públicas en Lima. Este personaje dijo al programa televisivo que él le había hecho varias “carreras” al parlamentario.
Pero Sudaca obtuvo una grabación más en la que Alayo aparece filmando al parlamentario del lápiz en una incursión a una comunidad de Loreto. Las imágenes son, según nuestras fuentes, de fines del 2021. ¿Hasta allá le hizo la movilidad al parlamentario?
“Bueno, señor. Allá también alquilan carros y puedo manejar. Yo también puedo pedir un favor y no hay nada de malo. No hay ningún problema”, responde Alayo. Le preguntamos cuánto le cobra al congresista y si tiene recibos que corroboren su versión. “Esas ya son cosas personales”, dice. Y niega ser el autor de los chats con Salinas.
CUENTAS PENALES
Wilfredo Alayo es un personaje conocido en los pasillos del Poder Judicial. El 2017, como hemos visto, fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible e inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos.
Los hechos se produjeron el 2011, cuando Alayo Jiménez se desempeñaba como subgerente de Control Patrimonial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, en la gestión del exalcalde Adolfo Ocampo Vargas. Lo que hizo Alayo fue comprar un vehículo de segunda como si fuese nuevo.
Durante su paso por ese cargo también tuvo algunos choques con los vecinos del distrito. Uno de ellos denunció en la comisaría que Alayo entró con 40 personas a su terreno y se llevó a la mala 35 paneles de mallas metálicas valorizados en S/24.000.
Pero eso no fue lo peor. Sudaca pudo conocer que este personaje tiene pendiente un juicio en su contra por falsificación de documentos. Al terminar la gestión de Ocampo Vargas en SJM, asumió Javier Altamirano Coquis. Y una de las primeras cosas que hizo fue eliminar algunos requisitos para los postulantes a distintas gerencias, entre ellas la de Desarrollo Urbano. Antes se necesitaba el título universitario de Ingeniería, pero con Altamirano al mando eso se eliminó.
A los pocos meses, Wilfredo Alayo, quien decía haber estudiado un par de ciclos de Ingeniería en la Universidad Peruana de Integración Global, fue nombrado jefe de esta gerencia. La Fiscalía, sin embargo, descubrió que no contaba con documentos que acreditaran, siquiera, sus estudios de secundaria.
Alayo había presentado un certificado de estudios con actas de supuestas evaluaciones de cursos como Lenguaje, Geografía, Historia del Perú, entre otros. Él mismo había pedido a una institución educativa que le tomen exámenes de los cinco años de educación secundaria, porque su colegio había desaparecido y le era imposible acreditar que pasó por ahí.
En las evaluaciones habían participado supuestamente 11 docentes, pero al menos tres de ellos dijeron que nunca lo habían hecho. En las actas consolidadas figuraba, por ejemplo, Rocío Florían Fernández. “Sin embargo, dicha docente no laboró en la IEP Latinoamérica [el colegio que le tomó las evaluaciones a Alayo], pues las actas son del 2014 y la citada docente recién obtuvo su título profesional en el 2015”, dice la acusación fiscal presentada el 2018.
Otro nombre que figuraba como docente evaluador era el de Slim Pareja Romero, pero este no reconoció su firma plasmada en las actas. “Además, dicha persona es docente de educación física, pero en las actas se consignó como docente de Geografía del Perú y del Mundo”, señala el escrito.
Pero, además, la institución educativa no estaba autorizada para emitir certificados de primero a cuarto de secundaria, como deja ver un oficio de la UGEL de San Juan de Miraflores enviado a la Fiscalía. La misma unidad ejecutora respondió al Ministerio Público que el certificado presentado por Alayo “no era auténtico”.
Por estos hechos, el fiscal anticorrupción Richard Cirilo acusó a Alayo, al alcalde y al director del colegio que le tomó las supuestas evaluaciones por los delitos de falsedad ideológica, nombramiento indebido y negociación incompatible. Contra Alayo pidió 10 años y cuatro meses de prisión en julio del 2018. Increíblemente, aún no hay juicio. “Bueno, puedo tener miles de juicios. Usted dice que está en investigación. Que salga la investigación y ahí podemos hablar”, dice el aludido.
Las comisarías también dan detalles de quién es este amigo negado del parlamentario Edgar Tello. El 4 de setiembre del 2018, alejado forzosamente de la gestión pública, Alayo fue intervenido a la medianoche por un agente policial por realizar “maniobras temerarias”. “Al vociferar, el presunto infractor, presentó aliento alcohólico, refiriendo también que no podía ser intervenido, porque tiene amigos oficiales de alto mando; amenazó al personal [diciendo que] la intervención policial [le] costará el cambio de unidad”, se lee en el parte policial de aquel día.
En marzo del 2019, además, fue acusado por Ronald Mosayhuate Reyes por haberle destrozado las lunas de su vehículo, además del equipo de música y los faros. “Asimismo, los denunciantes refieren que sufrieron amenazas de muerte por parte de los denunciados”, se lee en un parte policial. Alayo asegura que esta denuncia fue archivada.
CONTRA LA REFORMA DEL TRANSPORTE
Los documentos a los que accedió Sudaca revelan más conexiones entre Wilfredo Alayo y Edgar Tello. En la apelación a la acusación por falsificación de documentos y en un Hábeas Corpus presentado ante el TC, figura como abogado de Alayo el letrado David Mujica Castillo. Se trata del mismo abogado que representa a Edgar Tello en su reciente proceso por tráfico de influencias.
Mujica es, además, abogado de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que en noviembre se sumó a un paro nacional. Pedían la cabeza de la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y de la exmandamás de la Sutran, Patricia Cama. Esta fue despedida aquel noviembre.
Los gremios de transportes también solicitaban la rebaja urgente de combustible, la reducción de peajes y la amnistía de papeletas. El ministro Juan Silva, en un acta revelada por El Comercio, se comprometió a esto último, anunciando que presentaría un proyecto de ley. El mismo diario reveló que las empresas representadas por Anitra debían hasta fines del año pasado S/18.460.000. La huelga se canceló tras el acuerdo.
Según la revista Caretas, en setiembre del año pasado, Edgar Tello coordinó una reunión entre miembros de la Anitra y el ministro Juan Silva, en la que estuvo Mujica. En enero pasado, Tello lo invitó a una audiencia titulada “La verdad sobre la reforma del transporte”. Llamamos al despacho del abogado, pero este no atendió nuestro pedido de entrevista.
Este es, pues, el círculo que rodea al parlamentario del lápiz. Y Tello haría bien en reconocer a sus amigos.
